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“Se está cuestionando una forma de democracia”
Washington Uranga
y Natalia Aruguete, Página 12
Las protestas sociales
argentinas pueden interpretarse mejor en la larga perspectiva de las políticas
económicas: dictadura, vaciamiento, desindustrialización, destrucción de nuestra
moneda. Un análisis de este proceso y un diagnóstico sobre las probabilidades
de la democracia en un país –un continente– donde hay una fuerte crisis de
representación
–¿Existen factores comunes
entre los cacerolazos, los piquetes y los saqueos?
–Lo que acá hace crisis
estructuralmente es un modelo que consistió en la sistemática aplicación de
medidas económicas que garantizaron un descomunal traslado de recursos públicos
y sociales hacia grandes grupos económicos locales y externos, en detrimento
de los patrimonios nacionales y los ingresos de las mayorías sociales. Esto
empieza con la estatización de la deuda externa, sigue con la patria financiera,
la corrupción en las empresas públicas y su vaciamiento, las privatizaciones,
la existencia de mercados cautivos, tasas de interés y tarifas leoninas. Esto
llevó a la inviabilidad del modelo por el desfalco que se había hecho al grueso
de la población, y de esta manera se golpeó a todas las clases sociales.
–¿Qué características
se pueden destacar del reclamo actual, que tiene la particularidad de incluir
de manera muy activa a las clases medias?
–El proceso de desindustrialización
afectó a trabajadores pero también a medianos y pequeños empresarios, altos
y medios ejecutivos, profesionales, empleados de diversos niveles, más los
proveedores de todos ellos. Este plan empezó a golpear sistemáticamente a
las clases medias y medias altas, que ya venían siendo golpeadas. Los nuevos
pobres son la clase media en caída. Estos sectores tuvieron al principio una
pequeña primavera con la convertibilidad, la disponibilidad de crédito. Una
nueva plata dulce. Pero a partir del '95, se empezaron a ver las consecuencias
de todo esto: desocupación, quiebras...
–¿El proyecto de desindustrialización
comienza con el menemismo?
–No. En la primera etapa
de la dictadura militar se gesta un proyecto económico que es el más entreguista
y antisocial de la historia contemporánea de la Argentina. Desde el Plan Austral
en adelante, el radicalismo desplaza a Bernardo Grinspun y hace una nueva
alianza con el poder económico y con el sindicalismo más corrupto. No nos
olvidemos de que el ministro de Trabajo en 1985 fue Carlos Alderete. A partir
de ahí se da un cambio de las representaciones políticas y empiezan a jugar
aspectos de cooptación y corrupción. La política se financia con plata que
viene de los grupos económicos o de diversas cajas. Conocemos los acuerdos
de los que participaban Coti Nosiglia y Luis Barrionuevo. Con la renovación,
si en el radicalismo estaba la Coordinadora en el peronismo estaba la "cafieradora".
Se impuso en los sectores políticos la ética de la viveza. El que no tiene
plata es un gil, no importa de dónde venga. El menemismo no se podría haber
lanzado al robo descarado que hizo en los 90 si en el radicalismo no hubiera
existido corrupción.
–¿El menemismo fue sólo
la profundización del modelo económico que venía desde antes o tuvo sus particularidades?
–El menemismo impuso un
verdadero saqueo inconmensurable. Nunca se va a poder medir la magnitud del
saqueo en la Argentina. El desgaste del radicalismo llevó a un reemplazo,
que fue este peronismo menemizado, donde cientos de miles de cuadros pasaron
del "5 por 1" a la "4 por 4". Y la Alianza fue el último muro de contención
de las clases medias. Por eso las expectativas fueron perentorias para la
Alianza.
–¿Cómo se puede leer lo
ocurrido en la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre?
–El 19 de diciembre no
se salió sólo por el corralito, sino también por el estado de sitio. Esa fue
la gota que rebasó el vaso. El muro de contención se había empezado a resquebrajar
y le dieron el martillazo final para que se abriera. Se salió porque en Argentina
se cerró el futuro, por la sensación de que los hijos de las clases medias
jamás podrán tener el nivel de la clase media, por la degradación de la educación,
de los servicios de la salud. Por todo eso salen las clases medias.
