La Fogata digital

Derechos Humanos

1. OPERACION CONTRA-CONDOR: RESCATAN MAS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL TERROR
De: Martin Almada
2. OPERACION CONTRA-CONDOR: EL VUELO DEL DR. K
De: Ramiro Gonzalez
3. LAS PREGUNTAS QUE KISSINGER NO RESPONDE
De: Instituto Cono Sur
4. EL FBI PIDE PROCESAR A PINOCHET EN EE.UU.
De: Instituto Cono Sur
5. URUGUAY: PIDEN APROBAR LEY SOBRE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
De: "Andrés Capelán"
6. AMERICA LATINA: DONDE SE ASESINA A DEFENSORES DE DD.HH.
De: Instituto Cono Sur

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Mensaje: 1
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 09:14:02 -0400
De: Martin Almada
Asunto: OPERACION CONTRA-CONDOR: RESCATAN MAS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DEL TERROR

Rescatan más documentos y hasta un teléfono usado para tormentos

Más documentos pertenecientes al archivo secreto de la Policía
política del régimen de Alfredo Stroessner, un aparato de teléfono
antiguo utilizado para hacer escuchar los alaridos de las personas
torturadas a los familiares de las mismas y diversos planos fueron
incautados ayer, esta vez de la comisaría 6ª metropolitana. Entre los
documentos se detectó que un conocido religioso, Mons. Ramón Javier
Mayans, era considerado por los stronistas como un pyrague (delator).

El procedimiento estuvo encabezado por el Dr. Martín Almada y Antonio
Palazón, ambos víctimas de la dictadura stronista. Durante la
diligencia de rescate de los documentos guardados en la segunda
planta de dicha unidad policial, Martín Almada halló un aparato de
teléfono antiguo, a cuerda. ''Con este tipo de teléfono mataron a mi
esposa'', dijo Almada, al recordar que su mujer, Celestina Pérez,
murió de un infarto tras escuchar por teléfono la manera en que
torturaban a Almada.

El defensor de los DD.HH. reconoció el aparato de comunicación como
un elemento de tormento similar al que ''utilizaron para hacerle
escuchar a mi esposa cuando me torturaban''. Almada y Palazón también
procedieron a la incautación de decenas de planos de barrios y
ubicaciones de las ciudades.

Mientras se retiraban los miles de documentos -orden judicial
mediante-, Almada decía que el ex dictador Stroessner ''está rodeado
de los crímenes que él mismo escribió. Esto va a fortalecer nuestro
pedido para que se le cancele su asilo político. Estamos trabajando
con la comisión de DD.HH. del Brasil, que preside el diputado Marcos
Rolin''.

''LISTA NEGRA DE PYRAGUE''

Martín Almada comentó que ''un solo pyrague no fue procesado aún.
Vamos a pedir el procesamiento de todos los pyrague y ahí nos
conoceremos todos. Vamos a hacer la lista negra de los pyrague. Por
ejemplo, vemos que Martín Chiola -actual ministro de Salud Pública-,
vinculado con los anticomunistas de México, no fue procesado. La
gente que está actualmente en el Gobierno son la continuación del
stronismo. Aparte de que son malos, son ladrones'', declaró
finalmente.

DARIA PIE A NUEVOS JUICIOS

- El rescate de los documentos hallados en la comisaría 3ª
metropolitana se procedió en base a una orden dictada por el juzgado
a cargo en ese entonces de Jorge Bogarín.

- El dictamen del magistrado surgió a partir de un hábeas data
presentado por el Dr. Almada, descubridor de la mayor parte de estos
archivos policiales, en 1992, llamados ''Archivos del Terror''.

- En caso de que aparezcan documentos sobre procedimientos ilegales
posteriores a la caída del régimen stronista (febrero de 1989), el
magistrado señaló que, obviamente, tendrá que abrirse un nuevo
sumario criminal.

INFORME ALUDE A PA'I MAYANS COMO DELATOR

Un informe elaborado por un comisario general de nombre Cirilo Vega
Gómez, el 3 de abril de 1982, alude al entonces Mons. Ramón Javier
Mayans, vicario castrense interino, dando a entender que era un
pyrague. Señala la nota que Mayans proporcionó datos acerca de la
identidad, situación de vida, trayectoria y actitudes de un sacerdote
de nombre Juan Gilberto Doutreleau.

