Tres fiscales bonaerenses plantearon la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad y el juzgamiento de cuatro actuales miembros de la Bonaerense que reprimieron junto a Camps.

Por Victoria Ginzberg / PAGINA 12

Tres fiscales federales se sumaron al reclamo por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Humilla a las víctimas, a la sociedad argentina, a la conciencia universal, a la más intuitiva y elemental moral humanista, a los princIpios éticos de los credos mayoritarios, al sentido común, a la inteligencia. Pero también humilla a los jueces, relegándolos al papel de declamadores, meros homologadores, de la falacia y la mentira", aseguraron Félix Crous, Rodolfo Molina y Carlos Dulau Dumm sobre la Obediencia Debida. Lo hicieron al pedir –a partir de testimonios tomados en el Juicio por la Verdad– la detención de cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Los fiscales, encabezados por Crous, denunciaron ante el juez platense Arnaldo Corazza a los ex policías Raúl Orlando Manchuca, Mario Víctor Sita y Rubén Oscar Páez, y al actual suboficial principal Julio César Argüello por las desapariciones de Daniel Favero y María Paula Alvarez. Páez era por entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial. Los otros tres acusados participaron directamente en el secuestro de la pareja, realizado el 24 de junio de 1977 en La Plata.
En el Juicio por la Verdad, que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata, los ex subordinados del general Ramón Camps aseguraron que tuvieron un "enfrentamiento" en los pasillos del segundo piso del edificio en el que vivían Favero y Alvarez. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, que impulsó el juicio, recordó que en el sumario escrito en esa época figura que la pareja resultó "abatida", pero ante el tribunal ninguno de los policías se animó a sostener esa afirmación. "No se movían", fue lo único que pudo decir Manchuca.
La pantalla que intentó levantar la Bonaerense en 1977 para cubrir los secuestros de Favero y Alvarez se desmoronó cuando una vecina de los jóvenes aportó su testimonio ante la Cámara Federal platense. "A Paula la sacaban viva, la llevaban alzada, clamaba por su madre. (...) A Daniel lo sacaban a patadas", aseguró Alejandra López Comandador, quien presenció la escena desde la ventana de su departamento.
"Los policías imputados en este caso conocían cabalmente cuál era el curso causal que ponían en marcha participando de un secuestro: la inmediata detención ilegal, la segura aplicación de tormentos, el alojamiento en condiciones que resultaban por sí mismas la continuidad del tormento, el aislamiento y el retaceo de la información buscada por los familiares", afirmaron Crous y sus compañeros en el escrito.
Los fiscales dedicaron gran parte de su extensa denuncia –hecha el 4 de septiembre– a fundamentar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Estas leyes, que tanto han dañado la esperanza de afianzamiento de la Justicia una vez establecida la democracia, entrañan la violación masiva de normas de máxima jerarquía y supranacional, agravian a la República y ofenden el sentimiento de justicia de la comunidad internacional", afirmaron. Y fundamentaron su solicitud con argumentos teóricos similares a los planteados por el juez Gabriel Cavallo al declarar la invalidez de las normas de impunidad en la causa por la desaparición de la familia Poblete. Crous, Molina y Dulau Dumm recordaron que al momento de aprobarse las leyes, la causa en la que se investigaban los crímenes cometidos durante la última dictadura en La Plata "mostraba el primer atisbo de Justicia". "Conmueve entonces, la perseverancia de las víctimas que hoy siguen buscando pacíficamente verdad y justicia frente a un Estado que se ha comportado en el pasado como un psicópata que ofrece la esperanza sólo para frustrarla", dijeron.
Corazza será ahora quien deberá decidir si se suma a los funcionarios judiciales que quieren hacer justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Por ahora, el juez pidió informes para saber si existe algún expediente en la Capital Federal en el que se hayan investigado las desapariciones de Favero y Alvarez. "Urge avanzar en larealización de la justicia material, largamente negada a las víctimas", le respondieron los fiscales