Los fiscales federales Freiler y Delgado denunciaron ayer por secuestro, tortura y desaparición forzada a diez represores de la ESMA. El juez español Baltasar Garzón había reclamado extradición.
La ESMA fue uno de los centros clandestinos más siniestros.

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado intentan hacer cumplir el principio del derecho internacional que establece "extraditar o juzgar". Ayer denunciaron por secuestro, tortura y desaparición forzada de personas a diez represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) cuyas detenciones habían sido pedidas por el juez español Baltasar Garzón. Pese al lobby castrense, la Justicia sigue avanzando en las causas que involucran a militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura.
La lista de represores investigados la componen el capitán de navío Jorge Antonio Suppicich, los marinos Salvio Olegario Menéndez, Raúl Enrique Scheller, Miguel Angel Benazzi Berisso, Enrique Damario, Fernando Enrique Peyón, Francisco Lucio Rioja, Jorge Carlos Radice; el subcomisario Roberto Oscar González, y los prefectos Rubén Carnot y Gonzalo Sánchez.
La acusación de Freiler y Delgado cayó por sorteo en el juzgado federal número 8 a cargo de Jorge Urso, a quien los fiscales pidieron que "oportunamente llame a prestar declaración indagatoria a las personas denunciadas".
El 21 de agosto del año pasado el juez Garzón reclamó a Interpol la detención de estas personas que actuaron en la ESMA junto con la de seis miembros de los grupos de tareas de la provincia de Santa Fe. Todos estaban acusados de "terrorismo desarrollado en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros y desaparición forzada de personas; y genocidio". El pedido del magistrado español fue recibido por el entonces juez Gabriel Cavallo quien lo admitió e inició los trámites para extraditar a los acusados. El proceso fue interrumpido por el Gobierno, que defendió el principio de territorialidad y rechazó la posibilidad de que los represores fueran juzgados en el exterior. La causa, sin embargo, no fue paralizada, fue trasladada a la Justicia argentina y la Procuración General de la Nación inició los trámites para que "se investigue y llegue a la verdad".
Freiler y Delgado abrieron un expediente y enviaron la parte del que correspondía a los represores santafesinos a esa provincia. En esa causa, el juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para poder juzgar al ex juez federal Víctor Hermes Brusa y a los represores Héctor Colombini, Mario José Facino, Juan Clixto Perizzoti, Eduardo Ramos y María Eva Aebi. Rodríguez firmó su resolución este miércoles, un día después de que Página/12 informara que los jefes del Ejército y la Armada se reunieron con el presidente Eduardo Duhalde para presionar por el cierre de los procesos en los que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas por cometer delitos de lesa humanidad. Para que esta investigación sobre la ESMA no sea archivada, también deberán ser declaradas nulas las leyes de impunidad.
En su denuncia, Freiler y Delgado recordaron que Suppicich fue director de la ESMA entre 1979 y 1980 y que "le corresponde la responsabilidad de, cuanto menos, 44 secuestros y otras tantas torturas, 77 privaciones ilegítimas de la libertad y 16 desapariciones forzadas". También mencionaron que el ex detenido desaparecido Osvaldo Barros testimonió que "quien decidía los traslados era una especie de conferencia de los oficiales responsables" y en ella participaba, el "Jinete, que era el alias de Suppicich".
Sobre el subdirector de la ESMA, el fallecido Salvio Menéndez, indicaron que "participó activamente en el accionar represivo hasta que fue herido en un tiroteo", a la vez que indicaron que "se le imputan un mínimo de 27 secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad y 17 desapariciones forzadas". Scheller, ex oficial de inteligencia de la ESMA, y Peyón fueron acusado por el secuestro de 377 personas y la desaparición forzada de 248 personas. El resto de los imputados están involucrados en la misma clase de delitos. En el prontuario del subcomisario de la Policía Federal González, conocido como "Federico", "Obdulio" y "Gonzalito", semenciona "su participación en el operativo en el que fue asesinado el escritor Rodolfo Walsh".