El documento, que forma parte del archivo hallado ayer en la
comisaría 6ª metropolitana, da a entender que pa'i Mayans se
desempeñaba como soplón de los stronistas.

''Mayans era informante de Stroessner. El pa'i Mayans fue nuestro
capellán del campo de concentración. Se prestó a la dictadura, por lo
que tienen que pedir perdón él y la Iglesia paraguaya. También los
capellanes del Ejército y de la Policía tienen que pedir perdón a la
población, así como hizo la Iglesia argentina'', sostuvo Martín
Almada, al indicar que estaba al tanto de la situación y que el tema
de Mayans no le sorprendía.

Agregó que ''no hay un solo capellán del Ejército y de la Policía que
sean pobres. Se enriquecieron porque ellos fueron cómplices. Aquí,
los que salvan a la Iglesia son Mons. Rolón y la Iglesia de base''.

El informe del policía Vega Gómez, dirigido al entonces presidente
Alfredo Stroessner, consigna casi al pie de la hoja que Juan Gilberto
Doutreleau fue un agitador tenaz y opositor al gobierno de
Stroessner, durante su sacerdocio, al aludir al informe de Mayans.

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Mensaje: 2
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 00:40:19 -0300
De: Ramiro Gonzalez
Asunto: OPERACION CONTRA-CONDOR: EL VUELO DEL DR. K

Buenos Aires-Argentina, 21 Abril 2002

El vuelo de Dr. K

Se alarga la cola de los que quieren interrogar a Henry Kissinger.
Después del juez español Baltasar Garzón, la jueza francesa Sophie
Hélène Chateau presentó ante la Interpol una demanda para poder
interrogar al ex secretario de Estado norteamericano durante su visita a
Londres, el próximo 24 de abril. En mayo de 2001 otro juez francés,
Roger Le Loire, intentó en vano interrogar a Kissinger sobre su
colaboración con el general Pinochet y otros dictadores latinoamericanos
en su política de exterminio de la oposición. Le Loire vio cómo el
portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. le exigía que presentase
su demanda "por vía oficial", trámite que ahora sí ha cumplido su colega
Chateau.

El interés de la jueza francesa hay que relacionarlo con los documentos
secretos norteamericanos que se hicieron públicos en 2000 y que
confirmaban que Kissinger, o cuando menos su departamento (ministerio),
sabía de la existencia y de los objetivos del llamado Plan Cóndor. Dicho
plan, que hermanaba a los distintos dictadores del Cono Sur en su
actividad de terrorismo de Estado en la lucha contra la oposición
política exiliada, supuso la "desaparición" de centenares de militantes
antifascistas o, simplemente, de ciudadanos contrarios a los militares
en el poder y, entre ellos, cinco franceses, uno de los cuales víctima
directa de la aplicación del Plan Cóndor.

Kissinger fue responsable de la política exterior estadounidense entre
1973 y 1977. Sophie Hélène Chateau sigue los pasos de Garzón o del
fiscal Carlos Castresana, en el origen de los 17 meses de detención que
Pinochet vivió en Londres entre 1998 y 2000, así como los del juez belga
Damien Vandermeersch, que se ocupa del caso de cinco compatriotas
desaparecidos en Chile.

Ramiro Gonzalez denunciante del Operativo Condor y denunciante de Henry
Kissinger ante la Fiscalía Federal Nº10 5P calle Comodoro Py 2002 ciudad
de Buenos Aires

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Mensaje: 3
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 10:11:32 -0400
De: Instituto Cono Sur
Asunto: LAS PREGUNTAS QUE KISSINGER NO RESPONDE

De la carta rogatoria tramitada por el juez chileno Juan Guzmán Tapia
a propósito del secuestro y asesinato del ciudadano norteamericano
Charles Horman:

(1) "Para que diga el testigo si es efectivo o no que el ex embajador
Nataniel Davis conversó con el general Augusto Pinochet, el 12 de
octubre de 1973, sobre la situación del señor Charles Horman, en el
sentido de que se trataba de un caso pendiente que preocupaba el
gobierno de los Estados Unidos y que había que solucionar".

(2) "Cuáles fueron los contenidos de las instrucciones que recibió el
ex embajador Nataniel Davis del gobierno de Estados Unidos para
tratar al más alto nivel político-militar -directamente con el
general Pinochet- el caso Horman, los días 17, 18 y 19 de septiembre
de 1973".

