Derechos Humanos

DEMANDAN A HONDURAS ANTE LA CIDH POR UN CASO
DE TORTURAS Y EJECUCION EXTRAJUDICIAL.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso en septiembre del año pasado una demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado de Honduras por el secuestro, tortura y asesinato de Juan Humberto Sánchez, ocurrido en la aldea Santo Domingo, Intibucá, el 22 de julio de 1992.
En representación de los familiares de la víctima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentamos en el mes de octubre un memorial con los argumentos, pruebas y pretensiones, basados en los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es la segunda vez que el Estado hondureño asiste como acusado ante la Corte Interamericana, catorce años después de la sentencia condenatoria en 1987 por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz, cuyos casos junto al de los costarricenses Francisco Fairen Garbi y Yolanda Solís fueron los primeros ventilados en el máximo tribunal regional en materia de derechos humanos.
 A pesar del tiempo transcurrido desde las torturas y ejecución extrajudicial del joven Juan Humberto Sánchez, sus familiares no han obtenido justicia ni una reparación justa por el daño moral y material causado por su asesinato. El caso se encuentra en los tribunales desde mediados de 1992.
Esta segunda interpelación de Honduras en la Corte Interamericana es importante, porque sienta un nuevo precedente positivo en el sistema de justicia local e invita a la clase política que gobernaba en 1992 y que casualmente también lo hace hoy, a que impida que hechos similares se repitan en nuestra historia.
A través del litigio del caso, los representantes de la víctima y sus familiares perseguimos alcanzar una reparación integral, no sólo para la familia Sánchez, sino también para la sociedad hondureña en general. En ese sentido, CEJIL, COFADEH y los familiares, pedimos a la Corte Interamericana que ordene al Estado que cese la impunidad del caso, que proteja la seguridad e integridad de los participantes en el juicio y que haga reformas legales a su sistema jurídico, para garantizar un proceso más expedito y confiable en recursos tan fundamentales como el Habeas Corpus.
Asimismo, otra de las garantías de satisfacción y no repetición del daño que se demanda es la tipificación del delito de desaparición forzada en el ordenamiento penal; además, que el Estado hondureño sea signatario de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 22 de julio fue encontrado el cadáver de Juan Humberto Sánchez en la rivera del río Negro, jurisdicción de Santo Domingo, Intibucá, después de haber sido privado de su libertad en dos oportunidades. El joven, en días anteriores había retornado de El Salvador con el fin de actualizar sus documentos personales, confiado en los acuerdos de paz firmados en aquél país y en la Amnistía decretada por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, en julio de 1991. Pero se encontró con la muerte.
Respecto al estado actual del caso, el Estado de Honduras alegó que no se habían agotado debidamente los recursos internos, mientras que la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima alegamos que los recursos ya han sido debidamente agotados. El proceso iniciado en el juzgado seccional de Colomoncagua desde 1992 resultó ineficaz, ya que el caso se mantiene impune hasta la fecha.
Los representantes de las víctimas y la Comisión demostraremos ante la Corte en la primera etapa de excepciones preliminares, que ya se han agotado las instancias internas y que sus resultados fueron infructuosos.
Tegucigalpa, MDC., 14 de febrero de 2002
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y CEJIL Mesoamérica.

ii) LA MILITARIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA PONE EN RIESGO EL CAMINO DE LA JUSTICIA Y PROVOCA INSEGURIDAD JURIDICA Y AGUDIZA LA EXCLUSION SOCIAL.

