Nicaragüa: obispos legisladores, la perversión del Estado
Sofia Montenegro
Confidencial En Nicaragua desde el año 1999 se iniciò desde la Asamblea Nacional, un proceso por la aprobaciòn de una ley de Igualdad de Oportunidades. A principios de este año grupos de anprovida, luego que se le practicara un aborto a una niña de 9 años que habìa sido violada en Costa Rica y producto de ello resultara embarazada, se dieron a la tarea de sacar campos pagados en los periòdicos de circulaciòn nacional injuriando a las feministas y haciendo interpretaciones distorisionadas de la propuesta de ley.
Posteriormente variaron su tàctica. Asì en el proceso de dictamen en la Comisiòn de la Mujer de la Asamblea Nacional, los partidos Liberal Constitucionalista y Camino Cristiano han presentado propuestas que se han incorporado en los primeros 30 articulos dictaminados. Todas estas propuestas provienen de una Carta que la Conferencia Episcopal enviara a los diputados.
Si alguna duda quedaba en cuanto a que la cúpula de la iglesia católica es el tercer partido político "extraparlamentario" que manda y decide en este país, la carta del 7 de julio del presente año enviado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua a los "honorables diputados de la Asamblea Nacional" sobre la Ley de Igualdad Derechos y Oportunidades para las Mujeres se ha encargado de despejarla. Treinta artículos aprobados por la comisión particular que dictamina la ley, recogen las observaciones y recomendaciones hechas por los obispos, que fueron trasladadas por mociones del PLC y Camino Cristiano, a la ley pero que ciertamente contaron con la aprobación de la representación del FSLN en la comisión.
La carta, firmada por el defensor de Arnoldo Alemán y apologista de su régimen corrupto, Monseñor Juan Abelardo Mata, Obispo de Estelí y secretario general de la Conferencia Episcopal, es una joya del pensamiento clerical-autoritario y del más arcaico oscurantismo. No pasaría de ser una curiosidad del folklore político nacional, sino fuese porque estaría determinando la involución de los derechos de ciudadanía y afectaría una serie de leyes ya aprobadas y futuras. Más grave aún, las "recomendaciones" obispales violentan la Constitución y afectan la naturaleza del Estado.
Los obispos estiman que la ley significa "un gran peligro", porque "se refiere a ciertos términos como "derechos" para los cuales no conocemos definiciones ni tampoco corresponde a los derechos humanos tradicionales". Estos términos que los obispos ubican como "derechos no tradicionales" son los derechos de igualdad, libertad y oportunidad para las mujeres y las niñas, lo mismo que los derechos sexuales y reproductivos, todos los cuales según ellos son inventos de la ONU, y las "feministas radicales de género". Sin embargo, la Declaración de Viena estableció desde 1993 que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales".
Según los jerarcas católicos, todo esto tiene el propósito de "promover el aborto y la homosexualidad", siendo este último tema el que parece que les provoca la mayor obsesión. Tampoco reconocen la mundialmente establecida distinción del género en relación al sexo elaborada desde las ciencias sociales. Como se sabe, este concepto originado en la antropología se utiliza para diferenciar lo innato (en este caso el sexo), de lo adquirido (el género). En otras palabras, para distinguir lo que pertenece a la naturaleza, de lo que pertenece a la cultura.
Hasta cierto punto resulta comprensible la estulticia de los obispos, por cuanto es coherente con el carácter de una organización homocéntrica y exclusiva para hombres, cuyos miembros si bien se visten con ropajes "femeninos" en una suerte de travestismo ritual se distinguen por su milenario discurso de odio hacia las mujeres. Pero lo que resulta incomprensible y más temerario aún es que en su afán visceral por desconocer los derechos humanos de las mujeres, llegan a desconocer los derechos de los grupos étnicos del país, entre otros sectores.
