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 Derechos Humanos |
CATORCE DESTELLOS (Y UNO MAS) - A LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO, A 25 AÑOS DEL COMIENZO
Cuando las fauces del abominable horror hincó su fetidez
maligna rasgando a la patria gimiéndola enmudecida espantada indiferente
los pétalos comenzaron a olvidar su belleza la ternura se derrumbó
entristecida y con ella la alegría las palabras los pensamientos los
sueños
Y nos fuimos quedando solos con feroces pesadillas incansables indecibles pavorosas
sin estrellas ni amaneceres embotados de dolores indolentes castañeando
nuestras almas disimulándonos desmemoriándonos insiéndonos
La vida parecía morir eternamente y los besos extenuados se caían
junto a las miradas aquellas a pedazos
Fue entonces que
catorce destellos (y uno mas) catorce corazones (y uno mas) iniciaron con frágiles
pequeños tenaces miedovalientes pasos en ronda el retumbo prodigioso
invencible de corajes de dignidades de justicias de verdades y de amor DE ESE
AMOR que nos acunó que nos acuna que nos acunará por siempre.
Miguel Angel de Boer
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BREVE HISTORIA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO
por Yoyi Epelbaun (QEPD)
El 24 de Marzo de 1976 un golpe militar destituyó a la entonces Presidente
Constitucional María Estela Martínez Vda. de Perón, más
conocida como Isabelita. Isabel Perón había asumido la presidencia
el 1º de Julio de 1974 a la muerte de su esposo el Teniente general Juan Domingo
Perón . Ella ocupaba en ese momento el cargo de Vicepresidente Constitucional.
Su breve gobierno fue débil, corrupto, ineficiente y dió lugar
a hechos criminales cometidos por una suerte de escuadrones de la muerte conocidos
como las tres "A". (Alianza Anticomunista Argentina) De todas formas estaban
previstas elecciones a breve plazo y seguramente el resultado no le sería
favorable a Isabel.
Los militares golpistas cuando se apoderaron del gobierno manifestaron que venían
a poner "orden" pero el orden que impusieron fué el del terror y la muerte.
Inmediatamente comenzó una verdadera caza de brujas, Terrorismo de Estado
mediante. Durante este período los llamados "grupos de tareas" integrados
por elementos policiales, civiles y militares -siempre al mando de un militar
de alta graduación- asesinaron a miles de personas y secuestraron a varios
miles más, los que fueron conducidos a lugares clandestinos de detención
(campos de concentración) donde fueron detenidos en condiciones degradantes,
salvajemente torturados y finalmente -casi la totalidad- asesinados.
En la Argentina llegó a haber alrededor de 368 campos de concentración
ubicados a lo largo y a lo ancho del país.
Se menciona la palabra "Desaparecidos", esa categoría terrible se refiere
a las personas secuestradas - osea detenidas clandestinamente- de las cuáles
no se dió más información y que se convirtieron así
en "desaparecidos", la mayor crueldad para sus familiares que ignoraban si estaban
vivos o muertos o cómo estaban.
Los militares siempre negaron su existencia hasta cuando les fué imposible
continuar haciéndolo. Y como la censura era total, la palabra "desaparecidos
no figuraba en los diarios ni se escuchaba en ningún medio de comunicación.
Más de 100 periodistas fueron asesinados o desaparecieron en la dictadura
militar. Se produjo el exilio de muchos argentinos, varios de ellos ilustres
o distinguidos en sus actividades, que dejaron el país para salvar sus
vidas, pero también hubo un exilio interno yá que quienes se quedaron
, estaban condenados al silencio para evitar ser "desaparecidos".
En ese marco de miedo y silencio y miedo colectivo surgieron las Madres de Plaza
de Mayo, un grupo pequeño de mujeres que por amor a sus hijos desafió
al Poder y se levantó como testigo y denuncia pública en un país
ocupado por sus propias fuerzas militares.
Este grupo de Madres superó el terror. A medida que sus hijos eran secuestrados
y "desaparecidos" las Madres acudían a golpear todas las puertas que
pudieran dar alguna noticia sobre los desaparecidos. Así concurrieron
al Ministerio del Interior, Cuarteles, Destacamentos de Policía, Iglesias,
y por supuesto escribían a los integrantes de la Junta Militar que gobernaba
el país y estaba integrado por el jefe de cada fuerza militar, es decir
Armada, Ejercito y Fuerza Aérea, pidiendo ser recibidas, planteando sus
dramas, pero jamás recibieron respuesta.
Las Madres empezaron a reconocerse al encontrarse en todos esos lugares y una
tarde de Abril de 1977, mientras esperaban que las atendiera el párroco
de la Iglesia Stella Maris, una de las Madres que estaba allí, AZUCENA
VILLAFLOR de DE VICENTI dijo: "Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por
qué no vamos todas a la Plaza de Mayo y cuando seamos muchas, Videla
tendrá que recibirnos..."
El General Videla era el Presidente que había escogido la Junta Militar.
El 30 de Abril acudieron a la plaza las 14 Madres que habían estado en
la Iglesia. Catorce Madres solas en esa inmensa plaza. Es de imaginar su coraje,
solas ahí, en un país aterrorizado. Azucena Villaflor de DeVicenti
eligió la Plaza de Mayo como sitio de las reuniones, porque esa plaza
está situada frente a la Casa Rosada (sede del Gobierno) y a un costado
está la Catedral. La Plaza continúa siendo un lugar histórico
y tradicional para las manifestaciones, una suerte de foro público. A
medida que pasaba el tiempo el número de Madres aumentaba porque aumentaba
el número de desaparecidos. La presencia de las madres en la Plaza era
conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como no existían
los "desaparecidos" para la prensa, tampoco existían las Madres. A comienzo
de las reuniones semanales, acordaron que fueran los jueves de 15:30 a 16:00
hs. de la tarde por ser un día y una hora en la que transitaba mucha
gente por la Plaza, ellas permanecían en grupo y de pié sin caminar.
Fueron los propios policías que custodiaban la plaza quienes les indicaron
que marcharan de a dos porque como el país estaba bajo Estado de Sitio
estaban prohibidos los grupos de tres o más personas.
Así comenzaron las marchas. Marchas alrededor de la pirámide de
Mayo que es el símbolo de la Libertad, marchas que continúan aún
hoy.
