El juez del concurso preventivo de Cerámica Zanon, Germán Páez Castañeda, le exigió a la justicia neuquina que restituya la planta a sus dueños o se dirija a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Páez Castañeda rechazó la negativa del juez provincial Raúl Bassi a cumplir con la apertura de la fábrica del parque industrial para que los síndicos realicen el inventario y se desaloje la planta, ocupada por el sindicato de ceramistas que lidera Raúl Godoy. El escrito de Páez Castañeda está en viaje a Neuquén y próximo a llegar, según trascendió de fuentes judiciales.
La resolución se adoptó en el juzgado porteño el 20 de este mes, a sólo once días del primer aniversario del inicio del conflicto en octubre del año pasado, cuando el sindicato encabezado por Godoy comenzó una protesta que concluyó en el actual estatus de "autogestión obrera". Según los voceros judiciales, Páez Castañeda le recordó a su par neuquino que no está habilitado para cuestionar la procedencia de las medidas que se le habían solicitado y tampoco para formular requerimientos que impliquen la "revisión" de esos procedimientos, y en todo caso, debería limitarse a hacerlas cumplir y habilitar a los propietarios a "tomar posesión" de la fábrica.
En virtud de la situación social existente en el país y en la provincia, Bassi debería "ponderar" el auxilio de la fuerza pública pero, en todo caso formalizar el desalojo para que los síndicos puedan ingresar, realizar un inventario de los bienes de la fábrica y luego contratarse el seguro correspondiente. Para Páez Castañeda, estos trámites no pudieron realizarse pese a la "urgencia" con que se solicitaron, con lo cual aumenta el riesgo debido a la imposibilidad de obtener un seguro sobre la planta, sus instalaciones y producto en existencia.
La resolución del juez porteño no admite respuesta: Bassi deberá ahora ir al máximo tribunal nacional si decide mantener su tesitura anterior, cuando devolvió el exhorto luego de atribuirle "falencias formales", "falta de estilo" y "total falta de respeto y consideración" hacia un "par en la función judicial". La urgencia del juez nacional radica también en las denuncias de hurto que formuló ante su juzgado el ceramista disidente, Oscar Montes, porque según afirma, el sindicato excluyó a un centenar de ex trabajadores de la planta de la distribución del 40% de la producción según el fallo contra el "lock out" patronal dispuesto por la jueza Elizabeth Taiana.
Montes inició varias acciones ante la justicia con ese reclamo, y también recurrió al gobierno provincial para solicitarle su intervención en el conflicto. Si Bassi opta finalmente por recurrir a la Corte Suprema, el conflicto podría llegar a prolongarse "sine die", algo que temen por igual la empresa y la familia propietaria, por un lado, los trabajadores nucleados por Montes por otro pero también constituye un problema para el gobierno de Jorge Sobisch y para el sindicato conducido por Godoy, cuyos proyectos de expandirse comercialmente -vender la producción fuera del país, por ejemplo- se verían seriamente obstaculizados.
El requerimiento que Páez Castañeda envió en agosto pasado a la justicia neuquina tenía como eje el desalojo de los obreros para permitir que los síndicos realizaran el inventario de las instalaciones y verificar las condiciones de seguridad existentes en la fábrica. En paralelo, el sindicato impulsó un proyecto de administración obrera transitoria y comprometió el apoyo de organizaciones sociales, con la esperanza de que por esa vía se lograse estatizar la planta.