La legislatura porteña aprobó una ley por la que otra fábrica recuperada por los trabajadores fue declarada de utilidad pública. En este caso la expropiación fue por dos años, que darán a los operarios la posibilidad de seguir produciendo con respaldo legal.
Los trabajadores de Grisinópoli festejaron en la Legislatura la aprobación de la ley.

Por Eduardo Videla

Otra empresa recuperada por sus trabajadores se sumó al club de las compañías expropiadas por el Estado para salvar la fuente de trabajo. En este caso, se trata de la alimenticia "Grisinópoli", que desde hace cuatro meses está gestionada por sus operarios, y que ayer fue declarada de utilidad pública por la Legislatura porteña. A diferencia de la productora de materia prima para heladerías Ghelco, y de la imprenta Chilavert, expropiadas hace un mes, en este caso la medida es por dos años, ya que no se trata de una empresa en quiebra, como aquellas, sino en concurso de acreedores. "La aprobación de la ley es un paso para que los trabajadores puedan seguir produciendo con respaldo legal, pero el conflicto no está terminado", advirtió Luis Caro, abogado de los trabajadores. En efecto, una empresa hizo una oferta para quedarse con la planta por apenas 90.000 pesos, que fue aceptada por la Justicia.
La empresa Grisines Savio funciona desde hace 40 años en el barrio de Chacarita. Hasta hace unos años trabajaban allí unos 60 operarios, pero una serie de desmanejos fue achicando la fábrica, en personal y producción. No sólo se producían grisines sino también bizcochos de grasa, salados y dulces, y rebozadores. En mayo de este año, la empresa entró en convocatoria de acreedores. Los trabajadores venían de diez meses sin cobrar sus salarios. Algunos de ellos se dieron por vencidos y se fueron en busca de mejor suerte. Otros, en cambio, resolvieron permanecer en el lugar de trabajo y seguir produciendo.
"No fue una ocupación de la planta, ya que no impedimos el ingreso de los propietarios", explica Ivana Aguero, operaria de la fábrica desde hace 25 años. Los trabajadores conformaron de inmediato la cooperativa La Nueva Esperanza con la intención de dar pelea por la continuidad de la fábrica. Cuatro meses después, la Legislatura porteña aprobó la ley de expropiación.
La norma dispone la ocupación temporaria del inmueble ubicado en Charlone 43/63, entre Concepción Arenal y Avenida Dorrego, de las maquinarias existentes en el predio e, incluso, las marcas y patentes, por el lapso de dos años. Durante ese tiempo, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, afrontará los gastos de expropiación (una suerte de alquiler) y cederá los bienes, en comodato, a la cooperativa Nueva Esperanza, con la condición de que continúen con la misma actividad que desarrollaba la planta.
El proyecto fue presentado por los diputados Beatriz Baltroc (ARI) y Jorge Altamira (Partido Obrero). "Con la sanción de esta ley, los trabajadores cuentan con un respaldo legal para mantener la planta en funcionamiento", dijo a Página/12 la diputada Delia Bisutti (ARI), titular de la comisión de Desarrollo Económico.
Antes de la ley, la fábrica ya era una empresa viable. "Antes ganaba 12 pesos por día. Ahora sacamos un promedio de 30 diarios", relata Ivana Agüero. Sus propios clientes los proveen de la materia prima y ellos elaboran el producto y lo envasan. Y luego reparten lo recaudado entre los 16 miembros de la cooperativa. "Ahora –agrega la operaria– tenemos la tranquilidad de que, por un tiempo, nadie nos va a venir a tocar la persiana para decirnos que nos vayamos