Nuestro Planeta

3 de julio del 2003
Itoitz: una lucha ejemplar

Jesús García Blanca
Con profundo respeto y cariño a los que resisten en Itoitz, a los que resisten aquí y allá contra los embalses que estancan la vida, contra los trasvases que transportan la sangre arrebatada a los pueblos.

El 19 de junio, después de tres días de ejemplar y durísima resistencia de un grupo de personas que se habían inmovilizado en el regazo de los muros, que se habían casi fundido con las piedras intemporales de hogares condenados, una gran excavadora de la Compañía Pérez del Río, derribaba Jakue, Bernatena y la Iglesia de Santa Eulalia, las últimas edificaciones del pueblo de Itoitz.

El Contexto global:
las mafias del agua

La ONU está, sobre el papel, tan preocupada por el problema del agua en el planeta como lo está por los derechos humanos o las guerras. De modo que periódicamente nos encontramos con documentos espeluznantes llenos de constataciones dramáticas y de autoexigencias genéricas y difusas que no se traducen en absolutamente nada concreto.

Ejemplo reciente: el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. "Los abastecimientos de agua disminuyen, mientras que la demanda crece a un ritmo pasmoso e insostenible. Se prevé que en los próximos veinte años, el promedio mundial de abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un tercio". Pero ya se sabe cómo funciona esto de los promedios: habrá unos pocos países ricos cuyas élites no sólo no verán reducidos sus cupos sino que los incrementarán sin medida, mientras millones de personas en el resto del planeta se verán condenados a mucho menos de un tercio; sencillamente morirán de sed.

Mientras el Informe de la UNESCO apunta a "actitudes y conductas", a la "inercia de los dirigentes" y a la tradicional "falta de plena conciencia" del común de los mortales para explicar que "no se han alcanzado prácticamente ninguno" de los objetivos establecidos; mientras un ejército de funcionarios dedica meses y años a redactar estas y otras conclusiones que se repiten hasta el infinito, más de mil trescientos millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable lo que causa más de dos millones de muertes cada año.

Un vistazo a las cifras del agua

El 97% del agua que existe en el planeta es salada. Considerando el 3% restante que es el que podemos utilizar, un 77% está prácticamente inaccesible, congelada en casquetes polares y altas cumbres; un 22% son aguas subterráneas que necesitan grandes inversiones para obtenerse; sólo el 1% -de ese 3% dulce- está disponible para ser tratada con vistas a su consumo, y -según se puso de manifiesto durante el tercer Foro Mundial del Agua celebrado en abril en Kyoto- el consumo de agua aumenta el doble que la población.

Y ahí es donde intervienen las zarpas del Capital disputándose gestionar la demanda de un bien esencial para la vida. Es decir, controlando la vida y la muerte de millones de personas.

Las multinacionales del agua obtienen ya más ganancias que la superpotente industria farmacéutica, y eso que por el momento controlan apenas el 4% del agua potable. Hablamos de miles de millones de euros, de los cuales casi la mitad van a parar a las arcas de dos multinacionales francesas: Vivendi y Suez-Lionnaise des Eaux.

Y es que estos monstruos cuentan con el inestimable apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional -que condicionan prestamos y reducciones de deuda externa a la privatización del agua- y la OMC que incluye en sus acuerdos cláusulas en las que los países firmantes ceden los derechos sobre el agua a las grandes corporaciones.

Los embalses

Hay más de cuarenta mil grandes embalses construidos en el mundo con la supuesta finalidad de abastecer de agua regadíos, ciudades y centrales eléctricas. China tiene casi veinte mil. España posee el record de agua embalsada por kilómetro cuadrado y habitante: 1.300 grandes presas que recogen la mitad del agua de los ríos.

La construcción de embalses viene produciendo el desplazamiento forzoso de millones de personas; la muerte de miles por rotura de presas, el aumento de enfermedades infecciosas, la agudización de desequilibrios territoriales, el endeudamiento de los países en los que se construyen, episodios brutales de represión y multitud de desastres ecológicos: salinización, pérdida de nutrientes, desertización, desaparición de humedales y caladeros, alteración de ecosistemas fluviales y costeros...

El contexto nacional:
el Plan Hidrológico

En España, como en el común de los países autodenominados "desarrollados", la gestión política del agua destruye precisamente los ecosistemas conectados con el agua y las culturas asociadas al agua: las comunidades de los Valles del Pirineo, los ecosistemas y culturas de las montañas, los deltas de los ríos y las costas.