Con el objeto de reconocerse, tiempo después comenzaron a usar un pañuelo
blanco en la cabeza confeccionado en un principio con tela de los pañales
que se usan para bebés. Ese pañuelo se convirtió en su
símbolo. Las Madres intentaron dar a conocer sus dramas y es así
que -por ejemplo- participaron de marchas religiosas numerosas y populares en
las cuales era conveniente que pudieran reconocerse. En procesiones desde Buenos
Aires hasta Luján, localidad distante más de 50 Km. Las Madres
provenían de diferentes sectores sociales, las unían sus hijos
desaparecidos y juntas desde una cierta ingenuidad primera, adquirieron con
el tiempo una cierta sabiduría. Supieron así que sus hijos fueron
secuestrados en general por su entrega generosa con el fin de ayudar a quienes
no habían sido favorecidos por la misma suerte y transitaban por la vida
con muchas dificultades y pobreza . Por ejemplo un grupo muy grande de desaparecidos
acudía a las villas miserias que rodean a la ciudad de Buenos Aires y
a otras importantes ciudades, para enseñarles a leer a sus pobladores
y para impartirles conocimientos de higiene para evitar enfermedades. Estas
actividades eran consideradas subversivas por la Dictadura, que consideraba
subversivos a todo aquel que pensara distinto y fuera critico a su accionar.
Se dieron cuenta entonces que también estaban luchando contra una dictadura
y sin duda la batalla dió sus frutos. Cuando comenzaron a reunirse eran
un grupo pequeño de Madres que creció hasta ser habitualmente
300 a 400 Madres los jueves en la plaza. Con el tiempo fueron incorporándose
los padres, hermanos, esposas , hijos, nietos de los desaparecidos y fueron
formándose grupos de Madres en el interior del país. Jamás
hicieron uso de las armas mientras que la dictadura oscurantista que mediocrizó
la cultura, la educación y la calidad de vida de los argentinos, poseía
toda la fuerza y todas las armas. Con el paso del tiempo fueron escuchadas y
adquirieron fuerza porque sus reclamos eran legítimos, mientras que la
dictadura carecía de toda legitimidad. El prestigio de las Madres en
todo el mundo creció de tal manera que en otros países de América
Latina y del Asia con problemas similares surgieron grupos de Madres que imitaron
la acción de las Madres de Plaza de Mayo.
En 1980 adquieren una sede social, dejando atrás las reuniones en sus
casas particulares, gracias a una donación de SAAM (Asociación
Holandesa de Mujeres, que se había constituido para ayudarlas). Las Madres
comienzan a salir al exterior para hacer conocer el drama de los desaparecidos
primero a Europa, luego a EEUU, entre los años 1978-1979. También
salían para pedir apoyo y solicitar que se aislara a la Dictadura Argentina.
Fueron escuchadas e invitadas una y otra vez. Amnesty International patrocinó
un viaje en 1979 que abarcó 9 países para exponer ante gobernantes
democráticos de Europa y los Estado Unidos la situación real en
la República Argentina. La dictadura militar menospreció la capacidad
de lucha de las Madres y la fuerza de amor que ponían para conseguir
información de sus hijos, las llamaban "las locas de Plaza de Mayo".
Cuando se dieron cuenta que sus denuncias tenían fuerza intentaron silenciarlas
con el secuestro de un grupo de madres fundadoras y familiares de desaparecidos
en la Iglesia de la Santa Cruz. También el golpe más fuerte fué
sin dudas la detención y desaparición de la líder del grupo
Azucena Villaflor de De Vicenti en la puerta de su casa cuando regresaba de
comprar el diario donde salía por primera vez la solicitada a la junta
militar pidiendo información de los detenidos-desaparecidos el 10 de
Diciembre de 1977. (Irónicamente es el día recordatorio de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos).
La dictadura suponía que las Madres perderían poder con el secuestro
masivo de integrantes. Las Madres son la reserva moral de los argentinos durante
los años de plomo de la dictadura militar. Por eso constituyeron un foco
de luz y esperanza durante esos negros años. Sus demandas fueron y son
Verdad, Justicia y Castigo por las violaciones de los derechos humanos.
Lamentablemente hoy reina la impunidad que genera nuevos crímenes perpetrados
por ex integrantes de "los grupos de tareas" que a pesar de haberse comprobado
que fueron torturadores y asesinos durante la dictadura, gozan hoy de una amplia
libertad.
Las Madres fundadoras ponen especial empeño en la Memoria ya que desde
el gobierno se impulsa al olvido.
Las Madres creen que la Democracia no se agota con el sólo ejercicio
del voto aunque éste es importante, es necesario que la Democracia sea
participativa, equitativa y justa. Todos los ciudadanos, los habitantes de nuestros
país deberían tomar conciencia de estos principios y actuar en
consecuencia. De hecho hoy las Madres continúan en la Plaza los jueves
para afirmar que sus demandas siguen vigentes y están en cada rincón
del país donde se las invita, acompañando al pueblo en sus justos
reclamos y reclamando a los gobernantes Verdad y Justicia.
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
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ARGENTINA: AYUDA PARA OLLAS COMUNES INFANTILES
Más de 150 chicos cenan de lunes a viernes en un comedor
comunitario ubicado en el barrio El Progreso, de Villa Elisa. Esos niños
forman parte de alrededor de 50 familias cuyos jefes o jefas se debaten cotidianamente
por sobrevivir en un país que niega a sus hijos el mínimo derecho
a soñar con un futuro mejor.
Verdaderamente, es muy difícil sostener el comedor. Esa tarea la llevamos
a cabo los miembros de la Asociación Civil Hombre Nuevo (Pers. Jurídica
N° 23.977) conjuntamente con los vecinos del barrio. A veces las mujeres consiguen
algunos menudos de pollo que van a parar a un guiso, otras se arreglan con un
poco de polenta, y otras tantas estirando lo que comerciantes o vecinos aportan
para que los pibitos tengan el plato de comida que necesitan.
