 Argentina: La lucha continúa |
Denuncia ante la Corte Penal Internacional para activar el procesamiento de Eduardo Duhalde, presidente interino de la Nación Argentina, y del Canciller de Asuntos Exteriores Sr. Carlos Federico Ruckauf,
ASOCIACIÓN CÍVICA Y CULTURAL CERCLE OBERT
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro
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amb el número 1.047 de la Secció Primera del Registre Provincial
de València
Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, D. Eduardo FUNGAIRIÑO
En aplicación del artículo 124 de la Constitución Española,
así como del principio de Justicia Universal y, estimando que todos los
Estados del Mundo están obligados de manera firme a cumplir las normas
internacionales, pactadas o consuetudinarias, que ordenan la persecución
de los crímenes contra la humanidad y, en consecuencia, deben investigar
y juzgar los que se cometan en su territorio, debemos manifestar que resulta
inadmisible y contrario a los principios fundamentales del Derecho Internacional
la existencia de leyes o practicas que impidan o entorpezcan dicho enjuiciamiento.
Igualmente todos los Estados del mundo están obligados a perseguir judicialmente
los crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea el lugar del planeta
donde los mismos se cometan y en consecuencia deben adoptar disposiciones legislativas
e iniciativas judiciales necesarias para prevenir dichos crímenes y hacer
efectiva su persecución cuando se cometan. Todos los Estados, por tanto,
están obligados a extraditar o juzgar a los responsables de estos crímenes,
quienes no podrán obtener la condición de asilados o refugiados
ni beneficiarse de la eximente o atenuante de obediencia debida.
Igualmente el ordenamiento jurídico internacional debe garantizar la
tutela judicial de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad
sin interferencias del poder político que puedan obstaculizar, manipular,
paralizar o impedir la actuación de los tribunales de justicia..
La Justicia Universal debe extenderse, de manera sistemática y constante,
al enjuiciamiento de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos
económicos, sociales, ambientales...
Por todo lo anteriormente expuesto de manera sucinta, nuestra entidad cívica
Cercle Obert - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro tiene a bien solicitar
oficial y formalmente a la Fiscalía General de la Audiencia Nacional
tenga a bien interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional para
activar el procesamiento de Eduardo Duhalde, presidente interino de la Nación
Argentina, y del Canciller de Asuntos Exteriores Sr. Carlos Federico Ruckauf,
ambos responsables directos e intelectuales de la instigación y política
represiva indiscriminada e irracional que desarrollan los diversos cuerpos que
componen las fuerzas de seguridad del estado argentino y de la provincia y ciudad
de Buenos Aires, uno de los núcleos geográficos donde mayor niveles
de corrupción, secuestros-desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales,
intimidaciones, palizas, robos, saqueos, tráfico de drogas, trata de
blancas, tráfico de armas... desarrollan, de manera sistemática,
consciente, pública y reiterada, numerosos y destacados integrantes de
la policía y de la SIDE (policía secreta).
Recordar aquí que el actual Presidente de la Nación Argentina
y el actual Canciller de Asuntos Exteriores han sido anteriormente gobernadores
y jefes políticos de los cuerpos de seguridad de la provincia y ciudad
de Buenos Aires. Igualmente es imprescindible destacar el desprecio por la ley
que manifiesta en público el Sr. Ruckauf, aficionado a instigar a miembros
de la policía y agentes de la SIDE (compuesta por antiguos torturadores,
genocidas y sobresalientes delincuentes... que gozan de una vergonzosa impunidad
gracias a las infames Leyes de Punto Final y Obligación Debida), para
que procedan al exterminio y asesinato "in situ" de todo aquel ciudadano que,
presuntamente, cometa algún delito. Pueden consultar las hemerótecas
y constatar la veracidad total y absoluta de nuestras tímidas afirmaciones.
Hoy en día no existe ley ni independencia judicial, pues los poderes
políticos y policiales controlan el funcionamiento de la justicia en
Argentina. De aquí la enorme cantidad de desapariciones, torturas y asesinatos
que comete la policía en dependencias policiales o en barrios marginales,
conocidos como villas de emergencia. Existen miles de asesinatos, expolios,
robos, torturas, desapariciones sin resolver, pues las pruebas se extravían,
los policías y los testigos olvidan todo, los jueces no cumplen con su
obligación... El caos judicial y la corrupción es tan elevada
que urge que la Corte Penal Internacional y las instituciones judiciales internacionales
tomen cartas en el asunto para acabar con la situación delictiva y criminal
que ha originado la impunidad y el terrorismo de estado.
Se impone el procesamiento internacional de Duhalde, de Ruckauf, de Menem y
de todos y cada uno de los responsables de la Dictadura Militar y de los componentes
de la Triple A, organizaciones que han sembrado y siguen sembrado de muerte,
destrucción, secuestros, torturas, asesinatos... el territorio argentino.
La derogación de las infames LEYES DE PUNTO FINAL Y OBLIGACIÓN
DEBIDA, así como la anulación de los decretos de Amnistía
concedidos a genocidas, torturadores y criminales es una necesidad, pues la
impunidad, la nefasta IMPUNIDAD les permite seguir ejerciendo su labor terrorista
y genocida con total libertad, con el manto protector que le ofrece un sistema
seudodemocrático, donde las instituciones de control, el poder judicial,
los órganos de representación política no funcionan...
Los numerosos asesinatos de niños, los secuestros, las desapariciones
siguen siendo una realidad palpable en la Nación Argentina. Durante el
año pasado, más de 60 niños han sido asesinados por la
Policía de Buenos Aires. Las ejecuciones extrajudiciales están
al orden del día y siempre son cometidas por miembros de la Policía
de Buenos Aires o agentes de la SIDE. Los responsables intelectuales y materiales
de esas numerosas y vergonzosas actuaciones delictivas son los mismos que provocaron
la sangrienta y funesta Dictadura Militar, que supuso la desaparición
de más de 30.000 personas, así como el exilio de casi 2 millones
de ciudadanos argentinos, 15.000 ejecuciones extrajudiciales, numerosas personas
torturadas...
