"Hay que hacer un plebiscito" El ex ministro de Seguridad bonaerense, que debió dejar el cargo cuando Carlos Ruckauf construyó su candidatura a gobernador pidiendo mano dura, reclama consenso político, pero sostiene que igual no alcanza para reformar el sistema de seguridad. Por eso propone una convocatoria popular.

Por Martín Granovsky

Presidente de la Cámara Federal que juzgó a las juntas en 1985, Carlos Arslanian debió dejar su último cargo público como ministro de Seguridad bonaerense por la presión combinada del entonces candidato Carlos Ruckauf y de los policías desplazados, que tuvieron a su favor la tendencia de Eduardo Duhalde a oscilar entre posición distintas sin mantener ninguna en el tiempo. La salida de Arslanian congeló una reforma que se proponía romper las estructuras ilegales de la Bonaerense.
–¿La Argentina de hoy es Colombia?
–No, de ninguna manera. Colombia mezcla el narcotráfico, la disputa de poder de las bandas paramilitares y las guerrillas. Es un fenómeno de guerra civil que en la Argentina no existe. Aquí el problema es la violencia producida por la exclusión social y por los modelos económicos no inclusivos.
–Pero también hay narcotráfico.
–Sí, pero no carteles como en Colombia. Hay redes más pequeñas o más diseminadas, no organizaciones dominantes y centralizadas que terminan siendo verdaderos polos de poder. Por lo menos, no las había cuando yo era ministro. La Argentina no es un proveedor de estupefacientes para el resto del mundo. Es un lugar de tránsito y de consumo, y de un consumo cada vez mayor en los sectores más pobres.
–No solo el consumo crece. Traficar droga en pequeña escala pasa a ser una salida "racional" para un adolescente que sabe que jamás conseguirá empleo.
–Muchos programas de lucha contra el narcotráfico se proponen sustituir los cultivos de coca, por ejemplo, para reemplazar una fuente de ingresos por otra. En la Argentina no hay cultivos, pero además de combatir a los narcotraficantes tendremos que garantizarles a esos chicos que se ganen la diaria sin ser pasto de los narcos.
–Usted dejó el Ministerio de Seguridad en 1999. La crisis social empeoró notablemente desde ese momento. Pero, ¿es la única causa de la situación lamentable de la policía?
–No. Hubo un incremento de los delitos contra la propiedad y también un incremento de la violencia, que suele caracterizarse por un proceso de retroalimentación muy intenso y por eso tiende a crecer en espiral.
–¿Siempre crece?
–La experiencia indica, en Colombia, Venezuela o Brasil, que la violencia no se detiene en mesetas. O crece o decrece. Y por lo general el impulso propio que adquiere tiene que ver con que se liberan elementos de contención. Eso sucede cuando pierde eficacia todo tipo de control social.
–Le preguntaba por la situación de la policía.
–Durante nuestra gestión no solo aplicamos un plan que rompía la Bonaerense, organizaba una nueva policía y la descentralizaba sino que se hacía cargo de la recuperación social y moral de la fuerza. Recibí en forma personal, muchas veces, el agradecimiento de los policías cuando sentían la restitución de la confianza en ellos a partir de los foros sobre seguridad de los que participaba la gente en cada lugar. Si hubo un "milagro", el milagro fueron los foros de ciudadanos.
–¿Las elecciones suman una perturbación mayor a la crisis policial?
–Sí. Quienes tienen expectativas de ser candidatos o gobernar, como el ex policía Luis Patti o Aldo Rico, ambos correlato de la demanda de mano dura, intensifican sus vínculos con ciertos segmentos de la fuerza y crean dispersión.
–¿Y no hay movimientos policiales pensando en el resto de los candidatos, incluso locales, del peronismo bonaerense?
–No lo descarto, pero no tengo elementos para afirmarlo.
–Juan Pablo Cafiero dijo que malos policías fueron apadrinados por dirigentes políticos.
–Y es totalmente cierto. Pero ése es un fenómeno estable y yo estoy planteando qué pasa en un período de transición como éste, que genera incertidumbre entre la policía.
–¿Incertidumbre por el rumbo de Cafiero?
–No. El suyo es el camino correcto. La incertidumbre viene de antes. Primero se reemplazó nuestro programa por un discurso. Después vino lo de la mano dura. Y entonces reapareció la estigmatización social. Volvieron la satanización de la fuerza y de la institución completa. Por eso insisto en la importancia de recrear el consenso político. Para que la incertidumbre termine cuando quede claro que el camino trazado es definitivo. Que lo que se plantea como propuesta, como reforma, como cambio, es definitivamente la decisión política adoptada por todos los actores y, diría más, por el consenso social.
–No está claro cómo se forjaría hoy ese consenso.
–En el ‘97 hicimos un acuerdo con el Frepaso y el radicalismo. Hoy necesitamos el acuerdo, pero no alcanza.