(3) "Cuáles fueron las medidas políticas y judiciales que adoptó el
gobierno de los Estados Unidos de América, para ubicar el paradero de
Charles Horman después de su detención el día 17 de septiembre de
1973".

(4) "Si es efectivo que el gobierno de los Estados Unidos de América
a través de su embajada y consulado en Santiago de Chile como también
por intermedio de otras sedes diplomáticas, agregados militares,
incluidos servicios y agentes de inteligencia tomaron contacto y
discutió con la Junta Militar y con su representación diplomática en
Estados Unidos o bien con otros altos militares y servicios de
inteligencia chilena, inmediatamente después de la desaparición de
Charles Horman, esto es, el día 17 de septiembre de 1973 con el fin
de hacer todas las gestiones a su alcance para lograr la liberación
de Horman y su posterior salida de Chile".

(5) "Para que diga el testigo si es efectivo que en los días
posteriores al Golpe Militar, esto es, el 11 de septiembre de 1973,
cuando Charles Horman regresó a Santiago desde Viña del Mar junto a
una ciudadana norteamericana señora Terry Simon, el día 15 de
septiembre de 1973, en un vehículo oficial de los Estados Unidos
conducido por el capitán naval norteamericano señor Ray Davis, la
Embajada y los Consulados de los Estados Unidos en Chile ya habrían
recibido instrucciones para que se adoptaran medidas especiales para
dar la protección necesaria a todos los ciudadanos norteamericanos
que se encontraban en Chile, sin excepción".

(6) "Para que diga el testigo si ordenó o solicitó personalmente que
se realizara una investigación respecto de estos hechos; o si tiene
conocimiento acerca de si otras autoridades de los Estados Unidos
adoptaron igual medida tendiente a determinar responsabilidades
administrativas o disciplinarias por la conducta de los funcionarios
diplomáticos o consulares, funcionarios militares y civiles que se
desempeñaron en Chile en 1973 y años siguientes, por las omisiones o
negligencias cometidas en el ejercicio de sus funciones al permitir
la detención, desaparición y muerte del ciudadano norteamericano
Charles Horman...".

(7) "Si le consta que el Gobierno de los Estados Unidos, durante el
período en que Ud. se desempeñó como Secretario de Estado, realizó
actividades o gestiones para investigar y esclarecer la detención,
desaparición y muerte de Charles Horman; en caso de ser efectivo, si
tiene conocimiento acerca de cuáles fueron los resultados y
conclusiones de la investigación realizada sobre el caso Horman".

(8) "Para que diga el testigo cómo es efectivo que en septiembre de
1973 o en otras oportunidades, llamó directamente a Chile por
teléfono para comunicarse con el general Augusto Pinochet, el
almirante Ismael Huerta y el almirante Patricio Carvajal, ambos éstos
últimos, altos oficiales de la marina chilena, para requerir
información a las autoridades militares chilenas por la detención,
desaparición y muerte del ciudadano norteamericano, periodista
Charles Horman".

(9) "Si le consta que el gobierno de Estados Unidos fue informado, en
octubre de 1973, por sus propios medios y qué fuentes chilenas
confirmaron que Charles Horman había muerto y que había sido fusilado
por una patrulla militar por órdenes impartidas bajo el mando del
general Augusto Pinochet Ugarte, jefe de la Junta Militar".

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Mensaje: 4
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 10:21:45 -0400
De: Instituto Cono Sur
Asunto: EL FBI PIDE PROCESAR A PINOCHET EN EE.UU.

FUENTE: PiensaChile.com

FBI pide procesar a Pinochet, pero nadie mueve un dedo

por Pascale Bonnefoy (Chile)

( Reproducido del periódico El Periodista con autorización de la autora)

Meses antes de que el Presidente George W. Bush asumiera su cargo el
20 de enero de 2001, el Federal Bureau of Investigations (FBI)
concluyó su investigación del asesinato del ex ministro chileno
Orlando Letelier y la estadounidense Ronni Karpen Moffit, ocurrido en
Washington, DC en 1976, recomendando procesar al general (r) Augusto
Pinochet como autor intelectual del doble homicidio. Sin embargo,
inexplicablemente, el borrador del auto de procesamiento preparado
por el FBI lleva más de un año y medio enredado en la burocracia
gubernamental.

