Carlos del Frade
Postales del sur

Susana Abalo, misionera cristina de base de la zona oeste rosarina, fue torturada por segunda vez consecutiva en menos de cincuenta días, a pesar de contar la custodia enviada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El silencio de Carlos Reutemann es proporcional a la lógica de los diecinueve años de vida democrática que garantizó la impunidad de la mayoría de los integrantes de la estructura represiva santafesina durante el terrorismo de estado. No se puede investigar hasta las últimas consecuencias mientras se ocultan las primeras causas. El ascenso de torturadores dentro de La Santafesina SA, aún antes del dictado de las leyes de punto final y obediencia debida, fue aprobado por peronistas y radicales, generando el reciclaje de la mano de obra especializada en la democracia. A lo que hay que sumar las complicidades de las administraciones de justicia provincial y federal que también colaboraron para que los experimentados apretadores santafesinos siguieran en las fuerzas armadas y de seguridad asentadas en el territorio. Hablar del caso de tortura contra Susana Abalo es demostración del efecto buscado por los que intentan obturar el crecimiento de nuevos actores sociales que iniciaron el difícil tejido de establecer relaciones entre los sectores más empobrecidos de la sociedad. Hay una clara intención de devolver el clima creado a partir de 1975, provocación que las distintas fuerzas políticas de la provincia no quieren responder. También existe en el caso de Susana Abalo la respuesta violenta que dan aquellos grupos del PJ que se van quedando sin rehenes en forma paralela que crece el trabajo de conciencia política y social que generan las Comunidades Eclesiales de Base. Aunque los torturadores del tercer milenio quieran agitar los fantasmas de 1975, las nuevas generaciones que se comprometen con otro modelo de sociedad están cada vez más cerca de los sueños colectivos y de la sensibilidad mayoritaria de la población santafesina. A pesar del silencio permanente y la ausencia eterna del gobernador Carlos Reutemann.

El aperitivo

-Uno es culpable por error o por omisión. No puede ser que el gobernador no diga nada, nunca nos reciba. Yo quiero que me explique por qué pasa esto con Susana y por qué no dijo lo que vio en la Casa Rosada que le causó espanto. Porque si es algo que le causó espanto debe ser un delito y en eso está la suerte de todos los argentinos. No veo la hora de sentarme con él para preguntarle - dijo Omar Isern, militante de las Comunidades Eclesiales de Base, integrante del Grupo Obispo Angelelli y amigo personal de Susana Abalo, la misionera laica de 46 años que en menos de cincuenta días fue torturada y golpeada en dos oportunidades mientras estaba custodiada por integrantes de La Santafesina SA.
Dieciséis años atrás, Susana junto a su esposo Eduardo, llegaron al corazón de Villa Banana, una de las principales villas miserias rosarinas, en la zona oeste de la ciudad.
Hacia 1986, el arzobispado todavía no tenía desarrollada la pastoral de las Comunidades, de allí que un grupo de laicos comenzaron a presentar trabajos en los barrios para que se activara esta rama de la Iglesia rosarina.
"Mensajeros de Jesús" fue el nombre que se dieron los integrantes de la comunidad que empezó a funcionar a partir de 1988, siendo Susana una de las principales impulsoras debido a su tenacidad y vigor misionero.
Organizaron una cocina comunitaria en la que almuerzan 450 chicos, aunque la ayuda que baja el gobierno provincial apenas alcanza para 273 pibes; impulsaron la formación de grupos especializados en derechos humanos, medio ambiente, recreación y todo lo relacionado con la liturgia católica.
-Acá lo principal es que nadie se pone a pensar quién es el que viene a pedir ayuda, sino cómo se pueden solucionar los problemas. Y eso fue lo principal en lo que viene insistiendo Susana desde todo este tiempo -comentó Raúl "Rulo" Ríos, uno de los principales colaboradores y amigos de la misionera.
A principios de agosto de este año recibieron las primeras amenazas telefónicas: "Déjense de joder con la gente", era el mensaje repetido que escucharon Susana, Omar y Raúl.
El 21 de agosto, tres personas se metieron en la casa de Susana, la picanearon, le cortaron la cara y la golpearon. Fue un hecho llamativo porque la mujer está en sillas de ruedas y la custodia impuesta por el Ministerio de Gobierno de la provincia se había ausentado por treinta minutos. Un trabajo realizado por especialistas, que sabían golpear y también conocían los rudimentos de la picana. Era la víspera de los treinta años de la masacre de Trelew.
Cincuenta días después, el 10 de octubre, cuando Susana fue al baño mientras esperaba al profesor de la materia que cursa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, una mujer, la misma que se había metido en su casa, ingresó al lavabo y la golpeó con profesional alevosía mientras la cortaba con una fina hoja similar a un bisturí.
"Este es el aperitivo", le dijo.
Afuera alguien oficiaba de campana. Eran cerca de las diez de la mañana y la facultad estaba atestada de estudiantes. Todo había sido calculado. La custodia, una vez más, no se encontraba cumpliendo la consigna.
"El gobernador Carlos Reutemann es el responsable de todo esto", dijo Susana con su voz entrecortada a los distintos medios de comunicación que la entrevistaron durante toda la jornada. Fueron dos días después de otra fecha emblemática en la historia de la impunidad: el 8 de octubre de 1984, los tribunales provinciales de Rosario sufrieron el robo de los expedientes especiales de la CONADEP, donde figuraban los balances de las empresas que se beneficiaron con la matanza producida por el terrorismo de estado y los nombres de todos los agentes de civil que revistaban en los servicios de inteligencia de las fuerzas conjuntas.

