Derechos Humanos

Estados Unidos Revelaciones del ex embajador norteamericano Raúl Castro sobre los años de noche y plomo que explican la trama de cómo actuó la dictadura militar, con la complicidad de los Estados Unidos y de la clase dirigente de la época.
Fuentes seguras de Washington confirman las declaraciones formuladas por el ex embajador norteamericano en la Argentina, Raúl Castro formuladas a la agencia Asociated Press (AP). Fueron años terribles en donde los militares constituyeron el brazo ejecutor de crímenes -toda una generación de hombres y mujeres jóvenes- alentados por sectores civiles empresarios, políticos de derecha y no pocos pretendidos liberales, junto a eclesiásticos que llegaron a bendecir las armas de los 'grupos de tareas'.
Algunas semanas después que los cadáveres de siete mujeres que habían encabezado un movimiento para liberar a sus seres queridos, aparecieron en una playa del sur de Argentina, en 1978, el gobierno de Estados Unidos se habría enterrado de quiénes eran los culpables de los asesinatos, los ejecutores directos y la Junta Militar. En Washington sostienen que se ocultó la información y ello es ratificado por el embajador Raúl Castro, pero lo cierto es que todas las dictaduras militares latinoamericanas tuvieron el visto bueno de ese país y la colaboración de la CIA y otros organismos de seguridad.
El llamado Plan Cóndor que integraron las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, fue un plan de factura norteamericana en los tiempos de la Guerra Fría, cuando estaba vigente la teoría de las 'guerras de baja intensidad' y la Doctrina de la Seguridad Nacional, enseñanzas impartidas en la Escuela de las Américas, en los colegios y escuelas militares latinoamericanas, de acuerda a la doctrina de la 'guerra contrarrevolucionaria'. Esa mentalidad fue ampliada en los Documentos Santa Fe I y II de los ideólogos reaganistas del Partido Republicano.
Raúl Castro Raúl Castro, entonces embajador de Estados Unidos en Argentina dijo a la agencia mencionada que él consideraba más importante trabajar entre bastidores para lograr que el régimen anticomunista mejorara la situación de los derechos humanos en su país, que criticarlo públicamente. 'Estábamos tratando de defender los derechos humanos, pero de manera callada', explicó Castro, un ex gobernador de Arizona de origen hispánico, al memorar su sinuosa actuación en la Argentina.
Las declaraciones de Castro se producen luego que una institución privada, Archivos de Seguridad Nacional, reveló documentos previamente secretos en los que se indicó, de acuerdo a información del gobierno de Estados Unidos que las siete mujeres antes mencionadas habían sido capturadas por funcionarios militares. Esa situación se analizó y sancionó después de 1983 en el Juicio a las Juntas, pero nunca se ha sancionado la actuación, directa o indirecta, de los norteamericanos, embajadores, funcionarios de distinto rango y jefes castrenses, agentes especiales que actuaron en aquellos años.
Un caso paradigmático es el de Henry Kissinger, responsable directo junto a la ITT del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende.
Madres de Plaza de Mayo Las siete mujeres asesinadas eran dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, que representan a familiares de miles de desaparecidos, secuestrados y posteriormente asesinados, enterrados en fosas comunes o lanzados al mar.
Doce dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo fueron secuestrados en diciembre de 1977. En una muestra de su histrionismo y maldad, la Junta militar acusó de los secuestros a grupos insurgentes. El embajador Raúl Castro se enteró de la verdad, según manifiesta ahora, a través de sus contactos en esa junta, que las mujeres habían sido secuestradas por el gobierno y que 'las evidencias' atribuidas a la guerrilla eran una invención.
Un telegrama revelador El 20 de enero de 1978, en un telegrama enviado al Departamento de Estado, Castro dijo: 'Nuestras fuentes concuerdan en que el operativo fue llevado a cabo por alguna rama de las fuerzas de seguridad, pero no es claro de qué grupo específico se trata y de su nivel de responsabilidad'.
