Por Gustavo Sánchez

Más allá del carácter interesado de buena parte de las versiones sobre los acontecimientos de diciembre, lo que es válido tanto para las que provienen del dispositivo periodístico como del campo político, lo cierto es que en la rebelión del 19 y 20 convergieron una multiplicidad de factores y de actores sociales, en unas condiciones específicas de difícil dilucidación. Un capítulo pendiente de tales condiciones, también para la presente interpretación, es el que habrá que escribir sobre el papel que los grupos de poder jugaron en la caída del gobierno de De la Rúa.
Resulta difícil cuantificar la influencia que en el inicio de la pueblada, el 19 de diciembre, tuvo la agitación del aparato justicialista de la provincia de Buenos Aires. En cualquier caso, el hecho de que el ex-gobernador Ruckauf haya salido del gobierno nos da la pauta de hasta qué punto las fuerzas populares desbordaron ampliamente cualquier manipulación conspirativa. El número de muertos en episodios de saqueos demuestra también que la pasividad policial se mantuvo apenas durante algunas horas. En las barriadas populares, los que arrasaban con las góndolas de los comercios gritaban ante las cámaras de televisión contra todos los políticos. Sabían que estaban protagonizando un acontecimiento político. Se trata de un dato importante, frente a quienes quisieran reducir el acontecimiento a la rebelión urbana de los sectores medios. Para tal perspectiva, mientras los pobres de la provincia habrían actuado de modo inconciente y desmedido movidos por el hambre y/o la manipulación de los punteros peronistas; las clases medias de la capital lo habrían hecho de modo racional en una demostración de civilidad republicana.
Lo cierto es que hubo en diciembre dos rebeliones, superpuestas, en una cierta alianza táctica que sólo se sostuvo durante un breve período de tiempo. Dos multitudes, para usar una terminología que si bien carece del estatus sociológico de la categoría de clase permite por eso mismo dar cuenta, gracias a su fuerza descriptiva, de la crisis del concepto de clase.
Algunas interpretaciones dan por sentado que el "corralito" de Cavallo fue el principal factor desencadenante de la crisis. Es cierto, siempre que con ello no se pretenda decir que la rebelión fue básicamente una respuesta de los ahorristas que se vieron impedidos de recuperar su dinero. El efecto explosivo de las medidas de Cavallo estuvo dado por la sequedad de la economía, y ésta no fue tanto producto del corralito en sí mismo como de la bancarización forzosa, que dejó sin empleo a millares de trabajadores informales y sin ingreso a otros tantos trabajadores independientes, ya sea por el prolongado feriado bancario como por la necesidad de obtener cuentas de ahorro para percibir los pagos. Todo ello implicó una paralización inusitada del consumo, que puso en jaque al comercio minorista. Subempleados, pequeños cuentapropistas, pequeños comerciantes, trabajadores que no pudieron cobrar su sueldo por el feriado bancario, ahorristas: he allí los principales grupos afectados. De ellos provendrían las acciones de rebelión, evidentemente policlasistas, multitudinarias.
No es un dato menor que el primer cacerolazo importante se produjera en Buenos Aires en días previos al 19 y 20, convocado por la CAME, y ampliamente difundido por los medios de comunicación de Buenos Aires. Cuando la parálisis económica ubicó a los sectores populares de la economía informal en la perspectiva inmediata del hambre, la opción de saquear comercios y supermercados era sólo cuestión de tiempo: que existiera memoria histórica al respecto, en los sucesos de 1989, y que como entonces la estructura punteril del PJ viera en esa perspectiva una posibilidad de arrebatarle el gobierno a los radicales, son hechos que sólo pueden considerarse como facilitadores de los acontecimientos, pero nunca como su causa principal. Es importante señalar en este marco la probada ineficiencia y desinterés del gobierno de De la Rúa para tender una red más o menos extensa de contención social: eran los días del "déficit cero".