El memo firmado por el jefe del equipo investigador del Departamento
de Justicia (DOJ), John Beasley, poco después del viaje que éste hizo
a Chile acompañado por agentes del DOJ y el FBI para interrogar a 42
chilenos en marzo de 2000, ha estado "en revisión" en la División
Criminal del DOJ desde agosto de ese año.

En su informe, Beasley, de la Sección de Crímenes Transnacionales de
la Procuraduría Distrital de Columbia, recomienda que se procese a
Augusto Pinochet como autor intelectual del crimen, considerado
-hasta el 11 de septiembre pasado- el peor acto de terrorismo
internacional cometido en territorio estadounidense.

Sin embargo, nadie se mueve. "El caso Letelier cayó en un hoyo
negro", admitió una fuente del gobierno estadounidense. "No va a
ninguna parte porque nadie está presionando para que se mueva. Hay
una falta de voluntad. Cuando exista un interés desde afuera en el
caso, habrá movimiento. Pero si no hay fuerzas poderosas exigiendo
que el caso avance, se mantendrá congelado", dijo.

La recomendación de procesar a Pinochet fue despachada mucho antes de
los ataques del 11 de septiembre pasado que reorientaron las
prioridades y recursos del aparato de justicia estadounidense, y
también antes de que Bush nombrara al ultra-conservador John Ashcroft
en el puesto de Procurador General.

Tampoco las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre
Chile y EE.UU. son una excusa válida para la inamovilidad del caso.
"El Departamento de Justicia rara vez se deja influenciar por
presiones externas, y es muy celoso de sus atribuciones. De vez en
cuando le puede llegar presión de la Casa Blanca, pero el acuerdo de
libre comercio con Chile no tiene tanto impacto. Tendría que haber
una situación muy excepcional para que el DOJ se desistiera de
procesar a alguien por razones externas. Incluso, frecuentemente toma
decisiones que son inconvenientes para la política exterior", señaló
una fuente del Departamento de Estado.

No hay razones para el estancamiento del informe del FBI en las
oficinas de la División Criminal, y ninguna fuente del gobierno o de
la justicia estadounidense ha podido dar una explicación coherente de
porqué el caso no avanza, dada la abundante evidencia en contra de
Pinochet. Ninguno ha querido comentar el caso, al menos oficialmente.

Tras la detención en Londres de Pinochet, en enero de 1999 el
Departamento de Justicia decidió reabrir su investigación sobre el
caso Letelier, designando unos 20 agentes del Departamento y el FBI a
tiempo completo, y apuntó específicamente a Augusto Pinochet. El
proceso de desclasificación de documentación del gobierno
estadounidense (1999-2000) excluyó documentos que podrían aportar a
esa investigación.

El FBI terminó sus pesquisas en absoluto sigilo, meses antes de que
organizaciones civiles y de derechos humanos en Estados Unidos
comenzaran a demandar que la saliente Procuradora General bajo el
gobierno de Bill Clinton, Janet Reno, se pronunciara al respecto
antes de dejar su cargo. Nunca lo hizo, ni tampoco informó que hacía
semanas que el FBI ya había emitido su informe, recomendando procesar
al ex dictador chileno. No fue sino hasta mucho después que personas
ligadas al caso pudieron comprobar que el FBI había efectivamente
llegado a una conclusión.

Mientras tanto, los congresistas estadounidenses no cesaban de
presionar. Al menos tres veces, exigieron al gobierno procesar al ex
dictador chileno por este crimen. En mayo de 2000, 36 parlamentarios
estadounidenses pidieron a Clinton que buscara la extradición de
Pinochet para enfrentar un juicio en Washington. "Agradecemos los
pasos ya tomados por el Departamento de Justicia que podrían llevar a
su procesamiento. Sin embargo, creemos que esta investigación debe
ser intensificada y seguida con la misma energía con que se han
investigado otros casos de terrorismo, como el de Bin Laden",
expresaron los congresistas, un año y cuatro meses antes de los
atentados del 11 de septiembre.

Seis meses después, otros 15 congresistas encabezados por el
representante Maurice Hinchey instaron a Clinton a "hacer todo lo
posible" para procesar a Pinochet. "Estamos profundamente preocupados
porque el hombre que creemos es, en última instancia, el responsable
de estos homicidios -Augusto Pinochet- aún no ha sido llevado a
juicio", señalaron en una carta al Presidente Clinton el 15 de
diciembre de 2000.