Pero la política de gestión del agua, como el mismo Plan Hidrológico, no se hace para gestionar el agua, sino para servir de soporte a los intereses del Capital: "La solidaridad gubernamental supone anegar miles de hectáreas de ecosistemas montañeses, decenas de pueblos con su cultura y restos arqueológicos, acabar con muchos de los últimos entornos y valles mejor conservados, dejar sin casa y sin pasado a miles de familias y sumergir en el olvido la incómoda vida ortodoxa de las montañas. Las hordas del cemento y el hormigón tienen que acabar con la montaña para conseguir que se mantenga e incremente la orgía del derroche de agua".

Lo que no pretende el Plan Hidrológico

El Plan Hidrológico no prevé medidas contra la contaminación de las aguas; al contrario, la repercusión que tendrá sobre los humedales supondrá también destruir el medio de vida de plantas y algas que descontaminan miles de litros de agua. Hay que tener en cuenta que la contaminación impide utilizar un tercio de los recursos disponibles y que sólo con estas medidas se dispondría de más agua que la totalidad almacenada en todos los embalses.

El Plan Hidrológico no se propone la reforma de los sistemas de regadíos. Introducir unas mínimas mejoras supondría evitar la pérdida del 60% de agua utilizada en la agricultura.

No contempla mejoras en la red de aprovisionamiento de ciudades e industrias en las cuales se pierde por fugas un 50% del agua.

No tiene justificación económica. Se calcula que el metro cúbico trasvasado saldría entre 60 céntimos y un euro, mientras el precio de coste en la zona es de 33 céntimos.

Algunas consecuencias graves

"El Plan Hidrológico supondría la mayor agresión ecológica de toda la historia del estado español (...) la masiva construcción de grandes embalses y los trasvases consiguientes afectarán al funcionamiento ecológico global de todas las cuencas de los grandes ríos, desde los tramos de cabecera hasta los deltas, estuarios y litoral marino, pasando por zonas boscosas, bosques de ribera, humedales y demás. Al mismo tiempo empeorará ostensiblemente la calidad del agua debido a la salinización y contaminación".

A los desastres ecológicos se suma la profundización en los desequilibrios sociales entre territorios. El Plan clasifica las cuencas en "excendentarias" y "deficitarias" para justificar los trasvases. Ni que decir tiene que no existen criterios eco-lógicos para tan arbitraria división que convierte en cedentes precisamente a las zonas más pobres y en receptoras a las más ricas.

Otra de las consecuencias más dramáticas del Plan es el desplazamiento forzoso de miles de personas. Esta diáspora va aparejada a todas las construcciones de grandes embalses y presas. Se calcula en millones los refugiados del agua en todo el planeta.

Los beneficiados del PHN

Las razones resumidas permiten constatar que el Plan Hidrológico no se hace para llevar a cabo una gestión ecológica y justa del agua. Para lo que sobran argumentos es para detectar a los auténticos beneficiados.

El Plan prevé la construcción de 118 grandes pantanos y miles de kilómetros de canales que extenderán cicatrices de hormigón por toda la geografía española.

El trasvase más importante afecta a la cuenca del Ebro: 1050 hectómetros cúbicos por año, en algunos casos a mil kilómetros de distancia. Multitud de valles, bosques y el delta del Ebro quedarán afectados mientras el agua se transfiere a Cataluña, Valencia, Murcia y Alicante, es decir, a sus industrias, campos de golf, agricultura intensiva y holdings turísticos.

Estos son los auténticos beneficiarios del Plan junto al sector eléctrico.

¿Será casualidad que Carlos Escartín, Director General de Obras Públicas cuando se adjudicaron ciertas obras del PHN, se gane la vida actualmente en ACS -una de las empresas adjudicatarias?

¿Será casualidad que Benigno Blanco, antiguo alto ejecutivo de Iberdrola aprobara a su paso por la Secretaría de Estado para Aguas y Costas el trasvase Jucar-Vinalopó -clave para los futuros negocios de esta compañía?

¿Será por pura cortesía que Antonio Aragón -exconsejero de Obras Públicas del gobierno de Navarra- haya recibido un 3% del presupuesto de las obras y unas joyas para su mujer de manos de LAIN, una de las tres empresas adjudicatarias?

¿Será casualidad que en las otras dos empresas, construcciones Corellanas y Hormigones Asfálticos de la Ribera (HARINSA), trabaje el hermano de Miguel Sanz, Presidente del gobierno foral de Navarra?

¿Será casualidad que uno de los cuatro campos de golf proyectados para adornar la zona de obras se sitúe en Corella, pueblo de Miguel Sanz?