Pero en realidad lo que necesitamos para la ofrecer la cena del día nunca
es "un poco de polenta", y no siempre conseguimos menudos de pollo, y la mayoría
de los sábados, cuando nos juntamos entre todos a planificar la próxima
semana, suelen aparecer los mismos interrogantes: ¿cuánto queda de fideos?,
¿y cuánto de arroz?, ¿no alcanzará con la polenta que trajo Fulano,
o que donó Mengano?
El problema, creemos nosotros, no es sólo aceptar el desafío de
construir y abonar los lazos de solidaridad, a veces también es sostenerlos,
y poder burlar la tentación de bajar los brazos.
Hemos decidido emprender un proyecto comunitario que excede a lo del comedor.
Queremos que funcione una huerta comunitaria para que la verdura que nos brinde
la tierra sea útil en el comedor. Estamos armando una biblioteca con
libros donados. La ropa que recibimos se lava y se repara para ser entregada
en un ropero comunitario. Estamos organizando un grupo de docentes que van a
brindar apoyo escolar. Pero nada de eso tiene sentido si los pibes del barrio
se acuestan con hambre.
Días atrás la sociedad argentina se conmovió por las imágenes
del programa "Detrás de las Noticias" (que conduce Jorge Lanata) en las
que una chiquita tucumana lloraba de puro hambre, nomás. En todos los
barrios de nuestra ciudad pasa lo mismo, nada más que las cámaras
todavía no se acercaron, y los chicos se desnutren por las mismas razones
que la nena tucumana.
Necesitamos de la ayuda de ustedes para que el comedor no se caiga, o mejor
dicho, para que la comida alcance, o mejor dicho, para que los pibes que van
a comer se acuesten con la panza llena. Es lo mínimo que merecen.
Les pedimos alimentos, básicamente. Pero todo viene bien, porque lo que
no sirve para echar en la olla, en los clubes del trueque se transforma en material
útil para el comedor. Nos ofrecemos a ir a buscar las donaciones al domicilio
donde sea necesario retirarlas.
Les enviamos teléfonos en los que pueden comunicarse con alguien de la
asociación, y la dirección de correo electrónico de Hombre
Nuevo. Y les repetimos: cualquier ayuda, por mínima que parezca, es importante.
Muchas gracias.
Teléfonos:
475-0539 ó (15) 400-8106 (Andrés Freisztav)
483-9683 (Gustavo Falbo y Alicia Roig)
473-1170 (Mabel y Elisa)
Mail: hombren@hotmail.com
Asociación Civil Hombre Nuevo
Pers. Jurídica N° 23.977
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KISSINGER: ESCONDIDO TRAS LAS FALDAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
De "El Periodista" Año 1, número 10 29 de abril,
2002 Santiago
por Pascale Bonnefoy
"Esa es una pregunta altamente inapropiada. Fui Secretario de Estado. Conduje
importantes negociaciones. No soy un criminal".
(Henry Kissinger al ser preguntado si consulta con sus abogados antes de viajar
al extranjero, en entrevista con National Public Radio, EE.UU., 9 de agosto,
2001)
No hay nadie como él. Tras las faldas del Departamento de Estado de Estados
Unidos y con el cuestionable escudo de una supuesta "inmunidad" por haber sido
Secretario de Estado, una vez más, Henry Kissinger logró evadir
responder ante la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en
Sud América mientras fue asesor de Seguridad Nacional del Presidente
estadounidense Richard Nixon (1969-1973), y posteriormente Secretario de Estado
bajo los gobiernos de Nixon y Gerald Ford (1973-1977).
Del largo brazo de la justicia internacional no se han salvado personajes otroramente
tan "intocables" como Augusto Pinochet (Chile), Slobodan Milosevic (Yugoslavia),
o Hissene Habre (Chad), aunque, claro está, de ellos sólo Milosevic
está tras las rejas. Otros menos conocidos pero no menos aborrecibles,
como el torturador argentino Ricardo Cavallo, el ex nazi letón Konrad
Kalejs, y el torturador mauritano Ely Ould Dah, han debido enfrentar los tribunales
de terceros países por sus crímenes.
Sin embargo, Kissinger ignora el avance de la justicia universal, concepto que
-alega- "remplazaría la tiranía de los jueces por la de gobiernos",
y se ha negado a comparecer para prestar declaraciones en múltiples oportunidades,
aún siendo llamado en calidad de testigo, y no inculpado (Ver recuadro).
Desde que su amigo Pinochet fue sorprendido con una orden de arresto en Londres
en octubre de 1998, Kissinger, de 78 años, piensa dos veces antes de
tomar un avión para dar conferencias, charlas, o consultorías,
por las que cobra millonarios honorarios. El "precedente Pinochet" -y la posterior
liberación del ex dictador chileno- lo han colocado en la mira del creciente
movimiento en pro de una justicia universal que juzgue y sancione a los responsables
de crímenes de guerra, terrorismo de Estado o delitos de lesa humanidad,
sindicándolo como autor intelectual, encubridor o promotor de crímenes
en Vietnam, Laos, Cambodia, Timor Oriental, Argentina y Chile, entre otros.
El 24 de abril pasado no tuvo necesidad de cancelar su viaje programado a Londres
para participar como orador en la convención anual del Instituto de Directores
en el Royal Albert Hall, gracias a los buenos oficios del Departamento de Estado
de EE.UU.. Siete días antes, el juez español Baltasar Garzón,
quien desde 1996 instruye una causa en la Audiencia Nacional de España
por genocidio, terrorismo y torturas en contra de Augusto Pinochet y otros,
había solicitado al Reino Unido una Comisión Rogatoria Internacional
para interrogar a Kissinger en calidad de testigo durante su estadía
en Londres en relación a los documentos desclasificados del gobierno
estadounidense "y aquellos hechos de los que hubiere tenido conocimiento, en
razón de su cargo" relacionados con la Operación Cóndor,
la red operativa de servicios de inteligencia del Cono Sur en las décadas
de los setenta y ochenta.
Según documentos desclasificados del gobierno estadounidense, la CIA
y el Departamento de Estado tuvieron conocimiento de la Operación Cóndor
meses antes de su establecimiento formal en mayo de 1976. Uno de esos documentos,
fechado el 22 de agosto de 1978, señala: "La Agencia [CIA] supo por primera
vez de la existencia de la organización en marzo de 1976, cuando [tachado]
informó que el coronel Manuel Contreras, entonces jefe de la DINA, había
iniciado un programa de cooperación entre los servicios de inteligencia
de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia llamado 'Plan Cóndor'
[...] El esfuerzo de cooperación no se formalizó hasta fines de
mayo de 1976, cuando se realizó una reunión de Cóndor en
Santiago, Chile. El tema principal de la reunión fue la cooperación
a largo plazo entre los servicios de los países participantes, pero iba
mucho más allá que el intercambio de información. [...]