Al referirse al grupo insurgente, Castro dijo: 'la supuesta nota de los Montoneros atribuyéndose la responsabilidad por el secuestro ha sido generalmente desestimada'. Castro, que conocía a alguna de las señoras desaparecidas habría hecho inicialmente presiones para que las liberaran.
Pero en un telegrama enviado posteriormente, que ahora se conoce por fuentes ajenas al ex embajador, dijo que ulteriores protestas 'serían infructuosas y sólo causarían reticencia si la junta está reteniendo información de manera deliberada' por temor a que causase 'demasiado daño si fuese revelada'.
El gobierno norteamericano El 20 de marzo de 1978, Castro envió otro telegrama a sus jefes en el gobierno norteamericano, indicando que varios cadáveres 'habían llegado a la playa' en el sur de Argentina 'debido a vientos muy fuertes'. Eso incluyó a siete mujeres del grupo de madres y entre ellas dos monjas francesas. En el cable diplomático también se indicó que un funcionario argentino había confirmado el arresto de las siete mujeres 'bajo un amplio mandato contra terroristas y subversivos'.
Castro envió una nota de protesta al general Jorge Rafael Videla y agrega que el gobierno francés desalentó ulteriores protestas por el asesinato de las monjas, pues eso causaba daños a su comercio con Argentina. Sin embargo, a diferencia de los norteamericanos los gobiernos francés han reclamado siempre, hasta ahora por las dos monjas francesas secuestradas y asesinadas por los militares.
El ex embajador norteamericano no quiso contar a las familias de los desaparecidos sobre sus hallazgos diciendo en otro telegrama que 'eso sería infructuoso y podría desviarnos de las oportunidades que tenemos en la actual situación'.
El diplomático pidió entonces a la Casa Blanca que 'evitara todo lenguaje capaz de estigmatizar al gobierno y se concentrara, en cambio, en las perspectivas de una mejora del respeto a los derechos humanos en la Argentina'.
Protestas semanales de la Madres Las Madres comenzaron a hacer protestas semanales frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, que atrajeron a centenares de personas y la atención internacional. Luego de cada protesta, las dirigentes del grupo se reunían con el embajador Castro en la embajada y le informaban de nuevas desapariciones. 'Yo tenía una línea directa con la Junta', dice Castro, 'y realizaba indagaciones'. Los informantes que tenía Castro en la Junta militar le dijeron que por lo menos dos de los dirigentes que asistían a las reuniones semanales eran infiltrados enviados por el gobierno, pero él mantuvo el secreto, 'Yo tenía que proceder con cautela', afirma ahora Castro con desparpajo.
Una trascripción de un informe presentado en mayo de 1978 a un subsecretario de Estado por otro diplomático, Tex Harris, indica que los funcionarios del gobierno norteamericano prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta indica que los funcionarios norteamericanos prefirieron ignorar denuncias sobre las actividades represivas de la Junta aunque 'nuestros archivos', señaló Harris, 'estaban repletos con información sobre dirigentes estudiantiles, psicólogos, psiquiatras, miembros de grupos de discusión socialista y otros, que habían desparecido'. Harris cita declaraciones de un informante de la policía que le explicó lo ocurrido con los 'desaparecidos'.
'A esas personas que se les dice que van a ser transferidas y que deben recibir una inyección antes de partir, por razones médicas... Las personas se someten con amabilidad a esa inyección que contiene curia, un derivado del veneno usado por los aborígenes del Amazonas en sus cerbatanas.
Evidentemente eso tiene el efecto de contraer los músculos. Luego, se la sube a aviones y se las arroja en la desembocadura del río, donde son rápidamente devoradas por los peces'.
En el caso de las siete mujeres ya mencionadas, sus cadáveres fueron hallados cerca de la costa de Mar del Plata.
Meses después de los asesinatos, el gobierno norteamericano a instancias del Pentágono autorizó ventas de equipo militar para la Junta por 120 millones de dólares, además de otorgar más de treinta puestos de adiestramiento para oficiales argentinos en instalaciones y escuelas militares norteamericanas.
