"¿Qué ha hecho este Gobierno? Enfrentar con todo el rigor, como lo muestran las cifras, a los grupos de justicia privada. Y al mismo tiempo, de la mano de la Constitución y en el marco de los principios de los derechos humanos, buscar en una acción de aislamiento de los terroristas que se pueda capturar a todos sus secuaces y auxiliadores"[1], esas eran las palabras del Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, al pronunciarse sobre un informe de diversos organismos de derechos humanos, titulado "El embrujo autoritario".
De manera recurrente la comunidad nacional e internacional ha recibido del gobierno colombiano diversas cifras, estadísticas sobre los resultados operacionales de la Fuerza Pública, las que han girado especialmente en torno a la presentación del número de capturas, de personas vinculadas al conflicto armado. Estas estadísticas no han sido objeto de interrogación, ni confrontación con las estadísticas de otras entidades públicas.
¿Qué esconden las estadísticas oficiales?
A través de los años, los sucesivos gobiernos y en especial el actual, han venido acostumbrando a los colombianos y a la comunidad internacional a la presentación de estadísticas sobre sus resultados operacionales en la lucha contrainsurgente. Es así como observando el acumulado de acciones contra la guerrilla entre el año 1995 y 2003, según las estadísticas oficiales, 28.687 [2] guerrilleros han sido separados del combate, bien a través de la muerte, captura o deserción.
Estas estadísticas en sí mismas deberían plantear un panorama alentador en el escenario de la terminación del conflicto armado interno, pues según los estimativos del Ministerio de Defensa, para el año 2000 había en Colombia 21.585 [3] insurgentes y según estas mismas estadísticas entre el año 2000 y 2003, han sido neutralizados 18.114.
Según las estadísticas del gobierno colombiano, dados los resultados operacionales de la Fuerza Pública, en la actualidad tan solo deberían existir 3.471 guerrilleros. De manera curiosa la Ministra de Defensa presentó un balance que da cuenta que en el país en la actualidad las organizaciones insurgentes están conformadas por 21.072 integrantes [4], situación que necesariamente nos plantea varios cuestionamientos:
* Alarmante resulta ser que con posterioridad al año 2000, el presupuesto de defensa ha tenido un incremento vertiginoso, en donde adicionalmente los colombianos han debido sufragar impuestos para financiar el incremento del aparato de guerra, teniéndose como resultado de estos 32 meses, incluido el periodo del Presidente Alvaro Uribe Vélez, que la guerrilla tan solo se ha reducido en 513 hombres, lo que significaría que el Estado ha invertido en tan solo el último año, mas de 10 billones de pesos [5] para neutralizar este número de combatientes.
* Según las valoraciones presentadas por analistas del conflicto armado, como Alfredo Rangel, en Colombia la guerrilla tuvo su mayor nivel de crecimiento a finales de la década del noventa, llegando a un nivel del 15% anual. Observadas las cifras presentadas por el Ministerio de Defensa, referentes a número de guerrilleros y resultados operacionales de la Fuerza Pública, se concluye que en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2003, la guerrilla ha tenido un crecimiento del 25% anual.
Dicha situación genera profundos interrogantes al Banco de Datos, pues las estadísticas, en la forma en que han sido presentadas por el gobierno nacional, indican que a mayor combate a la guerrilla por parte de la Fuerza Pública, aquella ha tenido un mayor nivel de crecimiento.
En dicho contexto, oportuno es preguntarse sobre las razones por las cuales, la guerrilla ha tenido un nivel de crecimiento del 81,54% en estos 32 meses, siendo que se encuentra aislada social y políticamente.
* Un tercer aspecto que lleva necesariamente a reflexionar, y que se deduce de estas estadísticas, es que en el periodo comprendido entre el año 2000 y agosto de 2003, el 46,22% de los combatientes de la guerrilla ha sido neutralizado a través de muerte, captura y deserción.
Curiosamente, pese al balance que se ha presentado como altamente positivo, la guerrilla tan solo se ha reducido en un 2,37%, visto en comparación con el número de hombres existentes en el año 2000.
Llama la atención al Banco de Datos las inconsistencias e incongruencias que presentan estas estadísticas oficiales, pues el elevado número de muertes, capturas y deserciones causadas a la guerrilla, necesariamente deberían llevar, dentro de un raciocinio lógico, a la existencia de una disminución en el número de hombres de las organizaciones alzadas en armas y un consecuente debilitamiento de las mismas, situación que no observa hoy el país.
Nos preguntamos: ¿Por qué razón, si han sido neutralizados 18.114 insurgentes entre el año 2000 y agosto de 2003, no existe una disminución significativa en el número de hombres de la guerrilla?; ¿Las acciones que han sido reportadas por las autoridades, si reflejan la realidad del conflicto armado en el país?; ¿Se esconden acaso tras dichas estadísticas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en contra de pobladores que residen en zonas de conflicto e integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y políticas de oposición?, en cuyo caso se trataría de civiles y no de combatientes.
¿Inteligencia acumulada o arbitrariedad represada?
Un aspecto que atrae especialmente la atención del Banco de Datos es el relacionado con las privaciones de la libertad, así como el vertiginoso incremento de las mismas, pues mientras en el año 2001, las privaciones de la libertad de integrantes de la guerrilla ascendió a 1.776, las mismas cifras oficiales indican que en el año 2002 se ha dado un incremento del 100,06% y según las tendencias presentadas, llegarían a un incremento superior al 248,25% para el 2003 en relación con el año 2001.
