Martín Schorr (*)
La Insignia.


IV. El desempeño de las firmas prestatarias y las singularidades del capitalismo argentino en los años 90: ganancias extraordinarias y nulo riesgo empresario
Como era de esperar, el beneficio de contar con múltiples cláusulas de "indexación flexible" de sus tarifas (la mayoría de las cuales son violatorias -fundamental, aunque no exclusivamente- de la Ley de Convertibilidad), así como el incremento relativo de las tarifas de los servicios públicos con respecto a los principales precios de la economía que se derivó de las mismas, impactó muy positivamente sobre el proceso de acumulación y reproducción del capital de las firmas privatizadas (y, obviamente, de sus propietarios).

En el gráfico nº 3 se presenta la evolución, para el período comprendido entre 1993 y 2000, de los ingresos por ventas de las compañías privatizadas que integran el núcleo selecto de la cúpula empresaria del país (las doscientas firmas de mayor envergadura que actúan en el ámbito nacional) y del PBI total (en ambos casos a precios corrientes). De la información presentada se desprenden dos conclusiones de suma relevancia. Por un lado, al tiempo que la facturación de las privatizadas creció alrededor de un 85% en el período mencionado, el PBI aumentó cerca de un 20%. Por otro, el mejor rendimiento de las prestatarias privadas de servicios públicos se expresa también en el hecho de que mientras la facturación global de las mismas se expandió en todos los años de la serie analizada, el PBI total tuvo un comportamiento cíclico (registrando una importante desaceleración de su crecimiento en 1995 y una considerable declinación en 1999).

Así, a favor de las diversas disposiciones normativas que les permitieron incrementar sistemáticamente sus tarifas, sumadas a que se trata de servicios básicos que no se pueden dejar de consumir tan fácilmente ante aumentos en sus precios (en otros términos, presentan una reducida -o nula, para algunos segmentos de consumidores- elasticidad-precio de la demanda), las empresas privatizadas han registrado un desempeño económico sumamente exitoso, que se refleja en que se expandieron a una tasa cuatro veces más elevada que el conjunto de la economía argentina y que lo hicieron de manera disociada con relación al ciclo económico interno (es decir, se trata de firmas que han crecido tanto en las fases expansivas como en las recesivas). Como resultado de estos patrones de comportamiento, se puede inferir un significativo incremento en la concentración económica del conjunto de la economía argentina en torno a este reducido -pero privilegiado- número de grandes empresas prestatarias de servicios públicos.




Otra manera de observar la influencia de estas condiciones operativas y normativas sobre la performance económica de estas empresas es analizando la evolución de los márgenes de rentabilidad que internalizaron estas firmas en el transcurso de los años noventa. Al respecto, debe tenerse presente que, según lo demuestra la experiencia histórica, en el capitalismo, la tasa de ganancia vigente en un sector económico suele tener una relación positiva con el riesgo empresario subyacente a la misma (cuanto mayor el riesgo involucrado, mayor el margen de beneficio que cabe esperar). De allí que no sea casual que, por lo general, las actividades de carácter especulativo (en particular, cuando tienen lugar en períodos de fuerte incertidumbre macroeconómica) suelan presentar, en términos relativos, la mayor tasa de retorno.

Los rasgos distintivos de los mercados en los cuales se desempeñaron las empresas prestatarias de servicios públicos privatizados (monopólicos, con demanda cautiva y reservas legales de mercado) conllevan, naturalmente, un menor riesgo empresario que el que se desprendería de casi cualquier otra actividad económica. Hasta allí, con independencia de toda otra consideración, el criterio de "razonabilidad" de las tasas de beneficio (y, naturalmente, de las tarifas que las sustentan) sugeriría que las esperables en esos ámbitos protegidos, natural y/o normativamente, deberían ser inferiores a las correspondientes a la mayor parte de los restantes sectores económicos, expuestos a la competencia (tal como se verifica en las economías más desarrolladas donde, en general, las empresas prestatarias de servicios públicos sujetas a regulación son las que internalizan relativamente las más bajas tasas de rentabilidad) (22).

Lo anterior se ve potenciado por las propias idiosincrasias del proceso privatizador en la Argentina. En efecto, la minimización del riesgo empresario asociada a la condición de monopolios naturales se ha visto agudizada, si se consideran los diversos beneficios y reaseguros normativos y/o regulatorios con que han contado las empresas prestatarias. Así, en la Argentina de los años noventa, muy difícilmente pueda encontrarse algún sector económico con menor riesgo que el que emana de los contextos operativos en los que se han desempeñado las empresas privatizadas. En ese marco, de acuerdo con tales criterios de razonabilidad (de los beneficios y de las tarifas), cabría esperar que las tasas de rentabilidad internalizadas por dichas firmas resulten ser muy inferiores a las obtenidas por aquellas empresas expuestas a un mayor riesgo y a niveles de competencia inexistentes en el ámbito de los servicios públicos privatizados.