Castro afirma en sus declaraciones a AP, que la relación entre los militares estadounidenses y los argentinos 'era muy afable'. Los militares 'tenían ingreso en Washington, en el Pentágono'.
De los cinco confidentes infiltrados, todos varones, se desconoce a cuatro y un quinto 'Gustavo Niño' fue identificado como el teniente de la armada Alfredo Astíz.
redaccion@argenpress.info info@argenpress.info COPYRIGHT ARGENPRESS.INFO © 2002 webmaster@argenpress.info Derechos humanos ARGENTINA: UN ESCANDALO OCULTO, UNA VERGÜENZA SECRETA (II) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA ARGENTINA (Fecha publicación:16/12/2002) Información Adicional Tema: Derechos Humanos en Argentina País/es: Argentina Amnesty International hizo público el viernes 13 de dicembre un informe a cerca de la situación de los niños y las niñas en la Argentina, producido en el contexto de la reunión de la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas, realizada en septiembre pasado, en el que dicha institución elaboro una serie de comentarios hacia el informe periódico presentado por la Argentina. A continuación la primera parte del informe de Amnesty International.
Texto de la presentación de Amnesty International sobre los motivos de preocupación en relación con la aplicación por el gobierno de Argentina de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En el contexto del examen por parte del Comité de los Derechos del Niño en septiembre de 2002, del segundo informe periódico presentado por Argentina con arreglo al Artículo 44 de la Convención sobre los derechos del Niño, Amnesty International presenta a los miembros del Comité un resumen de algunas de sus preocupaciones sobre este tema.
Para los efectos de este resumen Amnesty International toma como definición de Niño la indicada en el Artículo 1 de la Convención que indica Ase entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable ya ha alcanzado antes la mayoría de edad. También utiliza este resumen la Definición de Niño indicada en el informe periódico del Estado Parte que establece: toda referencia a los niños [es] abarcativa de niños y niñas sin diferenciación de genero; la República Argentina entiende por niño todo ser humano desde su concepción y hasta los 18 años de edad; y la normativa civil vigente en la República Argentina Menores son las personas que no hubieran cumplido la edad de 21 años (Artículo 126 Código Civil de la nación).
La República Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en diciembre de 1990 y presentó ante el Comité su informe inicial en marzo de 1993. A partir de 1994 según el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Aunque Argentina es un estado federal en el que las provincias poseen su propia Constitución, el Artículo 31 de la Constitución de la Nación establece que los compromisos internacionales adoptados por el Estado son vinculantes para todas las autoridades provinciales.
A nivel provincial solamente en cinco provincias de Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han sancionado nuevas leyes de infancia y adolescencia que parcialmente implementan las disposiciones de la Convención. En el resto del país todavía no se han adoptado medidas legislativas específicas para la protección de los derechos del niño.
Además de esta falencia normativa, Amnesty International ve con preocupación que las autoridades argentinas no parecen haber cumplido debidamente con sus obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. En febrero de 2002 una delegación de Amnesty International visitó las ciudades de Buenos Aires y La Plata y presentó a las autoridades nacionales y provinciales su preocupación sobre los casos de tortura denunciados.
Desde la visita de su delegación, Amnesty International ha recibido información por parte de autoridades de la Provincia de Buenos Aires indicando que se estaban tomando medidas para mejorar el sistema carcelario y acabar con los malos tratos. En marzo de 2002, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declaró públicamente su rechazo hacia las prácticas de tortura. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia informó a Amnesty International sobre sus recientes resoluciones para que se cumpla la reglamentación de la Ley 12.061 que impone a los miembros del Ministerio Público la realización de las visitas a establecimientos de detención e internación en cada departamento judicial.
En la reciente resolución de fecha 19 de marzo de 2002 No. 064/02, copia de la cual fue recibida por Amnesty International, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establece c) Los miembros del Ministerio Pupilar realizarán visitas a establecimiento de internación de menores en forma mensual, y en forma quincenal a las comisarías donde se hallen menores detenidos ... en el Artículo 2º de la misma resolución, ordena que cada integrante del Ministerio Público informará mensualmente al Fiscal General o al Defensor General, según corresponda, de las visitas realizadas.....
