5 de octubre del 2002

Correos para la Emancipacion

Cinco de los siete desaparecidos están presos y los otros dos fueron ubicados. 112 personas que quedaron detenidas luego de la manifestación por "Que se vayan todos" del 20 de septiembre en San Salvador de Jujuy. (Nde la R)
Se realizó un acto en San salvador de Jujuy por la libertad de los detenidos políticos, contra la represión, el hambre y la trampa electoral.
Un poco de historia
(3/10) "Es como si no pasara nada. Los que gobiernan se hacen los disimulados. Hace 15 días que estamos de paro. No sólo los empleados estatales, sino también los docentes, los trabajadores de la salud, los municipales. Pasa que recién nos están pagando junio y es como si no pasara nada. Uno los mira y hablan de las próximas elecciones como si ellos nada tuvieran que ver con este desastre: la provincia está parada. Esto se está convirtiendo en un pozo y no hay manera que tengan una actitud más o menos responsable."
Estas fueron las palabras de Nando Acosta, secretario general de la CTA de Jujuy, hace más de dos meses. Era un alerta que no fue escuchado por las autoridades, quienes no vieron que los tiempos de los hambrientos, de los desesperados, tienen un límite. No escucharon. La gente salió a reclamar el 20 de septiembre y la respuesta fue la brutal represión sobre los trabajadores ocupados y desocupados. El saldo: 129 personas fueron detenidas, de las cuales 56 son varones, 40 mujeres y 33 menores de edad, que recientemente fueron liberados.
En esos aciagos momentos, la CTA emitió un comunicado que denunciaba que "la fiscal Laura Lamas promovió acción penal contra todos los detenidos, por el delito de robo de poblado en banda, figura que no es excarcelable"; las otras imputaciones contra los manifestantes fueron:
daños agravados, instigación a cometer delitos, intimidación pública y lesiones. Lo que nadie explicó es porqué el Magistrado provincial resolvió aplicar el artículo 213 bis del Código Penal, un engendro impuesto durante el lopezreguismo en 1975 para ilegalizar a las organizaciones sociales y a los partidos opositores.
Por su parte, Juan Carlos Capurro, asesor jurídico de la CTA, informaba acerca de los alcances de esta reglamentación: "Este artículo -decía el comunicado- involucra a toda la organización a la cual pertenezcan los detenidos, ya que en uno de sus artículos dice que el delito se comete por el sólo hecho de ser miembro de la asociación". Además agregó que "ésto es, lisa y llanamente, ilegalizar a las organizaciones opositoras bajo formas seudolegales".