"Fueron ejecutados"

El defensor de cuatro represores reconocio que las Fuerzas Armadas fusilaron a los prisioneros.

Por Victoria Ginzberg

"Cabe dejar sentado que los eufemísticamente denominados desaparecidos, en rigor de verdad se trataron de ‘terroristas ejecutados’ por las Fuerzas Armadas por su condición de tales", aseguró Florencio Varela en un escrito que entregó ante el juez Claudio Bonadío como defensor de cuatro oficiales del Ejército presos por su participación en los secuestros y asesinatos de 18 personas en 1980. La presentación del abogado tal vez quiso ser una provocación, pero se trata más bien de una confesión. "Los integrantes de las cúpulas que condujeron al Ejército desde 1975 hasta sus actuales jefes participaron en las operaciones contra el terrorismo y muchos de ellos en forma destacada", agregó en el documento. El abogado Ricardo Monner Sans, que representa a la hija del desaparecido Lorenzo Viñas, citó en su respuesta el Código de Etica del Colegio Público de Abogados.
Varela, que ocupó el cargo de secretario de Minoridad y Familia durante la última dictadura militar, defiende a los militares Hermes Oscar Rodríguez, Arturo Enrique Pelejero, Francisco Javier Molina y José Ramón Pereiro. Como abogado, pidió ante Bonadío que los represores sean sobreseídos en base a la ley de Obediencia Debida. "La responsabilidad por las aberraciones y crueldades como las recordadas y de otras peores, es exclusiva de los comandantes que las ordenan", aseguró Varela.
Monner Sans, quien representa a Claudia Allegrini y a la hija que ella tuvo con el desaparecido Lorenzo Viñas, respondió ayer los planteos de Varela y de otros abogados de los más de treinta militares presos en la causa en la que se investigan crímenes cometidos por el Batallón de Inteligencia 601. Allí le pidió al juez que, para evitar cuestionamientos formales, diga "expresamente" que para este proceso las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son nulas e inaplicables. Esto es algo que seguramente hará Bonadío en los próximos días, cuando resuelva las prisiones preventivas de los acusados. Monner Sans citó los fallos del juez Gabriel Cavallo y de la Cámara Federal porteña que declararon inválidas las leyes de impunidad y recordó un escrito del juez entrerriano Gabriel Chausovsky quien en 1987 –en minoría en la Cámara de Apelaciones de Paraná– aseguró que la ley de Obediencia Debida era inconstitucional porque no le permitía a los magistrados evaluar si una persona era culpable o no. Además, al evocar la inactividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para investigar los crímenes cometidos por los uniformados, el abogado recordó una de las frase célebres de Groucho Marx: "La Justicia militar es a la Justicia lo que la música militar es la Música".
"Es deber del abogado preservar y profundizar el estado de derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho a la autodeterminación." "Es consustancial al ejercicio de la abogacía la defensa de los derechos humanos." Estos párrafos del Código de Etica del Colegio Público de Abogados fueron citados por Monner Sans en su presentación como respuesta al "horror de lo transcrito" por Varela.
El argumento central del representante de los cuatro militares –quien ya elaboró un documento en el que intentó refutar el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos– es que los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado son exclusiva responsabilidad del gobierno de Isabel Perón, que ordenó aniquilar la subversión. Pero Varela no negó, sino que admitió, que sus defendidos participaron de esos crímenes. "Todos los militares de las tres armas en actividad en esos trágicos años también conocieron lo que estaba pasando, no sólo por su participación personal en las operaciones sino por la información e instrucción que al respecto recibieron. Todos y cada uno de sus miembros supieron cómo se operaba y que los terroristas detectados eran ejecutados."
Además, el abogado ofreció una curiosa versión sobre por qué los militares ocultaron los cuerpos de sus víctimas: "...Quienes tuvieron a sucargo la ejecución y sepultura de los cuerpos no conocían su nombre salvo excepciones. Al haberse destruido la documentación integrada con los partes que se confeccionaban de todas las acciones habidas y con ella las claves para determinar la identificación de los efectivos que participaron en cada una de ellas, se tornó absolutamente imposible su reconstrucción, quedando solamente como posibilidad la memoria personal de quienes combatieron el terrorismo".