–¿Cómo se llegó a la caída
de la Alianza y a la sucesión de cinco presidentes en el término de dos semanas?
–Se dio un proceso de
desintegración y una crisis de representatividad. Pero éste no es un proceso
solamente argentino. El mismo hecho se viene reiterando en toda Latinoamérica,
donde las democracias fueron reinstauradas sobre la base del poder económico
financiero. La posibilidad de llevar adelante este proyecto entreguista y
antipopular se dio cantando alternativamente "Adelante radicales" y la marcha
peronista. Eso llegó a un límite. Se quebró.
–¿Cree que los saqueos
fueron resultado de la manipulación, que fueron promovidos?
–Están todas las posibilidades
abiertas. Los saqueos comenzaron en gran parte en luchas de pobres contra
pobres, hasta que luego llegaron a los supermercados. Se comenzaron a frenar
cuando los vecinos defendieron a los pequeños mercaditos. Uno dice, "fue manipulado".
Es probable que haya sido incentivado, pero hay que decir que en ese caso
alguien tiró el fósforo en un campo que ya estaba reseco. El problema fundamental
es cómo se secó el campo para que el fósforo pudiera funcionar.
–¿Entre los cacerolazos
y los saqueos existe un proyecto común?
–Con el cacerolazo las
clases medias se suman a las salidas de las clases populares. Lo único que
los liga es que son todos víctimas de un mismo modelo económico. Es lo que
Marx llamaba "la clase en sí", están ligados por el capital pero no horizontalmente
articulados. Lo nuevo de la situación es el vaciamiento del consenso de los
más golpeados y de las clases medias, un poco menos golpeadas pero fuertemente
golpeadas.
–¿Qué posibilidades tiene
la clase media argentina de enfrentarse ahora a algo que pidió a gritos como,
por ejemplo, la modernización que traerían las privatizaciones?
–La traición es la forma
de agresividad más difícil de responder. Es mucho el tiempo que lleva reconocer
la traición, y lento el proceso hasta absorber el dolor que genera y reaccionar.
La nuestra es una sociedad que salió golpeada del proceso militar y que había
perdido su capacidad de debate. Compró la modernización de las privatizaciones
y ahora se da cuenta de que la traicionaron. Cuando las sociedades vienen
desarticuladas y heridas en su tejido, no es fácil reaccionar. En los países
de América latina, el tiempo que lleva recomponerse después de grandes derrotas
es de 25 o 30 años. Ahora, estamos en los tiempos en los que una nueva generación
va a dar su batalla.
–¿Qué se está reclamando?
¿Las angustias inmediatas? ¿Reivindicaciones individuales o sectoriales? ¿Se
cuestiona el sistema?
–Estos reclamos no están
cuestionando la democracia y la representación política. Se está cuestionando
una forma de democracia, la de los países centrales con sus rasgos individualistas,
su desigualdad y su racismo. El modelo democrático de EE.UU. era libertad,
igualdad, fraternidad para los blancos, pero a los indios había que matarlos.
Esa democracia que nos vendieron está en crisis. Están en crisis estos famosos
aparatos políticos, donde el representante elegido considera que su cargo
es propiedad privada y, en consecuencia, puede lucrar con él, tomar las decisiones
que se le ocurran y obtener beneficios personales.
–¿Cómo se pasa de la reivindicación
a la construcción de un proyecto político?
–Habría que articular
estas distintas demandas y aspiraciones que no son contradictorias entre sí.
Acá no hay que debatir meramente cómo se sale del corralito o de la convertibilidad.
Hay que hacer un gran debate acerca de cuál es el proyecto de país para el
90 por ciento de los argentinos, en el marco de una integración latinoamericana
de nuevas características, de carácter horizontal. Discutir un proyecto de
país significa partir de la base de que hay un mínimo común denominador y
no sólo una sumatoria de reivindicaciones. El problema a superar radica en
encontrar las condiciones para que esta sumatoria heterogénea se transforme
en una articulación con coherencia, en un nuevo modelo de sociedad que permita
la inserción de todos con condiciones básicas de bienestar. Si acá se deja
al 40 por ciento de la población en la pobreza, el país se vuelve inviable
en muy poco tiempo.