Sin embargo, las evidencias disponibles indican todo lo contrario. Son, precisamente, las empresas privatizadas las que han venido internalizando -sistemáticamente- las mayores tasas de beneficio, fuera de toda "razonabilidad" vinculada al riesgo empresario implícito. En el cuadro nº 3 se refleja la evolución, para el período 1993-2000, de los márgenes de rentabilidad de las empresas privatizadas, en términos relativos a la observada para el conjunto de las doscientas empresas de mayor facturación del país.




En todos los años considerados, las empresas privatizadas obtuvieron tasas de utilidad sobre ventas muy superiores a las registradas por el conjunto de la elite empresaria local y, naturalmente, holgadamente por encima del de aquellas empresas líderes no vinculadas a los procesos de privatización. En otras palabras, en contrario a lo que cabría esperar, los niveles de los márgenes de rentabilidad han tendido a denotar una correspondencia inversa con el respectivo riesgo empresario: a menor o nulo riesgo (como es el caso de las privatizadas) mayor tasa de ganancia.

El excelente rendimiento de las empresas privatizadas con relación al resto de las empresas líderes de la economía argentina se visualiza con particular intensidad en la información presentada en el gráfico nº. 4. Allí se constata que, siempre considerando el período 1993-2000, las 200 firmas más grandes del país generaron, en conjunto, una masa acumulada de beneficios superior a los 28.400 millones de dólares. Aproximadamente el 57% de dicho total (más de 16.000 millones de dólares) correspondió a apenas 26 firmas privatizadas (es decir, el 13% del total). Esto indica que este conjunto reducido -aunque sumamente privilegiado- de empresas ganó 2.000 millones de dólares por año; casi 5,5 millones de dólares por día; 231 mil dólares por hora; y cerca de 3.800 dólares por minuto. En otras palabras, durante la década pasada, este núcleo privilegiado de grandes firmas obtuvo, por minuto, el equivalente a casi diez salarios medios de la economía argentina.




Es indudable que los contrastantes comportamientos que se manifiestan entre las empresas integrantes de la elite económica local según su vínculo con las privatizaciones no pueden ser atribuidos a la dimensión de las mismas y, derivado de ello, a conductas microeconómicas diferenciales (todas son firmas líderes en sus respectivos sectores de actividad), sino que remiten, en gran medida, al entorno operativo y, en especial, normativo en que se ha venido desenvolviendo la mayoría de las privatizadas. Ello no sólo involucra los importantes aumentos tarifarios aplicados en el período previo a la transferencia de las empresas estatales al sector privado, sino también, a simple título ilustrativo, a las múltiples cláusulas de ajuste tarifario que reconocen los distintos marcos regulatorios (sobre todo, la -ilegal, en el marco de la Convertibilidad- indexación de los precios de estos servicios en función de la inflación de los EE.UU.), a las recurrentes renegociaciones contractuales que siempre han tendido a preservar los privilegios de las empresas, y a la peculiar forma en que se aplicó en el ámbito de los servicios públicos la cláusula de "neutralidad tributaria".

Cabe destacar que no sólo fueron elevados los márgenes de rentabilidad sobre ventas, sino que también las tasas de retorno sobre los respectivos patrimonios netos se ubicaron en niveles holgadamente superiores a los que cabría considerar como "justos" y "razonables". Como se aprecia en el cuadro nº 4, las empresas de servicios privatizados han obtenido, entre 1994 y 1999, una rentabilidad media sobre patrimonio del orden del 15%. En todos los sectores, con la excepción del de distribución de energía eléctrica (que presenta una rentabilidad promedio sobre patrimonio del 5,6% aunque, como surge de la información presentada, en franco y sistemático ascenso hasta 1998) (23), la tasa de beneficio siempre supera, y en muchos casos con holgura, el 10%.

A los efectos de captar más acabadamente la magnitud de los valores mencionados, cabe destacar que la rentabilidad media sobre patrimonio neto de las cien empresas más grandes del país (excluidas las privatizadas) fue, en 1999, de "apenas" el 3,4% (en este último segmento líder de la economía nacional, el margen promedio de beneficio sobre ventas fue, en ese mismo año, de sólo el 1,2%). Se trata, sin duda, de una clara dicotomía en el interior de la cúpula empresaria del país que se encuentra estrechamente ligada a las especificidades normativas que han delimitado el accionar de las distintas firmas líderes de la economía argentina.




