 Movimientos Sociales |
28 de octubre de 2002
Ante los sistemáticos intentos de reinstalar
los métodos del terrorismo de estado en el país,
Convocamos a la unidad y movilización de todos los sectores populares.
Desde que Duhalde asumió el gobierno, el control corrupto y clientelístico de la asistencia social se combinó con mencanismos que alternaron la represión institucional y los métodos paraestatales de represión. Tres jóvenes asesinados en protestas sociales, otros tantos baleados, decenas de militantes de base golpeados, secuestrados y amenazados, conjuntamente con el accionar judicial que apunta a la creciente ilegalización de las organizaciones populares, son el saldo de 10 meses de ejercicio del poder de Duhalde. El informe sería incompleto si no se mencionara la creciente miseria, perdida del poder adquisitivo y derechos elementales de trabajadores y el conjunto del pueblo, a niveles nunca vistos en la historia.
El Terrorismo de Estado subyace en la lógica de represión estatal y paraestatal que se extiende crecientemente desde el Gran Buenos Aires al interior del País. Algunos hechos son de especial gravedad.
- En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la zona sur del conurbano, donde el presidente tiene su base política, la masacre del 26 de junio se combina con la puesta en marcha de verdaderos grupos paraestatales de represión en los barrios. En febrero, Javier Barrionuevo es asesinado en un piquete en Esteban Echeverría por un puntero político del Intendente peronista de Ezeiza, Alejandro Granados; en abril, un policía del servicio penitenciario abre fuego sobre una movilización frente a la municipalidad de Lanús, hiriendo de gravedad a Juan Arredondo, a quien una bala 9 mm atravezó el pulmón;. El accionar represivo paraestatal incluyó el secuestro de un asambleísta de Témperley en la estación de Lanús, y días después, también fue secuestrado Guillermo Pérez, compañero de Darío Santillán, del MTD del mismo distrito, quien fue golpeado durante horas, e interrogado y advertido sobre su militancia barrial. Luis Barrios, integrante de la Coordinadora de Unidad Barrial, recibió un tiro en el estómago cuando se dirigía desde Remedios de Escalada, también en Lanús, a la movilización en repudio de los asesinatos de Darío y Maxi. El distrito que comanda el Presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Manuel Quindimil, reúne desde que asumió Duhalde el más alto índice de manifestantes baleados y amenazados. En Presidente Perón, feudo del Segundo Jefe de Inteligencia de Duhalde, Oscar Rodríguez, los compañeros del barrio de Maximiliano Kosteki no dejan de ser intimidados con constancia. En Almirante Brown se juntaron las asambleas barriales, la Coordinadora Anibal Verón y organozaciones integrantes de la CTA para denunciar al senador peronista Villaverde y el jefe de seguridad de la Municipalidad, Guillermo Carrasco, como responsables de las provocaciones y agresiones permanentes en el distrito. En Florencio Varela, distrito del intendente peronista Julio Pereyra hicieron llegar una amenaza de muerte a referentes de la Coordinadora Anibal Verón, por medio de una golpiza a un delegado de base del movimiento. En José C. Paz, los autos sin patente marcan impunemente a los militantes sociales. Después del 26 de junio, no quedó testigo, fotógrafo o abogado que aportara su testimonio en la causa de la masacre de Avellaneda que no fuera amenazado.
- Poco tiempo atrás, en la provicia de Jujuy, se montó un intento represivo que desde el punto de vista de la penalización de las organizaciones populares, fue incluso más allá de lo que se había intentado el 26 de junio. Más de 170 personas fueron detenidas después de una represión provocada sin sentido por la policía, y para ello incursionaron en las casas de los manifestantes, e incluso de quienes integraban las organizaciones convocantes a la protesta pero no habían estado movilizados aquel día. La demora en dar a conocer la identidad de parte de los detenidos durante días, reinstaló el fantasma de las "desapariciones" como método represivo. Las causas que se invocaron contra los manifestantes involucraban directamente a las organizaciones y no solamente a las personas en delitos encuadrados en el Código Penal, que no son excarcelables. El intento era desarticular, por medio de la brutalidad represiva y la criminalización de la protesta, a las legítimas organizaciones populares que expresan las demandas sociales que molestan al poder. Durante la misma semana, otros actuarían sin uniforme pero con la misma lógica, baleando el interior de la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en la Ciudad de La Plata.
- En estos días la represión y la judicialización de las demandas sociales se intaló en la Ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro. Tras el recorte de los Planes de Empleo y de la asistencia alimentaria a los desocupados, tres integrantes del MTD y la CTD local fueron acusados penalmente por el Gobierno después de la protesta. Se trata de Martín Muñoz, Carlos Berilla y Gladys Cerda; las autoridades reconocieron que son "los primeros en la mira de una ofensiva legal". La estrategia represiva fue reconocida públicamente en el diario "La Mañana del Sur" del 24 de octubre: "El intendente Julio Arriaga decidió romper lanzas en forma completa y total contra las organizaciones de desocupados. La estrategia tiene dos frentes distintos: por un lado, la municipalidad no atenderá en adelante a los dirigentes del sector, mientras que por el otro se plantea recurrir a la Justicia ante cualquier hecho como cortes de calle o que afecte las instalaciones públicas". A pocos kilómetros de allí, hace semanas, los trabajadores de Zaón habían sufrido el acoso de bandas organizadas para enfrentarlos y debilitar la lucha por la que sostienen produciendo bajo control obrero la fábrica ocupada.
Se extiende por todo el país la estrategia que combina, por un lado, represión institucional con penalización de las organizaciones populares, y por otro, métodos de represión asumida por el estado, con el accionar de grupos paraestatales. Los unifica el mismo objetivo: neutralizar, o si hiciera falta aniquilar la protesta social, para garantizar la aplicación de planes económicos que sostengan el proyecto neoliberal.
La única respuesta posible, es la unidad y movilizacón de todos los sectores del pueblo en el repudio a cada hecho que prefigure un avance hacia el Terrorismo de Estado. Sólo de esa forma se pudo poner freno al intento de condenar a los desocupados después de la masacre del 26 de junio y se logró la libertad de los compañeros Jujeños. La misma responsabilidad nos cabe ante cada nueva situación represiva, como la que atraviezan ahora los desocupados de Cipolletti en la Provincia de Rio Negro.
- Basta de hambre, persecuciones y represión abierta o encubierta
- Libertad y desprocesamiento a los presos por luchar
- Solidaridad con Carlos Bértola y Diego Quintero
El viernes 1 de noviembre a las 10 horas nos movilizamos frente a los tribunales de Comodoro Py, por la libertad de Bértola y Quintero.
A las 12 hs, marchamos desde los tribunales a la Casa de la Provincia de Rio Negro, para denunciar la escalada de criminalización de la protesta social y reclamar el cese de las persecuciones a los integrantes del MTD "Darío Santillán" y la CTD de Cipolletti.
Domingo 10 de noviembre, a partir de las 13 hs, Festival Solidario contra la represión con presencia de Leon Gieco, Santa Revuelta y otros. Predio Roca Negra, Camino General Belgrano y Mendez, Monte Chingolo, Lanús.
Firman por el momento:
Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de Solano, Florencio Varela, Lanús, Alte. Brown, José C. Paz, Guernica, Esteban Echeverría, Berisso, Lugano, Cipolletti, Allen (Pcia. Rio Negro), integrantes de la Coordinadora Anibal Verón.
Se reciben adhesiones.
15-5000-2666
15-5101-8744
15-5135-4385
