La Vanguardia Digital

Mientras en España la polémica afecta a los datos -direcciones IP- sobre webs visitados y correos electrónicos remitidos, sin interferir en el contenido de los mensajes, la directiva europea va un paso más lejos e incluye números de teléfono marcados y localización geográfica de teléfonos móviles, aspectos que han merecido mayores reproches por parte de asociaciones defensoras de los derechos civiles .
El eurodiputado Marco Cappato, conocido por sus actividades en favor de las libertades cívicas, ha asegurado que la UE "está dando la respuesta burocrática y conservadora de vigilancia constante a la demanda de seguridad que ha provocado el terrorismo" .
Madrid. (EUROPA PRESS).- Alemania y Austria son los únicos países de la Unión Europea que han expresado sus dudas sobre la controvertida directiva europea que impone la obligación a los prestadores de servicios de Internet (ISP) de retener datos de navegación de sus clientes, según informa TheRegister.com. .
Hasta la fecha, los ISP sólo retienen datos a efectos de cobro de facturas pero, con la aplicación de la directiva, podrían tener que conservar información por un periodo que podría llegar hasta los dos años, en el caso de que dicha información pudiera resultar útil para la policía o servicios e investigaciones de seguridad frente a crímenes o actos de terrorismo. .
En España, este medida fue incorporada hace unos meses en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), a través de una enmienda del PP durante su tramitación en el Senado, adecuándose a la directiva comunitaria pero provocando fuertes discusiones con los partidos políticos y actores del sector. No obstante, todavía está pendiente de su desarrollo reglamentario para su efectiva entrada en vigor. .
Un paso más lejos .
Mientras en España la polémica afecta a los datos -direcciones IP- sobre webs visitados y correos electrónicos remitidos, sin interferir en el contenido de los mensajes, la directiva europea va un paso más lejos e incluye números de teléfono marcados y localización geográfica de teléfonos móviles, aspectos que han merecido mayores reproches por parte de asociaciones defensoras de los derechos civiles. .
Según las respuestas a un cuestionario del Consejo Europeo sobre retención de datos de tráfico, los dos únicos países que parecen mostrar abiertamente sus dudas sobre la aplicación de la directiva son Austria -debido a desacuerdos entre la Cancillería Federal, que se muestra excéptica, y el Ministerio de Justicia- y Alemania, donde la Administración asegura que necesita asegurarse de que la directiva se ajusta a sus leyes constitucionales. .
En cuanto al resto de países, Dinamarca "puede implantar" el instrumento europeo; Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, España, Portugal, Reino Unido, Bélgica y Suecia apoyan fuertemente la idea; Finlandia también apoya la retención de datos, proponiendo incluso un periodo de dos años; mientras, Francia subraya que la retención de datos "ahora está autorizada". .
Excesivos costes .
Sin embargo, son muchas las voces que expresan serias dudas sobre la legitimidad y legalidad de unas medidas tan amplias, a la vez que muestran su preocupación por los excesivos costes que pueden suponer para los proveedores de servicios de telefonía e Internet, puesto que ni siquiera Estados Unidos, tras los acontecimientos del 11-S, ha implantado estas medidas para combatir el terrorismo. .
El eurodiputado Marco Cappato, conocido por sus actividades en favor de las libertades cívicas, ha asegurado que la UE "está dando la respuesta burocrática y conservadora de vigilancia constante a la demanda de seguridad que ha provocado el terrorismo". "La lectura de la tragedia del 11-S de la mayor parte de los analistas de seguridad -que denuncia errores de los cuerpos de inteligencia mucho más que de las tecnologías de recogida de datos- está, por tanto, siendo desconsiderada. Las políticas comunitarias preparan el terreno para una base legal de la UE que implante una vigilancia generalizada y sistemática sobre las comunicaciones de sus ciudadanos", ha denunciado.