–Después de veinticinco
años de atomizar y silenciar a la población, ¿qué posibilidades hay de reconstruir
una articulación entre los distintos sectores sociales?
–Una de las condiciones
para la permanencia de los poderes tradicionales fue el enfrentamiento de
las clases medias con los sectores populares. A fines de los sesenta y comienzo
de los setenta, los hijos de los "cabecitas negras" y los hijos de las clases
medias comenzaban a articularse. Por eso fue tan fuerte la represión en la
Argentina. Si en lugar de articular clases populares con sectores medios,
se intenta manipular desde el poder para enfrentarlos y enfrentar a los pobres
entre sí en cualquiera de sus manifestaciones, se va al caos.
–¿Qué dejan y a qué conducen
estos nuevos tipos de reclamos y reivindicaciones?
–En primer lugar, se trata
de una especie de catarsis. Esto es como una oleada. La pregunta es ¿qué deja
la oleada cuando se retira? Por primera vez el poder está muy preocupado.
Eso es fantástico. Hay una población que está aprendiendo formas de sanción
social. Esto hace que muchos de los responsables no se animen a salir a la
calle. La sanción social empieza a generar miedo.
–¿En qué se diferencian
las nuevas autoconvocatorias de las formas tradicionales de representación
política?
–Las autoconvocatorias
de vecinos, de piqueteros, de deudores, de acorralados, etcétera, son formas
de democracia directa, casi al estilo de Artigas o San Martín. Artigas decía:
"Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana".
Esa representatividad no la puede cooptar Bunge y Born. Acá hay que buscar
nuevas formas de representación que supongan que el mandato cesa en el momento
en que se lo traiciona. Primero vino el terrorismo militar, después el terrorismo
económico. Ahora se habla de que viene la guerra civil, el fin de la democracia.
¡No! Es el fin de esta forma de democracia.
–¿Cómo se produce el recambio?
–Lo que se plantea es
que nosotros queremos elegir a quienes nos representan. El elegido tiene que
ser "primus inter pares" (primero entre iguales), esto es lo que tiene que
surgir de la articulación de estas demandas. Pero el elegido tiene que responder
a lo que piden sus pares. Los piqueteros son delegados si y sólo si cumplen
el mandato. Si no lo hacen, inmediatamente cesan en sus funciones. Es Artigas
básico y es el mejor resguardo para la cooptación.
–Antes de pensar en el
largo plazo hay que preguntarse cómo se solucionan algunos problemas inmediatos
y quién paga los costos, por ejemplo, de la salida del corralito.
–La solución del corralito
es sólo una de las soluciones. El 94 por ciento de los que están acorralados
tiene el 25 por ciento de los depósitos y constituyen 19 mil millones de dólares.
Eso hay que liberarlo para empezar a recomponer la economía con una revitalización
del consumo. El tema es quién paga esto. Y está claro que quienes lo paguen
deben ser los principales beneficiarios de esta historia: las privatizadas,
los bancos, las petroleras y varios otros. No se puede permitir que estos
grupos pretendan seguir rapiñando.
–¿El acceso al aparato
del Estado le dio al gobierno de Duhalde el poder institucional suficiente
para crear políticas por encima de las presiones de los grupos económicos?
–Los dirigentes están
pegados con alfileres. Quienes controlan el Estado no dominan todos los instrumentos
de poder que hay en una sociedad. Creo que hay un vaciamiento institucional.
La situación estalló. Es una situación inédita porque los grupos de poder
no tienen representaciones consistentes. Y la multitud, que representa al
noventa por ciento de los afectados por este modelo, tampoco tiene todavía
canales de encauzamiento.
–Con un gobierno que está
sostenido con alfileres, ¿cómo se logra hacer pagar a los que se beneficiaron?
–Acá hay una tensión y
el Gobierno y el Episcopado, con la iniciativa de diálogo que pusieron en
marcha, quedan como el jamón del sandwich. El problema es que no hay muchos
grises posibles. Hay que transparentar la historia e investigar cuáles fueron
las ganancias de determinados sectores y obligarlos a poner una proporción
de eso. No puede ser que el gobierno español presione ante estas medidas cuando
no dijo nada sobre el escandaloso vaciamiento de Aerolíneas Argentinas por
parte de Iberia, ni cuando sus bancos cobraban 38 por ciento o 45 por ciento
mientras en España los intereses eran del 7 por ciento, ni cuando nuestras
tarifas telefónicas multiplicaban varias veces las españolas, ni dio cuenta
de qué pasó con Edesur cuando desmantelaron la provisión de energía ahorrando
en personal. Hay que explicarle al gobierno español que no somos las Indias...