Ello denota, naturalmente, diferencias sustantivas en las respectivas tasas de ganancia, a favor de las empresas privatizadas (en contraposición a los respectivos niveles de riesgo empresario involucrado, y a la consiguiente "razonabilidad" de los beneficios obtenidos y de las tarifas cobradas). La transferencia de activos subvaluados con poder monopólico u oligopólico bajo condiciones de reserva legal de mercado, la preservación normativa y regulatoria de rentas extraordinarias de privilegio, la "debilidad" -en rigor, funcionalidad a sus intereses- de los mecanismos regulatorios (tanto en el plano tarifario como, por ejemplo, en el de defensa de la competencia y del consumidor), el nulo grado de exposición a cambios en las condiciones de contexto le han conferido a las empresas privatizadas una serie de "ventajas de inserción" que en nada se asemejan a las condiciones bajo las que debieron desempeñarse las restantes empresas líderes del país.

Otra forma de constatar el carácter de extraordinario y/o de privilegio de los beneficios obtenidos por las actuales prestatarias de servicios privatizados en la Argentina es a partir de su comparación a nivel internacional con empresas que prestan los mismos servicios y que, como tales, se desenvuelven en actividades que presentan similares -y, seguramente, mayores- niveles de riesgo empresario que los vigentes en el ámbito local (24). La primera de tales comparaciones se vincula con las tasas de beneficio registradas por Aguas Argentinas en el transcurso de la década pasada que se ubicaron, en promedio, en torno del 23% del patrimonio neto y del 14% de sus ventas anuales. Ello en nada se asemeja a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países. Así, por ejemplo, en EE.UU. las tasas de beneficio (sobre patrimonio neto) obtenidas en los años noventa fluctuaron entre un mínimo del 6% y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido, las evidencias disponibles indican que la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6% y el 7%; mientras que en Francia se considera como tasa de retorno aceptable una que se ubique en el orden del 6%. Se trata, en todos los casos, de niveles de rentabilidad sobre patrimonio mucho más "justos" y "razonables" que los obtenidos por Aguas Argentinas.

Otro ejemplo comparativo donde también quedan claramente de manifiesto los muy elevados márgenes de rentabilidad de las empresas privatizadas que actúan en el ámbito local es el de las operadoras del servicio básico telefónico. En este caso, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina internalizaron, a lo largo de la pasada década, muy elevadas tasas de beneficio, significativamente superiores a las registradas durante el mismo período por las principales empresas del sector a nivel internacional: el margen de rentabilidad sobre ventas de ambas firmas casi triplica al registrado *en promedio* por el grupo de las diez operadoras telefónicas más importantes del mundo desde el punto de vista de su facturación. Más aún, la filial argentina de Telefónica de España obtuvo un márgen medio de beneficio sobre ventas que prácticamente duplicó al que obtuvo la casa matriz en su país de origen, mientras que en el caso de Telecom Argentina, tales diferencias fueron mucho más pronunciadas, por cuanto la tasa de rentabilidad promedio que obtuvo dicha empresa a nivel local fue más de tres veces superior a las que registraron en sus respectivos países de origen sus accionistas mayoritarios (France Telecom y Telecom Italia) (25).

De la comparación del nivel de los márgenes de ganancia locales e internacionales cabe destacar no sólo que las rentabilidades de Telecom Argentina y Telefónica de Argentina han superado con holgura a las registradas internacionalmente sino que, además, las mismas no son ni "justas" ni "razonables", en los términos dispuestos por el propio marco regulatorio de la actividad. Al respecto, en el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de ENTel se señalaba que las tarifas serían ajustadas "a un nivel adecuado para proporcionar a un Operador eficiente una tasa de retorno razonable sobre los Activos Fijos sujetos a explotación". En este sentido, a menos que el resto de las operadoras internacionales sean muy ineficientes o que se conformen con márgenes de rentabilidad sustancialmente inferiores a los registrados en la Argentina, las tasas de beneficio locales estarían en franca contradicción con lo dispuesto normativamente, y no serían más que resultantes de tarifas que no son "justas", ni "razonables" (26).

