Stella Calloni, La Jornada

Una multitudinaria marcha multisectorial contra la pobreza cubrió varias calles céntricas de la capital federal, cuyo símbolo Argentina-Biafra, es, en estos días, la imagen de miles de niños desnutridos.
La manifestación de protesta también fue en rechazo a los aumentos de las tarifas de los servicios privatizados, que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una de las nuevas condiciones para firmar un acuerdo con el gobierno argentino.
"No vamos a permitir los aumentos que exigen los bancos y los dueños de Argentina luego de que se han llevado tranquilamente el dinero de millones de personas. Una sola propiedad que se remate significará que no quedará una ruta sin ocuparse" dijo Raúl Castells, dirigente del Movimiento de Jubilados y Pensionados, durante la manifestación de esta tarde, que como otras realizadas en los días recientes indican un severo recrudecimiento del reclamo social.
Los cacerolazos y la cohetería regresaron esta noche al centro, y se advertía la furia, contenida apenas, de la multitud ante amenazas de aumentos tarifarios y remates.
Carteles contra el FMI, y también contra "la debilidad" del gobierno, los "fuera yanquis" multiplicándose daban cuenta del regreso multitudinario a las calles.
Freno a la recuperación
"No hay ninguna situación de default", dijo el ministro de Economía, Roberto Lavagna, al hablar este viernes con la prensa, después de que el gobierno de Argentina dispusiera el jueves anterior pagar sólo los intereses de un crédito del Banco Mundial por 805 millones de dólares, que vencía ayer, lo que causó gran revuelo político.
Lavagna explicó también que Argentina pagó todo este año a los organismos multilaterales, pero como contrapartida no hubo refinanciamientos y esto significó "una reducción de la deuda pública externa" a costa de frenar la reactivación económica.
Ahora, añadió, "la deuda con las instituciones es 4 mil 300 millones de dólares inferior a la de principios de año. Estamos reduciendo la deuda externa. Un país como el nuestro, que está saliendo de una situación difícil, está cancelando la deuda, y por eso puede pedir por lo menos mantener los niveles actuales".
Incluso recordó que "en el presupuesto 2003 está previsto el pago (a los organismos) vía refinanciación, y estaban presupuestados algunos fondos frescos adicionales ligados a las economías provinciales y a la posibilidad de rescatar algunas cuasimonedas (los bonos que utilizan las provincias en estos tiempos)", aunque aclaró que podrían utilizarse otras fuentes de financiamiento.
El presidente Eduardo Duhalde, por su parte, adelantó para el próximo domingo -al regreso de su viaje a República Dominicana, donde asistirá a la Cumbre Iberoamericana- una reunión con los gobernadores de todo el país y líderes legislativos, en un intento por lograr el consenso político que le reclama el FMI para destrabar la negociación.
"Los otros poderes deben tener una visión parecida a la del gobierno para llegar a un acuerdo", señaló Lavagna, quien también aclaró que la reunión está destinada a discutir cuestiones clave.
Las nuevas medidas que demanda el FMI son consideradas como un "combustible que puede avivar el incendio social apenas contenido" si el gobierno las acepta. Entre ellas, la exigencia para no prorrogar las ejecuciones hipotecarias cuando ya hay anuncios de resistencias masivas -el compromiso de no modificar la ley de quiebras, el aumento de tarifas en 30 por ciento contra 10 por ciento que propone el gobierno, cuando la población se ha lanzado a las calles ante este solo anuncio-, la votación de una ley que impida dictar nuevas moratorias impositivas y avanzar en la posibilidad de eliminar los bonos, entre otras.
El FMI exige, además, un ajuste fiscal para lograr en 2003 un superávit primario de 2.5 por ciento, y para esto estima que debe reducirse el gasto en las provincias -donde la pobreza fluctúa entre 40 y 80 por ciento de los habitantes-, y que se aumente la recaudación, sin descartar la suba de impuestos.
También demanda que se frenen los amparos de los ahorradores, sanear la banca pública, exigiendo además un plan para que ingresen capitales privados a los bancos estatales. En suma, como se denuncia desde distintos sectores, "ahora van a por la banca pública".
Sin proyecto alternativo
Ante esta situación, en entrevista con La Jornada el analista Eric Calcagno sostuvo que el mayor problema es que el gobierno no tiene un proyecto alternativo.
"Se necesita una política coherente ante el FMI y el Banco Mundial. No les pagan a ahora, pero han dejado que se vayan del país 8 mil millones de dólares, 4 mil para pagar a los organismos y el resto que se evade. ¿Qué ganamos si no se paga ahora ahora mientras se deja salir ese dinero?", se preguntó el experto. Aunque reconoce que Lavagna se ha manejado bien dentro de las graves circunstancias, "sin embargo, no se ha presentado ningún modelo alternativo".
Agregó: "No es sólo el FMI contra el país, sino que son los sectores financieros locales e internacionales, los dueños del país, y los bancos extranjeros, Repsol (YPF), el Departamento del Tesoro estadunidense y el FMI, entre otros, que imponen una política que este último organismo legitima".
Se lamentó, asimismo, de la ausencia de fuerzas políticas para dar una respuesta conjunta a la grave situación imperante. No las hay, sólo existen "peñas de amigos que se disputan temas electorales en momentos en que el país vive una tragedia", dijo.