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Tucumán

Unos desean remover jueces y colocar acólitos, y otros protegen el actual estado de cosas. Nadie piensa cambiar un sistema que, en 2001, condenó principalmente Jornaleros(22,2%); Desocupados(10,3%); Domésticas(8,4%); Empleados(7,9%); Vendedores callejeros(7,4%); Estudiantes(4,9%); choferes(2,9%); Agricultores(1,5%); Jubilados(1,5%); Pintores(1,5%); y ningún abogado, contador, banquero o político.

La Justicia como botín

Tiempo atrás, y en el acceso mismo de los tribunales locales, el gobernador de Tucumán dejó entrever a la prensa que la posible reforma constitucional podría establecer la puesta en comisión de los jueces. Días atrás, el abogado penalista y hoy diputado nacional José Ricardo Falú declaró a La Gaceta que "medios jurídicos califican a la Justicia de Tucumán y de Santa Fé como las mejores del país". "Reafirmo la imperiosa necesidad de mantener inamovibles a nuestros magistrados que, en general, demostraron ser idóneos e independientes", dijo al diario. El uno y el otro disputan desde hace tiempo una sorda batalla de poder y, al parecer, el poder judicial está en el medio. El uno aspira a remover a los pocos jueces y fiscales que aún no se sometieron a los designios mirandistas; y el otro no quiere perder el reconocido poder que ejerce en el ámbito de su profesión. Uno y otro, no hacen más que ratificarle a una sociedad estupefacta que la justicia de Tucumán es un espacio más de negociación político-partidaria y no el poder –político por naturaleza- que dote de equilibrio al sistema ideado por Montesquieu. Y así, uno de los delincuentes que debería estar entre rejas – Antonio Domingo Bussi- se restriega las manos y sueña con su retorno al poder.

El verdadero debate

El avance intentando por Miranda es, por decirlo de algún modo, torpe. La defensa de Falú es, por decirlo de alguna forma, incoherente con su férrea tarea de enjuiciar nada menos que a la corte suprema de Justicia de la Nación. Coincidiendo con el ex fiscal federal de Cámara en el histórico juicio contra las juntas militares, Julio César Strassera, "el problema está en los jueces. Urge una reforma judicial a fondo, tanto o más que una política. Hay que nombrar magistrados honestos y para eso hay que cambiar a los jueces y a todos los funcionarios judiciales. Todos tendrían que revalidar sus títulos, morales e intelectuales, para ocupar estos cargos, como se hizo en 1983 cuando volvió la democracia: los que no tenían acuerdo del Senado se fueron, es decir, todos. Y vamos a ver a quiénes convalidamos. No sé si es que hay que ponerlos en comisión, pero hay que estudiar caso por caso y dejar a los decentes". En medio de este clima, entre siete y diez jueces tucumanos presentaron su renuncia al círculo de magistrados en discrepancia con la comisión directiva, que no se pronunció sobre la Ley 7.204, por la que la Legislatura creó tres fiscalías anticorrupción, apartando al fiscal Jerez de esa función. Entre tanto, los tucumanos nos olvidamos de dar el verdadero debate. El del modelo y el sistema de premios y castigos a establecer de ahora en más para no condenarnos al suicidio colectivo, a la violencia de aceptar el soborno cotidiano que implica una provincia y un país sin justicia.

Refutando leyendas

Las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal (Ministerio de Justicia de la Nación) o bien desmienten a Falú, o bien hablan a las claras de una institución judicial caduca, perversa y con protagonistas de carne y hueso atravesados por la corrupción. En el 2001, hubo 203 sentencias condenatorias en Tucumán. Más de la mitad dictaminaron penas de hasta tres años (excarcelables), el 15,91% de ellas dispusieron condenas de entre 3 y 5 años y , por último, un 22,73% fueron de más de 5 años. No hubo condenas a reclusión o prisión perpetua. Hasta aquí, sólo números fríos. Sin embargo, cuando se indaga sobre el origen y la naturaleza de los encausados, se advierte otra historia...

El cero, mar de honestidad; o triunfo de la impunidad

Aunque el sempiterno saqueo de las arcas estatales y los particulares argentinos requirió –y requiere- de un andamiaje jurídico contable y de una complicidad palpable de poderosos sectores judiciales y políticos; el pasado año sólo fueron condenados en todo el país 39 abogados (un 0,17% del total), 20 contadores (un 0,09%), 4 escribanos (un 0,02%). Esas cifras, en la provincia, son igual a cero (0%) en todos los casos.