El 20 de febrero pasado, 25 congresistas volvieron a insistir. En una
carta dirigida al Procurador Federal para el Distrito de Columbia,
Roscoe Howard -nombrado por Bush-, los parlamentarios señalaron que
procesar a Pinochet "demostraría a los estadounidenses y al mundo que
Washington tiene la voluntad de perseguir a terroristas que
antiguamente fueron sus amigos".

Ha sido en vano. "Estoy perplejo. Ya en agosto de 2000, estábamos en
condiciones de pedir el procesamiento de Pinochet, y no ha pasado
nada en más de un año y medio. Me siento frustrado, y el FBI se
siente frustrado," dijo un funcionario ligado al caso.

Destrabar el caso está en manos del jefe de la División Criminal del
DOJ y Asistente al Procurador General, Michael Chertoff. "Chertoff es
el último paso en este proceso de revisión. Él decide en último
término si el DOJ pide a un Gran Jurado procesar a Pinochet", señaló
el abogado Sam Buffone, quien representa a la familia Letelier en
Estados Unidos.

Una vez aprobado por el DOJ, un tribunal convocaría a un Gran Jurado
para escuchar -en sesiones secretas- los argumentos y conocer la
evidencia en contra de Pinochet para resolver su eventual
procesamiento.

"El 90% de las veces, el Gran Jurado acepta la argumentación del DOJ,
ya que éste generalmente no pide el procesamiento de un acusado si no
tiene suficiente evidencia como para asegurar que también sea
enjuiciado y encontrado culpable. El DOJ comúnmente presenta más
evidencia de la necesaria, mucho más que la mínima requerida.
Entonces, si Chertoff finalmente aprueba el memo, el procesamiento de
Pinochet es prácticamente un hecho", explicó un abogado involucrado
en la investigación.

Tras la aceptación del Gran Jurado -proceso que demoraría sólo
algunos días- el siguiente paso sería pedir la extradición de
Pinochet, el único inculpado en el crimen que no ha enfrentado la
justicia por este caso, ni en Chile ni en Estados Unidos.

Sin embargo, nadie en el gobierno de EE.UU. se hace ilusiones de que
el caso Letelier vaya mucho más lejos. Aunque el anciano general no
podrá alegar razones de salud para impedir un juicio legal -ya que
para Estados Unidos, basta que el acusado comprenda la naturaleza de
las imputaciones en su contra para enjuiciarlo-, es probable que la
Corte Suprema chilena se niegue a autorizar la extradición de
Pinochet, ya sea por su estado de salud, o porque la valla impuesta
por el Estado chileno para extraditar a sus nacionales -incluso
delincuentes comunes- es demasiado alta. Para extraditar a un
chileno, los tribunales de nuestro país exigen que su culpabilidad
sea comprobada, en circunstancias que las cortes estadounidenses
piden la extradición tras procesar al inculpado, pero antes de
comprobar su culpabilidad.

"Sería simbólico. Sabemos que Chile nunca va a extraditar a Pinochet,
si ni siquiera extraditan a sus narcotraficantes. No hemos logrado
una extradición exitosa de parte de Chile en 10 ó 15 años, y ya
dejamos de intentarlo. Todos hemos sabido siempre que el caso
Letelier termina con el procesamiento de Pinochet", dijo una fuente
del gobierno de EE.UU.

Técnicamente, aún sigue pendiente el procesamiento y extradición a
Estados Unidos de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, primero y
segundo de la DINA, pero debido a que ya fueron juzgados y
sentenciados en Chile, el gobierno estadounidense ha abandonado sus
esfuerzos por llevarlos ante los tribunales de su país.

A la fecha, no hay ningún detenido por el asesinato de Orlando
Letelier y Ronni Moffit. Contreras y Espinoza ya cumplieron sus penas
de siete y seis años, respectivamente. El año pasado fueron liberados
los dos cubanos anti-castristas sentenciados en Estados Unidos;
Virgilio Paz cumplió 12 años en la cárcel, y Dionisio Suárez, ocho.
El ex agente de la DINA, el estadounidense Michael Townley,
extraditado desde Chile en 1978, estuvo bajo arresto por cinco años
en EE.UU. y hoy vive con otra identidad en ese país al amparo del
programa de protección de testigos.

