Liliana Marcos / Canal Solidario (05/11/2003)
Umoya
AI, Ayuda en Acción, el Programa Mundial de Alimentos o MSF intentan llamar la atención sobre una crisis ya olvidada por la opinión pública internacional y en la que la población civil resulta extremadamente vulnerable.

En esta guerra sin fin en un país sin estado, de empresas y particulares que se llevan lo que más pueden y de países vecinos al acecho de las reservas de diamantes, coltán, madera o cobre, es la población civil la que sufre constantes violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, Ayuda en Acción y Médicos sin Fronteras ponen el grito en el cielo para que la opinión pública y los donantes vuelvan a recordar que en la RDC las masacres continúan a pesar de que los acuerdos de paz de Lusaka (capital de Zambia) de agosto de 2000 siguen vigentes.

El viaje de Amnistía

Todo esto coincide con la publicación de un informe del Grupo de Expertos nombrado en 2000 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se vuelve a constatar como la explotación sistemática de los recursos naturales del país aviva el conflicto. En este documento han podido investigar a 119 de las 157 empresas y personas mencionadas por posibles violaciones de derechos económicos o sociales. Aunque el mandato del grupo de expertos le imposibilita para realizar juicios de culpabilidad, llegan a la conclusión de que 38 empresas no han respondido a las acusaciones anteriores de expoliación, otras tantas sólo han tomado medidas provisionales y en algunas hace falta más investigación.

Irene Khan, secretaria general de AI, acaba de realizar un viaje de diez días por la atormentada región de los Grandes Lagos y, a su vuelta, ha pedido a la comunidad internacional que prosigua y refuerce su labor en la RDC y que siga las recomendaciones del Grupo de Expertos. Especialmente ha solicitado que se garantice el embargo de armas impuesto en la región por la Resolución 1493.

"Al documentar los lazos entre la explotación económica, el tráfico de armas y el conflicto, les recomendaciones del Grupo de Expertos ofrecen una oportunidad de abordar las causas fundamentales de un conflicto que se ha cobrado más de tres millones de vidas desde 1998". Human Rights Watch y Ayuda en Acción centran sus peticiones a la comunidad internacional en que se busquen herramientas para acabar con la impunidad.

Crisis humanitaria

Médicos sin Fronteras dedica este mes su revista a repasar la crisis humanitaria abierta en la región de Ituri a pesar de que, en septiembre, una nueva misión de Naciones Unidas (MONUC II) desplegase cascos azules en la zona. Después de que Laurent Kabila firmara la retirada de las tropas de Uganda y Ruanda de la región, los combates se intensificaron en la provincia de Ituri, al noreste del país, por controlar la capital de la región, Bunia. Cuando llegaron las tropas de la Fuerza Multinacional Interina de Emergencia lideradas por Francia era "demasiado tarde para evitar las masacres", denuncia MSF.

Desde mayo a julio, el 20% de los pacientes ingresados en el hospital que MSF gestiona en Bunia eran civiles víctimas de heridas de guerra y la mitad de ellos eran niños menores de cinco años. A pesar de que la MONUC II está mejor dotada que la misión anterior y que las Fuerzas de Emergencia, el número de desplazamiento y violencia no disminuye.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) denuncia que, desde que se firmó la paz, miles de mujeres se atrven a salir de sus escondites y confesar que ellas fueron violadas durante el periodo de mayor violencia. "Jamás se han encontrado tantas víctimas de violaciones en una situación de conflicto como ahora", declara la portavoz de este organismo internacional, Christiane Berthiaume que añade que "sin ninguna distinción, niñas desde los cinco años hasta ancianas de 80 han sido violadas y sistemáticamente torturadas". El PMA, la agencia más grande de Naciones Unidas, sólo dispone de un 37% de los fondos necesarios para ayudar a 500.000 personas.

Más información:

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