Tumberos

Sólo un 2,46% de los presos tucumanos (a nivel nacional esta cifra es de sólo un 0,94%) tiene algún estudio universitario, un 88,18% son hombres y un 60% de ellos tienen entre 18 y 30 años. Los primeros diez puestos de condenas apuntan a: Jornaleros (22,17%); Desocupados (10,34%), Domésticas (8,37%), Empleados (7,88%), Vendedores ambulantes (7,39%), Estudiantes (4,93%), Choferes (2,96%), Jubilados (1,48%), Agricultores (1,48%), y Pintores (1,48%).

Letras y hechos

Los tucumanos percibimos en aire el estrago que se ejercita desde puestos institucionales. Sin embargo, los delitos contra la administración pública - Abuso de autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios público, Cohecho, Sustracción de elementos probatorios, Malversación de caudales públicos, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, Denegación y retardo de justicia, Falso testimonio, Encubrimiento, Evasión, etc- sólo registran un magro 0,49% del total de condenas frente a un 4 % a nivel nacional. En este sentido, no hay quien dude del festival de bonos falsos que financia la corrupción política desde hace más de una década. Sin embargo, los delitos contra la fé pública - Falsificación de moneda y títulos, Falsificación o adulteración de documentos, Balances falsos, etc- tienen sólo un 1,97% de las condenas; ninguna de ellas sobre personas con puestos ejecutivos o decisionales . De toda la gama de delitos tipificados, los delitos contra la propiedad -como el hurto, robo, etc- reciben en Tucumán, un 40,39% de las condenas (56,24% nivel nacional). Sin embargo, las sanciones se aplican al robo y hurto en sus distintas formas (68,29%), a defraudaciones comunes (15,85%), o al abigeato (3,66%) pero - siempre hablando de Delitos contra la propiedad- la usura o la quiebra fraudulenta no registran condenas. Curioso no?

Más datos, mayor indignación

Del total de condenas, un 29,6% están referidas a Delitos Contra las personas –homicidios, lesiones, abandono de personas, etc-. Otra vez, si ponemos la lupa sobre las estadísticas, vemos que las condenas se refieren en un 60,86 % a homicidios en sus diversas formas; a lesiones un 33,44%; pero no hay condena para el abandono de jubilados por parte de la filial local del PAMI (como hace unos días dio cuenta Canal 10). Aunque los gobernantes tucumanos se mofen ante la prensa sobre los jueces o fiscales que los investigan, los delitos contra el honor -calumnias o injurias- reciben el 0,49% del total de condenas y la mayor parte de ellos se atribuyen a la prensa. Aunque Aguas del Aconquija haya asegurado que el barro que brotaba de las canillas durante el verano de 1996 no revestía peligro para la salud, o EDET inunde el interior provincial con transformadores cancerígenos, o que gran parte de los pobladores del interior consuman agua envenenada con arsénico (revista La Semana N°15 pág. 4) , las condenas provinciales en lo referente a delitos Contra la seguridad común -estragos, delitos contra la salud pública, etc- representan sólo el 0,49% del total de condenas en 2001, y en ningún caso roza estos graves hechos.

Lenta, pero ...

Los procesos penales en Tucumán demoran más de 3 años en un 29,56% de los casos frente a un 15,05% de la media nacional. La demora en los tribunales tucumanos es de hasta 6 meses en un 0,49% de los casos (7,47% a nivel nacional); de 6 meses a 1 año en un 10,84% (15,86% en promedio nacional); entre 1 año y 1 año y 6 meses el 21,67% de las causas (13,26% promedio a nivel país); entre 1 año y 6 meses a 2 años el16,75% (9,86% a nivel nacional), entre de 2 años a 2 años y 6 meses un 11,33% de las causas (7,00% promedio nacional) y de 2 años y 6 meses a 3 años un 5,91% (5,17% cociente nacional). Todo dicho.

Lo callado por los números

El ex fiscal federal nos deja una sentencia: "Para luchar contra la corrupción no es imprescindible un fuero específico, basta con que haya honestidad. En este país no hay justicia porque todos están al servicio del Poder Ejecutivo. Esto es lo que, al menos, se da en el país, pero debe darse lo mismo en las provincias. Si ocurre en la nación es porque antes se produjo en las provincias. Lo mismo sucede con los supuestos organismos de contralor, que no controlan a nadie."

Fuente:

Dirección Nacional de Política Criminal- Ministerio de Justicia de la Nación.

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