–¿Por qué?
–Por dos motivos. Por la deslegitimación de la política y porque fue saboteado aquel acuerdo. Hay que plebiscitar el nuevo plan de seguridad.
–¿Usted habla en términos genéricos o sugiere un plebiscito?
–Un plebiscito. Bien concreto. No perdamos más tiempo. La discusión interminable es inútil. De este laberinto sólo se puede salir por arriba. Decir basta, reconocer el carácter sistémico de cualquier programa (porque a la vez debe ser judicial, penitenciario, policial, político), trazar grandes líneas, definir el tipo de policía, someter el programa a plebiscito, acordarlo y luego que la legislatura saque las leyes. Así terminarán los remezones hacia adentro de la policía y también la discusión de la fuerza con los políticos. ¿Hasta cuándo vamos a discutir si hay que permitir que la policía entre a las casas sin orden de allanamiento?
–¿Pero usted no cree que –lamentablemente para mi gusto– en el ‘99 Carlos Ruckauf ganó la gobernación de Buenos Aires porque proponía mano dura?
–Es un buen punto. Claro que fue así.
–¿Y entonces?
–Entonces, la dirigencia política no puede hacer seguidismo de las encuestas diarias. Si un día el humor social recomienda pena de muerte, pena de muerte. Si es azote, también. Yo sugiero lo contrario que los políticos recuperen el liderazgo explicando a la opinión pública el nuevo acuerdo. Hay gente que no sabe y gente que no quiere saber. Bueno, hay que decirles que la actuación ilegal de la policía termina en la formación de escuadrones de la muerte.
–¿Y por qué habría que ir en contra de lo que quiere la gente?
–La gente dice: "No quiero que me roben, que me asalten". Y también dice: "Si me meten preso, que no me fajen". El dirigente político tiene que tener la visión global del tema. Si explica por qué no sirve la pena de muerte, la gente entenderá. Lo diabólico es la tentación de ceder a la peor de las alternativas: el pensamiento mágico de aumentar las penas o matar a cuatro tipos. Yo digo: abramos las puertas a la participación comunitaria y después nadie va a discutir cuál es la mejor solución. Lograremos una voluntad política galvanizada y luego esa voluntad bajará hacia la fuerza policial con una potencia inusitada.
–Suena exitista.
–No soy exitista. Lo que señalo es posible. Esa potencia convertirá en obediencia cualquier indisciplina. La policía de la provincia tiene 47 mil personas. No hay que satanizarla. Hay muchísimos excelentes, hay execrables y hay no excelentes. Bueno, a los execrables hay que sacarlos y con el resto debe iniciarse un proceso de reconversión de elementos que son buenos o malos de acuerdo a las circunstancias, al contexto y al mando. En mi gestión no tuvimos casos de apremios ilegales ni de personas desaparecidas. ¿Por qué? ¿Porque los controlábamos todo el día? Sí, pero sobre todo porque ellos entendían que las condiciones habían variado y que el costo-beneficio entre encuadrase o no hacía más redituable encuadrarse. Además, estaban compensados por la desaparición del estigma social y la recuperación del afecto y la tranquilidad familiar.
–¿No había entonces un sistema que relacionaba, en algunos barrios o algunas intendencias, al político local con los policías malos y pequeña delincuencia?
–Sí, claro, y eso se corrige más rápido desde lo policial. Porque el gran problema, honestamente, fueron ciertos intendentes que me cuestionaban y pedían que no les tocara a su jefe policial de confianza. U otros que cuestionaban los foros vecinales, dotados de poderes reales de control por una ley, la 12.544. Había que desorganizar los sistemas perversos. Desorganizándolos, y manteniendo normas éticas y firmes de conducción, uno dificulta fenómenos como el que usted describía en la pregunta.
–¿Con un foro en El Jagüel no se hubiera producido el incendio de la comisaría?
–No. Y es una pena haber retrocedido tanto. Claro, hubo sabotaje. Y otros no sabotearon pero creyeron que el consenso era bueno hasta ahí, y electoralizaron la cuestión, como Chacho Alvarez.
–Ahora la Policía Federal se meterá en la provincia. ¿No es peligroso?
–La ley de Seguridad Interior permite la utilización de fuerzas de seguridad federales a requerimiento del gobernador. La Federal puede hacer inteligencia o llevar acciones concretas, igual que la Gendarmería. En esos casos habrá que definir el comando de operaciones, obviamente.
–Es legal, pero puede ser riesgoso por los choques entre fuerzas.
–Si la Federal se dedica a la inteligencia, quiere decir que más que procedimientos conjuntos hará averiguaciones y reunirá información. Queda por ver sobre qué aspectos concretos la Federal trabajará en inteligencia. Si tiene que ver con asuntos internos de la Bonaerense o con inteligencia del delito, lo que es más complicado