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Derechos Humanos

Un represor quedó en el camino y un espía aviador consiguió el ascenso

El Senado rechazó el ascenso del marino Julio César Binotti, ex integrante de los grupos de tarea de la ESMA. Pero al mismo tiempo avaló el ascenso del aviador Salvador Ozán, acusado de espionaje.
El marino Julio César Binotti fue respaldado por el jefe de la Armada, Joaquín Stella.

Página 12

El marino Julio César Binotti, ex miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), terminó con su carrera ascendente dentro de la fuerza. Ayer, los senadores rechazaron su pliego. Hasta ahí llegó la tolerancia de los legisladores. Enseguida, premiaron al aviador Salvador de San Francisco Ozán, quien fue procesado por hacer espionaje a periodistas y a una ONG. El peronista Jorge Busti, presidente de la Comisión de Acuerdos, impulsó ambas decisiones. Para que no quedaran dudas, lo dejó claro en el recinto, al defender a Ozán.
Busti intentó diferenciar a Ozán del represor Binotti asegurando que el primero no estaba acusado de "violación a los derechos humanos". El segundo había sido reconocido por el ex detenido desaparecido Víctor Basterra, quien le había sacado una foto dentro de la ESMA con uniforme policial. "Apareció después de Malvinas. Después de su llegada fue secuestrado, trasladado a la ESMA, torturado y desaparecido René Haidar, sobreviviente de la masacre de Trelew. Su nombre de guerra era Fernando", aseguró cuando se presentó en la comisión de Acuerdos.
El año pasado la Marina consideró que Binotti era digno de ser promovido, pero la denuncia de Basterra y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) paralizó el trámite. La Armada no retiró el pliego, por el contrario, insistió. El almirante Joaquín Stella, jefe de la fuerza, envió una nota a los senadores en la que ratificaba su intención de ascender a Binotti y destacaba que había sido prisionero de los ingleses durante la guerra de Malvinas. Este hecho no le alcanzó al represor para ser promovido, el rechazo de su pliego sumó 26 y su aprobación 20. Pero su participación en la guerra sí ayudó a Ozán. De hecho, Busti destacó que el aviador había llevado, cuando se presentó en la Comisión de Acuerdos, una foto con la bandera argentina que el mismo trajo de las islas después de la derrota.
Ozán, ex jefe de la Regional de Inteligencia porteña, fue procesado en marzo de 2000 por investigar a diez periodistas –que habían escrito notas relacionadas a la seguridad y la privatización de los aeropuertos– y a la ONG pampeana Mujeres Agropecuarias en Lucha. Al ser interrogado por el juez Gabriel Cavallo –que lo procesó–, el militar declaró que el organismo que estaba a su cargo "normalmente busca información relacionada al estado anímico de la familia aeronáutica". La medida tomada por el magistrado fue confirmada en segunda instancia, pero la causa prescribió y finalmente el militar fue sobreseído.
Cuando Página/12 reveló que Ozán estaba a cargo de tareas de inteligencia que violaban las leyes de Seguridad Interior y Defensa, el aviador fue pasado a disponibilidad y sancionado con un mes de suspensión. Después que se declarara la prescripción, la Fuerza Aérea le quitó la mancha en el legajo y lo premió con un posible ascenso.
El fin de la causa contra Ozán era el principal argumento de quienes propiciaban su promoción. Por eso, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, encabezados por Marcela Bordenave, habían solicitado que se citara al juez Cavallo para que explique las pruebas que había contra el militar. Los senadores no hicieron caso de la propuesta.
Ayer, 24 senadores –contra 18– recompensaron a Ozán. Entre los que manifestaron su rechazo estuvieron el radical Eduardo Moro, el peronista Carlos Verna y la frepasista y ex subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti. Verna destacó que "está probado que Ozán hizo inteligencia interna contra la agrupación de Mujeres en Lucha en mi provincia, la provincia de La Pampa". Conti afirmó que "para los ascensos, en caso de duda, se debe pronunciar por el no ascenso".
Existe aún otro pliego impugnado por la Secretaría de Derechos Humanos y organismos de derechos humanos. Es el del teniente coronel Rafael Braga. El militar fue acusado por el ex diputado radical Normando Alvarez García de haber participado en el secuestro de su hermano. Este expediente quedó postergado y se incluirá en los nuevos pliegos que la Comisión de Acuerdos debe tratar a partir de la próxima semana.