Aunque estas medidas iniciales tomadas por la Provincia de Buenos Aires, han sido bien recibidas por la organización, Amnesty International estará siguiendo los progresos sobre este tema y espera recibir información sobre futuras medidas promovidas tanto por las autoridades provinciales como federales para garantizar los derechos del niño en el país. Los gobiernos están obligados, de acuerdo con el derecho internacional a respetar y asegurar los derechos del niño a respetar su derecho a la vida y a no ser sometido a tortura o maltrato bajo ninguna circunstancia. La obligación de un Estado no termina cuando ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, o pone en vigor legislación que condena la tortura de los niños.
Amnesty International considera que todas las denuncias de tortura y malos tratos deben ser investigadas de forma pronta y exhaustiva. La falta de remedios públicos efectivos sobre estas denuncias puede facilitar estas prácticas ilegales. Los gobiernos deben, clara e inequívocamente, condenar la tortura a los niños dondequiera que esta ocurra. Deben, así mismo, aclarar sin ninguna duda o excepción a todas los miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial que la tortura nunca debe ser tolerada.
Medidas encaminadas para que se termine la tortura a los niños y a la violación de su derecho a la vida incluyen la mejora de la protección de los niños, la obligación de los gobiernos a hacerse responsables y a rendir cuentas sobre estas violaciones, la implementación de medidas efectivas preventivas, la investigación inmediata e independiente de las denuncias y el llevar a los responsables a juicio y la toma de medidas efectivas sobre las causas y factores que contribuyen a esta situación.
Hasta la fecha existe una creciente preocupación por el numero de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los niños particularmente en relación a los Artículos 6 y 37 de la Convención respecto al derecho a la vida y a la libertad e integridad personal respectivamente. Estos artículos tienen especial relevancia en el contexto de las preocupaciones de Amnesty International y de la situación de deterioro que atraviesan los derechos del niño en la República Argentina.
Artículo 6: Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
Muertes de Niños Los casos de muertes de niños ocasionadas por miembros de las fuerzas de seguridad en situaciones conocidas como 'gatillo fácil' y en los llamados enfrentamientos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Niños que están dispuesto a dar testimonio sobre incidentes en los que aparentemente están envueltos miembros de la policía, son víctimas de represalias que incluyen amenazas y muerte. La mayor parte de la información sobre estas situaciones en el país se conoce por los medios de comunicación. Ante la falta de información oficial por parte de las autoridades federales y de la mayoría de las autoridades provinciales, organizaciones no gubernamentales establecen bases de datos basadas en información de la prensa o por denuncias presentadas por abogados de las familias. Según información de organizaciones no gubernamentales, durante el primer semestre del 2001 el 30% de los muertos por miembros de la policía en los llamados enfrentamientos fueron niños. Entre los pocos datos oficiales conocidos sobre el año 2001, un informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaba que al 15 de diciembre de 2001 un total de 33 niños habían muerto en los llamados enfrentamientos con la policía.
Varios incidentes de esta naturaleza, que presentan características que sugieren ejecuciones extrajudiciales, se han publicado extensamente.
Familiares de las victimas han repetidamente denunciado que las circunstancias en que han ocurrido las muertes han sido fraguadas por miembros de la policía para hacerlas parecer como enfrentamientos entre las victimas y la policía. Según información recibida, se han iniciado investigaciones en seis de estos casos, la muerte de David Elías Vera Pinto, de 16 años de edad, en marzo del 2001 es uno de estos casos.