Murray Karpen, padre de Ronni Moffit, escribió lo siguiente el 12 de
enero pasado en The Washington Post: "Estoy desconcertado porque,
después de 25 años y enfrentado a nueva y horrenda evidencia sobre
las consecuencias de no combatir al terrorismo, el gobierno de
Estados Unidos aún no procesa a Pinochet. El Presidente Bush ha
dejado muy clara su posición respecto del terrorismo. Pero, ¿está el
Departamento de Justicia seleccionando a cuáles terroristas quiere
procesar?"

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Mensaje: 5
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 10:35:00 -0300
De: "Andrés Capelán"
Asunto: URUGUAY: PIDEN APROBAR LEY SOBRE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

INSTAN AL PARLAMENTO A APROBAR PROYECTO DE LEY SOBRE DELITOS DE LESA
HUMANIDAD
(Diario La República - Montevideo)

El doctor Alberto Pérez Pérez, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos
de la Facultad de Derecho, expresó ante el Parlamento que la sanción de los
delitos de lesa humanidad, es "una de las asignaturas pendientes que tiene
nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Parlamento democrático". En tal
sentido, exhortó a que los legisladores se apresuren y "aprueben" el
proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad que está a consideración de
la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. El grupo de trabajo
parlamentario recibió el pasado jueves al fiscal de Corte y procurador
general de la Nación, doctor Oscar Peri Valdéz, y a Pérez Pérez con el
objetivo de analizar el proyecto de ley relativo a los delitos de lesa
humanidad.

A través de la propuesta se pretende alcanzar una "tendencia legislativa
orientada a dar cumplimiento a diversas obligaciones asumidas por el Estado
e instrumentos internacionales para tipificar como delitos y sancionar
determinadas conductas ilícitas hasta ahora no previstas en el Código Penal
y en legislación especial complementaria", señaló Peri Valdez. El fiscal de
Corte opinó que la iniciativa es "puramente sancionatoria, y no incluye
medidas legislativas en la faz preventiva". Asimismo, entiende que el ante
proyecto abarca sólo una esfera de los delitos de lesa humanidad.

"La que está constreñida a la tipificación y castigo de los delitos contra
la humanidad que tengan necesariamente fuente Estatal. En función de esta
apreciación, es que la iniciativa deja fuera del catálogo, por ejemplo, el
delito de genocidio", puntualizó. La iniciativa abarca, dentro de los
delitos contra la humanidad, la tortura, el homicidio político, el
ocultamiento de paradero y la desaparición forzada de personas.

"Asignatura pendiente"
Por su parte, Pérez Pérez sostuvo: "Esta es una de las asignaturas
pendientes que tiene nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Parlamento
democrático", según consta en la versión taquigráfica de la reunión. Agregó:
"Apúrense. Aprueben lo que tienen; no merece objeciones fundamentales,
aunque puede merecer observaciones. Pero, por favor, que salga". El
catedrático recordó que la iniciativa -la cual responde a inquietudes del
colegio de abogados-, fue elaborada "cuando todavía no regían para el
Uruguay la Convención Internacional y la Convención Interamericana contra la
Tortura y la Interamericana Contra la Desaparición Forzosa de Personas".

Por tal motivo, considera que probablemente "haya que pensar en una serie de
medidas de ejecución de esas Convenciones". Destacó que el concepto de
crímenes contra la humanidad surgió en el Derecho internacional y apareció
por primera vez con ese nombre en el Estatuto de Londres de 1945, por el que
se creó el Tribunal Internacional de Nüremberg el cual juzgó a los militares
nazis de la Segunda Guerra Mundial. "Allí se aludía a una gran cantidad de
conductas en la medida en que estuvieran vinculadas con la ejecución de
otros delitos a los que se aplicaba: los crímenes contra la paz o de lesa
humanidad y los crímenes de guerra", expresó.

La evolución posterior del Derecho Internacional, "en los distintos trabajos
de Naciones Unidas, de la Comisión de Derecho Internacional y en el Tratado
de Roma de creación de la Corte Penal Internacional, se ha sustituido aquel
elemento de vinculación con los crímenes de guerra o con los crímenes contra
la paz que es el carácter sistemático que viene indicado al final del
artículo 1º del proyecto de ley a consideración". El catedrático sostuvo que
muchos de sus colegas en Derecho Penal afirman que en las convenciones
internacionales no hay tipificación de delitos porque no hay una pena. Ante
lo cual sostuvo que "se les va un poco la mano en la aplicación casi al pie
de la letra del artículo 1 del Código Penal, cuando define la Ley Penal".

