La vieja Europa

Veintisiete organizaciones firman en Bruselas un manifiesto contra la violencia de Coca-Cola en Colombia y en el mundo
Pascual Serrano
Rebelión

Veintisiete organizaciones y centenares de personas han suscrito un documento desde Bruselas denunciando la represión de la multinacional Coca-Cola contra los trabajadores en Colombia y en el mundo entero.
Bajo el título "¡Para que cese la violencia de Coca-Cola en Colombia y en el mundo!", los firmantes comienza recordando que "Colombia se ha constituido en modelo de uso extremo de la violencia para imponer la mundialización neoliberal" y que "toda forma de organización social que resiste está siendo exterminada: indígenas, campesinos, obreros son asesinados por oponerse a las pretensiones de los inversionistas".
Cada año en este país son asesinados más sindicalistas que en todo el resto del mundo. "Coca-Cola y su filial en Colombia, Panamco S.A. –afirman los denunciantes- participan en esta guerra sucia contra el movimiento social. Es así como en los últimos 10 años, han sido asesinados 8 dirigentes del sindicato de trabajadores de esta empresa, 2 de ellos han tenido que exiliarse y otros 48 han sufrido el desplazamiento forzado".
Ya el pasado 17 de abril, en una iniciativa sin precedentes, los sindicatos de los empleados de la multinacional Coca Cola en Colombia, Venezuela, Zimbabwe y Filipinas iniciaron movilizaciones destinadas a denunciar las constantes violaciones de derechos humanos por parte de la dirección de la empresa. Mediante una campaña internacional denunciaron la represión que sufren los representantes sindicales y pidieron que Coca Cola firmase un protocolo que garantice el respeto a sus derechos en todas las fábricas de la multinacional.
Coca-Cola aumenta enormemente sus beneficios mundiales a costa de una política laboral fundada sobre el terror: "El permanente accionar de grupos paramilitares, actuando en complicidad con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado, sirve a la multinacional y a su filial, para presionar ilegalmente a los dirigentes sindicales, obligar a los trabajadores a desafiliarse del sindicato para incumplir convenciones laborales, forzarlos a renunciar a sus contratos de trabajo e imponer bajos salarios a los nuevos trabajadores contratados".
Ya el sindicato Sinaltrainal ha iniciado acciones judiciales contra Coca-Cola en Estados Unidos el 20 de julio de 2001, con fundamento en la ley Alien Torts Claims Act. En Bruselas, el pasado 10 de octubre su celebró una Audiencia Pública sobre las actuaciones criminales de Coca-Cola y sus filiales en Colombia".
Las violaciones de derechos humanos de Coca-Cola se limitan a Colombia. También en otros países como Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, Israel y Venezuela el movimiento social acusa a Coca-Cola de "utilizar, directamente o a través de sus filiales, el asesinato, la violencia, la corrupción, el incumplimiento de las leyes laborales, para alcanzar sus fines económicos", según los firmantes del manifiesto.
"En Estados Unidos –añaden- la multinacional ha sido denunciada por discriminación racial, por atentar contra la salud pública, por daños ambientales, por contaminación genética, y por contaminación del agua. En muchos casos ha sido denunciada, algunas veces condenada, pero casi siempre, su poder le ha permitido escapar a la acción de la justicia".
La Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de Alimentos y Ramos Afines (UITA) pidió el pasado mes de abril que Coca-Cola se comprometa a un protocolo de acuerdo global que implicase a todas las sociedades y los subcontratistas. Iniciativas similares existen en la industria agroalimentaria. Starbucks, uno de los lideres de la industria americana del café, firmó hace tiempo un acuerdo de este tipo. Igualemente, la multinacional Chiquita, la Coordinación de los Obreros del Plátano de America Latina y UITA hicieron lo mismo en el ámbito del cultivo del plátano.
Una de las paradojas que denuncian los sindicatos y colectivos sociales es que bajo el paraguas de la mundialización y de la militarización de América latina, Coca-Cola "puede comprar coca y distribuirla en su bebida, mientras que los indígenas que producen la coca desde tiempos inmemoriales están reprimidos por la guerra de la droga".
Para los colectivos Coca-Cola es la punta de lanza de la cruel simbiosis entre la violencia y la imposición de un modelo liberal, junto con otras multinaciones como "Mac Donald's, Monsanto, United Fruit Co., Unilever, Endesa, Nestlé, Occidental Co, Repsol, BP, Bayer, Drummond etc..."
Asimismo, exigen que se dé curso a las acciones judiciales llevadas a cabo por las víctimas en Colombia y al Gobierno de Colombia "que detenga la guerra sucia contra el movimiento social, y que ponga fin a la impunidad de quienes la fomentan y ejecutan". También instan a la ONU a "adoptar normas vinculantes para forzar a las empresas multinacionales a respetar los derechos humanos" y a los países industrializados a "modificar sus políticas antidrogas para poner fin al monopolio de la multinacional Coca-Cola de exportar y comercializar derivados de la planta de coca, y para que cese la guerra de la droga contra campesinos e indígenas".
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