–Los obispos señalan las
características inéditas del momento y por eso deciden involucrarse en el
diálogo con la pretensión, dicen, de sentar a todos los sectores a la mesa,
que todos pongan y construir un nuevo proyecto de país.
–Yo no estoy de acuerdo
en que todos pongan porque acá hay una parte de la población que siempre puso.
Se trata de que pongan los que se llevaron las grandes ganancias. Esto tiene
que estar claro.
–¿La concertación social
es una alternativa de solución a esta crisis?
–Si estamos hablando del
diálogo que se está intentando, digo que es importante por la credibilidad
de la Iglesia. Pero hay que cuidar todos los detalles y evitar algunos mensajes
que entrañan riesgos, como la designación de Juan José Llach como uno de los
tres asesores de la concertación. Llach fue coautor de la convertibilidad,
viceministro de Cavallo y repudiado ministro de Educación en el gobierno de
la Alianza. Esta designación es un muy mal signo de parte del Episcopado.
Con esto hay que ser cuidadosos porque hay una sensibilidad muy grande en
la gente. Ya no se soporta nada. Es una situación clave, porque hay que preguntarse
¿cuál es la Iglesia que tiene credibilidad en la Argentina? Y la que tiene
en serio credibilidad es la Iglesia de la opción por los pobres, la que está
metida en los barrios. El Episcopado no puede perder de vista esto y tiene
que parecerse a esa Iglesia de la opción por los pobres.
–¿La Iglesia es el único
sector con posibilidad de convocar a este diálogo?
–Las otras instituciones
con credibilidad eran las escuelas, los hospitales y las universidades. Son
otros espacios a convocar. Lo que sucede es que en las universidades, la mayoría
de sus direcciones, la mayor parte del movimiento estudiantil y una parte
de los docentes estuvieron deslumbrados con que éste era el único camino.
Esto también se ha destruido. El desplazamiento de Franja Morada y "los Shuberoff"
va a permitir cambios muy importantes en el papel de las universidades. Una
vez más, este gobierno, como lo hicieron otros antes, plantea que el camino
elegido es el único posible. ¿Existen otras alternativas? Una articulación
entre cabezas empresarias quebradas, sectores sociales desocupados con distintos
saberes y apoyo técnico de las universidadespuede llevar a la creación de
empresas de carácter social que permitan recuperar legítimamente los niveles
de ocupación. Un modelo donde el empresario no participe en su forma tradicional,
sino como uno más cumpliendo funciones en toda un área de provisión para el
mercado interno y en acuerdos con Brasil. Hay una masa de propuestas en los
más diversos niveles que está atomizada porque es un conocimiento marginado,
sojuzgado. Esa es la convocatoria que hay que hacer. Y crear espacios donde
estas soluciones colectivas vayan emergiendo.
–¿Cómo se reconstituye
la producción interna después de un largo proceso de apertura y transnacionalización
económica?
–¿Transnacionalizada qué?
Hay algodón, telares y mano de obra. Hay apoyo técnico de universidades, empresarios
desocupados que pueden dar alternativas, trabajadores con saberes y tecnologías
que lo permiten hacer. Hablo de una red que, por ejemplo, con apenas cinco
millones de inversión permitiría a los cartoneros pasar de un ingreso de ciento
cincuenta pesos trabajando nueve horas a un ingreso de mil pesos trabajando
tres horas. Estamos hablando de monedas en términos de inversión. Ese dinero
lo tiene Macri en el bolsillo para las propinas. No son proyectos de grandes
inversiones y permiten una incorporación legítima de los trabajadores al sistema
productivo. Se puede pensar en una primera etapa donde los "planes Trabajar"
vayan en ese sentido y que deriven en ganancias legítimas. Hay muchas alternativas
que suponen mirar las cosas desde otro lugar y recuperar saberes de los sectores
más golpeados.