PRUEBAN QUE LA DICTADURA RECONOCIA EL ROBO DE BEBES
El embajador y el plan sistemático Un documento desclasificado revela
que el gobierno de Bignone, a través del embajador Lucio García
del Solar, reconocía en 1982 la apropiación de bebés y
se negaba a buscarle una solución.
Lucio García del Solar, revelan los documentos, se reunió con
Elliot Abrams en Washington.
Por Victoria Ginzberg
"Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos
nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra
sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban
vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El
embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con
su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su
visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los
chicos a sus padres adoptivos." El párrafo fue escrito por Elliot Abrams,
de la oficina de derechos humanos de la subsecretaría de Estado norteamericana.
Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos el martes
y es una nueva prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse
de los hijos de los desaparecidos. Tal como comprobaron las Abuelas de Plaza
de Mayo, los altos mandos militares sabían que los niños estaban
en manos de sus compañeros o cómplices e hicieron lo posible para
ocultarlo.
El 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador
argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió
con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de
Washington. "Había dos temas principales, la certificación (una
especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos",
apuntó el funcionario estadounidense.
Durante la conversación, Abrams le preguntó a García del
Solar "cómo la cuestión de los desaparecidos podría afectar
el futuro desarrollo político. Cómo podría llegarse a un
convenio entre los militares y los partidos". El embajador contestó que
no había una respuesta clara. Pero que era optimista porque "en discusiones
privadas los líderes políticas eran mucho más sensibles
y realistas de lo que eran en los discursos públicos, así que
probablemente podría alcanzarse un compromiso que satisficiera a todos".
Luego del análisis político –según consta en el memorándum
que contiene párrafos todavía secretos– Abrams introdujo el tema
de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía
personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado
en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari–
y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone, que está
preso en la causa por robo de bebés por haber garantizado la impunidad
a quienes planearon y ejecutaron ese delito.
"Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia
o por una comisión que incluya la Iglesia, a doctores, etc. Las acciones
respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario
y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de
acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires",
prosigue el documento.
Con la llegada de la democracia y el comienzo de los juicios a los violadores
de los derechos humanos, los militares, e incluso el gobierno de Raúl
Alfonsín, sostuvieron que la apropiación de niños fue uno
de los "excesos" de la represión ilegal, un delito cometido por unos
pocos fuera de la estructura montada por los jefes castrense. Las Abuelas de
Plaza de Mayo y abogados defensores de derechos humanos demostraron a través
de estos 25 años que el robo de bebés fue una práctica
sistemática. El documento comprueba que los altos mandos sabían
y apañaban a los apropiadores de bebés.
Diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García
del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo habían estado en la embajada
de Estados Unidos en Buenos Aires. María Isabel Mariani –por entonces
presidenta de la institución– y Estela Carlotto –vicepresidenta (aparece
como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 "que representaban
a 117abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos
o que nacieron durante la detención de sus padres".
"Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros
abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta
del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas
de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya
ubicados con padres adoptivos", sostiene el cable fechado el 10 de diciembre
en el que se relata la reunión en la que las mujeres pidieron que Estados
Unidos aumentara la presión sobre Argentina por los desaparecidos.
Cuatro años antes, la embajada de Estados Unidos recién comenzaba
a conocer a las integrantes del "Grandmothers group". En agosto de 1978 las
Abuelas les habían presentado una lista de 16 niños desaparecidos.
Pero en setiembre de ese año, los norteamericanos aún tomaban
con escepticismo sus denuncias. "Nosotros sabemos que el gobierno argentino
cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos
de adolescentes. (...) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada
que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo
de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración
de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes
desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones
sobre chicos desaparecidos", se asegura en un documento del 29 de setiembre
de 1978. Se equivocaron. Los militares se apropiaron de alrededor de 500 niños.
Algunos eran bebés y fueron secuestrados con sus padres. Otros nacieron
en maternidades clandestinas especialmente preparadas para ese fin
Famus, a pedir plata
No sólo los familiares de los desaparecidos y organismos de derechos humanos que pedían datos sobre las víctimas del terrorismo de Estado eran recibidos por la embajada norteamericana. En marzo de 1984, cuando ya gobernaba Raúl Alfonsín, una delegación de Famus (Familiares de Muertos por la Subversión) fue recibida por el vice subsecretario para Sudamérica, Lowell Kilday, y el oficial de la embajada Anthony Allitto. Por Famus estuvieron Luis María Paiva y María Fátima de Castellanos. Los miembros de esa agrupación fueron a pedir dinero. "Dr. Paiva explicó que la organización recibía más publicidad ahora que nunca antes porque Argentina había vuelto a la democracia pero que todavía estaba corta de fondos y recursos. Preguntó si Estados Unidos podía ayudar proveyendo fondos e información sobre el incremento de la subversión en Argentina", dice un documento de 19 de marzo de 1984. La embajada contestó que no era capaz de hacer ninguna de las dos cosas porque era interferir en los asuntos internos de Argentina.