En el tramo final del juicio oral y público a dos militantes de derechos humanos por tenencia agravada de explosivos, el fiscal pidió que sigan en prisión pero por tenencia simple. Los defensores reclamaron la absolución.
Jornada de alegatos en el juicio oral y público contra Carlos Bertola y Diego Quinteros, dos militantes de organizaciones de Derechos Humanos que el año pasado fueron arrestados cuando estalló una bomba casera de bajo poder que trasladaban en un remís por el centro porteño.
El fiscal Raúl Balla Simpson pidió la pena de tres años y seis meses de prisión por "tenencia simple de explosivos", de esta forma, el fiscal cambió sensiblemente la acusación con la que los dos jóvenes había llegado a juicio al entender que "no se pudo probar" que los militantes utilizarían el explosivo contra un cajero automático del microcentro, tal como se sospechaba.
Por su parte, los defensores de los acusados insistieron en que los jóvenes deben ser absueltos, no sólo en torno al agravante sino también por la tenencia simple. "Nosotros creemos que no se demostró en el juicio que el explosivo estuviera en poder de alguno de los acusados", remarcó Gerardo Etcheverry, uno de los letrados, tras alegar en la audiencia.
"Nosotros sostenemos la absolución lisa y llana, o sino la absolución por el beneficio de la duda", explicó Etcheverry, al tiempo que remarcó que el fiscal no acusó por tenencia agravada y si el Tribunal diera marcha atrás con esta posición del ministerio público "estaríamos ante un claro caso de discriminación política", apuntó el abogado.
Antes, desde temprano, un nutrido grupo de militantes de grupos de izquierda, estudiantes, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos se concentraron frente al edificio de los Tribunales Federales para reclamar la "inmediata libertad", de Bértola y Quintero.
Sobre el mediodía, se sumaron grupos piqueteros, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, y Movimiento Teresa Rodríguez. En el momento de mayor presencia los manifestantes eran algo más de mil, custodiados de cerca por un centenar de policías de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, armados con palos, escudos y pistolas lanzagases.
Mientras tanto, en el segundo piso del edificio, en la sala de audiencias, declaraba el último testigo, el diputado de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora, otro de los "testigos de concepto" convocados por la defensa de los imputados.
Zamora reiteró ante los jueces lo mismo que había dicho minutos antes a los periodistas, al llegar a Comodoro Py 2002: que los dos acusados "se caracterizaron por tener solidaridad hacia los demás". Además, ante el Tribunal, destacó que "no eran para nada agresivos", a pesar que, en el caso de Bértola, bien podría manifestar resentimiento por ser "hijo de desaparecidos".
Además, Zamora fustigó al juez que instruyó la causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien -aseguró el diputado- agravó la carátula contra los dos jóvenes por "razones ideológicas", es decir, la pertenencia de ambos a organizaciones de izquierda.
"¿Usted cree que en las mismas circunstancias personas con una ideología mas afín a la del poder hubiera atravesado las vicisitudes tortuosas que pasaron estos dos chicos?", se preguntó Zamora y se contestó: "no hay duda que hubo razones ideológicas".
El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se le dará a los imputados la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de difundirse el veredicto, el mismo lunes por la tarde.
Hoy, al terminar la jornada, el centenar de manifestantes que esperaban el final de la audiencia prometieron volver la semana próxima, para seguir reclamando la "libertad inmediata" de sus compañeros.