¿Será alguna ancestral costumbre local desconocida la explicación de que se hayan expropiado siete millones de metros cuadrados para realarselos a las constructoras con el fin de que puedan construir bonitos complejos turísticos cuya prohibición en una zona de especial riqueza ecológica se anuló convenientemente?

¿Será una pérdida de tiempo preguntar por comisiones, subvenciones, indemnizaciones, expropiaciones, adjudicaciones...? Afortunadamente, y a pesar de las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente considerando "asegurada" la financiación europea del trasvase del Ebro, la Comisaria europea, Margot Wallstrom, acaba de anunciar que las tales ayudas están bloqueadas mientras no se tengan garantías de que los proyectos cumplen las directivas comunitarias sobre preservación del Medio Ambiente.

El pantano de Itoitz y el canal de Navarra:
mentiras, corrupción y resistencia ejemplar

El caso de Itoitz puede considerarse como un símbolo de la lógica destructiva de la política de gestión del agua, de la falta de escrúpulos con la que actúa el Capital, de la corrupción de altos cargos de la administración estatal y foral, del pisoteo de los derechos cívicos, del desprestigio absoluto de la Justicia, de la resistencia ejemplar de los pueblos y de cómo se hace lo que se tenga que hacer para doblegarla.

Un viejo proyecto de la Dictadura

En 1985 el PSOE retoma una elucubración franquista para construir un gran embalse en el río Irati. Inmediatamente se crea la Coordinadora contra un proyecto que amenaza con la desaparición de nueve pueblos y con afectar otros seis, los valles de Irati, Artzibar y Longida y tres reservas naturales.

Cinco años después, el gobierno de Navarra y el MOPU aprueban el Proyecto. Las obras se inician en 1993. Se pretende inundar mil cien hectáreas para embalsar 418 hectómetros cúbicos de agua que servirían -según proclaman quienes cobran por ello cantidades millonarias- para transformar miles de hectáreas de secano en regadío, abastecer de agua a Iruñerría y construir dos centrales hidroeléctricas.

Pero estos objetivos no se sostienen: mas de 3000 hectáreas han sido abandonadas vía subvenciones; las necesidades de agua de la población aludida son cuatro veces menores de las proclamadas y el proyecto va a inundar cuatro centrales hidroeléctricas.

Proyecto nulo e ilegal

En 1994 la Unión europea archiva la queja presentada por la Coordinadora. Trece mil personas se manifiestan contra el pantano.

Un año después, la audiencia Nacional declara el Proyecto nulo e ilegal entre otras cosas porque inunda las bandas de protección de tres reservas naturales. Pero eso no arredra a sus impulsores que crean una Plataforma pro-agua integrada por el PSOE, UPN, CDN, UAGN y UGT. La Audiencia Nacional ratifica la nulidad del proyecto y ordena la paralización de las obras; eso sí, con una pequeña condición: ¡la Coordinadora debe depositar como fianza 144 millones de euros!

"Desconstrucciones Itoitz"

Quince mil personas se manifiestan ante tamaño despropósito. Mientras otros deciden forzar la paralización mediante la acción directa: "el 6 de abril a las 7'15 horas de la mañana, y acompañados por periodistas, ocho miembros del colectivo Solidarios con Itoitz provistos con sierras radiales, con las caras cubiertas y vistiendo monos con la inscripción "Desconstrucciones Itoiz" paralizaron las obras del pantano durante un año".

El objetivo se consiguió saboteando el corazón de la obra: los cables de transporte de hormigón, cables de 62'5 milímetros de grosor y 800 metros de longitud que transportaban pesos de hasta 140 toneladas y que cayeron al suelo envueltos en llamas y chispas: "en apenas tres minutos se destruyó todo el sistema de transporte de hormigón, que, según responsables de la obra, costó 6 meses instalar".

Si la ley es un estorbo: se cambia

Una vez completado el corte, los solidarios permanecieron a la espera de que llegara la Guardia Civil que les ordenó tumbarse en el suelo y los esposó, momento que aprovecharon los guardas jurados de la obra para dar una brutal paliza a los indefensos activistas. Durante una hora, los esbirros de Protecsa -empresa dirigida por un coronel en la reserva de la Guardia Civil implicado en los sumarios del GAL- se ensañaron con los ocho solidarios mientras la Benemerita obligaba a la prensa a tumbarse en el suelo mirando a otro lado y les requisaba material gráfico y cámaras.

El 8 de junio, dos meses después del corte de cables, 20.000 personas se manifestaron contra el pantano. Tres días después se produjo la respuesta del Parlamento navarro: con el apoyo de la mayoría de los partidos -incluida por cierto IU- se aprueba la Ley Foral de Espacios Naturales en la que se anulan las bandas de protección de las reservas afectadas por el pantano.

