UTPBA

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y la Red Nacional de la Comunicación, junto con los trabajadores de prensa que desarrollan sus tareas en las radios de baja potencia, se mantienen en estado de alerta y movilización ante el intento de aprobar una ley que provocará el cierre de 5.000 emisoras y la pérdida de 50.000 puestos de trabajo.
El proyecto de ley, que intenta establecer pena de prisión por un año para quienes ejercen el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión desde las radios de baja y mediana frecuencias, se encuentra en la Comisión de Comunicación de la Cámara de Senadores de la Nación, y que podrá tratarse en la sesión prevista para el próximo miércoles 9.
La Cámara de Diputados le dio la media sanción al proyecto en una de sus últimas sesiones del año pasado, sin que se debata previamente en las respectivas comisiones.
La Utpba y la Red Nacional de la Comunicación volvieron a señalar que "los trabajadores de prensa que desarrollan su labor profesional en las radios de frecuencia modulada (FM), están en estado de alerta y movilización ante cualquier intento de atacar sus fuentes y puestos de trabajo".
Por otra parte, la Utpba, presente en el XIX Congreso del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) realizado el 27 y 28 de septiembre, avaló el rechazo unánime de los periodistas de Córdoba, Rosario, Tucumán y Neuquen, a la ley que intenta promover el senado.
La Utpba informó que viene manteniendo reuniones, asambleas y jornadas de debate con los periodistas de las emisoras de baja potencia del conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires, para unificar junto a otras organizaciones, las luchas contra este intento de cerrar medios de comunicación regionales.
El proyecto de ley propone modificar el Código Penal para aplicar la pena de prisión de un mes a un año a quienes "sin autorización del Comité Federal de Radiodifusión, realizare emisiones de radio o de televisión, permanentes o transitorias, o las repitiere sin permiso del que estuviere debidamente autorizado para emitirlas".
También prevé una sanción de un mes a dos años de prisión al que "ilegítimamente fabricare, promoviere, publicitare, distribuyere, comercializare o adquiriere decodificadores o dispositivos de cualquier naturaleza, destinados a captar o facilitar la captación de señales de radio o de televisión cuya recepción no sea libre o gratuita".
Por su parte, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) impulsa el rechazo del proyecto de penalización de las radios, y reclama que "se permita a cooperativas y entidades sin fines de lucro el acceso a licencias de radiodifusión en igualdad de condiciones, y se debata y apruebe una nueva Ley de radiodifusión que reemplace al Decreto-ley 22.285 de la dictadura".