Argentina: La Lucha continúa

"La miseria y la desatención médica, educacional y alimenticia en nuestros barrios no nos deja margen para asustarnos ni siquiera aún después de los brutales crímenes, por lo tanto decimos que seguiremos en pie de lucha... "
(declaración de la CTD Aníbal Verón)



Represión en varios tiempos:

Primer tiempo, un ministro que llega desde muy atrás
Seis días antes de la realización del operativo represivo que el pasado 26 de junio conduciría al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kostelli, dos piqueteros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Carlos Ruckauf, canciller del gobierno Duhalde, hacía unas declaraciones muy significativas. Lo serían mucho más cuando el trabajo de los medios alternativos aclarase unos hechos que además de los dos asesinatos mencionados, acabarían con una decena más de trabajadores heridos de bala, casi un centenar de apaleados hospitalizados y cerca de dos centenares de detenidos, además de varios allanamientos de extremada violencia. Todo ello en el desarrollo de lo que después aparecería como una auténtica y salvaje "cacería" policial programada.

Aquellos duros años
Ruckauf recordó su firma, como ministro de Trabajo, del decreto que el lejano cinco de octubre de 1975, bajo la presidencia ya nominal de Isabel Perón y el gobierno de Italo Lúder, ordenó que:
"las Fuerzas Armadas procedan a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país".
Tal como se expresaba claramente en el texto del decreto firmado entonces por el hoy canciller argentino, era el inicio "legal" del exterminio de toda una generación de militantes sociales, la liquidación física de todos los "portadores humanos" de cualquier idea de cambio social. El "accionar subversivo" era el asunto a aniquilar.
La salvaje operación había sido iniciada -algún tiempo antes de la promulgación de ese decreto de aniquilamiento- bajo la dirección de López Regá, "El Brujo", máximo asesor presidencial de "Isabelita", compañero de gabinete de Ruckauf. López Regá era el jefe de la "Triple A", una organización semiencubierta que implementó una feroz guerra sucia. El Decreto 261, segundo escalón en la institucionalización de esa guerra sucia, abriría el camino a los secuestros, desapariciones y a los campos de internamientos en las unidades militares.
La práctica aniquilatoria, una vez realizado el golpe militar, sería integrada en la organización estatal para alcanzar la máxima "sistematización y masificación represiva". El estado se constituyó en una red "clandestina" de exterminio. A la universalidad represiva que ya establecía el Decreto 261, se le añadiría el ensañamiento sistemático y extremado, la tortura generalizada, las desapariciones, los asesinatos masivos, la organización estatal y continental para aquél exterminio. El resultado final del proceso fue toda esa terrible historia de inhumanidad casi inconcebible. Ruckauf había estado en el punto medio entre la guerra sucia dirigida desde el gabinete ministerial y la conversión del estado en una maquina genocida.
Fue el rápido desenrollar de un ovillo al que Ruckauf dio un estratégico empujoncito.

Buscando cómplices imprescindibles
Pero no sólo había recuerdos y orgullosas evocaciones nostálgicas en el discurso del canciller.
Ruckauf, que acababa de regresar muy ufano –y, sin duda, muy bien "aconsejado"- de Washington, declaró que no se arrepentía de haber firmado aquél decreto. "Volvería a firmar con gusto", si aquellas circunstancias volvieran a repetirse -se vanaglorió ante un auditorio muy peculiar. Y añadió -buscando identificaciones lejanas y complicidades inmediatas- que tal hipótesis no podía descartarse.
Decenas de mandos superiores de la fuerza aérea argentina escuchaban sus palabras. Oficiales de estado mayor conocedores de los desmanes del pasado y de los nuevos vientos del Imperio, expertos de las "ambigüedades necesarias" del discurso político público y del escalonamiento en la llegada del terror, recibían verbalmente un guiño similar al de 1975.
El ministro de exteriores de Duhalde asumía ante un auditorio de buenos entendedores todos los tiempos y las fases de un proceso represivo de enorme magnitud: terrorismo paramilitar, represión incontrolada bajo fachada legal, y genocidio "informal" con aplicación de toda la estructura estatal.
Ruckauf justificaba la antigua intervención militar, y la venidera, apelando a la necesidad de luchar contra los "desbordes sociales".
"Y vienen días de desbordes"-aseguraba, incitando, el canciller.
Claro que el antiguo compañero de López Regá y protegido de Massera, que reivindicaba el "mérito" del decreto de aniquilamiento, se cuidaba de distanciarse, por el momento, del posterior golpe de Videla, advirtiendo del carácter "plenamente constitucional" de aquella lejana orden de exterminio. Como bien sabe Ruckauf, las formas son más flexibles que nunca en nuestro tiempo. Léase si no el decreto del "demócrata" Carmona en Venezuela, dado por bueno por el gran consorcio democrático mundial incluidos todos los grandes medios de comunicación. El tan traído y llevado "estado de derecho" permiten la puesta en marcha de una "democracia blindada", con fachada civilizada y brutalidad invisible.
Esa es realmente la apuesta de Ruckauf, justo la misma que había firmado bajo el Decreto 261 en 1975.