La información recibida indica que David Elías Vera Pinto murió el 7 de marzo del 2001, como resultado de los disparos de arma de fuego hechos por miembros del comando de Patrullas de San Isidro durante una persecución en automóviles. Información suministrada públicamente por miembros de la organización argentina no gubernamental de derechos humanos Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), cuyos abogados representan a los familiares de la víctima indica que existen evidentes contradicciones entre la descripción del 'tiroteo' por parte del personal policial interviniente y la autopsia realizada sobre el cadáver de David Elías Vera Pinto, toda vez que ellos refieren una persecución y tiroteo de auto a auto y el cadáver presentaba orificios de bala en la región inferior del cuerpo, desde la ingle hacia los muslos y de adelante hacia atrás. La misma autopsia, registró que hubo proyectiles que 'desaparecieron' del cuerpo de David misteriosamente. Igualmente, los abogados citan el testimonio de un testigo presencial que dice que David Elías Vera Pinto fue apuntado y disparado por personal policial prácticamente a quemarropa. La testigo dijo ante el fiscal (quien tomó personalmente la declaración) que pudo observar cómo David Elías tenía sus manos en alto en clara demostración de rendirse y no encontrarse armado. El secuestro de un arma que según los policías tenía David Elías, se realizó sin la presencia de testigos hábiles no mediando las razones de urgencia que el código prevé.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 24 de octubre de 2000, es una manifestación de la creciente preocupación por las muertes de niños en presuntos enfrentamientos con la policía. Mediante Acuerdo No. 3012, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, informó que entre los años de 1999 y 2000, 60 niños murieron en presuntos enfrentamientos con la policía. Igualmente, el Acuerdo señala que registros del año 2001 sobre incidentes similares indican que varias de las víctimas muertas habrían denunciado amenazas o malos tratos por parte del personal policial de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produjo luego el enfrentamiento.
Amenazas e intimidación a parientes de niños muertos Parientes de niños muertos por disparos de la policía, han sufrido amenazas e intimidación por sus esfuerzos de lograr justicia. Amnesty International ha hecho llamamientos a las autoridades argentinas pidiendo que se investiguen las amenazas, se garantice su seguridad, se realice la exhaustiva investigación de las violaciones de derechos humanos contra los niños y que los hallados responsables comparezcan ante la justicia.
Un grupo de padres de niños muertos por disparos de la policía, que han estado haciendo campaña para pedir justicia, han recibido amenazas que se intensificaron desde que el grupo publicó un informe en el que documenta más de 800 casos de disparos mortales de la policía. Amnesty International ha expresado su preocupación por la seguridad de estos padres. La Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil fue establecida en 1993 por un grupo de padres cuyos hijos habían muerto a manos de la policía. Este grupo ha estado haciendo campaña para que se determine la verdad sobre los homicidios y para que los responsables comparezcan ante la justicia. El 18 de diciembre del 2000, el grupo presentó al Ministerio del Interior un informe en el que detallaba más de 800 muertes por disparos de la policía. También en diciembre, los miembros del grupo celebraron una protesta de 25 días contra las autoridades locales en la Provincia de Buenos Aires, donde, según los informes, se producen más de un 50 por ciento de los disparos con consecuencias mortales. Varias personas pertenecientes al grupo han sido amenazadas, algunas de ellas por agentes de policía armados.
El 9 de marzo de 2001, un hombre conocido como informante de la policía irrumpió por la fuerza y blandiendo un arma en la casa de Mary Ortiz. Según los informes, la agredió, la amenazó y le dijo que dejara su campaña en busca de justicia. El esposo de Mary, Pedro Ortiz, había sido agredido en febrero, tan sólo unos días después de aparecer en televisión denunciando los homicidios cometidos por la policía. Dos hombres que afirmaban ser agentes de policía lo atacaron con un cuchillo ante su casa, le hicieron cortes en los brazos y le dijeron: 'Calláte la boca. No sigas hablando o te hacemos boleta'. La policía mató a tiros al hijo de Pedro Ortiz, Ricardo Javier Ortiz de 16 años de edad, en marzo del 2000.
Según los informes, Lidia Zarate, y su familia fueron amenazados el 2 de enero de 2001 por un policía que trabaja en la misma comisaría que los agentes que se cree que mataron a Juan Marcelo González Zarate, de 17 años de edad. El policía la amenazó diciendo: 'Cuídese. ¿Por qué no se dedica a cuidar a sus otros hijos? ¿Qué quiere? ¿Que termine toda la familia como él?'. Desde el homicidio de Juan Marcelo, la policía detuvo a Martín, su hermano menor, en tres ocasiones. Según los informes, al detenerlo lo golpearon y le dijeron que iba a morir incluso más joven que su hermano.
