Uno de los secretos de la recuperación de la economía de Asia tras la crisis de los años 1997-98 ha sido el crecimiento de la inmigración. Las empresas de los países asiáticos demandan cada vez más mano de obra especializada. El reverso de la moneda es la existencia de condiciones de trabajo deplorables, abusos físicos y explotación en los países receptores de inmigrantes.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos 10 millones de asiáticos emigrarán a otros países en el año 2003, en comparación con los 2 millones que lo hacían anualmente en los años ochenta. Sólo la mitad de aquella cifra serán emigrantes legales; el resto cruzarán la frontera ilegalmente y carecerán de papeles en los países receptores durante bastante tiempo.
La mitad de los emigrantes de Asia proceden del Sudeste Asiático y la otra mitad del Sur de Asia, principalmente de India, Pakistán y Bangladesh. Los destinos preferentes de los emigrantes son Japón, Corea del Sur, Taiwán y Malasia. Otra parte se va a la región del Golfo Pérsico, principalmente a Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.
Un grupo más reducido, que ha recibido una formación especializada en campos como la informática o la ingeniería, se dirigirá a EEUU, Canadá o Europa Occidental. La mayoría de los componentes de este grupo proceden de la India y Filipinas.
Como es lógico, el principal motivo que hay detrás de este fenómeno migratorio es la diferencia salarial. Los emigrantes pueden ganar al cambiar de país un salario hasta cinco veces mayor que el que cobraban en sus respectivos países. Ésta es también una de las razones por la que los gobiernos de los países de origen no ponen ningún obstáculo a esta emigración. De hecho, las remesas de divisas procedentes de los emigrantes se encuentran entre las principales fuentes de divisas de muchos de los países asiáticos. Según el Instituto de la Finanza Internacional (IIF) en el año 2001 las remesas de divisas de los emigrantes alcanzaron en el mundo la cifra de 65.000 millones de dólares. Un 25% de esa cantidad correspondió a Asia. Es más que probable que esta cifra crezca por cuanto que la movilidad de mano de obra entre los diferentes países del continente está en vías de aumentar debido a la globalización económica, que ha hecho desaparecer en gran medida las fronteras de los estados.
Un problema grave es la ya mencionada falta de protección legal para los inmigrantes. Entre los 19 países que han ratificado en el mundo la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes no se encuentra ningún país receptor de inmigrantes de Asia u Oriente Medio. Filipinas, Sri Lanka y Bangladesh, todos ellos países exportadores de mano de obra, sí han firmado este convenio. Manuel Avella, un investigador de la OCDE, señala que "en comparación con Europa y América del Norte, la protección social y los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Asia son muy reducidos, por no decir inexistentes". La debilidad de los sindicatos es otro factor más que incide en la falta de protección de estos colectivos. El 25% de los trabajadores japoneses pertenece a un sindicato, pero esta cifra se reduce hasta el 14% en el caso de los surcoreanos, el 15% de los malayos, el 4% de los indonesios y el 5% de los tailandeses.
Hay que tener en cuenta también la hostilidad de los nacionales de los países receptores, que se traduce en una presión a las empresas y gobiernos para que traten a los inmigrantes como si fueran una mano de obra inferior. Una especial dificultad han de soportar los inmigrantes que residen en Japón y Corea del Sur, países donde la importación de mano de obra no especializada está, en teoría, prohibida y donde la existencia de una mano de obra indocumentada ni siquiera es reconocida oficialmente. En toda la región los inmigrantes ilegales son víctimas de una criminal explotación, que va desde algunas formas de esclavitud hasta la extorsión y explotación sexual.
Al igual que sucede en Europa, la entrada en vigor de normas más restrictivas no ha detenido el flujo inmigratorio, pero ha tenido el efecto de hacer aumentar notablemente el número de trabajadores ilegales. Hay que señalar también que muchas empresas europeas y norteamericanas han decidido instalarse en estos países, debido a la falta de protección social que existe en ellos y la falta de responsabilidad que se exige en general a las empresas que operan en la zona. Sin embargo, la OIT y otras organizaciones han advertido que el reconocimiento de los derechos de los trabajadores tiene un efecto económico positivo, pues conduce a un importante aumento de la productividad en las empresas.
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