Ruckauf y los derechos humanos
Los criterios de Ruckauf sobre derechos humanos -que no conciben que pueda hablarse de "desborde social" ni de "responsabilidad política" alguna en el rapidísimo crecimiento de esa masa de 18 millones de pobres y de 6 o 7 millones de desamparados que tiene Argentina- y sobre los límites de la represión política en un mundo en el que cualquier forma de protesta o proyecto de cambio es asimilable al terrorismo, son absolutamente compatibles con los de la administración Bush. No en vano el canciller argentino fue uno de los agentes principales de la propuesta de condena a Cuba que patrocinaron los EEUU en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
No es ocioso recordar que Carlos Ruckauf, no sólo comparte criterios sino también un largo historial de delincuencia social equiparable con el de la inmensa mayoría de los responsables de la política de Estados Unidos para América Latina. Este "yes man" -como le han calificado por su obediencia imperial- fue vicepresidente con Menem, el principal artesano del sistema de exclusión, empobrecimiento y marginación de las masas. También fue, hasta hace pocos meses, el gran promotor y propulsor de los métodos policiales de mano dura: "meter bala" y "gatillo fácil", en su etapa de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tampoco puede olvidarse que en su gobernación provincial nombró ministro de Seguridad nada menos que a Aldo Rico, jefe de los "carapintadas", que a golpe de amenaza armada habían conseguido la promulgación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y con ellas la impunidad de todos los genocidas argentinos.
El canciller caracteriza muy bien, aunque no por sí sólo, al gobierno de Duhalde.

Algunas otras bestias
Justo una semana antes de que Ruckauf insinuara el programa represivo consensuado en Washington con Otto Reich –uno de los múltiples expertos de la desestabilización y la guerra sucia de gran intensidad, que ha rehabilitado el presidente Bush-, la construcción artificial de una situación del "accionar subversivo" que justificaría "aniquilamientos legales" se había puesto en marcha.
El ministro de Defensa perpetuo, Jaujarena –la componente gubernativa del radicalismo- y el general Brinzoni, jefe de las Fuerzas Armadas, habían expresado la necesidad de unificar en un sólo ministerio las cuestiones de defensa y seguridad, es decir, de implicar a las fuerzas armadas en el control ciudadano y la represión de "los desbordes sociales" cuya eventualidad afirmaba también el jefe del Gabinete Alfredo Atanasof.
Con esa propuesta –cuyo responsable directo es Duhalde- se intentaba liquidar una de las escasas defensas jurídicas establecidas contra la posibilidad de retorno al "proceso", que se habían puesto en marcha en los primeros años posteriores a la dictadura militar.
Brinzoni llegaría mucho más allá en su identificación entre la defensa y la seguridad. Nada menos que hasta la vindicación del esquema básico de la teoría de la "seguridad nacional", componente estatal de la teoría madre de la "seguridad continental" o "seguridad hemisférica" que exportaban en los años de la Operación Cóndor los Estados Unidos. "Por razones ideológicas y de nuestra historia -posiblemente justificadas en el pasado- hemos artificialmente diferenciado entre amenazas externas e internas. Esto no es así".
El día 25 de junio se publicaban unas declaraciones de Atanasof en las que acusaba a las organizaciones piqueteras de establecer el caos en Argentina. Todo quedaba listo para el "desborde social" y la represión del día 26.

