Dijo el jefe de la federal, Comisario Giacomino:
"Necesitamos que vuelvan los edictos o alguna ley similar, porque del delito menor se pasa al mayor. (...) Los edictos fueron creados por legisladores, no por policías ni militares. Cuando yo era oficial, veíamos a un chico tomando cerveza en la calle o robando una manzana y lo llevábamos a la comisaría. Se llamaba a los padres y, si veíamos que eran normales, se lo entregábamos. Asentábamos todo en el libro memorando 40"
Periodista de Clarín: Pero ese memorando 40 fue derogado porque posibilitaba que la Policía detuviera menores en razias sin avisar a la Justicia. Se derogó por el caso Walter Bulacio...
"Walter murió por un aneurisma, no porque le hayan pegado en la comisaría. El memorando salvó diez millones de situaciones y en una sola quedó complicado. Si un policía delinque, hay que aplicarle tres veces la sanción de un civil. El problema es que hoy no tenemos cómo prevenir. Antes estaba la figura del "merodeo", que sancionaba la actitud predelictual. El policía se acercaba al sospechoso, lo interrogaba y si no podía justificar un trabajo o un domicilio, lo metía preso... El policía sabe cuándo un tipo está en el delito, se da cuenta. Con los edictos, tan mal no nos iba. Por lo menos, podías asustar al punga. El Código de Convivencia está pensado para Noruega, no para Buenos Aires. Además, hay que pensar que por el delito menor, se llega al delito mayor. Y eso hoy no se previene. Empezás por colarte en el colectivo, robar una manzana, unos caramelos. Al día siguiente robás una bicicleta y luego, un auto".
CORREPI RESPONDE:
El "problema de la inseguridad", aún planteado en la forma falaz que lo hacen los medios, no se resuelve con más policía ni más facultades a los policías que ya están.
En la provincia de Buenos Aires no hay "edictos policiales" sino un Código de Faltas. ¿Hay por eso menos inseguridad?.
La federal quiere volver a los edictos porque fueron por décadas su herramienta favorita para ejercer control social sobre los sectores más desamparados, al mismo tiempo que eran una fuente generosa de ingresos ilegales para su "caja chica" cotidiana (las grandes recaudaciones las hacen con la extorsión y la administración de delitos redituables como la prostitución, el juego, el robo de autos, el tráfico de drogas, la venta de armas y de información).
El "memorándum 40" era una orden interna de la policía que estuvo vigente en secreto desde 1965 hasta la detención y muerte de Walter Bulacio en abril de 1991. Permitía a los policías, cuando detenían a un menor de edad, decidir arbitrariamente si lo notificaban al juez de turno. La Cámara Criminal en pleno y la Corte Suprema, en la Causa Bulacio, dijeron que era un instrumento ilegal, jurídicamente inexistente, ordenaron a la policía no utilizarlo más y lo descartaron como elemento de defensa del comisario Miguel Angel Espósito, al que mandaron dictar la prisión preventiva. Que 11 años después Espósito haya quedado impune por la prescripción de la causa con la complicidad manifiesta de ese mismo poder judicial es harina de otro costal.
La muerte de Walter Bulacio ya no es objeto de investigación ante la justicia nacional. El Estado Argentino está demandado por la CIDH y la familia Bulacio representada por la CORREPI ante la Corte Interamericana. Pero la sociedad argentina no necesitan una resolución judicial para saber que a Walter, como a 1.300 pibes más, LO MATÓ LA POLICÍA.
No nos imaginamos cómo puede un policía determinar si los padres de un menor "son normales" o cómo es que "se dan cuenta cuando un tipo está en el delito". En este último caso, por lo menos deberían admitir que les falla sistemáticamente el "olfato" para detectar a los centenares de policías federales que están presos o procesados por delitos comprobados, y que en ningún caso fueron denunciados o detenidos por sus camaradas. ¿O el mecanismo de detección sólo funciona si sos civil, y preferentemente joven y pobre?
Giacomino muestra la hilacha al reclamar facultades para sancionar actitudes predelictuales. Al margen de la imposibilidad jurídica de instalar una norma semejante, que colisionaría con la Constitución Nacional y los tratados humanitarios internacionales que la integran, a la luz de los recurrentes hechos gravísimos en que aparecen involucrados policías de todo el país, parecería que la más evidente actitud predelictual en Argentina es enrolarse en las fuerzas de seguridad.
La plena identidad que Giacomino establece entre pobre y desocupado con delincuente nos exime de mayores comentarios. Lo que quiere, en sus propias palabras, es tener más herramientas para asustar a los excluidos de la vida productiva, excluyéndolos también de las calles.
La plena adscripción de Giacomino a la teoría yanqui de la "broken window", es decir, al planteo de que reprimiendo con dureza contravenciones menores hoy se evitan graves delitos en el futuro, demuestra que las políticas de seguridad en Argentina son dictadas desde los think tanks de Manhattan. Lo que nos debe es la explicación de cómo se logra prevenir un asalto comando a un camión blindado o un secuestro extorsivo metiendo preso al pibe que toma cerveza en una esquina. Y lo que nos debemos como sociedad es recordar que en todos los crímenes de envergadura, con organización, inteligencia previa, armamento sofisticado, etc., más temprano que tarde aparecen las conexiones o el protagonismo policial (vg. Masacre de Ramallo, atentado en la AMIA, asalto en OSN, asesinato del cabo Ayala, innumerables secuestros extorsivos, piratas del asfalto, etc.).
Giacomino es el jefe de la misma policía federal responsable de centenares de fusilamientos de gatillo fácil y de centenares de casos de tortura a detenidos. Es el jefe de la misma policía federal que el 20 de diciembre disparó contra el pueblo y asesinó a seis compañeros movilizados contra la represión y el hambre. Quien olvide de qué policía estamos hablando sólo puede ser catalogado como cómplice de la represión al pueblo.
CORREPI, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001.