Con sumo interés estamos siguiendo paso a paso la evolución de al menos cuatro hechos iniciados esta semana: el nombramiento del coronel Juan Angel Arias en la Secretaría de Seguridad, la llamada "guerra" contra la delincuencia, los cambios en el interior de las Fuerzas Armadas, el aumento a su presupuesto; y la liberación de un conocido escuadronero.
Sobre el primer hecho resaltamos el nombramiento de un oficial militar en tareas de seguridad como una incoherencia del discurso de fortalecimiento del Estado de Derecho que pregona el Presidente Maduro. El mensaje que nos da con esa decisión es que la inseguridad la producen enemigos a quienes hay que guerrear militarmente con militares, y deja en segundo plano el imperio de la ley, la lucha contra la impunidad.
Con toda claridad, deseamos enfatizar como organismo de promoción y defensa de los derechos humanos que no estamos a favor de la inseguridad, mucho menos de la criminalidad.
Reclamamos el derecho a pedir que no se movilice a los militares con sus fusiles apuntados hacia las colonias marginales, porque eso indica que los otros delincuentes que intervienen teléfonos para espiar a sus competidores quedan libres de esa disuasión.
Significa, igualmente, que quedan libres de ese mensaje de guerra las maras que aprueban licencias ambientales para enriquecerse a costa del mar y también las otras maras que lavan dinero de la corrupción y el narcotráfico amparadas en el poder. ¿Y quién está persiguiendo a estos delincuentes?
Como ha comentado nuestra Coordinadora General "el mensaje que hemos recibido en los últimos días es que los militares buscan delincuentes en las colonias pobres de las principales ciudades, pero no están buscando en las residenciales donde podrían estar los otros delincuentes".
Ella ha dicho que "debería tener mucho cuidado el nuevo Presidente en hacer este tipo de discriminaciones sociales de la delincuencia, ya que por un ánimo de hacerse visible y cumplidor de su principal promesa de campaña, podría terminar devolviéndole la tranquilidad a los grandes impunes que están observando su guerra callejera contra la delincuencia desde sus altos edificios".
Advirtió también que esta "guerra" puede dar una justificación política e ideológica a los uniformados para quedarse de nuevo entre nosotros y en contra de nosotros, en momentos cuando resurge en el mundo la industria armamentista.
Creemos necesario proponer, en aras de la situación del país, un monitoreo social sobre las Fuerzas Armadas, porque la última estructura de mandos aprobada indica la continuación política-partidaria de la anterior, y eso significa que liberales y nacionalistas ejercen para sus propósitos un control sobre las prioridades constitucionales de una institución estratégica. El anuncio de un incremento del 80% a su presupuesto, debe ser mejor meditada y pedimos al nuevo gobierno que escuche nuestro pensamiento al respecto.
Finalmente, lamentamos que en medio de los operativos militares en las calles, el Poder Judicial haya dejado en libertad al escuadronero Alexander Hernández Santos, en una demostración de falta de valoración objetiva de las evidencias por parte de los jueces y en una acción en exceso previsible que coincide con el fin de un gobierno y el inicio de otro. El deseo de nuestro Comité es que haya cero tolerancia a quienes matan y violan la moral de la gente con sus acciones desde el poder. A ellos queremos que les eche la fuerza enfáticamente.
De los hechos y los hechores, ¡Ni Olvido, Ni Perdón¡
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Tegucigalpa, MDC., 01 de febrero de 2002

iii) PARA LA IGLESIA CATOLICA, SE ESTÁ AL BORDE DE LA INGOBERNABILIDAD DEBIDO A LA APLICACION DE LA TOLERANCIA CERO.