Ya en julio de 1976, la Agencia estaba recibiendo informes de que Cóndor
planeaba participar en 'acciones ejecutivas' fuera del territorio de los países
miembros en contra de dirigentes nacionales viviendo en el extranjero". Dos
meses después, Cóndor llevó a cabo una de esas "acciones
ejecutivas", asesinando a Orlando Letelier y Ronni Moffit en Washington, D.C.
La Comisión Rogatoria estaría compuesta por el propio Garzón
y el abogado español Joan Garcés, del equipo director de la acusación
particular y popular en el proceso a Pinochet y otros ante la Audiencia Nacional.
El 18 de abril, la magistrada francesa Sophie Hélène Chateau,
quien investiga la muerte de cuatro ciudadanos franceses en Chile tras el golpe
militar de 1973, presentó una demanda similar ante la Interpol.
A estas alturas de la historia y sólo pocas semanas después de
que se iniciara la creación de un Tribunal Penal Internacional -que no
tendrá efecto retroactivo- Garzón debió tragarse la dudosa
explicación de la Unidad de Extradición del Ministerio del Interior
británico (Home Office) y remitirse directamente al Departamento de Estado.
La Embajada de Estados Unidos en Londres había informado a Interpol-Londres
que Kissinger "no estará disponible para responder a la petición
española [...] ya que la petición se relaciona con asuntos surgidos
cuando el Dr. Kissinger era Secretario de Estado".
Tras consultar con las oficinas de Kissinger en Nueva York y con el Departamento
de Estado de EE.UU., el gobierno británico informó a Garzón
que "el Dr. Kissinger se ha negado a prestar declaración sobre su conocimiento
de los acontecimientos que se citan en su comisión rogatoria. Aparentemente,
ha tomado esta decisión atendiendo al consejo recibido del Departamento
de Estado de los EE.UU.. Según la legislación del Reino Unido,
no es posible oir en declaración a los testigos sin su consentimiento".
Acto seguido, el gobierno británico le pasó la pelota a las autoridades
de EE.UU.: "Por favor, observen que, según han indicado tanto la oficina
del Dr. Kissinger como el Departamento de Estado, su actitud puede ser diferente
si ustedes hacen un requerimiento formal similar directamente al gobierno de
los EE.UU."
Sin otro camino legal, el 22 de abril, el magistrado español solicitó
formalmente una Comisión Rogatoria Internacional dirigida al gobierno
de Estados Unidos "a fin de recibirle declaración al Sr. Kissinger, en
calidad de testigo, por los hechos objeto del presente Sumario".
Ese mismo día, el parlamentario británico Jeremy Corbyn, del Partido
Laborista, presentó una moción ante la Cámara de los Comunes
expresando su esperanza de que la presencia de Kissinger en Londres "servirá
como oportunidad para que la policía lo interrogue respecto de acusaciones
de violaciones a los derechos humanos en el marco de la Operación Cóndor".
"Creemos que la participación de Kissinger en el golpe de Estado en Chile
en 1973, y en su apoyo a los regímenes militares en la región,
lo coloca en una posición privilegiada para ofrecer información
sobre los responsables de estas violaciones a los derechos humanos", señaló
Corbyn en la moción.
Paralelamente, el activista de derechos humanos Peter Tatchell intentaba sin
éxito lograr que los tribunales británicos emitieran una orden
de arresto en contra de Kissinger por presuntos crímenes de guerra. "Mientras
fue consejero de seguridad nacional al presidente estadounidense y luego Secretario
de Estado, [Kissinger] comisionó, ayudó, fomentó y promovió
crímenes de guerra en Vietnam", afirmó Tatchell a la prensa. Tatchell
dijo que no cesará en sus esfuerzos por llevar a Kissinger ante la justicia
por violación de los Convenios de Ginebra de 1957 por el "asesinato,
daño y desplazamiento de tres millones de vietnamitas y camboyanos".
Kissinger, el gurú indiscutido en temas internacionales -a pesar de sus
análisis nostálgicos de la Guerra Fría-, cobra millonarias
sumas de dinero al año por entregar sus opiniones en conferencias, revistas,
seminarios y reuniones empresariales, pero nunca ha debido enfrentar preguntas
mínimamente incómodas referente a su propio rol en la política
exterior estadounidense. No es de extrañar. Por años, fue analista
pagado de la cadena televisiva ABC News, pasándose en 1989 al directorio
de la cadena CBS. En su autobiografía, la recientemente fallecida dueña
del diario The Washington Post, Katharine Graham, alaba a Kissinger, describiéndolo
como un "querido amigo".
Sus contactos con el mundo empresarial tampoco son despreciables. Su empresa
consultora, Kissinger & Associates, con sede en Nueva York, representa a
unas 30 compañías multinacionales que buscan abrir mercados en
Asia, América Latina, y otras regiones. Entre sus clientes se cuentan
ITT (con cuyos ejecutivos se coludió antes y durante el gobierno de Salvador
Allende para su derrocamiento), Lockheed Martin (que venderá a Chile
diez cazabombarderos F-16 de última generación), H.J. Heinz y
American Express.
Kissinger, quien en alguna ocasión definió el poder como el "máximo
afrodisiaco", suele ignorar las imputaciones y cualquier crítica a su
gestión, asegurando que sus opositores carecen de prueba alguna. Sin
embargo, más allá de lo escrito por el periodista británico
Christopher Hitchens, quien, en su libro "El Juicio a Henry Kissinger", delinea
hechos históricos que podrían fundamentar un eventual juicio al
ex Secretario de Estado, los documentos desclasificados por el gobierno estadounidense
entre 1999 y 2000 ofrecen amplias pruebas documentadas sobre la participación,
conocimiento, y/o aprobación de Kissinger en el asesinato del ex Comandante
en jefe del ejército chileno, René Schneider, en la Operación
Cóndor, y la desaparición de miles de argentinos durante la guerra
sucia en ese país, entre otros hechos.