Aznar y el PP entran en escena

1997 fue un año clave en esta batalla desigual. En abril, el presidente del gobierno foral y el del gobierno central -en esa fecha, ya Aznar- acuerdan crear una comisión paritaria que proteja la obra. Como primera medida el Consejo de Ministros declara ese mismo mes "de interés general" el proyecto del pantano, al que ya se une el del Canal de Navarra -una inmensa tajadura de 177 kilómetros de longitud y 70 metros de anchura preñada de túneles, sifones y acueductos.

En julio, el Tribunal Supremo anula el Estudio de Impacto medioambiental e impide inundar las bandas de protección lo cual implica reducir la capacidad del pantano de 418 hectómetros cúbicos a 9'7.

Investigando a los opositores

En septiembre se hace público que el gobierno de Navarra había contratado a Burson-Marsteller para investigar a los opositores al pantano. B-M es una poderosa empresa de marketing que ha trabajado a favor de regímenes opresivos de Argentina, Nigeria o Corea del Sur y ha elaborado la estrategia de Relaciones Públicas para controversias como la crisis de las Vacas Locas, la marea negra del Exxon Valdez, el accidente de la planta de Bhopal o el fallo de la central nuclear de Three Mile Island.

En España, esta empresa de lavado de imagen ha trabajado para la patronal del plástico ANAIP en la campaña sobre el PVC y asesora habitualmente numerosas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

La obra iglegal continúa; los solidarios a la cárcel

En octubre la Audiencia Nacional prohibe definitivamente inundar más allá de la cota 506 (a partir de la cual se afectaría a las bandas de protección de las reservas) y en noviembre rechaza un recurso del gobierno de Navarra. Paralelamente, la Fiscalía solicita once años de prisión para los ocho solidarios que cortaron los cables.

Mientras la Audiencia Nacional desestima los recursos contra la prohibición de las obras, no toma ninguna medida para paralizarlas y entretanto los solidarios que hicieron cumplir la sentencia mediante acción directa se ven condenados a cuatro años y diez meses de cárcel.

Jaume Matas contra los Informes

Pero el infame surrealismo de las instituciones no acaba aquí. En mayo del 99 la Coordinadora presenta el informe "Deslizamiento de vertientes en la cerrada del Embalse de Itoitz" y en septiembre hace público un informe que el gobierno navarro había encargado en 1989 y que ocultó por la simple razón de que se advertía del peligro de deslizamiento de la ladera izquierda del embalse.

Pese a ello, la Audiencia Nacional desestima una solicitud de la Coordinadora y autoriza la construcción de una presa auxiliar.

En noviembre del 2000 un informe del ingeniero Arturo Rebollo detecta hasta siete riesgos catastróficos con pérdida segura de vidas humanas y arrasamiento de núcleos de población. Según Rebollo y otro ingeniero -A. Casas- las laderas -no sólo la izquierda, las dos- están constituidas por un material llamado "flisch" que al empaparse de agua es altamente deslizante. Esto no impide que el Ministro Jaume Matas en una visita a Iruñea considere el embalse "totalmente seguro". Para eso se han gastado ochenta millones en acumular escombros en la base de la ladera izquierda en un inútil intento de cubrir las apariencias empeorando aún más la situación.

Más informes escamoteados

En agosto del 2001 se inician las obras del Canal de Navarra. Dos meses después la Coordinadora hace público un informe enviado por el ingeniero Sánchez Caro a la Confederación Hidrográfica del Ebro advirtiendo de la existencia de "grietas con evidentes síntomas de movimiento" en el entorno de la presa del collado de Itoitz.

Legalización de una obra ilegal que se desparrama

El 13 de junio del año siguiente, el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz da a conocer un auto de la audiencia Nacional que -en contra de anteriores decisiones- permite el llenado completo del pantano. La obra repetidamente declarada ilegal, nula, peligrosa y corrupta, termina finalmente bendecida por los poderes fácticos: ¿qué menos se podía esperar? Pero la propia mole de hormigón parecía la menos dispuesta a cumplir las órdenes de sus constructores.

La prueba se realizó el 27 de enero de 2003. Pero la jornada calificada por el Gobierno de UPN de "histórica" se llevó a cabo sin testigos. Pocos días después del cierre de las compuertas se produjeron los primeros deslizamientos de la ladera -previstos en los informes de Casas y Rebollo- y que son rápidamente disimulados por la Administración que decide proceder a la evacuación nocturna de los vecinos de Itoitz.