Argentina: La Lucha continúa

Julio Sevares
ATTAC
Es la receta del gobierno de los Estados Unidos y del FMI para la Argentina y el resto de Latinoamérica.
En su reciente exposición ante el Consejo de las Américas, la número dos del FMI, Anne Krueger, sostuvo: "Mientras la caída en la actividad económica ha sido común para el norte y el sur, las respuestas políticas han sido, necesa-riamente, diferentes. Los Estados Unidos y Canadá adoptaron políticas monetarias y fiscales crecientemente expansionistas para apoyar una pronta recuperación. Pero la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe fueron restringidos a políticas más restrictivas por finanzas públicas más débiles".
En efecto, inmediatamente después del atentado del 11 de setiembre, el gobierno de los Estados Unidos y el resto de los países industrializados dispusieron importantes partidas de gastos destinadas a contrarrestar el impacto recesivo que el suceso tendría sobre las economías ya debilitadas. Los Estados Unidos estaban, en ese momento, empeñados en una política de mantener el equilibrio presupuestario, pero decidieron abandonar el proyecto privilegiando la reactivación económica.
En su última edición el World Economic Outlook del FMI reconoce el aporte del estímulo fiscal para la recuperación de la economía y considera que debe reducirse en la medida que la economía se recupere.
Pero, en su edición del 20 de abril pasado, The Economist sostiene que "la historia reciente no permite esperar mucho sobre restricción fiscal: el gasto discrecional no asociado a la defensa estaba aumentando rápidamente mucho antes de la guerra contra el terrorismo. Tanto republicanos como demócratas han ya acordado informalmente en límites más altos para el presupuesto del año que viene."
El peor camino
En los últimos años, los gobiernos argentinos hicieron una elección diferente: ante la encrucijada de cumplir con la ortodoxia fiscal y revertir la recesión, eligieron la primera opción, con consecuencias ruinosas. Los resultados obtenidos por esa opción constituyen un insumo indispensable para imaginar cuáles pueden ser las consecuencias del ajuste fiscal por venir.
En diciembre de 1999, la Alianza recibió del gobierno menemista una economía en recesión y un déficit fiscal del 2,6% del PBI. El gobierno, contradiciendo sus promesas electorales, aplicó una política ortodoxa aumentando impuestos a la clase media y recortando salarios públicos.
El gobierno sostenía que el ajuste despertaría la confianza de los inversores, lo cual contribuiría a reactivar la economía, pero sucedió todo lo contrario. La economía, que venía recupe-rándose desde agosto de 1999, se estancó y, con ella, los ingresos públicos. Las autoridades reconocieron el peligro y anunciaron un plan de construcciones destinado a reactivar que nunca se llevó a cabo, por lo que la actividad y los ingresos siguieron estancados. En el 2000 el gasto público nacional se redujo un 3%, pero los ingresos cayeron un 5%, mientras el pago de intereses de la deuda aumentó 18%. El resultado negativo de las cuentas públicas creció un 42%. Como consecuencia de la política restrictiva el PBI cayó 2,4%.
Luego del breve y fallido tránsito de Ricardo López Murphy y su programa ultra ortodoxo, retornó al Ministerio de Economía Domingo Cavallo. El funcionario prometió un cambio de estrategia con una política de reactivación que nunca se materializó. La economía y la situación fiscal siguieron deteriorándose, hasta llegar al colapso en los últimos tramos de 2001. Ese año el gasto público aumentó un 4% debido al incremento en los intereses de la deuda pública, mientras los ingresos bajaron un 5% como consecuencia de la recesión. El desequilibrio del sector público nacional aumentó 57% superando el 3% del PBI. A fines de 2001 el sector público estaba quebrado.
El gobierno de Eduardo Duhalde-Remes Lenicov inició su gestión prometiendo un cambio de estrategia y privilegiando los intereses del sector productivo. Sin embargo, muy pronto comenzó a retroceder sobre sus pasos y a impulsar, en acuerdo con el radicalismo, una nueva ronda de ortodoxia fiscal.
En este caso la disciplina es inevitable por el simple hecho de que el Estado no cuenta con financiamiento interno ni externo. El Gobierno tenía la opción de buscar el equilibrio expandiendo la base fiscal y recaudando sobre los beneficios de la devaluación. Pero eligió una alternativa de ajuste que profundizó la espiral implosiva de recesión y caída en la recaudación: en los cuatro primeros meses la recaudación tributaria total cayó un 17% y la del IVA un 32% en relación al mismo período del año pasado.
Además, la nueva administración, respondiendo a la exigencia del FMI, dejó flotar el tipo de cambio, sin contar con reservas para controlarlo, lo cual disparó el dólar y generó un costo fiscal gigantesco en materia de compensaciones a endeudados, ahorristas y sistema financiero. Por otra parte, decidió aplicar en forma demorada y parcial las retenciones a las exportaciones, el único instrumento que permite cobrar impuestos a los beneficiarios directos de la devaluación, al mismo tiempo que reducir el impacto de la misma sobre los precios. Esto último es importante en materia fiscal porque la inflación licúa los ingresos de la población, con efectos lesivos para la capacidad recaudatoria.
Se ha decidido, finalmente, respondiendo a la ortodoxia monetaria limitar la emisión de bonos provinciales, lo cual contribuirá a reducir la capacidad de pago de las provincias y el consumo, que constituye el 80% del PBI y la principal fuente de recaudación por impuestos directos e indirectos.
*Economista, periodista y Coordinador del Consejo Académico de ATTAC-Argentina