Cuando en horas del mediodía del 19 de diciembre la masividad y violencia popular se extendieron por todo el conurbano bonaerense, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adoptó un conjunto de medidas que tendrían un efecto impensado. Ibarra tuvo los reflejos suficientes como para impedir que los saqueos se extendieran a la capital: al amplio operativo policial le sumó la entrega de alimentos en los barrios más críticos. Sólo en algunos pocos lugares de la capital se produjeron saqueos. Esto le permitió a Ibarra salvar su gobierno, pero sería crucial a la hora de generar condiciones letales para el de De la Rúa. Los habitantes de las clases medias de Buenos Aires que salieron a la calle después del discurso presidencial que declaró el estado de sitio, no habían vivido, como los de la provincia, la sensación de terror social que se apoderó de los sectores medios del conurbano. Así, se presentaron las condiciones para la "alianza táctica": la violencia simbólica de la noche del 19, a cargo de los sectores medios, se superpuso a la violencia efectiva de los sectores populares, sin que ambas coexistieran ni en tiempo ni en lugar. Si en el conurbano no se produjeron respuestas masivas después del 19, ello se debió tanto al terror social de los sectores medios que se veían como potenciales destinatarios de la violencia popular, como a la efectiva operación de inteligencia montada por el Gobierno de la Provincia para aterrorizar a los barrios alertando sobre la presencia de saqueadores, alarma que se extendió durante varios días, sobre todo en las zonas populares y de clase media baja.
Una tercera multitud, más difícil de conceptualizar, fue la encargada de asestarle el golpe final al gobierno de De la Rúa y Cavallo. Desde la mañana del 20 de diciembre, las fuerzas de seguridad fueron incapaces de vaciar la Plaza de Mayo, pese al brutal operativo de represión. La composición social mayoritaria de esta multitud estuvo dada por la presencia de jóvenes desempleados, pero durante toda la tarde la afluencia de personas de diferente extracción permitió un permanente recambio que hizo posible resistir la represión. El combate físico de esas horas portaba un símbolo claro: si la plaza se vaciaba el gobierno tendría algunas horas más de vida; si, en cambio, la represión policial cesaba o era desbordada, la dimensión de la movilización podría haber ubicado al sistema al borde de una revolución. Nunca pudo ser más evidente como en esas horas que la represión era una decisión de vida o muerte para el régimen. El resultado fue una suerte de empate, o de un efímero triunfo que pronto se convertiría en provisoria derrota: caída del gobierno, continuidad del régimen.
Las multitudes de diciembre no tuvieron capacidad instituyente. Su heterogeneidad, tanto como la espontaneidad de su convocatoria, atentaron contra esa posibilidad. La incapacidad instituyente estaba en la base misma de su constitución. Las multitudes, en tanto no consiguen cristalizar en herramientas para la lucha política, en la medida en que no puedan "instituirse" a sí mismas como actor social, se ven también impedidas de ser instituyentes de una nueva legitimidad. Las asambleas populares que proliferaron a partir de diciembre fueron un intento de la multitud por instituirse como fuerza instituyente. Pero carecieron de la experiencia política necesaria para afrontar las enormes tareas que se propusieron, y la acción de los aparatos partidarios lejos de ayudar al proceso representó un obstáculo importante. La consigna surgida de las rebeliones de diciembre, "que se vayan todos", expresa ya los límites de la rebelión en clave única de multitud: una expresión de rechazo, de destrucción, que no puede todavía darse a sí misma una positividad.
Estos límites del movimiento popular son los que permiten explicar por qué en una etapa donde parecería advertirse un claro avance de la movilización de masas, el régimen ha podido propiciar la más brutal confiscación del ingreso, a través de una devaluación sin compensación salarial, luego de un momento de indefinición e inestabilidad política que se extendió durante los escasos días de gestión de Rodríguez Saá.
Si la rebelión de la noche del 19 de diciembre está ligada estrechamente al desarrollo de las asambleas populares; los saqueos de la mañana y la tarde se vinculan con las luchas piqueteras, de tradición autónoma y más vasta. Junto a estos desarrollos, la recuperación de fábricas por parte de sus trabajadores y la autogestión de comedores y merenderos populares son parte de los procesos de autodeterminación y ruptura con las instituciones del régimen. En esta misma línea, también podrían ubicarse los nodos de trueque, aun cuando pareciera que este fenómeno ha encontrado su propio límite objetivo. El movimiento social emergente de las multitudes de diciembre tiene por delante la difícil tarea de articularse para enfrentar al régimen. Esta articulación no supone la construcción de una herramienta unitaria que se postule para direccionarlo, sino más bien la invención de nuevas formas de organización capaces de contener y potenciar la multiplicidad del movimiento.