The Star "Existen signos de que la distribución de la tierra en Venezuela ha comenzado finalmente a ser democratizada."
Marino Alvarado, analista de reforma agraria.
Richard Padrón nació en democracia y en la servidumbre de días modernos.
"Mi padre trabajo en una ganadería," dice el delgado Padrón, de 25 años, usando unas botas de caucho para el fango y una funda de cuero para su cuchillo de carnicería.
"El dueño lo deja usar dos hectáreas para sembrar maíz y otros cultivos para comer. Los salarios son suficientes para comer, pero no dan para mucho más. Dejé la escuela y comencé a trabajar con él cuando tenia 14 años."
Padrón aun vive en la pobreza; el y su esposa y sus dos hijos, sobreviven en gran parte por el maíz, y duermen en hamacas con muchas otras familias en una granja abandonada hecha con bloques de cemento.
Pero esta muy animado. Por primera vez en su vida, Padrón dice, la tierra donde vive y trabaja es suya.
En febrero, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, le concedió a la familia Padrón, como a otras 300 familias, el derecho a cultivar mas de 3 mil hectáreas de tierra en el corazón del verde Estado Narinas, al suroeste de Caracas.
"Yo iba a ser un trabajador toda mi vida," dice Padrón, mientras voltea las tortitas de maíz llamadas cachapas con un machete sobre una precaria cocina hecha con un barril de petróleo volteado.
"No había manera de surgir desde abajo. Sin tierra, no teníamos futuro."
En esta nació petrolera y en gran parte urbana, la elite que gobernó siempre desestimo la brecha de desigualad en la propiedad de la tierra. De acuerdo al Instituto Nacional de Tierra (INTI), 60 por ciento de la tierra productiva de la nación pertenece a un dos por ciento de terratenientes, mientras que cientos de miles de campesinos permanecen sin tierras o subsistiendo con su parcela en aprietos.
Ahora, en su oferta por reducir la pobreza y alentar la producción agraria, el batallador presidente de Venezuela esta implementado un controvertido programa de reforma agraria que ha encontrado fuerte resistencia entre los terratenientes, grupos de negocios y oposición política.
Para el fin de este año, Chávez dice, el gobierno habrá distribuido 2 millones de hectáreas de tierra des Estado sin utilizar a 100 mil familias.
"Ahora mismo, Venezuela tiene el único programa serio de reforma agraria administrado por el gobierno en América Latina," dice Peter Rosset, codirector del Instituto de Alimentos y Desarrollo de Políticas, un instituto de investigación influyente de San Francisco.
"En los Estados Unidos, Chávez es pintado como un villano o loco, pero esta reforma agraria, pequeña e incipiente como es, muestra que esta mucho más del lado del pobre que otros presidentes en la región."
Históricamente, la reforma agraria ha sido un aspecto explosivo en toda América Latina.
La aprobación de la "Ley de Tierras", la cual Chávez creo por decreto junto a otras 8 medidas bajo poderes especiales para evitar el debate parlamentario, ayudo a unificar una oposición desunida y rápidamente desencadenó la primera huelga nacional en Diciembre de 2001.
Desde que la ley fue implementada, la oposición ha ocupado en sacar a Chávez del poder como sea.
Esto ha incluido un golpe de Estado en Abril de 2002, un paro de dos meses en Diciembre y Enero pasados, y mas recientemente, una campaña para sacar al presidente en un referéndum revocatorio.
Sin embargo, Chávez ha aguantado, y en estados rurales como Barinas, conocidos por exuberante y pobreza crónica, el gobierno ha marchado a paso con su programa de reforma agraria, movimientos de campesinos activos y propulsores de cambio, quienes han enfrentado a los ricos ganaderos quienes reclaman propiedad sobre la tierra.
Los ganaderos acusan al gobierno de expropiar ilegalmente tierra privada en completa producción sin compensación para sus dueños, en lugar de dedicarse a las tierras del Estado.
"Ellos están detrás de las mejores tierras, no las inutilizadas," dice Rogelio Peña, ex-alcalde de la ciudad de Barinas. "Igual que Fidel Castro en Cuba, el gobierno quiere tomar control del sector privado."
Peña dice que tenia una finca de 2 millones de dólares con mil 700 cabezas de ganado cuando los soldados lo forzaron a salir de la tierra en febrero.
Docenas de campesinos, incluida la familla Padrón, se mudaron en estas tierras y comenzaron a cultivar con la autorización del INTI, la cual esta a cargo de distribuir la tierra bajo la nueva ley.
De acuerdo a Leonardo Patiño, consejero legal del INTI en Barinas, la tierra fue entregada a los campesinos porque fue considerada publica e inutilizada.
El titulo de tierra de Peña fue falsificado, dice él, y Peña trajo su ganado solo recientemente para dar la impresión que su finca era productiva.
Un extenso corral de barreras de hierro se encuentra en la entrada de la finca, y cientos de reces jorobadas están aun pastando muy cerca, observadas por unos cuantos vigilantes de seguridad a quienes se les ha sido permitido estar. Peña ha demandado al gobierno.
Los ganaderos también acusan a los oficiales gubernamentales y políticos pro-Chávez de alentar a campesinos a ocupar fincas privadas son sanción oficial.
Giovanni Scelza, presidente de la Asociación de Ganaderos de Barinas, dice que han habido 95 ocupaciones ilegales desde diciembre y las autoridades respondieron a solo un pedido de desalojo.
"El gobierno esta inquebrantando su propia ley," dice Juan Pedro Manrique, un abogado de Barinas que representa a varios ganaderos.