Nuestra entidad no puede permanecer ajena a la constante violación de
los Derechos Humanos, Económicos y Sociales que, de manera sistemática
y continuada, realiza consciente y de forma directa y protagonista el gobierno
de la Nación Argentina y, que está provocando el éxodo
de miles de ciudadanos argentinos a países de la Comunidad Europea, que
se ven obligados a salir de su país para poder vivir con dignidad y en
sociedades donde la ley y la democracia sean algo real, cercano, limpio...
Las instituciones judiciales, políticas, económicas, universitarias
internacionales tienen una responsabilidad directa para acabar con la impunidad
y con la corrupción institucional que existe desde la funesta y sanguinaria
Dictadura Militar en Argentina.
Urge el procesamiento internacional de todos y cada uno de los responsables
del genocidio humano, económico, social, sanitario, cultural, ambiental...
que lleva padeciendo el pueblo argentino, y que es provocado y alimentado por
los actuales gestores y por todos los componentes de los anteriores gobiernos
(en los mandatos seudo-democráticos y en la Dictadura Militar). No podemos
olvidar la responsabilidad de uno de los peores y funestos personajes, vinculado
a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel: el Sr. Menem debe ser
procesado, pues existen numerosas pruebas de su clara vinculación con
el terrorismo islámico.
Queremos manifestar y denunciar públicamente que el Dr. Duhalde, a la
sazón Presidente de la Nación Argentina y el actual Canciller
de Asuntos Exteriores, Sr. Carlos Federico Ruckauf son los responsables y gestores
del asesinato, entre otros muchos casos sin resolver, de la joven LETICIA MARIANA
BELLSTED, dado que bajo su mandato directo fue cometido el delito, así
como también se produjo la desaparición de pruebas esenciales
para esclarecer y localizar a los responsables del crimen.
También el periodista JOSÉ LUIS CABEZAS, fue asesinado de manera
extraña por personas y policías del entorno de Duhalde y Ruckauf,
según numerosos testimonios y declaraciones. Su caso nunca ha sido resuelto
y las pruebas han desaparecido.
No son los únicos casos. Hay miles de asesinatos, torturas, secuestros
y desapariciones (algunas cometidas en las propias y terroríficas Comisarias
de Policía) sin resolver. Por ello, tenemos a bien calificar como GENOCIDIO
y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD el comportamiento que desarrollan habitualmente
las diversas fuerzas de seguridad del estado, integradas por antiguos torturadores,
genocidas...
Es preciso resaltar que los asesinatos y torturas se suelen dirigir habitual
y sistemáticamente contra población y ciudadanos sin recursos
económicos y con escasa o nula capacidad para obtener una defensa jurídica
o humanitaria. La planificada y calculada represión y la persecución
que aplican las diversas fuerzas policiales va, esencialmente dirigida a ciudadanos
pobres, parados, niños, jóvenes, estudiantes, sindicalistas, periodistas,
intelectuales...
Dado que hay miles de casos sin resolver. Dado, asimismo, que hay practicas
habituales, sistemáticas y constantes de torturas, secuestros, desapariciones,
ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones, persecuciones, amenazas contra
personas y contra determinados grupos (excluidos, estudiantes, sindicalistas,
periodistas, intelectuales, parados...), consideramos que es competencia de
la Corte Penal Internacional y de la Audiencia Nacional de España intervenir
y activar los mecanismos precisos para el procesamiento de los responsables
del genocidio y de los crímenes contra la humanidad que se comete a diario,
y con total conocimiento de las autoridades. Es necesario que los responsables
intelectuales y materiales de los numerosos asesinatos, desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales, torturas... sean juzgados con las debidas garantías,
así como se proceda a la reparación a las víctimas y a
sus familiares.
En consecuencia, solicitamos el procesamiento del Dr. Eduardo Duhalde y del
Sr. Carlos Federico Ruckauf, como máximos responsables de los crímenes
contra la humanidad que realizan, con total impunidad y a plena luz, determinados
miembros de las diversas fuerzas de seguridad del estado.
Adjuntamos documentación xerocopiada donde se detallan diversos casos,
adquiriendo el compromiso firme de presentar abundante información, informes,
testimonios personales y denuncias de otros asesinatos, secuestros, ejecuciones,
robos... efectuados por policías y agentes de la SIDE y que no han sido
resueltos por el cautivo poder judicial de la Nación Argentina, hoy un
país en plena descomposición, gobernado por corruptos y genocidas...
A tal fin, estimamos que se debe ordenar la detención internacional contra
el Presidente de la Nación Argentina y contra el actual Canciller de
Asuntos Exteriores, pues ambos son acusados, de manera consciente y oficial
por nuestra entidad de cometer crímenes contra la humanidad, de provocar
e instigar acciones tendentes al genocidio, de crear y alimentar comportamientos
delictivos en las fuerzas de seguridad del estado que constituyen una clara
practica de terrorismo de estado.
La jurisdicción y competencia de España para enjuiciar estos delitos
-en aplicación del Principio de JUSTICIA UNIVESAL- fue reconocida por
el Pleno de la Sala de la Audiencia Nacional los días 4 y 5 de noviembre
de 1998, basándose en la legislación española y en los
tratados internacionales firmados por España en materia de protección
de los Derechos Humanos.
Atentamente,
Valencia - España, a 12 de agosto de 2002
CERCLE OBERT
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO
