14 de agosto del 2002
América Latina: Desastre económico y social
La Jornada
A principios de los años noventa se hablaba en América
Latina de "la década perdida", en alusión a la inmediatamente
anterior, durante la cual el colapso de los modelos desarrollistas y de sustitución
de exportaciones dio lugar a la aplicación generalizada de estrategias
monetaristas y privatizadoras, en ejercicios de disciplina fiscal de resultados
sociales criminales y con una visión neoliberal que se convirtió
en "la ortodoxia" económica. Políticas que en ese sentido resultaban
"heterodoxas", como la mexicana de los primeros años ochenta y la peruana
de mediados de la década, fueron severamente castigadas por los organismos
financieros internacionales, los cuales no dudaron en sumir a esas naciones
en sendas crisis financieras que, a su vez, generaron incrementos del desempleo,
la pobreza, la marginación, el hambre y el descontento social.
Hoy, mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos recorre las ruinas
económicas del Cono Sur exigiendo a los gobiernos anfitriones que profundicen
y recrudezcan las estrategias que llevaron al desastre, puede decirse que la
mayor parte de los países latinoamericanos han regresado a ese punto
de partida, que han perdido lo poco que en materia de desarrollo social y niveles
de ingreso pudo conseguirse en los años noventa y que, en consecuencia,
las sociedades de esta región del mundo deben resignarse a dos décadas
perdidas al hilo.
Las actitudes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos ante las autoridades de Brasil, Uruguay y Argentina
recuerdan las prácticas tradicionales de la mafia: la coerción
y la exigencia de sometimiento total, so pena de asfixiar financieramente a
países de por sí afectados en la recesión, en el mejor
de los casos, o sumidos en francos procesos de disolución económica.
Tal es el caso de Argentina, cuya población ha sido llevada a grados
indignantes de depauperación y desamparo por los efectos acumulados de
la corrupción menemista, la torpeza de Fernando de la Rúa y el
implacable bloqueo financiero estadunidense y fondomonetarista.
En el caso de Brasil, Washington y los organismos financieros internacionales
no han cejado en sus intentos de vetar políticamente a los candidatos
presidenciales de izquierda que, según los sondeos, resultan favoritos
para ganar los próximos comicios y que, a su manera, proponen políticas
económicas alternativas a la que generó el desastre continental.
Sin embargo, dado el peso económico de esa nación, era claro que
no podían apretársele más las tuercas sin el riesgo de
provocar una crisis en cascada incontrolable, y se procedió en consecuencia
al otorgamiento de un paquete monumental de asistencia financiera cuyos términos
atarán las manos del próximo gobierno, sea cual fuere su signo.
Ante Venezuela, el FMI persiste en una campaña que no puede calificarse
sino de terrorismo financiero en contra del régimen de Hugo Chávez.
El informe de ese organismo presentado ayer, en el que se habla de una "situación
económica extremadamente frágil" y de un "debilitamiento de la
confianza del sector privado", es una clara invitación a la fuga de inversiones
y de capitales y se orienta a presionar políticamente al gobierno de
Caracas.
En Uruguay el gobierno de Jorge Battle cedió a todas las exigencias fondomonetaristas
y obtuvo préstamos de emergencia estadunidenses. Sin embargo, la Ley
de Estabilidad Financiera ha provocado una ola de protestas sociales sin precedente
en la República Oriental y ha abierto paso a un escenario de desestabilización
política.
Más al norte, en la martirizada Colombia, hace mucho tiempo que la desestabilización
dio paso a la guerra, atizada por el gobierno de Estados Unidos --la guerra
global "contra el terrorismo" que mantiene la Casa Blanca incluye ahora el territorio
colombiano-- y trágicamente asumida como opción de gobierno por
el nuevo presidente, Alvaro Uribe Vélez, quien ayer tomó posesión
en medio de una carnicería y quien piensa --con toda ingenuidad o con
plena perversidad-- que el Estado colombiano realmente sería capaz de
resolver, manu militari, los infiernos sociales que se encuentran en el origen
de la guerrilla, el narcotráfico y las otras violencias que afectan a
esa nación.
Por último, no sería justo desconocer que, en la desestabilización
económica y política de las naciones latinoamericanas, Washington,
los capitales especulativos y los organismos financieros internacionales, cuentan
con la alianza imprescindiblede las clases políticas locales, las cuales,
en los últimos veinte años, han sido incapaces de resistir las
presiones monetaristas y ordodoxas y de generar alternativas viables a ese modelo
desastroso.