La presencia de policías y militares en las calles de la ciudad, que ordenó el presidente Ricardo Maduro, no reducirá la inseguridad ciudadana que vive el pueblo hondureño, denunció ayer el semanario de la Iglesia Católica "FIDES".
Los operativos de "cero tolerancia" puestos en vigencia por el nuevo gobierno, demuestran el grado de desesperación al que llega la ciudadanía, se detalló.
Sin embargo, la única solución permanente al problema de inseguridad ciudadana, será que el gobierno asigne mayores recursos al pago de la deuda social que se tiene con el pueblo hondureño.
Para el semanario de la Iglesia Católica, los operativos de "cero tolerancia" deben ser considerados como una medida de emergencia, que no signifique un mayor gasto dentro del presupuesto estatal.
El medio de comunicación católico detalló que el gobierno debe ofrecerle a los jóvenes un futuro en cuanto a salud, vivienda, educación y trabajo, así como la aplicación de políticas concertadas para reducir la pobreza. También se señaló que el modelo económico neoliberal impuesto a partir de la década de los noventa, que dio prioridad al pago de la deuda externa, ha provocado un aumento de la pobreza, a tal extremo que la sociedad está en los límites de la ingobernabilidad.
Con la aplicación de este modelo económico, también se asignaron recursos deficientes para los sectores de la educación, salud y el trabajo, lo que generó deficiencia educativa a todos los niveles, aumento del desempleo y la desigualdad en la aplicación de la justicia. Otra de las consecuencias que se han visto en los últimos años es la masiva migración de hondureños a Estados Unidos, así como un clima delincuencial que afecta a los pobladores del campo y la ciudad. (La Tribuna Pág. 11)

iv) CERCA DE 1,000 ORDENES DE CAPTURA GUARDADAS EN ARCHIVOS DE LA POLICÍA

SAN PEDRO SULA. Mientras policías y militares andan en las calles deteniendo delincuentes comunes, como parte del operativo "guerra contra la delincuencia", en los archivos de la Policía Metropolitana existen más de mil órdenes de captura por delitos mayores a las que no se ha dado cumplimiento, cuestionaron ayer fuentes judiciales. Por su parte, el comisario Juan Carlos Bonilla,  jefe de la Policía Metropolitana, aceptó ayer que tiene "entre 800 y 1000 órdenes de captura, las cuales no se ejecutan porque los documentos no tienen la dirección".
"Al no tener la dirección es también una barrera para nosotros poder cumplirlas", señaló, tras agregar que hace un mes se reunió con varios jueces "y ellos se comprometieron en facilitar algunas las direcciones de las personas buscadas por la justicia".Consultada al respecto, la juez Inés Yadira Cubero, del juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, dijo que esa judicatura está facilitando "en la medida de lo posible la mayor información sobre los sospechosos, pero la falta de una dirección no es justificación suficiente para que la policía no cumpla con sus funciones".
Cubero enfatizó que "el trabajo de la policía es capturar a los sospechosos y  si desconocen su paradero tienen que investigarlo, en conjunto con la Dirección General de Investigación Criminal". Luego agregó que "si por falta de una dirección nadie se va a dedicara a capturar a  los delincuentes el sistema social se convertiría en un caos, porque nadie tiene  un rótulo en su casa anunciando que ahí hay una persona requerida por la justicia y por eso hay que llegar a  ellos por cualquier medio".
Cubero señaló que su tribunal tiene "por lo menos 700 expedientes con personas prófugas de la justicia y todas esas órdenes están en poder de la policía", por lo que estimó que el archivo policial debe ser mayor al señalado por el comisario Bonilla. (Tiempo Pág. 36)

v) DIPUTADOS UTILIZAN SU PODER PARA GARANTIZARSE UN AUMENTO DE SUELDOS DESPROPORCIONADO A LA SITUACION HONDUREÑA.