Buenos muchachos

Por la tarde, grupos estudiantiles tomaron la Facultad de Derecho y pidieron la renuncia del Subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez; y del mismísimo Ministro de Gobierno, Carlos Reutemann.
"Allí estábamos varios miembros de la comunidad Mensajeros de Jesús y nos llamó la atención que desde uno de los patrulleros de la comisaría segunda, nos miraba con una gran sonrisa uno de los oficiales que nosotros hicimos echar de la 13ª, que es la del barrio. Nos miraba y se reía de nosotros. Es decir que fue trasladado y ascendido, porque esos tipos que verduguean a nuestros pibes en Villa Banana, nosotros los logramos sacar pero después aparecen en los móviles de las comisarías más céntricas de Rosario. Entonces acá hay una complicidad enorme", dijo Rulo con toda su bronca.
A la hora de encontrarse con los supuestos investigadores del nuevo atentado contra Susana, Omar Isern les dijo que no había demasiado para imaginar.
"Está claro que cuando las amenazas dicen que nos dejemos de joder con la gente, quieren decir que les molestamos en los negocios que otros tienen con la misma gente. Y ahí siempre aparecen punteros del PJ que responden distintas líneas. Y además, los policías que fueron trasladados y a los que siempre enfrentan las madres del barrio de manera organizada, son de la comisaría 13. Eso quiere decir que el universo para investigar es muy reducido, si es que realmente se quiere investigar", sostuvo el militante cristiano que en los años setenta sufrió persecuciones y la desaparición de una pareja de amigos íntimos.
Además de señalar las responsabilidades políticas del gobernador Carlos Reutemann en todo lo vinculado con la seguridad mínima para Susana Abalo, ambos integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base de la zona oeste rosarina apuntaron la necesidad de contar con el arzobispo Eduardo Mirás.
Esa misma mañana del jueves 10 de octubre, un grupo de sacerdotes de la generación intermedia se fue hasta el arzobispado y le pidió algún gesto al actual vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina. Mirás, entonces, se llegó hasta la Facultad de Derecho.
-Pero ese gesto no alcanza -dijo Rulo-
-¿Por qué? -le preguntó esta revista.
-Porque es necesario que acompañe al Pueblo de Dios. Que se ponga al lado de la gente que vivimos del Bulevar Oroño para el otro lado. Donde estamos los que no servimos, los pobres, los negros, los ignorados. Eso es lo que tiene que hacer como pastor -sostuvo con tranquilidad y firmeza, con tristeza y convicción, Raúl "Rulo" Ríos.
Semejante cuestionamiento es similar a una carta enviada por un ex sacerdote, Raúl Franco, al arzobispo rosarino, Eduardo Mirás, del último 28 de agosto.
El motivo de la nota cuestionaba el silencio del pastor en torno a las torturas sufridas por Susana y por los asesinatos de diciembre pasado, en especial por el caso de Claudio "Pocho" Lepratti.
La carta decía: "No podemos imaginar a Jesús mirando para otro lado, o evaluando largos días si tiene que tenderle una mano a la viuda, al huérfano, a la prostituta, a la adultera, si conviene o no decir algo... han atacado a un miembro de la familia de Dios cuya única culpa es ser CRISTIANA y vivir la fe sin negociar con los poderes de este mundo".
Le preguntaban a Mirás "de qué sirven sus discursos, sus mensajes, sus predicaciones si luego a la hora de la verdad lo que impera es el silencio. Palabra sin acción no es sacramento".
Agregaban que "la agresión a Susana, como el hambre, la desocupación, la falta de justicia, etc. son agresiones a la misma persona de Jesús ¿ Creemos esto?, ¿ Ud cree realmente esto?. No entendemos desde donde se sostiene para dudar acerca del asesinato de un cristiano cabal como Pocho Lepratti, conocido por su fe y compromiso en todas las CEBS de Rosario. Pienso que ante la crucifixión de Jesús, a muchos de los que hoy predican en su nombre, los encontraríamos aplaudiendo la condena a muerte de Jesús..." algo habrá hecho y por eso le paso lo que le paso..", sostenían Raúl Franco y María Laura Franco.
Terminaban acotando que "Jesús es Palabra hecha carne, otros son silencio cómplice" de allí que esperaban "una palabra pública por parte de la jerarquía episcopal de la Diócesis de Rosario que condene estos hechos y exijan justicia".
También sugerían que "los obispos dejen de usar nombres genéricos, todos o algunos es igual a ninguno. La crisis argentina tiene nombres concretos civiles y religiosos", remarcaban.