El Título III de la ley establece la igualdad de derechos de las mujeres de las regiones autónomas y de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte, donde ratifica que el estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la constitución. Este título manda a los gobiernos municipales y regionales autónomos a fomentar planes, programas y proyectos que garanticen el acceso de las mujeres de las comunidades indígenas y étnicas a servicios, recursos y participación en todos los ámbitos. La carta de los obispos dice al respecto que: "Los derechos son intrínsecos a la persona humana y no pertenecen a grupos, por lo tanto no se puede hablar de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es un error".
Los poco compasivos y cristianos obispos se oponen a que el VIH-SIDA no pueda ser causal de despido o de rechazo para un empleo, puesto que "el empleador no tiene la obligación de cargar con el costo del padecimiento del enfermo de VIH-SIDA..." y que es a la familia y otras instancias de caridad a quien le corresponde hacer esa solidaridad, lo mismo piensan en cuanto al adulto mayor. Rechazan también la acción afirmativa contra la discriminación puesto que "puede ir contra la tradición y las creencias religiosas", así como las relaciones democráticas en el seno de la familia porque "las relaciones entre padres e hijos no pueden ser igualitarias". Tampoco aceptan las cuotas de participación de las mujeres, porque "restan libertad a que lleguen personas más capacitadas..." que además "sería perjudicial para la inversión en el sector privado".
Por último, se declaran en contra de la educación sexual, a menos que promueva "la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio monogámico", siendo esta también la razón por la que han impuesto un veto al Ministerio de Educación, que sumisamente ha mandado a "revisión" el Manual de Educación de la Sexualidad. Se oponen a la participación del Movimiento Autónomo de Mujeres en el diseño e implementación de un Plan de Igualdad, puesto que el Movimiento sería "el resultado de la piñata de ONGs... dentro de un partido específico para llevar a cabo agendas ideológicas afines a ese partido", al tiempo que rechazan también a la Procuraduría de la Mujer y de la Niñez porque "algunas de sus decisiones no han sido apegadas a derecho como en el caso del aborto de la niña Rosa".
Los obispos finalmente les dicen a los diputados cómo definir la salud sexual y reproductiva y el concepto de género y produjeron esta perla: "Para efectos de esta ley se entenderá por Género la identidad biológica sexual de hombres y mujeres. Existen sólo dos géneros: el femenino que corresponde al sexo de la mujer y el masculino, al sexo del hombre". En otras palabras, que la masculinidad tal como ha sido inculcada principalmente por la iglesia (violenta, machista, irresponsable y sádica) y la feminidad (sometida, obediente y masoquista) son supuestamente genéticas.
Autoritarismo, biologismo y una vergonzosa ignorancia, además de arrogancia y abuso, es lo que se traduce de las flamantes recomendaciones obispales. Convertidos en legisladores de facto por el impío tráfico de influencias y la disputa por espaldarazos políticos requeridos por diputados y partidos, los obispos y sus grupúsculos fundamentalistas están despojando a la ciudadanía de sus derechos.
Obispos y diputados desconocen el Arto. 14 de la Constitución que establece que el Estado no tiene religión oficial, el Arto. 48 que establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses y particularmente el Arto. 69 que afirma que "nadie puede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, invocando creencias o disposiciones religiosas". Ni sacerdotes, ni grupos religiosos están por encima de la Constitución y los legisladores tanto como ellos están más obligados que nadie a cumplir este precepto.
El pensamiento preteórico y premoderno de diputados y obispos, el oportunismo político y una espeluznante irresponsabilidad, están teniendo como resultado la involución de Nicaragua hacia un estado teocrático y fundamentalista, haciendo retroceder la racionalidad del derecho a los dogmas de fe. La abusiva ingerencia de la iglesia católica y sus aliados evangélicos en la conducción del Estado, las políticas públicas y los derechos de ciudadanía ha alcanzado con esta carta del obispado, límites intolerables. Es hora de que el liderazgo político y los funcionarios públicos respondan ante la nación por esta perversión del Estado y que todos los ciudadanos demandemos una total, absoluta y definitiva separación del Estado y la iglesia para poder entrar alguna vez a la modernidad.
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