Un movimiento encaminado a exprimir aún más el presupuesto de la República han emprendido los diputados del Congreso Nacional, quienes están exigiendo que la directiva les apruebe un salario de más de 40,000 lempiras. Con voces tímidas, pero amenazantes, los "Padres de la Patria" están exigiendo un incremento salarial de alrededor de 5,000 lempiras, en el momento que el gobierno de la República ha anunciado un régimen de austeridad y de' reducción en el gasto público. Los congresistas, que hace cuatro años se recetaron similar ajuste salarial, hoy vuelven a la carga alegando que el sueldo no les ajusta por el alto costo de la vida y los gastos que tienen que efectuar.
Además, aducen que su salario nominal es de 36,000 lempiras, pero con las deducciones del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, el pago del Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones al partido reciben un salario real de 28,000 lempiras. El sueldo de los diputados incluye gastos de representación, viáticos y otras prebendas, especialmente los que provienen del interior del país, pero según las explicaciones del parlamentario liberal Ramón Villeda Bermúdez, no todos gozan de tales privilegios; El parlamentario apuntó que los diputados que están en las comisiones de trabajo realizan viajes al interior del país y no reciben viáticos, como lo reciben los secretarios y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Villeda Bermúdez, admitió que la crisis económica la padecen todos los que no perciben un sueldo digno y antes de clamar porque les reduzcan el sueldo a los diputados, hay que clamar porque le aumenten a todo aquel que devenga menos de tres mil lempiras. Otro de los argumentos esgrimidos por los diputados es el hecho de que la mayoría que resultó electo está pagando a su correspondiente partido político diez mil lempiras mensuales para amortizar la deuda de la campaña electoral del reciente proceso.
Por su lado, el diputado liberal Jack Arévalo Fuentes aseguró que existe un compromiso del Congreso Nacional anterior de ajustar el sueldo de los diputados y, de hecho, aseguró, se designó una partida presupuestaria para hacer efectivo los aumentos a partir del mes de enero de este año. Subrayó que las nuevas autoridades del Poder Legislativo tiene que honrar ese compromiso que ya está contemplado en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2002 por el orden de 26 millones de lempiras.
Acerca de la petición de los diputados, la presidencia del Congreso Nacional se pronunció en forma negativa, afirmando que lo expuesto por Arévalo "carece de veracidad". El Congreso de la República "apoya de manera irrestricta la política de austeridad que está practicando el Poder Ejecutivo, contribuyendo así a resolver la situación económica de nuestro país", expresan en un  comunicado de Prensa los directivos de ese Poder del Estado. (El Heraldo Pág. 5)

vi) MATAR A MADURO ERA OBJETIVO DE BANDAS CRIMINALES

Gracias a la información que les proporcionó un "soplón", la policía e inteligencia militar logró evitar un atentado contra el presidente, Ricardo Maduro, quien estaba en la mira de dos bandas de criminales internacionales, una de ellas desmantelada el pasado viernes en la comunidad de Las Flores Lempira.
Gracias a los operativos realizados y la seguridad montada en torno a los desplazamientos que hizo Maduro por la costa norte, previo a la toma de posesión, no se detectó ninguna acción extraña, pero se hicieron las pesquisas necesarias para tratar de descubrir más de lo que sabían. Agentes "encubiertos" de la policía confirmaron la acción bélica contra Maduro, por lo que de inmediato se conformó un grupo elite de rastreo, ataque y sustracción por la costa norte, encontrando solamente rastros de una banda que cruza a cada momento a Guatemala por la zona de Puerto Cortés.
Mientras que en las pesquisas realizadas en el occidente del país, se tuvo la información de un grupo de personas apostadas en Las Flores, Lempira, que de la noche a la mañana estaban radicados en la zona y tenían todos los lujos "como narcotraficantes".
Esta situación despertó sospechas en la policía y después de las averiguaciones, acordaron acordonar la zona y desplazas a los mejores elementos del grupo "Cobras", quienes con el apoyo de la policía lograron desarticular la banda, a la que le apodaron los "benedictos". Por el factor sorpresa, la refriega entre facinerosos y policías no duró ni 45 minutos, al someter a la impotencia al jefe José Benedicto Villanueva (38) y darle muerte a su hijo, Johnny Anthony Villanueva López (19), ambos originarios de El Salvador.
Los otros integrantes de la banda son el guatemalteco Victoriano Ramírez, conocido en el bajo mundo como "El Socio" y José Villanueva (hermano de José Benedicto), quienes se encuentran prófugos hasta el momento.
Los cuerpos de seguridad encontraron un lote de armas pesadas en la casa y que según los datos preliminares, son de uso exclusivos para ejércitos, pero no se ha podido determinar si son traídos de El Salvador o robados de los depósitos militares en Honduras, ya que las series fueron cuidadosamente borrados para evitar identificaciones.

FACTURA A NOMBRE DE MADURO

También se encontraron muchos documentos militares, posibles blancos a bancos del país, así como fotografías de personalidades empresariales, políticas y militares.
Con los recortes de periódicos, los facinerosos tenían marcado con asteriscos las fotografías, señalando posibles blancos, pero será hasta que se interrogue a José Benedicto Villanueva Ortiz, cuáles eran sus pretensiones con las armas y los objetivos trazados.
Lo que más preocupó a las autoridades fue que se encontró una factura de compra a nombre de Ricardo Maduro. Aunque la cantidad no sobrepasaba los 400 lempiras, con ella se adquirió equipo de transmisión (cables, antenas para confeccionar una pequeña parabólica, tornillos, entre otros accesorios), que sería utilizado para captar señales o frecuencias policíacas.
Por la experiencia que tienen con personas inmiscuidas en el narcotráfico, la plana mayor de la policía y el ejército acordó trasladar a José Benedicto Villanueva Ortiz, al Hospital Escuela en Tegucigalpa, en donde se recupera de las heridas recibidas, resguardado bajo un fuerte dispositivo de experimentados "Cobras".
Las investigaciones continúan al más alto nivel, ya que los facinerosos tenían una lista de personalidades, la que se dará a conocer en su oportunidad de parte del ministro de Seguridad, Juan Ángel Arias, quien se mantiene al tanto de cada movimiento que hace el grupo elite "Cobra", rastreando a los demás miembros de la banda, de las que se dicen la conforman 14 personas de diferentes nacionalidades.

TOMA DE POSESION

La policía tiene información una de las bandas pretendía atentar contra Maduro, mientras participaba en los actos de toma de posesión del alcalde sampedrano, Oscar Kilgore, en el gimnasio Olímpico Metropolitano, el 25 de enero pasado.
El jefe de la Policía Metropolitana sampedrana, comisario Juan Carlos Bonilla, sostuvo que días antes de la ceremonia, recibió a un informante que le dijo que pretendían atacar al presidente electo. Sostuvo que el hecho ni siquiera fue comunicado al presidente, porque no le dieron mayor importancia al aviso, por la credibilidad del informante. No obstante, con inteligencia militar se montó un dispositivo de seguridad que pudo haber evitado cualquier accionar y por tanto al final todo se desarrolló normalmente. "Sabemos la intención que tiene el señor presidente con relación a la delincuencia y no se podía descartar que se diera cualquier cosa, por lo que se tomaron las medidas a tiempo", acotó. (La Tribuna Pág. 69)


vii) RAMÓN MATTA BALLESTEROS PIDE A LA FISCALIA ENJUICIAR A QUIENES LO ENTREGARON

El supuesto narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros o del Pozo, preso en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, envió una nota al fiscal general, Roy Medina, pidiéndole que agilice el juicio contra aquellas personas que lo entregaron ilegalmente a las autoridades estadounidenses.
Matta Ballesteros fue sacado de su residencia de la colonia Los Angeles y entregado a agentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que respondiera en ese país por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrida en México cuando éste le seguía la pista al hondureño, considerado el jefe del narcotráfico en Centroamérica.
Varios sectores hondureños consideraron ilegal la entrega del supuesto "capo", porque de acuerdo a la Constitución de la República ningún compatriota puede ser extraditado si no existe un tratado.
En ese sentido, en 1997 la Fiscalía interpuso una acusación contra varios oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía por los delitos de detención ilegal, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Y como a este juicio se encuentra engavetado en el despacho de la jueza Thelma Cantarero, del Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal, Juan Ramón Matta del Pozo, envió una nota al fiscal general pidiéndole que intervenga sus buenos oficios para que se le haga justicia, ya que- según él- se le lesionaron sus derechos como ciudadano hondureño.
La Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio Público confirmó la llegada de la nota al despacho del fiscal general, pero no se conoció si ya fue admitida la petición de Matta Ballesteros. (La Tribuna Pág. 10)