"Pero es cierto que esos delitos no tienen una pena; entonces, algo que
quizás habría que hacer en el Uruguay, además de esto, sería decir cuál es
la pena aplicable a los delitos de tortura o desaparición forzada". Pérez
Pérez resaltó la competencia universal de los delitos para que "todo Estado
en cuyo territorio se encuentre un torturador, o el responsable de una
desaparición forzada de personas, tenga jurisdicción para enjuiciarlo, si no
opta por conceder su extradición a otro Estado competente para juzgarlo y
castigarlo". Subrayó que la existencia de un tipo delictivo específico "no
implica la impunidad de quienes hayan cometido los actos de tortura antes de
la entrada en vigencia de la nueva ley. Pues seguirán aplicables, respecto
de los autores y responsables directos de esos actos, las normas que
reprimen las lesiones personales, el homicidio, el secuestro y el abuso del
poder".
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Mensaje: 6
Fecha: Sun, 21 Apr 2002 10:16:53 -0400
De: Instituto Cono Sur
Asunto: AMERICA LATINA: DONDE SE ASESINA A DEFENSORES DE DD.HH.

Latinoamérica sufrió mayor número de asesinatos de defensores de DD.HH.

Durante el 2001, la región fue testigo de 30 de las 34 muertes
denunciadas en todo el mundo.

Fuente:...Agencias, PrimeraLinea.cl

América Latina es la región del mundo donde más defensores de los
derechos humanos fueron asesinados el año pasado, con un 90 por
ciento de todos los casos comunicados por la representante especial
del Secretario General de la ONU, Kofi Annan.

Según explicó hoy en Ginebra la representante especial, la paquistaní
Hina Jilani, 30 de los 34 asesinatos de militantes de los derechos
humanos informados en el último año a los respectivos gobiernos
ocurrieron en Latinoamérica.

Jilani afirmó que en total se denunciaron 160 casos de atropellos
sufridos el año pasado por los defensores de los derechos humanos,
entre ellos 118 miembros de ONG.

La representante expresó también su preocupación porque en 53 de los
160 casos funcionarios de la policía eran responsables directos y por
la complicidad de policías de distintos países con los asesinos o
torturadores de activistas de los derechos humanos.

"En ese contexto, la impunidad de los abusos de derechos humanos es
un problema grave, sobre todo en lo que respecta a los perpetrados
por los actores no estatales", señaló la representante de Kofi Annan,
según la cual "las autoridades han mostrado un nivel inaceptable de
tolerancia de las actividades de grupos armados, paramilitares,
grupos de seguridad y milicias armadas".

Treinta y dos de los casos denunciados eran de abogados de derechos
humanos, 22 de sindicalistas, 20 de activistas de los derechos de los
indígenas y once de periodistas.

Se están reprimiendo asimismo las actividades de los líderes de
movimientos campesinos, militantes del medio ambiente, defensores de
los derechos de las minorías religiosas, étnicas o sexuales, así como
de los estudiantes, profesores e intelectuales, pero también
parlamentarios comprometidos con los derechos humanos, denunció Hina
Jilani.

Un total de 34 defensores de los derechos humanos fueron asesinados
el pasado año mientras que ocho sufrieron atentados, diez
desaparecieron, y siete fueron sometidos a torturas.

Jilani señaló, sin embargo, que la persecución de defensores de los
derechos y en especial de miembros de organizaciones no
gubernamentales (ONG) no se limita a los países en desarrollo.

Después del 11 de septiembre, explicó, muchos países como EEUU,
Rusia, el Reino Unido, Australia, la India, Pakistán, Tailandia,
Nepal y otros han extremado su legislación antiterrorista con la
consecuencia de erosionar los estándares de derechos humanos que esas
ONG defienden en todo el mundo.

En muchos países, la defensa de las libertades fundamentales y los
derechos humanos o del derecho a la autodeterminación se caracteriza
como "una amenaza de la seguridad nacional e internacional".
Domingo, 21 de Abril de 2002