Alejandra Dandan, Página 12

La conmoción por la muerte de tres chicos desnutridos en Tucumán dio lugar a acusaciones sobre el desvío de fondos que deberían usarse para paliar el hambre. Un fiscal, un diputado y un ex ministro aseguran que los recursos se usan con fines políticos. Los padres de la nena muerta, Mariana y Pablo Gómez, junto a dos de sus hijos, también desnutridos. La muerte de María Rosa y de otros tres chicos desató un debate en todo el país.

Junto al hambre y las estadísticas de niños muertos, en Tucumán crecen el escándalo y el debate por el destino de los fondos del planes de ayuda social. Este año la provincia recibió un suplemento de Nación de algo más de dos millones de pesos por bimestre para enfrentar la emergencia alimentaria. Esos fondos fueron a parar a una caja única donde confluyen todas las partidas destinadas a los sectores de menos recursos. En los últimos dos años, hubo cuatro funcionarios manejando esa caja: uno está procesado, otro denunciado por malversación y violación a los deberes de funcionarios público y un tercero tiene a un ex colaborador procesado y a otro con pedido de captura. Ayer, en el cruce de acusaciones y en la polémica abierta por las muertes intervino el presidente Eduardo Duhalde, ministros, especialistas y analistas. Ahora es el entorno más cercano al gobernador Julio Miranda el que quedó en el ojo de la tormenta. Un fiscal, un diputado y un ex ministro fueron los más duros con su gestión: aseguran que parte de los fondos que deberían transformarse en comida son usados en Tucumán como caja de prebendas políticas.
Los cuatro chicos muertos por desnutrición en las últimas dos semanas fueron el emergente de un contexto explosivo: en la tanda de funcionarios procesados, falta de dinero y mala calidad asistencial, en Tucumán confluye una situación de desempleo que ha colocado al 60 por ciento de su población de 1,3 millón de personas bajo la línea de pobreza.
Para frenar un poco de esa sangría, en marzo de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispuso una partida de los 350 millones de pesos del Programa de Emergencia Alimentaria. Tucumán, como el resto de las provincias, recibió aquel dinero de acuerdo con el tipo de coparticipación y sus indicadores de pobreza. Al gobierno de Miranda le tocó 2.732.000 pesos del reparto, una cifra que aún ahora y aún después de las últimas cuatro muertes, Desarrollo Social considera suficiente. Justamente por eso, cuando Hilda "Chiche" Duhalde conocía los casos de los chicos muertos, primero se enojó y después terminó con una pregunta: "¿Qué es lo que había hecho Miranda en todos estos meses con ese dinero?".
Para la oposición la respuesta es una sola: "Tengo la absoluta seguridad de que el gobernador ha malversado fondos", decía ayer José Vitar, uno de los diputados nacionales del ARI por Tucumán que desde hace algunos meses está detrás de las investigaciones en curso. La Justicia tiene en su poder tres causas: una sobre la caja única provincial desde donde se distribuyen todos los recursos que llegan a la provincia; otra sobre los Comedores Escolares y otra sobre el Programa de Políticas Sociales y Comunitarias (Prosoco) destinado originalmente a la población infantil en estado de indigencia. En todas estas causas existen funcionarios del entorno del gobernador comprometidos: entre ellos hubo presos, procesados y otros que aún están con pedido de captura.
Esteban Galván es el fiscal anticorrupción tucumano. El año pasado comenzó a investigar el Prosoco, y a partir de allí al órgano del gobierno que distribuye las partidas asistenciales. Ese órgano es la Secretaría de Desarrollo Humano, el gran agujero negro del gobierno: "Los fondos –dice Galván– se manejan con absoluta arbitrariedad, en el Prosoco por ejemplo se encontró que no hay rendición de cuentas y que en menos de tres meses hubo más de 500 mil pesos que fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios".
En dos años, Desarrollo Social cambió cuatro veces de titular. El primero, Carlos Mirra, quedó procesado junto con otras tres personas por malversación agravada de fondos, fraude y, en su caso, violación a los deberes de funcionario público. El segundo de Mirra en aquella función y en aquel momento era el hermano del gobernador Miranda, uno de los hombres señalados por el diputado Vitar como parte de esa suerte de organización. Después del escándalo, Miranda fue sustituido por el actual ministro de gobierno. Bajo su mandato, dos funcionarios de Desarrollo Humano fueronprocesados por causas similares. Uno de ellos estuvo detenido, el otro, Pedro Ledesma Pose, tiene orden de captura.
"¿Sabe cómo hacían para desviar fondos?", pregunta ahora Galván con un cúmulo de expedientes sobre su escritorio. "Inventaban por ejemplo cooperativas de microemprendores y les designaban una partida como subsidio." En la investigación aparecieron casos escandalosos, como el de una resolución por la que se desatinaba una partida de 400 pesos mensuales a una cooperativa de mujeres indigentes que supuestamente fabricaban dulces. Cuando el fiscal comenzó a chequear la dirección de la cooperativa y los supuestos indigentes, se encontró por ejemplo a Oscar Assán, un ex secretario de Información Pública tucumano. "Assán cobraba como fabricante de dulce pero también –sigue Galván– lo hacía, por otra resolución, como operador de calle y por otra como técnico de enseñanza." Por cada designación, este hombre se llevaba 400 pesos por mes.
Pero Assán no es el único ni aquellas resoluciones las únicas emitidas. Este caso es sólo un caso testigo de un modo sistemático de hacer política en la provincia. Esa es al menos la hipótesis de los investigadores. Entre los beneficiarios de los planes o de las resoluciones de subsidios se encontraron decenas de afiliados del justicialismo. Además, hay pruebas sobre bolsones de comida que no se han distribuido en comedores o en los barrios sino en las populares marchas peronistas.
Por todo esto, ayer el tema del hambre se discutió desde el tipo de política que se hace en la provincia. Y por esto el ex ministro de Salud, Alejandro Sangenis, aseguraba que "los planes sociales no están bien distribuidos". Sangenis estuvo pocos meses en el gobierno y decidió irse este año: "Yo estuve un muy corto plazo –dijo– porque había pedido un contrato social que se rompió con el gobernador". El ex ministro quería, explicó, que haga "política de salud y no política partidaria".
La provincia, en tanto, sólo reconoció la situación de pobreza. El ministro de Salud Enrique Zamudio admitió que son unos 11 mil los menores de edad desnutridos pero ancló el problema en el contexto del país. "No se solucionarán los problemas –dijo– hasta que no se acabe con la marginación."