Rebelión
A nadie se le escapa a estas alturas la importancia, a todos los niveles, del proceso de ampliación de la Unión Europea. Pero este proceso toma una especial dimensión al referirnos al ámbito de la Política Agrícola Común. La entrada de los diez nuevos Estados miembros, procedentes de Europa central y oriental y del Mediterráneo, duplicará la superficie agrícola de la UE y su población rural. Además, si a esto le sumamos la necesidad afianzar la posición Europea de cara a las negociaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio, la reforma de la PAC no podía demorarse más.
Uno de los aspectos destacados en la reforma se refiere al cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente, salubridad de los alimentos, así como a la condición de mantener las tierras agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales. El interés de la UE en materia medioambiental se plasmó en el Acta Única de 1986 donde se integraban los problemas del medio ambiente. Desde entonces hasta la reciente aprobación, por los ministros de Agricultura de la UE, el 26 de junio de 2003, de la Reforma de la PAC, el objetivo ha estado en la difícil tarea de compatibilizar la competitividad con una agricultura sostenible. A través de esta reforma, en palabras de la Comisión, se pretende fomentar el empleo de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y capaces de suministrar productos de calidad que garanticen mayor seguridad y calidad de los alimentos. No obstante, el fin a la moratoria que pesaba desde 1998 sobre los alimentos y piensos transgénicos contrasta con estas intenciones. Es cierto que al menos existe cierta regulación que obligará en un futuro inmediato a etiquetar todos los alimentos y piensos que contengan un ingrediente con un mínimo de un 0,9% de organismos transgénicos, y la norma de trazabilidad impone un rastreo del producto desde su origen. Pero parece inminente la caída de del muro anti-transgénicos que tanto han atacado los principales países productores de productos transgénicos encabezados por los EEUU.
En los próximos años, el derecho de los consumidores debe estar garantizado plenamente ya que otra crisis alimentaria similar a las acontecidas en Europa en los últimos años, pueden dañar seriamente la credibilidad de la Unión Europea en su capacidad para garantizar la seguridad alimentaria.
Es evidente que existe cierta alarma social al respeto y no es para menos ya que el nivel de demagogia empleado en los discursos relacionados con el comercio de productos biotecnológicos es verdaderamente escandaloso. Solo basta citar a George W. Bush, que declaró recientemente que la oposición europea a la biotecnología dificultaba la lucha contra el hambre en Africa. Aunque es cierto que algunos países africanos han rechazado ayuda alimenticia que contiene transgénicos por miedo al contagio de sus propios cultivos, lo que limitaría su capacidad de exportación a la UE, también es justo recordar que la UE es el principal emisor mundial de ayuda al desarrollo, - aproximadamente siete veces más que los EEUU-. Además, los países en vías de desarrollo están en pleno derecho de fijar su nivel de protección, salvaguardando sus variedades de la diseminación de semillas transgénicas, que por otra parte están protegidas por patentes y que a corto plazo no harán más que ampliar el nivel de dependencia de los agricultores.
En este escenario no es difícil llegar a preguntarse si en cierto modo el discurso emitido por la UE no es también demagógico y frívolo en su planteamiento medioambiental. El modelo de producción agrícola con cultivos transgénicos es totalmente incompatible con modelos como la Agricultura Ecológica. Ya hay varios casos de descalificación de producciones ecológicas a causa de contaminación por transgénicos y a largo plazo resultará muy difícil garantizar una agricultura y una alimentación libre de transgénicos. Esta forma de producción industrializada tampoco resulta muy compatible con el medio rural que dice querer salvaguardar la UE, al menos tal y como lo entendemos desde nuestra cultura, es decir, muy identificado con la agricultura familiar integrada en el medio rural.
Los cultivos transgénicos son el fin de la libertad tradicional del agricultor para elegir sus semillas. Se establece una total dependencia del agricultor con respecto a las empresas biotecnológicas. Pero además este queda desamparado ante los posibles los daños ambientales causados por cualquier organismo modificado genéticamente, dada la indefinición de la responsabilidad ante la falta de un marco jurídico claro.
La Comisión Europea debe garantizar plenamente la protección de los derechos de sus consumidores y productores por encima de las presiones del mercado internacional en lugar de aceptar las imposiciones de la OMC como un mal menor ante el imparable avance de la Biotecnología. Aunque la biotecnología no es la panacea que proclaman las grandes multinacionales del sector, es justo reconocer que la biotecnología plantea grandes oportunidades, y la Comisión debe elaborar las políticas públicas pertinentes para el máximo aprovechamiento de estos avances científicos, pero por encima de todo, deben estar siempre los derechos de los ciudadanos.
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