Lo más cercano a una mea culpa lo expresó el mismo 24 de abril
en el Royal Albert Hall, hablando ante 2.500 delegados del Instituto de Directores,
mientras cientos de manifestantes afuera del edificio le gritaban "¡Criminal
de guerra!". "Nadie puede decir que ha servido en un gobierno que no ha cometido
errores", dijo Kissinger. "El punto es que si, 30 años después
de los hechos, los tribunales son el lugar apropiado donde determinarlo".
Kissinger afirma con toda seriedad estar dispuesto a colaborar en la investigación
de la Operación Cóndor, la desaparición de franceses en
Chile, el asesinato del general Schneider y la ejecución en Chile de
su compatriota Charles Horman, pero ni siquiera se ha molestado en responder
por escrito unos cuantos cuestionarios al respecto, en calidad de testigo. Ni
siquiera acusa recibo. Los jueces Juan Guzmán (Chile), Roger Le Loire
(Francia), y Rodolfo Canicoba (Argentina), por ejemplo, han esperado meses a
que Kissinger se digne a responder los cuestionarios que le enviaron respecto
de la muerte de Horman, cinco ciudadanos franceses en Chile, y la Operación
Cóndor, respectivamente.
"La defensiva respuesta del Departamento de Estado a esta investigación
judicial puede sugerir plantear la cuestión de qué oculta el Sr.
Kissinger. Es desafortunado que el Sr. Kissinger parece más comprometido
en el obstruccionismo que en el conocimiento de la verdad en torno del terrorismo
internacional y la Operación Cóndor", señaló Joan
Garcés tras conocerse la decisión del Home Office británico.
RECUADRO
29 de mayo, 2001
El juez francés Roger Le Loire solicita la declaración de Kissinger
como testigo en su investigación de la desaparición de cinco ciudadanos
franceses en Chile durante la dictadura militar. Kissinger, quien se hospedaba
en el Hotel Ritz de París, se negó a acudir a los tribunales franceses,
abandonando el país al día siguiente.
1 de junio, 2001 El abogado argentino Ramiro González, denunciante de
la desaparición forzada de Liliana Clelia Fontana y de la Operación
Cóndor, presenta una querella criminal ante la Fiscalía Federal
Nº10 de Buenos Aires en contra de Kissinger por considerarlo "responsable de
las desapariciones forzadas de personas en la República Argentina entre
el periodo 1976-1983".
31 de julio, 2001
El juez chileno Juan Guzmán envía un exhorto a Kissinger para
que responde en calidad de testigo en la investigación sobre la ejecución
del estadounidense Charles Horman en septiembre de 1973. La carta rogatoria
llegó a Washington recién en septiembre de ese año.
9 de agosto, 2001
El juez argentino Rodolfo Canicoba, quien investiga la Operación Cóndor,
envió un exhorto a Washington -con copia de las preguntas al Departamento
de Justicia de EE.UU.- solicitando "toda vez que pudieran revestir de extrema
importancia jurídica e institucional, los datos que fueran de conocimiento
del señor Henry Kissinger, en atinencia expresa a los hechos denunciados
en el sumario", en calidad de testigo.
9 de agosto, 2001
Kissinger acepta entregar al Archivo Nacional de Estados Unidos 10.000 páginas
de transcripciones de sus conversaciones telefónicas realizadas entre
1973 y enero de 1977, mientras fue Secretario de Estado. En diciembre de 1976,
Kissinger extrajo esos documentos desde la Casa Blanca, guardándolos
en la Biblioteca del Congreso bajo un acuerdo de que no serían difundidos
hasta cinco años después de su muerte. Sin embargo, a fines de
los setenta, un juez federal y un panel de apelaciones de Washington fallaron
que esas transcripciones eran registros de gobierno, por lo que Kissinger los
había removido ilegalmente desde el Departamento de Estado. Kissinger
accedió a entregar los registros luego de un largo pleito judicial y
negociaciones con el Departamento de Estado.
10 de septiembre, 2001
La familia del general chileno René Schneider presenta una demanda civil
en Washington en contra de Kissinger y otras autoridades del gobierno estadounidense
de Richard Nixon por las operaciones encubiertas de ese gobierno que llevaron
al asesinato del ex Comandante en jefe.
11 de septiembre, 2001
Familiares de víctimas de la Operación Cóndor, la Fundación
Rigoberta Menchú, la Asociación Americana de Juristas, y la estadounidense
National Lawyers Guild presentan una querella criminal en Santiago en contra
de Kissinger por su rol en subvertir la democracia en Chile y por la Operación
Cóndor.
28 de febrero, 2002
Kissinger declara a la prensa que es un "insulto a la inteligencia humana" compararlo
con Slobodan Milosevic, mientras manifestantes de la Universidad College Cork,
en Irlanda, protestaban por su visita al campus con lienzos que decían
"El Milosevic de Manhattan". Kissinger debía ofrecer una charla ante
la conferencia empresarial de la MBA Association of Ireland.
12 de marzo, 2002
Kissinger debió cancelar una visita programada para el 12-13 de marzo
a Brasil, donde el Presidente Fernando Henrique Cardoso pensaba condecorarlo
con la Ordem do Cruzeiro do Sul. Kissinger había sido invitado a São
Paulo para ofrecer una charla sobre "Paz en el mundo después del 11 de
septiembre", pero decidió cancelar el viaje, aduciendo complicaciones
en su agenda, debido a las protestas anunciadas en su contra y potenciales problemas
legales relacionados con la investigación del juez Baltasar Garzón
sobre el rol de Kissinger en la ocupación indonesa a Timor Oriental,
ex colonia brasileña. Kissinger suspendió el viaje tras concordar
con el Canciller brasileño de que así ambos evitarían pasar
"vergüenza".
4 de abril, 2002
Decenas de manifestantes le dan la "bienvenida" a Kissinger durante su visita
a la universidad William and Mary, in Williamsburg, Virgina (EE.UU.), donde
se reunió privadamente con un grupo de estudiantes. Kissinger fue nombrado
rector de esa universidad hace más de un año.
