ISIDORO GILBERT /La Republica
La detención de unos 40 militares y policías, casi todos jubilados, por haber participado de la desaparición de militantes Montoneros a principios del los 80, está provocando cierto remezón en las Fuerzas Armadas porque el lote incluye a un militar en actividad.
A nadie parece preocuparle la suerte del más notorio de ellos, el ex jefe del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, tanto por su desprestigio por como llevó al país a la guerra con el Reino Unido en 1982 por las islas Malvinas, como por su papel activo en la represión en los años del terror.
Pero en esta ocasión la resolución del juez Claudio Bonadío lo encarta en las violaciones de los derechos humanos, de lo que había zafado incluso en el famoso juicio a las Juntas Militares a mediados de los 80.
Quien provoca lo que los matutinos Clarín y La Nación califican como "preocupación" en ámbitos castrenses y en el Ministerio de Defensa es el arresto del actual enlace entre el ministerio de Defensa y la SIDE (Secretaría de Inteligencia) y ex jefe de la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coronel Alberto Crinigan.
"La Nación" afirma que "entre los principales oficiales del Ejército circula el convencimiento de que se trata de un movimiento alejado de lo estrictamente judicial".
Es decir, político, incluso algún uniformado, según el mismo matutino, lo considera una "provocación".
Una fuente militar comentó a LA REPUBLICA que la resolución del juez Bonadío cabalga sobre el estado de ánimo de amplios sectores de la ciudadanía que apoyan a figuras del espacio de centro izquierda e izquierda que incluso pueden ser gobierno. Pero, aclara, el malestar entre los oficiales no saca ni un milímetro a las FFAA de su papel dentro de lo establecido por la Constitución Nacional.
Sobre impunidad
"La Nación" escribe editorialmente que "la determinación del juez Bonadío, basada en la declaración de inconstitucionalidad del punto final y la obediencia debida, es un retroceso en materia de seguridad jurídica".
Dicho de otra manera, impunidad sería la que la asegura la seguridad jurídica, extraña reflexión.
No fue el único juez en declarar inconstitucional las llamadas leyes de impunidad y la Suprema Corte que si las consideró legales, debe definirse frente a los nuevos pronunciamientos y a sus argumentos.
El diario no está, de todos modos, solo.
Una alta fuente del Ejército consultada por Clarín manifestó su "preocupación por la detención de un oficial como Crinigan y también por el resto de los militares --17 de los cuales tienen más de 70 años-- porque va contra el espíritu de pacificación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".
Crinigan es el segundo militar en actividad detenido por la Justicia desde las rebeliones carapintadas de 1987 y 1988. El primero fue, en diciembre de 1999, el teniente coronel Julián Corres, arrestado por unos días por orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Entonces hubo murmullos sobre malestar, pero no paso de eso: comentarios adversos.
Crinigan se presentó en forma inmediata a la orden judicial emitida el miércoles y ahora espera a ser indagado para que el juez Bonadío decida si lo procesa, le dicta falta de mérito o lo sobresee.
En el Ejército se afirmaba que Crinigan no estaría vinculado a los crímenes que se investigan. No es lo que dicen testigos.
Los militares están detenidos e incomunicados en el Regimiento de Patricios o en Granaderos, excepto Galtieri, quien se encuentra en su casa por problemas cardíacos. Como tiene más de 70 años, pediría el arresto domiciliario, tal como establece la ley. Se estima que las indagatorias terminarán el viernes o lunes próximos.
Aparecen documentos de la represión
Durante la gestión del ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, Crinigan fue jefe del Centro de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM), organismo que reemplazó al disuelto y tristemente célebre Batallón de Inteligencia 601.
Cuando el hoy coronel era teniente primero, revistó en el 601 y es por eso que el juez Bonadío lo llamó a indagatoria junto a otros militares retirados que integraron ese batallón.
El 601 ha sido para el Ejército lo que la Escuela Mecánica para la Armada: organizador de la represión ilegal, en este caso, contra la llamada "contraofensiva montonera" de fines de los ´70 y principios de los ´80.
La debían llevar a cabo las llamadas "Tropas Especiales de Infantería (TEI)", montonera, que comandaba el sobreviviente Cirilo Perdía desde el exterior.
Los militares cuentan que se sienten presionados desde la caída de Fernando de la Rúa para que ocupen un lugar activo en la actual crisis, sobre todo frente a las luchas sociales. Lo enfatizan en estos días, no casualmente.
La investigación del juez Bonadío no es inopinada, lleva años y miles de fojas acumuladas con nuevos elementos aportados entre otros, por la que fuera esposa del desaparecido Lorenzo Viñas, hijo del escritor David Viñas, detenido en Brasil bajo el plan Cóndor y llevado a la Argentina.
También por informes que vienen desde España brindados a la justicia de allí por un ex integrante civil del 601. Cosas de la vida: con él y una montonera campeó el "Síndrome de Estocolmo": torturada y espía, formaron pareja y viven en Barcelona. Es esta pesquisa han aparecido documentos sobre la represión que refutan las negativas de todos los jefes militares sobre que todos los registros fueron incinerados ante el advenimiento del gobierno constitucional a fines de 1983.
Los ánimos arrebatados de algunos uniformados, calmados por sus Jefes, coadyuvan para que sigan ocultándose todos los elementos --documentos, testigos, declaraciones de testigos de esos tiempos-- que permitirían esclarecer un período negro de la historia de este país.