Medios que justifican fines

Susana Abalo seguirá en su labor de misionera.
Después del atentado tuvo ganas de irse de Rosario, pero con el avance de las horas redobló la apuesta al compromiso social y existencial que hizo suyo desde hace más de quince años.
Por la noche, los encargados de cerrar la edición de los diarios "La Capital" y "El Ciudadano" recibieron la orden de bajar cualquier tipo de mención contra el gobernador Carlos Reutemann y contra el mismísimo Enrique Alvarez.
En la redacción de "El Ciudadano" la orden fue cuestionada en un gesto de alta moral periodística muy desusada en estos tiempos.
Al otro día, "La Capital" abrió su edición colocando en tapa el cuestionamiento de la titular de Asuntos Internos de La Santafesina SA contra el Ministro de Gobierno, doctor Esteban Borgonovo, a pesar de haber dado el mayor despliegue al caso Abalo aunque sin mencionar el nombre del gobernador.
En el costado inferior izquierdo de la tapa, la principal herramienta de presión que tiene el grupo Vila - Manzano - Vignatti - Eduardo López, saludó a los santafesinos diciendo: "Violación en la 1ª. Cuestionan a Borgonovo por haber separado a los 44 policías. Líela Perazzo, titular de Asuntos Internos, dijo que fue "una severa injusticia" porque la mayoría era inocente".
Se hacía mención al caso de triple violación cometida contra una menor de dieciséis años en la comisaría primera de Rosario, tres meses atrás y que salió a la luz pública a través de la denuncia periodística. Borgonovo separó a todo el personal de la comisaría y entonces vino la reacción corporativa.
Reutemann, mientras tanto, ausente, siempre ausente.