24 de abril, 2002
Cientos de manifestantes se plantaron frente al Royal Albert Hall en Londres,
donde Kissinger se dirigía a delegados empresariales reunidos en la convención
anual del Instituto de Directores. Los manifestantes, incluidos activistas de
derechos humanos y una organización autodenominada "Get Kissinger group",
lo acusaron de criminal de guerra y realizaron un juicio simbólico en
contra del ex Secretario de Estado por su participación en crímenes
en Vietnam, Laos y Cambodia.
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CHILE: LAS FF.AA. RE-CONTRATAN A VIOLADORES DE DD.HH.
Voceros del Ministerio de Defensa confirmaron que los brigadieres
Jaime Lepe y Miguel Krassnoff , reconocidos violadores de los DD.HH, prestan
servicios al Ejército como civiles y a "contrata". Mientras que tal práctica
de ocupar a asesinos y torturadores es una norma castrense, la ministra Michelle
Bachelet, subordinándose a las cúpulas militares, planteó
la "inconveniencia" de que esta situación se mantenga.
El brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, escolta de Pinochet durante la dictadura
militar y secretario general del Ejército, está contratado como
civil por la institución castrense, a pesar de que pasó a retiro
por su participación en el asesinato del funcionario español Carmelo
Soria (1976). No es el único caso de violador de los DD.HH. que desempeña
funciones a contrata en las FF.AA. En similar situación se encuentra
el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, que en momento de la denuncia estaba
detenido, desde noviembre del año pasado, en el Comando de Telecomunicaciones
del Ejército por la desaparición de Manuel Edgardo Cortés
Joo, militante del MIR, detenido en 1975, por agentes de la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA). Actualmente está en libertad condicional.
La decisión del tribunal de alzada permitió la libertad de uno
de los más feroces asesinos del período dictatorial. También
contribuyó a ello que la magistrada del Octavo Juzgado del Crimen de
Santiago, María Inés Collin, no decretara una medida cautelar
en su contra por los proceso que le sustancia como magistrada exclusiva.
Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar,
mientras que Krassnoff es gerente del Hotel Militar de Oficiales
Lepe nunca fue procesado. El juicio en que se investigaba el asesinato de Carmelo
Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Frei vetó
su ascenso al cuerpo de generales en 1997. En septiembre del 2000 se acogió
a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza
(PS), alabó su figura. Mientras que Carmen Soria, hija del asesinado
funcionario español, recordaba recientemente que, según consta
en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martín
y Michael Townley, Lepe se disfrazó con uniforme de carabinero para secuestrar
a su padre y luego participó en las sesiones de tortura que se le practicaron.
Además, denuncia: "Los exonerados políticos, que no cometieron
ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar
en la administración pública..(.)..Y sin embargo, estas personas
que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando
de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".
Miguel Krassnoff y Jaime Lepe no son los únicos oficiales involucrado
en violaciones a los DD.HH contratados como civiles en el Ejército. Es
una situación generalizada. Es común que los uniformados que pasan
a retiro sean recontratados como civiles por su institución, especialmente
los autores de violaciones a los DD.HH para asegurarle una mayor protección
y una superior renta, como compensación de los crímenes que han
cometido.
TRABAJO GARANTIZADO PARA ASESINOS
Estar vinculado a asesinatos y torturas no es un impedimento para disfrutar
de mayores prebendas adicionadas a las millonarias jubilaciones que perciben.
En efecto, entre los antecedentes del proceso por el asesinato de Tucapel Jiménez
consta que dos ex agentes de la DINE, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier
Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a "honorarios" hasta que
quedaron en prisión preventiva. Sus servicios, según sus superiores,
"eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto".
Continuaron colaborando desde la reclusión. Pero, no sólo en el
Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los DD.HH
ha sido recontratado.
En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera,
es el actual director del Museo Aeronáutico y del Espacio. Cargo que
desempeña desde que pasó a retiro a mediados de los años
80. Barrera (chapa: Luis Gutiérrez) fue de los jefes de la DINA que se
desempeñó como"embajador itinerante" entre los países que
conformaron la red criminal conocida como "Operación Cóndor",
según consta en los antecedentes de los llamados "archivos del terror"
de la dictadura de Alfredo Stroessner. Mientras que el pilotos retirado Emilio
Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional
de la Dirección de Aeronáutica, con un contrato que se le renueva
anualmente. Si bien su participación en el transporte del grupo de asesinos
de la "Caravana de la Muerte", comandado por Sergio Arellano, está demostrada,
el juez Guzmán lo liberó de sanción penal.
SUBORDINACION Y CARENCIA DE CONSECUENCIA
Las contrataciones de asesinos y torturadores son calificadas de "inapropiadas"
por la ministra de Defensa. En efecto, después de enterarse de que violadores
de los DD.HH bajo la dictadura de Pinochet, habían sido recontratados
por el Ejército, declaró: "Hemos solicitado (al Ejército)
que haya una revisión exhaustiva sobre situaciones en las cuales pudiera
no ser pertinente e inapropiada la contratación de personas que estuvieran
directa y comprobadamente involucradas en situaciones de violaciones de DD.HH".
Se considera que la actitud de la ministra es de total subordinación
y carente de consecuencia política y humana, dado las promesas de su
partido de sancionar a los genocidas uniformados y a que su padre murió
por efecto de las torturas aplicadas por quienes ahora ella justifica.
Los antecedentes, que llegaron por una vía "no oficial" a Defensa, obligaron
a una reunión entre la ministra Bachelet y el subsecretario de Guerra,
Gabriel Gaspar. La titular de Defensa le pidió a Gaspar que verificara
si la denuncia original del diario oficialista "La Nación" de que Lepe
Orellana se desempeña como asesor del Comando de Industria Militar, y
si Krassnoff Marchenko continúa en su cargo de gerente del Hotel Militar
de Oficiales, a pesar de estar procesado en tres casos, era verdadera. Además,
Michelle Bachelet al mismo tiempo que sostenía que "hemos manifestado
a las instituciones la no conveniencia de la permanencia de personas que estuvieron
involucradas en este tipo de juicios y procesos", explicaba que la contratación
de ambos personeros es un asunto que compete exclusivamente a esa rama castrense,
pues el Ejecutivo no tiene facultades para tomar cartas en el asunto ("de acuerdo
a la ley la ministra no tiene atribuciones (para decidir sobre el caso). Existe
autonomía para las contrataciones").