"Cualquiera tiene el derecho a invadir: Este es el mensaje que Chávez le ha dado a su gente. El gobierno sabe, si ellos apoyan a los invasores, conseguirán votos."
Manrique también acusa al INTI de otorgar tierra a adherentes políticos y militares a cambio de apoyo.
Oficiales del INTI niegan estos cargos, diciendo que ellos han condenado abiertamente las ocupaciones ilegales, que ellos atribuyen a grupos de campesinos que operan de manera independiente.
Por su parte, los lideres campesinos dicen que docenas de campesinos han sido asesinados por asesinos a sueldo, llamados sicarios, a quienes vinculan con los ganaderos. Los ganaderos dicen que estos números son exagerados.
Ambos, campesinos y ganaderos, están armados y las amenazas de violencia abundan.
"Si ellos se agarran mi finca, los mato a todos, uno a uno," dice Felipe Corelli, de 66 años, un fornido ganadero que reclama haber perdido ocho toros por culpa de campesinos que ocupan ilegalmente sus tierras. "Créeme, existen formas de hacerlo."
Cada vez más, campesinos combatientes están presionando al gobierno para moverse aun mas rápido.
Aquí en Barinas, a principio de mes, campesinos esperan impacientes concesiones de tierra temporalmente tomadas por oficiales del INTI.
De acuerdo a Marino Alvarado, quien esta escribiendo un reportaje sobre la situación de la reforma agraria para una organización de derechos humanos basada en Caracas, el gobierno podría estar moviéndose demasiado lento.
"Las invasiones ilegales son la excepción, no la regla," dice Alvarado. "La única critica que se puede hacer es que el gobierno no esta tocando a los grandes latifundios."
Por ahora, el INTI está solo distribuyendo la tierra propiedad del Estado, sin algún plan inmediato para expropiar latifundios privados - grandes propiedades que fueron apropiadas durante la era colonial.
Alvarado dice que la ley de tierras por si misma es relativamente blanda, ya que limita la definición de latifundio a solo grandes porciones de tierra inutilizada.
Aun así, el dueño tiene un periodo de dos años de gracia para iniciar la producción y evitar la expropiación.
Pero mas allá de la controversia que rodea las ocupaciones ilegales y las expropiaciones, subyace una profunda disputa ideológica sobre la producción agraria.
Bajo la ley, la distribución de la tierra permanece en las manos del Estado, y el gobierno debe alentar la formación de cooperativas de campesinos y granjas colectivas, donde el estado podrá proveer casa, salud, y educación. La ley también le da al gobierno poder para dictar que tan privada la tierra puede ser usada.
Los críticos argumentan que la ley viola el derecho ala propiedad privada y es un retroceso a la encomia planificada de las economías comunistas.
"El modelo de granjas colectivas no responde a nuestra realidad," dice Roque Carmona, fundador de la Alianza de Campesinos, una organización sin fines de lucro que asiste a campesinos de pequeña escala. "Luce bien en el papel, nada mas."
Oficiales gubernamentales mantienen que la prohibición de crear nueva propiedad privada es un intento para evitar los fracasos de las reformas agrarias que se han hecho en el pasado en Venezuela y en toda la región, en donde los campesinos de pequeña escala fueron forzados a vender sus parcelas a grandes propietarios por falta de crédito y apoyo gubernamental.
Ellos también argumentan que formar cooperativas de campesinos es la única forma en que los campesinos podrán competir con el negocio agrario a gran escala.
Por su parte, Chávez ha defendido la ley no solo en términos de justicia social pero también al apelar por la necesidad de "seguridad alimentaria". Mandato de la constitución, la cual fue aprobada durante su primer año como presidente en 1999.
"Tenemos excelentes condiciones para proveernos nosotros mismos con buena parte de lo que consumimos, entonces ¿cómo es posible que estemos importando caraotas?", dijo Chávez en una reciente alocución presidencial, refiriéndose al principal producto de la dieta venezolana.
"Venezuela se mantendrá siendo un país petrolero por largo tiempo, pero no solo petróleo. Debemos regresar a ser un productor agropecuario."
Amable Soto, de 31 años, parece preocupado con una pregunta mas inmediata: ¿Qué precio tendrá para este año su cooperativa de la siembra de pimentón rojo?
El campesino escrutado en al fango dice que sueña con ser dueño de un pedazo de tierra desde que comenzó a trabajar para una finca a la edad de 11 años, pero tenia miedo de unirse a otros en al ocupación de tierras, quienes frecuentemente eran reprimidos por propietarios o la policía.
Ahora, él está supervisando la producción en unas mil 400 hectáreas de granja colectiva, llamada Jacoa, donde a 33 familias de campesinos les ha sido entregados tres tractores y 87 mil dólares en prestamos para comprar semillas y fertilizantes.
Los campesinos están apunto de recoger su primera producción de pimentones rojos y maíz, con plantes para plantar sorgo, patilla, melones y parchita.
"Chávez nos ha dado lo que ningún gobierno ha hecho," dice Soto.
Otros campesinos en Jacoa son mas cuidadosos con sus elogios.
Chávez visito una finca en febrero para lanzar su programa de reforma agraria, pero las familias aun esta durmiendo en refugios con techos de palmas y sobreviviendo en el maíz que siembran.
Ellos dicen que están esperando que Chávez mantenga su promesa de construir viviendas.
"Existen signos de que la distribución de la tierra en Venezuela ha comenzado finalmente a ser democratizada," dice Alvarado.
"Pero tenemos aun que ver si el gobierno continuara dando créditos, tractores y el apoyo técnico necesario para hacer funcionar esta reforma agraria."
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