Un tercer ejemplo lo constituye el caso de las transportistas de gas natural: entre 1993 y 1999, las dos transportistas que actúan en el país (la Transportadora de Gas del Norte y la Transportadora de Gas del Sur) registraron una tasa media de retorno sobre ventas cercana al 40%, cuando, en el plano internacional, un margen de rentabilidad "razonable" para una firma que presta este tipo de servicio se ubica entre el 10% y el 20% de su facturación.

Finalmente, cabe destacar el caso de YPF, que a partir de su privatización se constituyó como la empresa petrolera más rentable del mundo. En efecto, entre 1993 y 1998, mientras los márgenes de utilidad sobre ventas de las veinte mayores petroleras del mundo fluctuaron entre el 3% y el 6%, los de YPF lo hicieron entre el 10% y casi el 18%. En este sentido, de considerar como tasa de beneficio extraordinaria la diferencia existente entre los márgenes de utilidad obtenidos por YPF respecto a los correspondientes, en promedio, a las veinte petroleras de mayor facturación mundial, puede concluirse que las rentas de privilegio apropiadas por YPF ascendieron, para el período mencionado, a más de 2.500 millones de dólares (27)

En síntesis, cualquiera sea el criterio comparativo que se adopte para evaluar el grado de "razonabilidad" de los beneficios que han venido internalizando las empresas prestatarias de los servicios públicos privatizados se llega a una misma conclusión: se trata de beneficios extraordinarios y de privilegio que descansan, en última instancia, en tarifas que no se caracterizan, ni mucho menos, por su "justicia" y "razonabilidad" (en especial, las abonadas por los usuarios de menores ingresos tanto en el segmento residencial como en el empresario). En tal sentido, vale la pena enfatizar que la correspondencia inversa que se verifica entre el -nulo- riesgo empresario que subyace a la operatoria de las firmas privatizadas y las -extraordinarias- tasas de rentabilidad internalizadas por las mismas encuentra como principal elemento explicativo al privilegiado entorno normativo y regulatorio -y/o de violación de la legislación vigente- en el que se inscribió el desenvolvimiento de este conjunto acotado de grandes empresas durante toda la década de los noventa.

La cuantiosa masa de beneficios que internalizaron las firmas privatizadas en el transcurso de los años noventa no sólo le permitió a estos actores registrar exorbitantes tasas de ganancia, sino que también le brindó a los propietarios de las mismas la posibilidad de recuperar los montos invertidos originalmente en un lapso de tiempo sumamente breve. Al respecto, cabe traer a colación lo acontecido con los consorcios adjudicatarios de las dos empresas en que se subdividió ENTel, y con las transportadoras y las distribuidoras de gas natural.

Con respecto al primer caso, cabe destacar que entre 1991 y 1999 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina acumularon, en conjunto, 5.590 millones de dólares en concepto de utilidades contables. Considerando que los respectivos consorcios controlantes eran titulares del 60% del paquete accionario de cada firma, el porcentaje equivalente de utilidades acumuladas (3.354 millones de dólares) más que triplica los 1.000 millones de dólares que supuso el desembolso realizado en 1990 para hacerse cargo de los activos de la ex-ENTel. Ello les posibilitó a los consorcios adjudicatarios de Telefónica de Argentina (Cointel) y Telecom Argentina (Nortel), tomados conjuntamente, recuperar el monto de la inversión inicial en poco menos de cuatro años.

Similares conclusiones se desprenden de observar lo acontecido en el ámbito del sector gasífero. Cuando se analiza la evolución del volumen global de ganancias obtenido por las dos empresas transportistas, se constata que los consorcios propietarios de tales firmas pudieron recuperar el monto que habían abonado al Estado Nacional al momento de la transferencia de Gas del Estado al sector privado (equivalente a 566,4 millones de dólares) entre 1995 y 1996, es decir, a menos de cuatro años de haberse efectivizado la transferencia de la empresa estatal. Cuando se observa lo sucedido con las ocho distribuidoras analizadas se constata que, siempre tomadas en conjunto, en 2000 habían logrado recuperar el monto inicial que habían desembolsado para resultar adjudicatarias de las distintas unidades de distribución en que se subdividió la empresa estatal antes de ser privatizada (en este caso, la inversión inicial total ascendió a 1.274,5 millones de dólares). Se trata, en ambos casos, de plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos (téngase presente, en tal sentido, que las concesiones para prestar los servicios de transporte y distribución de gas se otorgaron por un lapso de 35 años con la posibilidad de ser prorrogadas por 10 años adicionales).

