Rémy Herrera
Haaretz
Traducido para Rebelión por Marina Trillo
El próximo 4 de noviembre, la necesidad de levantar el embargo contra Cuba será sometida a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas. A pesar de la resolución 56/9 de 2001, sigue siendo impuesto por la aislada pero terca voluntad del gobierno de los EEUU. En 2002, fue condenado por 173 estados miembros de la ONU. Dos países todavía lo apoyaban: Islas Marshall... e Israel.

¿Qué es el embargo contra Cuba?

Impuesto desde 1962, el embargo estadounidense ha sido reforzado en 1992 con la Torricelli Act, cuyo objetivo era golpear las entradas de fondos y mercancías: limitaciones a las transferencias en dólares de las familias en el exilio, prohibición de 6 meses de tocar puertos estadounidenses a todos los barcos que hubieran anclado en un puerto cubano, sanciones contra las firmas que hicieran negocios con la isla incluso bajo la jurisdicción de un tercer estado...

Fue sistematizado por la Helms-Burton Act de marzo 1996 que trató de endurecer las sanciones "internacionales" contra Cuba. Su Título I generaliza la prohibición de importar mercancías cubanas y condiciona las transferencias a la creación de un sector privado en Cuba. Más atrevido, el Título II fija las modalidades de una transición "post-Castro" y las relaciones a establecer con los EEUU. El Título III concede a los tribunales estadounidenses el derecho de juzgar las demandas por daño e interés presentadas por ciudadanos estadounidenses que consideren haber sido perjudicados por la pérdida de propiedad en Cuba debido a la nacionalización, y reclame compensación de los usufructuarios. A petición de los antiguos dueños, cualquier nacional (y familia) de un tercer estado que haya hecho transacciones con estos usufructuarios puede ser demandado en EEUU. Las sanciones resultantes prevén inter alia, en el Título IV, la denegación de visado de entrada a EEUU.

El contenido normativo del embargo, especialmente la extraterritorialidad de sus reglas, que intentan imponer a la comunidad internacional sanciones unilaterales, es una violación del espíritu y la letra de la Carta de Naciones Unidas. Esta extensión excesiva de la jurisdicción territorial estadounidense es contraria a los principios de soberanía nacional, desarrollo, y no-intervención en las decisiones internas de un estado extranjero. Este embargo es además ilegítimo e inmoral porque ataca los beneficios sociales alcanzados por Cuba desde hace décadas en sus sectores públicos (educación, sanidad...) y pone en peligro sus logros, reconocidos por muchos observadores independientes. También contradice la libertad de comercio, navegación y movimiento del capital.

Los efectos dañinos del embargo

Según fuentes oficiales cubanas, los daños causados a Cuba por el embargo excederían los 70.000 millones dólares. Afecta negativamente a todos los sectores: banca, petróleo, infraestructura, construcción, agricultura, electrónica, azúcar, níquel, tabaco, ron... El embargo paraliza las nuevas fuerzas impulsoras de la recuperación económica, a cuya vanguardia están el turismo, las transferencias en dólares y las inversiones extranjeras -incluyendo la biotecnología donde Cuba tiene un atractivo potencial.

Los anuncios de los gobiernos estadounidenses favorables a aflojar las restricciones sobre comestibles y medicinas no pueden ocultar que Cuba es víctima de un embargo de facto en estos sectores. La reducida disponibilidad de estas mercancías amenaza la seguridad dietética y alimenticia de la población. Si se ha evitado una tragedia humanitaria es tan solo gracias a la voluntad del estado Cubano de mantener a toda costa los pilares de su modelo social, que garantizan a todo el mundo alimentos a precios modestos y consumición gratis en guarderías, escuelas, hospitales y residencias de ancianos.

Sin embargo, la continuidad del progreso social es deteriorada por esta prolongación efectiva del embargo. Las presiones ejercidas por EEUU sobre los proveedores de Cuba han afectado a una amplia gama de productos necesarios para la salud (anestésicos, material quirúrgico...) y llegó tan lejos como para impedir el suministro de medicamentos y alimentos para los bebés recién nacidos. La producción de vacunas concebida por Cuba se ve obstaculizada por la carencia de componentes importados. La escasez que afecta a muchas medicinas complica el tratamiento del cáncer de pecho, leucemia, enfermedades cardiovasculares...

Estas medidas provocan un sufrimiento injustificado a la gente cubana y le deniegan el ejercicio de sus derechos humanos básicos. Violan los derechos a la integridad física y moral de toda la población, en primer lugar de los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos. A este respecto, pueden considerarse como un crimen contra la humanidad. Por todas estas razones, Israel debe votar para hacer cesar este crimen.