Segundo tiempo: "Argentina no aguanta más violencia"
En boca de ese mismo Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete, Duhalde asumía, horas después del asesinato de los dos piqueteros, la tesis propagada por la policía. Los muertos, los heridos de bala y los desmanes, eran atribuidos a las disputas internas de los piqueteros y a sus actos de provocación. La policía no había utilizado balas de plomo. La tesis de la "insurgencia piquetera" cobraba fuerza en una situación dominada por la inmediata reproducción de las versiones político-policiales por la inmensa mayoría de los medios de comunicación.
Atanasof-Duhalde, con aire trágico y discurso pacifista, advertía ante las posibles reacciones de cólera de los sectores populares y la continuación de las protestas: "este país no soporta más violencia".
En Argentina una violencia realmente intolerable se ha desatado desde hace mucho tiempo: mientras que en la segunda mitad del año 2001 decenas de miles de millones de dólares viajaban al exterior con la benevolencia, cuando no con la complicidad activa y pasiva del gobierno, el paro, el hambre y la marginación total crecían impetuosamente y asolaban a millones de argentinos. Los últimos datos de las agencias humanitarias son realmente terroríficos.
A esta violencia no se refería la voz explícita de Atanasof ni la oculta voz dirigente de Duhalde. Su desvelo era justamente el contrario: criminalizar las demandas de trabajo, de asistencia médica, de subsidios vitales y de comida, los gritos contra el hambre, la miseria y la marginación total, de millones de personas. El sufrimiento de media Argentina asolada por la pobreza no significa nada para Duhalde, Ruckauf, Atanasof, Jaujarena o Brinzoni, pero es el primer dato sobre el inevitable desborde social que manejan todos ellos.
El gobierno, la policía y los grandes medios de comunicación construían, sobre un guión claramente preestablecido, los sucesos del puente Pueyrredón y del barrio y la estación de Avellaneda.

Tercer tiempo: la historia oficial
El jefe de policía testigo de cargo
Fue el jefe del operativo policial, Alfredo Franchioti, el testigo de cargo contra los piqueteros utilizado por los máximos responsables de seguridad provinciales y federales.
Él era una pieza clave, inmediata, para advertir que se habían dado las condiciones para el lanzamiento de la versión oficial, para canalizar según el guión establecido la información de los medios y el trabajo sistemático y machacón sobre la "opinión pública". Como meses antes en Venezuela, el método de construcción virtual de la verdad volvía a repetirse. El peor testigo imaginable daba cuenta de los hechos. A sus "apreciaciones" se remitían también los portavoces más cualificados del gobierno argentino –Matzkin, Atanasof-, y servían de base informativa a los más afamados analistas de las grandes cadenas de TV y los demás medios de comunicación.

La verdad se anuncia con un puñetazo
Claro que también, de manera inmediata, y en lo que era el primer gesto simbólico y vendría a ser el primer gesto justiciero, uno de los piqueteros aparecía en el campo visual de la cámara y propinaba a Franchioti un rotundo puñetazo. La ira de los piqueteros baleados y golpeados se colaba sin invitación en los manipulados noticieros de la televisión argentina -y en los igualmente manipulados noticieros internacionales- y rompía el marco autoridad-devoción que establecen los medios. El asesino era señalado por aquél puñetazo anónimo que irrumpía en la pantalla.
Los medios de comunicación se mantuvieron ciegos, sordos y mudos a otras imágenes, relatos y denuncias que no coincidieran con la historia oficial de Franchioti-Atanasof. En realidad estaban colaborando en la creación de la situación anticipada por Ruckauf en su conferencia con los oficiales de alto rango de la fuerza aérea.
Los fiscales y los jueces permanecieron impasibles ante la evidencia de dos piqueteros muertos, una decena heridos de bala y un centenar brutalmente golpeados y hospitalizados, casi todos ellos en un escenario bastante apartado del puente Pueyrredón.