Se trata, en todos los casos, de plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos, muy difíciles de encontrar en otras actividades económicas de carácter no especulativo. En tal sentido, vale la pena enfatizar que los ingentes volúmenes de ganancias de los que se apropiaron las prestatarias privadas de servicios públicos (así como las extraordinarias tasas de ganancia implícitas), se registraron en un contexto de manifiesta y perdurable estabilidad macroeconómica e institucional.

En definitiva, las principales modalidades que adoptó el proceso de privatizaciones implementado en el país durante el gobierno del Dr. Menem tendieron a configurar y preservar ámbitos privilegiados de acumulación y reproducción del capital, caracterizados por un nulo riesgo empresario y, paradójicamente, ganancias extraordinarias (tanto a nivel local como internacional), que fueron internalizadas por un núcleo reducido -aunque muy poderoso e influyente desde un punto de vista económico y socio-político- de grandes conglomerados empresarios de origen nacional y extranjero.

En relación con lo anterior, cabe incorporar un breve comentario. En el transcurso de los años noventa, las empresas privatizadas tuvieron, en la generalidad de los casos, una muy "generosa" política de distribución de dividendos entre sus accionistas. En ese marco, dado el muy bajo coeficiente de reinversión de las utilidades, el grueso de las inversiones realizadas por la mayoría de las firmas fue financiado con endeudamiento (mayoritariamente con el exterior). Gran parte de esa inversión estuvo asociada a la importación de bienes de capital e insumos, lo cual tuvo considerables impactos fiscales (como muchas de esas importaciones provenían de firmas vinculadas, las empresas pudieron manipular los precios de transferencia que aplicaron, lo que les posibilitó incrementar "artificialmente" sus costos internos y, por esa vía, eludir el pago del impuesto a las ganancias en el ámbito doméstico), y productivos (las compras en el extranjero que realizaron las compañías derivaron en el desmantelamiento de la muy importante y dinámica industria local de proveedores que existía en el país). Asimismo, la información disponible indica que una parte significativa del endeudamiento empresario no se invirtió en el proceso productivo, sino que se volcó al circuito financiero local (aprovechando las diferencias existentes entre las tasas de interés internas e internacionales) obteniendo, así, ingentes beneficios financieros.




Notas

(1) (21) Un tratamiento más detenido de todas estas cuestiones se puede consultar en Azpiazu, D., Basualdo, E. y Schorr, M.: "La industria argentina durante los años noventa: profundización y consolidación de los rasgos centrales de la dinámica sectorial post-sustitutiva", Area de Economía y Tecnología de la FLACSO, mayo 2001, mimeo.
(22) Al respecto, véase, Phillips C.: "The regulation of Public Utilities", Public Utilities Reports, 1993.
(23) En 1999 se produce una caída de consideración en la rentabilidad de las empresas eléctricas (tanto se la mida en relación con las ventas como en función del patrimonio neto). Ello es explicado en su totalidad por la brusca contracción (de más del 75%) que se registró en las ganancias de Edesur, como producto de las sanciones vinculadas al "apagón" de febrero de dicho año. Al respecto, consultar Azpiazu, D.: "Edesur, apagón y después", en Revista Realidad Económica, Nro. 162, febrero-marzo 1999.
(24) Azpiazu, D. y Schorr, M.: "Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación del capital en la Argentina contemporánea", Instituto de Estudios y Formación de la CTA, diciembre 2001.
(25) Abeles, M.: "La privatización de ENTel: regulación estatal y ganancias extraordinarias durante la etapa monopólica", en Abeles, M., Forcinito, K. y Schorr, M.: "El oligopolio telefónico frente a la liberalización del mercado. De la privatización de ENTel a la conformación de los grupos multimedia", op. cit..
(26) De considerar los márgenes de rentabilidad no sobre las ventas sino sobre los activos sujetos a explotación (tal como lo preveía el Pliego original de la privatización, al establecer la garantía de una tasa de beneficio del 16% -a la que renunciaron las licenciatarias-) se advierte la magnitud de las ganancias extraordinarias obtenidas por Telefónica de Argentina y Telecom Argentina. Según un estudio realizado por la American Chamber of Commerce ("Estudio de las tarifas telefónicas", op. cit.): "la tasa de retorno calculada para los ejercicios 90/91 (10 meses) y anuales 91/92, 92/93 y 93/94, en un 41,3%, 42,0%, 42,4% y 36,0% respectivamente (siempre en equivalente anual), ha superado largamente la previsión de garantía del 16% anual".
(27) En relación con lo anterior, en el año 2000 Repsol registró en España un margen de rentabilidad sobre ventas del 5,3%, mientras que en Argentina YPF obtuvo una tasa de ganancia (siempre sobre facturación) del 14,2%.