Complicidades

-Yo fui igual a aquel teniente coronel que reprimió en la Patagonia. Hice lo mismo -le dijo el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced, a los integrantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en la Justicia de Instrucción Militar rosarina. Corría 1986, el mismo año en que Susana, Omar y Rulo, iniciaban sus misiones para recrear las Comunidades Eclesiales de Base.
Dos años después, cuando el entonces Ministro de Gobierno santafesino, Eduardo Cevallo, juraba que Feced estaba preso en el Hospital de Granadero Baigorria, el mayor asesino de la historia santafesina se paseaba por Misiones disfrutando de vacaciones junto a su amante Charito.
Eran los días previos al robo de los expedientes de la CONADEP del mismísimo edificio de los tribunales provinciales rosarinos. Fue el 8 de octubre de 1984 y como se dijo más arriba, en tres grandes bolsas de más de un metro de altura, se llevaron las identidades de todos los agentes civiles que trabajaron para la represión ilegal como así también los nombres de las empresas que aportaron dinero a la estructura terrorista santafesina.
Feced dijo en aquella ocasión frente a los oficiales del Ejército Argentino que supuestamente lo estaban juzgando por sus delitos de lesa humanidad, que eran 3.500 los hombres integrantes de la Comunidad Informativa Rosario, los que actuaron en la cacería humana.
De esos 3.500 asesinos profesionales, el estado santafesino solamente se desprendió de una docena y media. Doce de la policía rosarina y los seis restantes, de los que revistaban en la Unidad Regional I, con asiento en la ciudad capital.
Los demás se reciclaron. Ya sea en La Santafesina SA, como en las otras fuerzas de seguridad o armadas.
El ascenso de torturadores dentro de la estructura de La Santafesina SA es una complicidad compartida entre los partidos mayoritarios con representación legislativa en la provincia que jamás discutieron los antecedentes de los policías. Antes del punto final y de la obediencia debida, consumados torturadores ya habían sido ascendidos por los representantes del pueblo santafesino.
En abril de 1987, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, remitió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas los ochenta expedientes originales de la CONADEP santafesina que involucraban a hombres del Ejército. Nunca volvieron.
Cuando este cronista le escribió al entonces titular del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, general Mario Cándido Díaz, el oficial contestó diciendo que ese material no obraba en la institución y que posiblemente se había quemado.
Los integrantes de la justicia federal rosarina, ni siquiera se dieron por enterados de semejante delito cometido por los militantes en pleno inicio del tiempo democrático.
Al día de la fecha, ni Reutemann, ni Borgonovo ni el propio titular de la Seguridad Pública, Enrique Alvarez dieron su versión política sobre la represión producida en diciembre de 2001.
Lo que se desprende de los nueve cuerpos judiciales que contienen los testimonios de familiares y vecinos de los ocho asesinados, y de las palabras de suboficiales y oficiales de La Santafesina SA es que una orden bajó desde lo alto del poder político: reprimir los intentos de saqueos sin dejar huellas.
Hay que recordar que cuatro fusilados encontraron la sentencia de muerte mucho antes que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiera el estado de sitio. La capacidad de fuego de La Santafesina SA superó largamente los promedios históricos en enfrentamientos con supuestos delincuentes: siete muertos sobre 5.710 personas movilizadas en la zona sur de la provincia, más de una víctima fatal por cada mil habitantes involucrados. Un registro que solamente puede encontrarse en la historia política colombiana de los últimos cincuenta años. El dato es significativo si además se lo contrasta con la cantidad de armas de fuego secuestradas durantes los saqueos: solamente nueve y hubo, se recuerda, siete muertes en el Gran Rosario. Actuaron las Tropas de Operaciones Especiales, la Dirección de Drogas Peligrosas y todas las reparticiones de la fuerza, inequívoco indicio de que la orden provino de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Enrique Alvarez, dependiente del Ministerio de Gobierno, por aquellos días en manos del doctor Lorenzo Domínguez y con los vicios y mañas operativos del entonces jefe de La Santafesina SA, José Storani. Se usó munición de guerra y antitumulto, y parte de los proyectiles iba a ser provisto por algunos empresarios supermercadistas rosarinos, según se desprende del expediente.
Hoy, José Storani, ex jefe de tercio del Comando Radioeléctrico rosarino durante los tiempos de Galtieri y Feced; ex jefe de Investigaciones de la Unidad Regional XVII con asiento en la ciudad de San Lorenzo donde fue acusado por haber torturado a un preso; es integrante del Ministerio del Interior de la administración del senador nacional Eduardo Duhalde.
Un ascenso sugerido por Carlos Reutemann.