Poco después de las amenazas, unos desconocidos que viajaban en un automóvil dispararon a Martín tres veces en la pierna mientras gritaban 'esto te pasa por culpa de tu vieja. Decile que no joda con la cana'. El 16 de marzo de 2001, Martín González Zarate de 16 años de edad, murió por los disparos de un individuo no identificado que abrió fuego contra él desde un vehículo en la Provincia de Buenos Aires. Según los informes, se ha detenido a un policía en relación con este homicidio.
El 13 de enero de 2001, un familiar dijo a Delia Garcilazo, cuyo hijo, Adolfo Ríos, murió a manos de la policía federal de prisiones en 1992, que un individuo no identificado había telefoneado para decir que al nieto de Delia le habían disparado y que debía buscarlo en las comisarías. Al día siguiente, inmediatamente después de que el nieto llamó para decir que estaba con unos amigos, un hombre no identificado llamó y dijo que aquello había sido una amenaza, pero que la próxima vez sería verdad.
El 5 de enero de 2001, la policía impidió a Oscar Ríos repartir folletos en los que denunciaba el homicidio de su hijo José Guillermo Ríos. El policía que, según los informes, había disparado al hijo de Oscar se acercó a éste y, empuñando su pistola, le amenazó con matarlo igual que a su hijo.
El hijo de Silvia Ruiz, Fabián Blanco de 16 años de edad, murió por disparos de la policía en noviembre del 2000. Desde entonces, según los informes, la policía ha entrado por la fuerza en la casa de Silvia Ruiz en cuatro ocasiones, sin ninguna orden judicial. Varios policías han disparado contra la casa y, al menos dos veces, han amenazado con matar a su otro hijo adolescente. También han amenazado con matar a la propia Silvia Ruiz.
Según los informes, Alberto Barreto cuya hija, Gisella Barreto de 12 años, murió en un tiroteo policial en enero del 2000, también ha sufrido amenazas y acoso de la policía, y en varias ocasiones le ha seguido un automóvil patrulla de la policía.
Fallas en las investigaciones de muertes de niños Los ataques contra la vida de los niños son alarmantes y los avances de las investigaciones iniciadas que se conocen son lentas, sufren de aparentemente injustificadas demoras y obstáculos. Los gobiernos deben asegurarse que la legislación no facilita, permite o acepta la impunidad en actos que pueden significar tortura o violación al derecho intrínseco a la vida y deben tomar las medidas necesarias para que tales leyes sean aplicadas en la práctica.
Amnesty International ha recibido con preocupación la información sobre las dificultades que encuentran los abogados que representan a las familias de victimas de violaciones contra los derechos del niño durante las investigaciones y juicios que se inician por estas graves violaciones, incluyendo las aparentemente injustificadas demoras y obstáculos que se registran en dichas investigaciones.
Un ejemplo de dichas situaciones es el caso de José Guillermo Ríos de 16 años quien, según la información, fue muerto por la policía y cuyos familiares son representados por abogados de CORREPI.
José Guillermo Ríos fue muerto en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, el 14 de mayo del 2000 cuando, de acuerdo a la policía, José Guillermo y otro niño intentaron asaltar a dos policías vestidos de civil.
Los informes indican que hubo una persecución y José Guillermo Ríos recibió tres balazos. La investigación se inicio en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) No.7.
De acuerdo a la información recibida por Amnesty International suministrada por los abogados de CORREPI, a fines del año 2000 la defensa solicitó el sobreseimiento de los agentes imputados, lo que fue denegado por el Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4 del Dpto. Judicial de San Isidro. Luego de la apelación, que resolviera la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías compartiendo los argumentos del Juez y denegando el sobreseimiento, el Fiscal Adjunto a cargo de la investigación resolvió archivar las actuaciones. En el mismo dictamen el Sr. Fiscal daba por acreditada la existencia de un enfrentamiento. Los abogados representantes de la familia han sostenido que hay elementos que lo ponen en duda.