El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no quiso referirse
a los antecedentes solicitados. Calificó como "complejo" el tema de la
recontratación de oficiales envueltos en casos de DD.HH. "Ese tema es
un tema complejo, que no voy a tratar por la prensa sino a través de
los canales oficiales. Eso es actuar responsablemente", afirmó. Pero,
aún no ha dado respuesta a los requerimientos del gobierno e insiste
en que no existe "malestar" en su institución debido a las últimas
revelaciones por las contrataciones como civiles de oficiales en retiro implicados
en casos de DD.HH, pues lo considera un problema "heredado". Mientras que la
ministra de Defensa aseguraba que la opinión del gobierno es que la recontratación
por parte del Ejército de los oficiales (R) Jaime Lepe y Miguel Krassnoff
"no es consistente con la señal clara que existe, de todas las FF.AA,
para apoyar plenamente la posibilidad de avanzar en la verdad sobre una serie
de situaciones ligadas a temas de DD.HH".
Al conocer la denuncia de las contratacionesa, Cheyre habló con la ministra
Bachelet para oír los planteamientos del gobierno en cuanto a la inconveniencia
de que tal situación se mantenga y expresar su disgusto por tener que
enfrentar un conflicto que nace de decisiones adoptadas por sus predecesores
y que ha comenzado a ventilarse públicamente. En cambio, la ministra
inclinándose ante el poder castrense, subrayó que más allá
del derecho gubernamental a solicitar medidas frente a decisiones incoherentes
"con el espíritu que hoy reina en el gobierno y en las FF.AA", éstas
tienen autonomía para contratar a su personal. Y, para que que quedara
duda sobre el real pensamiento del gobierno en este tipo de casos, remarcó
que sólo puede manifestar "lo inapropiado de esto".
LAS ESPERANZAS DE ALGUNOS ILUSOS
El gobierno de Lagos ha liberado de responsabilidades a Juan Emilio Cheyre,
por el escándalo desatado a raíz de la recontratación de
oficiales (R) pese a estar vinculados a casos de violaciones a los DD.HH. Para
ello, ha aceptado que al ser un problema heredado por Cheyre de las jefaturas
anteriores, éste no tiene la obligación de informar ni de despedir
a los asesinos involucrados. Por lo cual, el ministerio de Defensase se sumó
a la estrategia comunicacional impulsada por el Ejército de no ventilar
el tema a través de la prensa y ni la ministra, Michelle Bachelet, ni
el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, han hablado más del tema.
Por su parte, el general Cheyre rehusó nuevamente tratar en forma pública
el asunto, señalando que era un tema que estaba fuera de los cuarteles:
"Los asuntos judiciales, los asuntos de naturaleza política, están
fuera de los cuarteles. Mi mayor anhelo es que conozcan el Ejército real,
y que las páginas políticas, de trascendidos y las páginas
judiciales, no constituyan la preocupación de ustedes. Vamos a lo que
interesa, que es el desarrollo profesional del Ejército, que es lo que
estamos buscando", señaló.
Algunos ilusoso aún esperan los informes que debiera elaborar el Ejército
sobre la situación de Miguel Krassnoff y Jaime Lepe. Pero, la realidad
indica la falsedad absoluta de los acuerdos de la Mesa de Diálogo convocada
en su oportunidad por Lagos, especialmente las promesas de los militares de
que era moralmente inaceptable ocultar información sobre las violaciones
e los DD.HH. cometidas en dictadura. Por lo cual, Héctor Salazar (PPD),
uno de los abogados que integró la Mesa de Diálogo y que en su
oportunidad justificó todas las falacias de los acuerdos de impunidad
y listas falsas con la ubicaciónde los cadáveres de 200 detenidos
desaparecidos, ahora sostiene que lo ocurrido con los contratatos de asesinos
"es una demostración de que no ha existido plena claridad en sus actuaciones".
Y, que la recontratación de oficiales involucrados en casos de violaciones
de los DD.HH es "borrar con el codo lo que se escribió con la mano en
la mesa de diálogo".
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CAMPAÑA EN FAVOR DEL PROCESAMIENTO DE PINOCHET EN EE.UU. POR EL ASESINATO DE ORLANDO LETELIER Y RONNIE MOFFIT EN WASHINGTON, D.C., 21/SEPT/76.
Según información disponible, en la administración
norteamericana hay dos tendencias que activamente debaten si procesar o no a
Augusto Pinochet por la responsabilidad que le cabe en el asesinato del ex canciller
chileno Orlando Letelier y su colega Ronnie Moffit en Washington, D.C., el 21
de septiembre de 1976.
En vista de dicha información, resulta claro que el estancamiento en
el cual se encuentra actualmente el caso se debe principalmente a la falta de
expresión de una opinión pública clara y contundente en
favor del procesamiento.
Por tanto, queremos sumarnos a la campaña de recolección de firmas
iniciada por la publicación electrónica "Pinochet Watch" del Institute
for Policy Studies en Washington, D.C.
A tal efecto, hemos abierto la casilla de correo
<IndictPinochet@Hotmail.Com>
y les rogamos a todos los suscriptores de <politicaconosur> y amigos que
estén de acuerdo con el procesamiento de Pinochet en los Estados Unidos,
que por favor escriban a dicha dirección un mensaje con la palabra "Ahiero"
y los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDO TODO OTRO DATO RELEVANTE CIUDAD Y PAIS
Las firmas electrónicas reunidas serán agregadas a una carta cuyo
texto en inglés incluímos más abajo y que le haremos llegar
al Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Sr. Roscoe C. Howard Jr., solicitándole
dar curso al procesamiento del dictador.
Rogamos encarecidamente dar el máximo de difusión a este mensaje.
Muchas gracias desde ya,
Germán F. Westphal, Ph.D. Universidad de Maryland Sede Baltimore, EE.UU.
**********************
Roscoe C. Howard Jr. U.S. Attorney for the District of Columbia 555 4th Street,
N.W. Washington, DC 20001
Dear Mr. Howard:
Thank you for your continued involvement in the investigation of the 1976 car-bombing
murders of Ronnie Moffitt and Orlando Letelier.
