Otra vez los gases lacrimógenos

Darío L. Machado

Miles de ciudadanos han salido otra vez a la calle. Nadie los convocó. Hay un mecanismo de respuesta rápida; salen con una espontaneidad cada vez más matizada por la toma de conciencia. El motivo esta vez ha sido la medida anunciada por el gobierno del presidente de facto, Eduardo Duhalde, que pospone por un año la posibilidad de que los ahorristas saquen su dinero del banco y cuando lo hagan lo recibirán a cuenta gotas, en algunos casos por el dilatado período de cuatro años más.
La medida afecta de manera particular al pueblo, que no ha dejado de manifestarse todos estos días, desde que comenzó el desfile de presidentes, que parece no terminar. Basta pensar en la familia que tiene sus modestos ahorros en una única cuenta en el país, sin alternativas en un banco exterior, o el que ahorró para tiempos peores y ahora no tiene trabajo, o el pequeño propietario que saca de su cuenta el dinero para financiar su negocio y ahora no podrá hacerlo, y ya es suficiente para explicarse la reacción popular.
Pero no es todo. La gente sale con bronca, harta de recibir golpes y más golpes, promesas y más promesas. El blanco de las protestas populares son la Casa de Gobierno, el Congreso Nacional y los bancos; el pueblo identifica con claridad meridiana quiénes son sus verdugos. Entre las frases más repetidas por los coros de manifestantes estaba "yo no lo voté", prueba lapidaria de la raquítica legitimidad que tiene este gobierno. Los estudiantes de ciencias políticas que quieran en lo adelante estudiar una crisis política tendrán en el modelo argentino un ejemplo casi insuperable. Lo que allí está ocurriendo equivale, en pelota, a cambiar un lanzador tras otro sin que ninguno controle la situación.
El estado de la Nación es tal, que alguien con tan poco prestigio ante el pueblo, como Carlos Menem, se animó a acusar públicamente de inepto al atribulado Duhalde, soslayando el detalle de que una vez lo escogió para ser su vicepresidente; nada, desmemoriado el pibe...
Mientras los ciudadanos están en la calle desafiando la represión, el Fondo Monetario Internacional, coprotagonista principal de la bancarrota argentina, enviará este fin de semana una misión para asesorar técnicamente (¡sí! han leído bien) al gobierno de Duhalde en materia financiera, mientras han declarado paladinamente que les preocupa la inestabilidad política del gobierno. El FMI, desde su poderoso Olimpo financiero se da tiempo para observar y definir, no la manera de ayudar a los argentinos a salir de la trampa a la que ellos mismos los empujaron, sino para definir mejor cómo continuar jugando su papel de cancerberos de las empresas transnacionales y del gran capital financiero.
El FMI quiere aplicar su receta tradicional, que incluye el tan esgrimido orden en las cuentas fiscales de las provincias, reducir la evasión crónica, pero más que nada, aplicar a rajatablas un tipo de cambio flotante: o sea, más de lo mismo.
Al FMI no le interesan las advertencias, casi denuncias, de que la aplicación del cambio flotante conducirá seguramente a la hiperinflación, con efectos aún más devastadores sobre la gente. Total, para ellos, sí hay "desorden" —socorrido eufemismo para referirse a la legítima protesta popular—, pues que haya represión; para eso está el gobierno. Y todo parece indicar que no aflojarán un centavo mientras no estén seguros de que se dejará flotar la moneda.
El atribulado Duhalde tiene sobre sí muchos ojos, en particular los intereses españoles y europeos en general, el FMI, los gobernadores de provincias, y el pueblo. De nuevo se vuelven a barajar las variantes de dejar flotar las monedas o dolarizar, o ambas, una primero y otra después. Ninguna logrará fortalecer la economía del país, ninguna resultará conveniente para el pueblo. Pero Duhalde no tiene otras cartas en el juego. Es con ellas que está llamando a un diálogo con todos los sectores para encontrar un inexplicable consenso, pero no tiene nada que ofrecer.
El presidente, sin embargo, ha logrado algo que no pudo su acelerado pero efímero predecesor: pudo reunirse con los gobernadores de las provincias y llegar a algunos acuerdos, entre ellos el de que estos se resignen a no cobrar el dinero del llamado "piso de coparticipación", sino solamente lo que el gobierno nacional debe a las provincias. A cambio de ello, el gobierno nacional renuncia a promover la reforma constitucional, dejando a cada quien que reduzca los gastos de gobierno. Al menos tendrá unos minutos de paz con ellos.
Los gobernadores obtuvieron también otra cosa: participar en las negociaciones financieras que haga el país. Nada, que este recién estrenado gobierno tiene muchas penas y pocas o ninguna alegría, y todo indica que la peor inversión que se puede hacer hoy en Argentina es apostar un centavo a que durará hasta el 2003.
La caldera sigue acumulando presión. Un manifestante, con una lógica lapidaria digna de Martín Fierro declaró ayer a un periodista: "Tengo 42 años y me robaron, si yo robo un banco voy en cana. Si a mí me robaron se llama "entidad financiera". Como que dos y dos son cuatro.