El mismo Fiscal Adjunto, en una audiencia testimonial previa a la resolución nombrada de archivo, expresó que en su opinión 'esta es una causa para sacarle plata a la policía' (sic) en presencia de la abogada que patrocinaba al padre de la víctima y de un testigo propuesto por su parte. Ante la decisión del Agente Fiscal, se interpuso recurso de revisión ante el Fiscal General, que fue resuelto a favor de la continuidad de la investigación, haciendo lugar a todas las medidas solicitadas oportunamente por los abogados de la familia y que habían sido denegadas por el instructor.
En la Fiscalía Distrital Nº2 de Tigre, se investiga la supuesta comisión del delito de amenazas en la que se encuentra imputado el padre de la víctima, Óscar Ríos. La denuncia fue hecha por Hugo Alberto Cáceres luego de que Óscar Ríos pegara afiches en la vía pública pidiendo justicia para que se condene a los asesinos de su hijo. En esa Fiscalía se había tramitado en sus inicios la causa de referencia y quien instruía la misma, el por entonces secretario, tenía una clara posición tomada respecto de los hechos que culminaron con la muerte de José Ríos ya que le sugirió a su padre (en el marco de la causa por amenazas en la que aún está imputado) que concretaran una cita con Hugo Alberto Cáceres, que depusiera su actitud y reconociera que lo que había ocurrido no había sido más que 'el abatimiento de un delincuente en legítima defensa'. Por ello el padre solicitó la presencia del Sr. Juez al momento de prestar declaración indagatoria. Asimismo, por el mismo hecho, realizó una denuncia por privación ilegítima de libertad agravada y amenazas contra Hugo Alberto Cáceres y Marcelo A. Puyo que recayó en la UFI Nº 9 que fue archivada de inmediato. Óscar Ríos relató que los policías nombrados lo detuvieron por pegar los mentados afiches y que al producirse una discusión acerca de su accionar lo compelieron a retirarlos y le dijeron que ellos eran los que habían matado a su hijo y 'a unos cuantos más.' De acuerdo a información conocida en marzo de 2002, la muerte de José Guillermo Ríos esta siendo investigada por Asuntos Internos que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 37: Los Estados Partes velaran por que: a) ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.
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El programa televisivo de Mauro Federico y su equipo de producción, presentarán un especial sobre la caída de Fernando de la Rúa. Consiste en un documental de 48 minutos, íntegramente editado en cuatro bloques de aproximadamente 12 minutos cada uno.
El eje central es la descripción y el análisis de lo ocurrido durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Miguel Bonasso es el encargado de narrar los acontecimientos, y copetear las presentaciones que dan pie a los testimonios y a los clips con imágenes e información.
Al igual que en su libro de reciente aparición, la trama narrativa está jugada en dos planos: el Palacio y la Calle, cuyos segmentos están separados por pequeños flashes de imagen que muestran símbolos del palacio y de la calle respectivamente.
Testimonios exclusivos: - Cristián Colombo, ex Jefe de Gabinete - Juan Pablo Baylac, ex vocero presidencial - Juan José Alvarez, ex ministro de Seguridad bonaerense, actual ministro de Justicia nacional.
- Gustavo Lesbegueris, defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.
- Alicia Pierini, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Luis Comparatore y Patricio Evers, fiscales de la causa represión.
- Luis D'Elía, dirigente piquetero.
- Martín Galli, herido en la cabeza durante la represión del 20 de diciembre.
- Héctor García 'El Toba', testigo del asesinato de Alberto Márquez y de la agresión a Galli.
- Juan Manuel y Martín Cárdenas (hijos de Juan Demetrio Cárdenas, baleado en las escalinatas de Congreso el 19 por la noche).
- David y Polo, motoqueros que participaron del combate contra la Federal y que luego fueron denunciados y condenados por 'agresión a la autoridad'.
- Karina Lamagna, hermana de Diego, asesinado el 20 de diciembre por las balas policiales.
- Jorge Shilton, Jefe de Guardia del hospital Argerich durante el 20 de diciembre.
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