Cuarto tiempo: investigación bajo amenaza
La evidencia, que siempre estuvo al alcance de todos los que tienen la obligación de contarla, aparecerá en los medios alternativos. Lo hará después de un proceso de acumulación de datos, de pruebas y de testimonios que se produce a pesar de las presiones, amenazas y coacciones policiales. La publicación en Página 12 y en Indymedia de las fotografías que hace Sergio Kovaleski –un periodista que trabaja con las Madres de Plaza de Mayo- descubre al mismo tiempo dos verdades.
La primera son los hechos realmente ocurridos durante y después de la manifestación de las organizaciones piqueteras que pretendieron el corte de ruta en el puente Pueyrredón el día 26 de junio. Las fotografías, vídeos y grabaciones sonoras, así como el testimonio de testigos y los rastros en el "campo de batalla", componen un relato final, indiscutible, radicalmente distinto a las versiones iniciales del gobierno y los grandes medios. Fue una tremenda "cacería" planeada, en la que toda la violencia fue generada por las propias unidades policiales. Los trabajadores desocupados de las organizaciones piqueteras fueron dispersados hasta que todos lo grupos desaparecieron como tales, y después perseguidos, acorralados, brutalmente golpeados, tiroteados y asesinados.
La segunda verdad es la verificación de que el comportamiento del sistema de medios de comunicación –Falsimedia- es una parte prevista del plan represivo. El hecho fundamental no es que estos medios dejen el campo libre a la policía sino que seleccionan su información para que encaje en la "historia oficial", en el guión preestablecido. La aparición súbita de fotografías y vídeos con posterioridad al derrumbe de la versión policial así lo pone de manifiesto. Las pruebas documentales existían cuando los medios reproducían la versión del gobierno y sembraban odio contra las víctimas de la masacre. Las imágenes de los asesinatos y de los asesinos fueron ocultadas por los fabricantes de "opinión pública". Se trata pues de información cómplice. Otra vez como en Venezuela durante el golpe de Carmona, el guión previo sirve para acomodar imágenes y testimonios "convenientes".

Lo que señalan los hechos más sencillos
Una vez descubierta la existencia de un plan represivo todos los hechos se convierten en significativos. Lo son las declaraciones de Duhalde, Ruckauf, Matzkin, Atanasof, Jaujarena o Brinzoni y los viajes a Washington del canciller argentino. También lo es la presencia de Otto Reich –mientras escribo estas líneas- en Buenos Aires. Pueden ser recorridos para intentar extraer algunos datos parciales sobre la situación argentina. Pero además de esos hechos importantes, algunos detalles muy sencillos, aparentemente irrelevantes, dan testimonio del "ambiente" en el que actúan los agentes políticos y sociales en Argentina.
Sin otro ánimo que el de colaborar en el análisis alternativo que tenemos que construir entre muchos, señalo alguno de ellos:
-Es muy significativo que en un operativo tan complejo –intervienen cuatro agencias policiales distintas y con distinta dependencia: una provincial y tres federales-, que por ello requiere de instrucciones y coordinación muy precisas, se desarrolle un plan represivo y de implantación del terror –incluye apaleamientos, tiroteo indiscriminado, allanamientos y asesinatos selectivos- que es capaz además de producir una versión oficial única. Casi nada es accidental en los sucesos del día 26 de junio en Pueyrredón-Avellaneda.
-Hay un convencimiento policial de que la impunidad está asegurada. Sólo así se explican los cartuchos de plomo en cananas a la vista, la actuación abierta de provocadores policiales, la persecución despiadada, los asesinatos ante las cámaras, el reparto de tareas en los asesinatos.
-Es escandaloso el alarde con el que actúa la policía: el jefe asesina y miente ante las mismas cámaras.
-Es evidente un alto grado de planificación y un alto nivel de complicidad entre los medios de comunicación, los jefes políticos y los mandos policiales.
-A pesar de todo eso, las responsabilidades se detienen ante el jefe de una operación policial con cuatro ramas orgánica y políticamente independientes, al que el gobierno y los medios presentan como un "don nadie".

Estamos ante una empresa y un método represivos de responsabilidad limitada: Represión R.L.

Antonio Maira
Cádiz Rebelde