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La vieja Europa

El Gobierno Aznar intenta justificar lo injustificable

·Julen Arzuaga (Behatokia) critica la actitud española ante el Comité Contra la Tortura El representante de Behatokia presente en las sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU, Julen Arzuaga, regresó a Euskal Herria tras asistir a las comparecencias de una delegación española que «ha intentado justificar cuestiones que desde nuestro punto de vista son injustificables».
Imanol INZIARTE DONOSTIA Julen Arzuaga, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria-Behatokia, regresó ayer de Ginebra tras asistir a las comparecencias de los representantes españoles ante el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés). En declaraciones a GARA, Arzuaga indicó que la delegación española «ha intentado justificar cuestiones que desde nuestro punto de vista son injustificables. No aceptan ningún tipo de crítica y se han opuesto a todos los argumentos de los expertos».
A la espera de que el CAT emita sus conclusiones y recomendaciones el próximo martes, Arzuaga se muestra bastante optimista después de haber comprobado la receptividad del Comité ante las inquietudes y denuncias presentadas contra el Estado español por distintas organizaciones de defensa de derechos humanos. Estas invitaron a los miembros del CAT a una reunión informativa. Arzuaga destacó «el interés de los expertos en conocer las preocupaciones de las ONG».
Un día después, la delegación española compareció ante el Comité, que se interesó, entre otros aspectos, por lo prolongado del periodo de incomunicación. Según comentó Arzuaga, las ONG consideran que «una incomunicación de más de dos días presume trato cruel o degradante».
El Gobierno Aznar justificó esta medida señalando que «lo que se pretende es que la investigación no se contamine por los contactos que pueda tener la persona detenida con miembros de la organización armama», según explicó el representante de Behatokia.
«Este argumento podría valer ­reseñó­, si la incomunicación se hiciera por medio de una comisión judicial, en recintos separados de una comisaría, o si no se dejara a estas personas en manos de la policía. Mientras tanto, seguiremos creyendo que el objetivo real es el de extraer información de una manera ilícita por medio de malos tratos».
Respecto a los indultos, Arzuaga destacó las «contradicciones» de Madrid, «porque dice que no hay torturas y luego reconoce que se han producido 58 condenas y 14 indultos».
El abogado jefe del Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, rechazó esas denuncias aduciendo que formaban parte de «la estrategia de ETA». Para ello exhibió, entre otros papeles, un documento que atribuyó a ETA y que, según dijo Arzuaga, «tiene bastante poca credibilidad, porque se basa en un informe policial y no ha sido autentificado en ningún proceso judicial».
Las acusaciones de Borrego se centraron en organizaciones vascas como Torturaren Aurkako Taldea (TAT) y Behatokia, y medios de comunicación como GARA. «Y no sólo criminalizó a estas entidades ­subrayó Arzuaga­, sino que señaló que el informe de Behatokia estaba trasladado por un tal J.A., que está inmerso en un proceso por pertenencia a banda armada, en referencia al proceso de Garzón en el que, precisamente, me acusa de pertenecer al 'aparato internacional' de Gestoras pro-Amnistía».