Amnistía Internacional

«Empleando únicamente la fuerza, sobre todo la que conlleva violaciones de derechos humanos, no se acabará con el conflicto armado ni se logrará la estabilidad en la República del Congo» afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe..
«Para que el Congo empiece a avanzar por el camino de la paz, los dirigentes políticos y militares deben comprender que no hay tranquilidad duradera ni progreso económico y social sin el respeto de los derechos humanos» señala la organización en el informe titulado Republic of Congo: A past that haunts the future [República del Congo: El pasado se cierne sobre el futuro]..
Basado en la información reunida por delegados de Amnistía Internacional en el curso de una visita realizada en el 2002, el informe pone de relieve que, como consecuencia de la persecución deliberada, no resuelta y continua por parte de las fuerzas gubernamentales y los miembros del grupo político armado de los Ninjas contra civiles indefensos, decenas de personas han muerto y miles más han tenido que desplazarse. También aborda el hecho de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no ha adoptado las medidas adecuadas para prevenir los abusos contra solicitantes de asilo y refugiados en la República del Congo y en el conjunto de la región central africana..
La impunidad sigue estando en el núcleo de la violencia y la insurrección armada. Los sucesivos gobiernos congoleses han intentado perpetuar su poder y construir la estabilidad política sobre los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas y las de sus adversarios armados» ha señalado Amnistía Internacional..
Todas las partes enfrentadas en el conflicto han cometido abusos graves, que incluyen homicidios ilegítimos e indiscriminados, «desapariciones», secuestros, tortura -incluidas violaciones- y otros malos tratos. A lo largo del 2002 continuaron recibiéndose informes sobre otros abusos, como el desplazamiento forzado de civiles desarmados, algunos de los cuales sufrieron agresiones, homicidios o lesiones a manos de fuerzas gubernamentales que les disparaban desde helicópteros..
Los testimonios reunidos por Amnistía Internacional durante la visita realizada en el 2002 confirman que varios centenares de ciudadanos congoleses que habían huido de Brazzaville a finales de 1998 «desaparecieron» a manos de miembros de las fuerzas de seguridad a mediados de 1999. Según el testimonio de sobrevivientes, familiares de las víctimas y grupos locales de derechos humanos, no menos de 353 refugiados que regresaban de la República Democrática del Congo a Brazzaville en mayo de 1999 fueron ejecutados extrajudicialmente y sus cadáveres se hicieron desaparecer clandestinamente..
Un sobreviviente de las «desapariciones», que se hacía llamar brigadier para ocultar su identidad por razones de seguridad, manifestó que fue detenido junto a 50 personas más como mínimo a su llegada al puerto de Brazzaville el 18 de mayo de 1999. Militares de la guardia presidencial los condujeron a la jefatura de policía, donde fueron interrogados por sus vínculos con los Ninjas. De allí los llevaron a un antiguo palacio presidencial, donde los sometieron a fuertes palizas, y después a un edificio situado a orillas del río Congo, en el que los detenidos vieron a miembros de las fuerzas gubernamentales congolesas y angoleñas, así como a ex combatientes hutus ruandeses en el exilio y mercenarios de raza blanca al servicio del gobierno congolés..
Más tarde llevaron a los detenidos a una sala donde había 200 cadáveres y les ordenaron que los amontonaran en grupos de 25. Al parecer, los cuerpos fueron empapados con gasolina y quemados, y las cenizas se arrojaron al río. A lo largo de varios días, hasta el 24 de mayo, los informes indican que los detenidos fueron obligados a incinerar más cadáveres..
Los homicidios continúan. Desde marzo de 2002 se ha dado muerte a decenas de civiles indefensos, decenas de miles han tenido que desplazarse y decenas de miles más se han visto privados de asistencia humanitaria en el contexto de los enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes Ninjas. Sólo en Brazzaville, más de 170 personas, entre las que había civiles desarmados, han muerto víctimas de homicidio a principios del 2003..
Amnistía Internacional ha expresado honda preocupación por el hecho de que el gobierno congolés no haya adoptado medidas adecuadas para establecer responsabilidades por los abusos y llevar a los responsables ante los tribunales. Tampoco los jueces han protegido a los ciudadanos del Congo frente a las detenciones arbitrarias, las detenciones ilegítimas y la tortura, que en algunos casos ha causado la muerte de las víctimas..
«Únicamente una investigación independiente e imparcial podría establecer toda la verdad y el alcance de la implicación de los responsables de la seguridad y el gobierno en los diversos niveles de la administración congolesa» ha señalado Amnistía Internacional..
En los últimos años, el ACNUR no ha cumplido en numerosas ocasiones con su mandato de ofrecer protección a los solicitantes de asilo y los refugiados. En algunos casos este organismo ha facilitado la repatriación de refugiados cuando éstos no tenían garantías de seguridad y dignidad a su llegada al país de origen..
El ACNUR no informó a la comunidad internacional y a los refugiados sobre los peligros que los acechaban a su regreso ni exigió la adopción de medidas para impedir su devolución. La falta de transparencia en la provisión de ayuda y protección a los solicitantes de asilo y los refugiados ha generado un clima de sospecha e incluso hostilidad hacia el ACNUR y otros organismos humanitarios en el Congo..
Las autoridades congolesas, así como los dirigentes de grupos políticos armados, son los principales responsables de la promoción y protección de los derechos humanos en su país. No obstante, necesitan el apoyo, el aliento y la cooperación de la comunidad internacional, incluidos gobiernos extranjeros y organizaciones intergubernamentales..
Amnistía Internacional ha instado al gobierno a adoptar medidas inmediatas para impedir los homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos. El gobierno debe garantizar que las violaciones de derechos humanos, incluidas las «desapariciones» de 1999, se investigan exhaustivamente y sus autores son procesados..
Los dirigentes de los grupos políticos armados deben ejercer el control sobre sus fuerzas y garantizar que no cometen abusos contra los derechos humanos..
El ACNUR debe cumplir plenamente su mandato de proteger los derechos de solicitantes de asilo y refugiados, incluido el derecho a no ser devueltos al país de origen o a cualquier otro donde correrían peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos.