Una sala con antecedentes oscuros en materia de discriminación confirmó una condena a una maestra rionegrina que participó de un corte de ruta. La docente apelará ante la Corte Suprema.
El reclamo social se ha ido extendiendo en estos años y los cortes de ruta son cada vez más frecuentes.

Por Adriana Meyer

La Justicia volvió a determinar que cortar una ruta es delito. Tras escuchar los argumentos del fiscal Juan Romero Victorica, la sala I de la Cámara de Casación Penal ratificó el fallo del juez federal de Bariloche Leónidas Moldes que condenó a Marina Schifrin a tres meses de prisión en suspenso por participar de la interrupción del tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche, durante una manifestación en defensa de la escuela pública. La sentencia de Moldes también impuso a esta docente la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas. "Ya hubo balas, ahora van por la represión judicial", opinó Schifrin en diálogo con Página/12. "Vamos a apelar a la Corte Suprema porque cortar rutas no es delito como pretenden estos jueces, que una vez más han criminalizado el conflicto social en lugar de contribuir a solucionarlo", agregó. Ese fenómeno ya suma 3 mil procesados por protestar en todo el país (ver aparte).
Marina Schifrin tiene 41 años y desde hace 20 ejerce la docencia. Es profesora de matemática en la Universidad Nacional del Comahue y en el Instituto de Formación Docente de Bariloche. Integra la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. En marzo de 1997 intervino en el corte del puente del arroyo Ñireco, donde reclamaba junto a otros docentes, padres y alumnos contra la rebaja salarial docente y en favor de la escuela pública. Llegó a juicio porque, a diferencia de las otras ocho personas que fueron procesadas en el expediente, no aceptó pagar multas ni acogerse a la probation. Consideraba que no había cometido ningún delito. En setiembre fue condenada por "impedir y entorpecer el funcionamiento de los medios de transporte". El fiscal Jorge Bagur Creta había argumentado que el derecho a peticionar no puede estar por encima del que garantiza la libre circulación. En aquel momento, Schifrin recordó que "en el año ‘97, después de los episodios de Cutral-Có, (Carlos) Menem escribió una solicitada que decía que los cortes de ruta debían ser castigados por la justicia y el fallo respondió a eso".
Los jueces de Casación Alfredo Bisordi y Liliana Catucci votaron a favor de la ratificación de la condena, mientras que el tercer miembro de la sala I Carlos Rodríguez Basavilbaso se pronunció en disidencia porque consideró que en el poder político ya hay "tolerancia y compresión" frente a este tipo de protestas. Según relató Schifrin, el camaristas razonó que si los manifestantes estaban cometiendo un delito debieron ser detenidos en forma inmediata. Y aseguró que una condena sobre la docente es discriminatoria teniendo en cuenta que muchas personas han participado de innumerables cortes de rutas. En cambio, Bisordi y Catucci llegaron a calificarlos como hechos de violencia.
"Esto afecta a todo el campo popular porque apunta a crear jurisprudencia para encarcelar y condenar a los que reclaman", opinó Schifrin desde su casa en Bariloche. Por ese motivo espera que la apelación a la Corte Suprema se convierta en un hecho político. "Estos jueces y fiscales no tienen integridad moral para condenar a una luchadora como Marina Schifrin, por lo que expresamos nuestra solidaridad con ella frente a un nuevo caso de criminalización de la protesta social", expresaron los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Recordaron que cuando Romero Victorica asumió como fiscal se abrazó al ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, y que Bisordi no encontró discriminatorio que un grupo de skinheads le gritaran a un joven "judío de mierda". Schifrin, de origen judío, sospecha que este camarista, que avaló la teoría de la implosión de la Embajada de Israel, tuvo una actitud antisemita al juzgar su caso.