We understand that there is a discussion within the U.S. government as to whether
or not there is enough evidence to secure a conviction. We would urge you to
consider the following: since some in the Department of Justice agree that there
is enough evidence to proceed with an indictment and since some in DOJ are uncertain
about the evidence but believe that DOJ should proceed with the indictment,
then please proceed with the indictment.
We feel this would be a strong sign of the Administration's willingness to hold
all international terrorists accountable for their crimes.
Sincerely,
LISTA DE FIRMAS
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CHILE: EL CIRCO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Inspiración senatorial: Insólitas indicaciones a
las reformas constitucionales
En medio de las 344 indicaciones presentadas para modificar la Constitución,
destacan las de algunos senadores designados para impedir el aborto, la utilización
de símbolos patrios que no sean el escudo o la bandera, la creación
de una amnistía para crímenes políticos desde 1967 a 1991
o la inclusión de ex presidentes de la CPC y la CUT entre los senadores
institucionales.
por Yelka Catalán Fuente:...PrimeraLínea
Aunque al hablar de reformas constitucionales se piensa de inmediato en la supresión
de los senadores designados y vitalicios, las modificaciones al sistema electoral
binominal o la reposición de la facultad del Presidente de la República
para llamar a retiro a los jefes castrenses -temas que comenzarán a debatirse
en profundidad desde la próxima semana- resaltan además una serie
de materias menos conocidas que también deberán ser analizadas
por el Parlamento.
En definitiva fueron 344 las indicaciones presentadas al proyecto de reforma
constitucional, de los cuales 41 corresponden al Ejecutivo y el resto a los
parlamentarios. Esta gran cantidad, que sobrepasa con creces las expectativas
creadas sobre la materia, viene a confirmar que más allá de los
temas considerados emblemáticos o polémicos, hay otros aspectos
que concitan el interés de los legisladores y que también formarán
parte del debate constitucional.
Entre las indicaciones presentadas por los parlamentarios, llaman la atención
las del senador institucional Jorge Martínez Busch, las cuales abarcan
una serie de materias que van desde prohibir constitucionalmente el aborto,
pasando por establecer un matrimonio indisoluble, hasta la ampliación
de la amnistía para las personas involucradas en delitos motivados por
hechos políticos.
En su primera indicación, el senador propone declarar el aborto como
contrario a los principios de la Constitución al manifestar que "las
personas humanas son esencialmente libres y gozan de la dignidad y derechos
inherentes a su naturaleza. La vida de la persona humana comienza con su concepción.
El aborto es un acto contrario a los principios de esa Constitución".
Asimismo, establece al matrimonio como "un contrato solemne por el cual un hombre
y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin
de vivir juntos, de procrear y de ayudarse mutuamente".
La defensa de los símbolos patrios es otro de los temas defendidos por
el parlamentario, al plantear la prohibición del uso "de otros formatos
que no sean los oficiales de la bandera o del escudo nacional".
Del mismo modo, el senador institucional Ramón Vega agrega en otra indicación
que estos emblemas "no podrán ser alterados bajo ningún pretexto
o circunstancia, cuando representen al Estado o al Gobierno de Chile". Todo
ello en relación al logo implementado por la administración laguista
en todas las reparticiones públicas, que consiste en una serie de cubos
de colores que representan los colores de la bandera.
En otras materias, el ex comandante en jefe de la FACH plantea que quienes pierdan
la ciudadanía por problemas legales sólo podrán ser rehabilitados
en virtud de una ley de quórum calificado, una vez cumplida la condena
y no por el Senado, como lo establece la actual Carta Fundamental.
Otro de los temas abordados por Martínez Busch es la concurrencia de
los ministros de Estado al Congreso, aspecto que también motivó
una indicación del Ejecutivo para que los miembros del gabinete no sean
obligados a concurrir personalmente a la sede legislativa más de tres
veces al año.
En cambio, el ex comandante de la Armada propone que la no comparecencia "injustificada
y reiterada" de un ministro, en más de dos oportunidades, a la convocatoria
de alguna de las Cámaras a una sesión especial, o por no haber
respondido dentro de 30 días a las peticiones de información,
"facultará para que no menos de diez ni más de veinte diputados
formulen en su contra la acusación de haber infringido la Constitución
y las leyes o haber dejado éstas sin ejecución".
Respecto a la soberanía nacional, Martínez establece que ésta
es "irrenunciable e imprescriptible", y que su ejercicio sólo reconoce
como limitación los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Además, plantea que ningún Tratado Internacional podrá
imponer obligaciones a los nacionales sin que previamente se modifique la legislación
vigente que los contraríe, en clara referencia a la polémica suscitada
por la ratificación del Tribunal Penal Internacional o del Protocolo
de la Mujer. "Es nulo cualquier acto que tenga por objeto el ejercicio de la
soberanía, o parte de ella, por cualquier organismo o poder extranjero",
afirma el senador designado.
Aunque en las distintas bancadas políticas hay consenso respecto a que
el Senado debe ser elegido enteramente por voto popular, Martínez Busch
insistió en la presencia de miembros elegidos por "instituciones u organismos",
a los que denomina "senadores nacionales".
Añade que estas personas no deben integrar ningún partido o movimiento
de carácter político y, al igual que los senadores elegidos por
voto popular, durarán ocho años en sus cargos. Incluso propone
aumentar sus miembros a un ex presidente de la Confederación de la Producción
y el Comercio (CPC) y un ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT).
Sin lugar a dudas, uno de los temas que más debate producirá será
una de las indicaciones transitorias presentadas por el parlamentario, en la
que propone conceder amnistía a todas las personas que "en calidad de
autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictivos
por motivaciones políticas iniciadas durante el período comprendido
entre el 24 de noviembre de 1967 y el 11 de marzo de 1991".
Además, Martínez agrega que los delitos de secuestro de personas
perpetrados durante ese período "se entenderán consumados transcurridos
15 años desde el inicio del respectivo delito", y encomienda a la ley
regular o completar las indemnizaciones que correspondan a las víctimas
o a sus herederos.
Son las "otras" indicaciones a las reformas constitucionales, las que hasta
el momento no han saltado al tapete público y que, ciertamente, generarán
más de alguna controversia.
Martes, 30 de Abril de 2002