Inquieta, que si las propias autoridades han planteado la existencia de deficiencias en el sistema de inteligencia nacional, hoy pretenda afirmarse que las redadas al derecho a la libertad, obedecen al trabajo de inteligencia. Así mismo, si como lo han señalado diferentes analistas del conflicto, este ha tenido un cambio en sus dinámicas en el último periodo, pues la guerrilla ha dejado de movilizarse en grandes bloques, cómo puede argumentarse válidamente, que bajo una sola acción, y dentro de un operativo de horas, sean privados de la libertad centenares de personas.
Indicativo del manejo del derecho a la libertad es el reporte dado por el General Teodoro Campo Gómez, Director General de la Policía Nacional, quien en un informe dirigido a la Ministra de Defensa indicó como durante el primer año de gobierno, 52 miembros de los grupos paramilitares fueron detenidos por el delito de rebelión,[6] mecanismo institucional que bien puede ser entendido en el afán de abultar las estadísticas o como forma de avanzar en allanar caminos de perdón hacia el futuro. Sorprende que por lo menos 24 de los detenidos sean integrantes de grupos disidentes dentro de las estructuras paramilitares, situación que nos lleva a preguntarnos: ¿Disentir de los dirigentes del paramilitarismo, es acaso un atentado contra el régimen constitucional?; ¿La detención de estas personas por el delito de rebelión, nos plantea la vigencia de una nueva institucionalidad, así como un nuevo orden jurídico?; ¿Avanzamos con ello formalmente en el otorgamiento de status político al paramilitarismo?
Efectivamente, el manejo del derecho a la libertad en el primer año del gobierno del Presidente Uribe Vélez, por el carácter masivo, indiscriminado, lleva a plantear que efectivamente la seguridad democrática ha significado una reedición de la autoritaria doctrina de seguridad nacional, en donde la población civil es asociada con la guerrilla y en tal medida objeto de victimización.
La supuesta eficiencia de la Fuerza Pública se revela en el rescate de los pilotos norteamericanos, quienes fueron privados de la libertad por las FARC desde el 13 de febrero de 2003 en el departamento de Caqueta, operaciones en las que se han empleado 17 aeronaves, 667 horas de vuelo, 3.500 hombres e invertido 16.382 millones de pesos, sin que la opinión pública conozca los resultados obtenidos.
¿Qué pasará después del calentamiento?
"Aquí está ganando el Estado y la sociedad colombiana ... Para estos críticos un año es todo. Para nosotros los resueltos a derrotar el terrorismo, un año es apenas el período de calentamiento",[7] con estas palabras el Presidente Alvaro Uribe Vélez cuestionó las conclusiones del informe de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, llamando a que fueran observadas las cifras oficiales.
Efectivamente, las cifras gubernamentales indican supuestos niveles de accionar en contra de diferentes actores armados y así mismo en contra de la delincuencia común. De un lado el General Teodoro Campo ha dicho al país que entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2003, un total de 207.474 personas fueron privadas de la libertad por parte de la Policía Nacional. [8] A su vez, por parte del Ministerio de Defensa Nacional se ha señalado que en relación con el tema del orden público, han sido privadas de la libertad 50.470 personas entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas.[9] Es decir que un promedio de 140 personas diariamente y 5.7 cada hora, han sido privadas de la libertad.
Realmente sorprendentes las cifras, más aún si hasta el momento las autoridades se encuentran en "periodo de calentamiento", pero también alarmantes pues dicha afirmación permite inferir que los niveles de las detenciones serán superiores, en lo restante del periodo presidencial.
La sola presentación de estas cifras, podría hacer pensar en los llamados éxitos de la política de seguridad democrática. Oportuno es observarlas y contrastarlas con otros referentes estadísticos institucionales, para así mismo entender y valorar los supuestos avances de la misma.
Un primer aspecto sobre el cual llama la atención el Banco de Datos, y que revela el carácter masivo, sistemático, indiscriminado y arbitrario con que han sido privados de la libertad miles de ciudadanos en el actual periodo, es la ausencia de razones y justificantes de las capturas, en las cuales por lo infundado de las mismas, ni siquiera las personas han sido obligadas a transitar por los establecimientos carcelarios y al parecer, tampoco han sido llevadas ante las autoridades judiciales.
La estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [10] indican que la capacidad instalada de los centros carcelarios y penitenciarios en el país para el 31 de julio de 2003 era de 45.271 personas, y que para dicha fecha se encontraban allí recluidos 58.977, de los cuales 25.636 corresponden a sindicados, es decir personas que a la fecha no han sido sentenciadas.
A su vez, la Defensoría del Pueblo [11] en su informe sobre la situación carcelaria ha indicado que en el mes de enero de 2003 permanecían en dichos establecimientos 54.234 internos, número que ascendió a 58.977 en el mes de julio, es decir que durante el presente año el número de reclusos se ha incrementado en 4.743 personas.
Realmente sorprendente resulta contrastar las estadísticas oficiales, pues como se indicó con anterioridad, la Fuerza Pública privó de la libertad durante el primer año del Presidente Alvaro Uribe Vélez a 50.470 personas por delitos relacionados con el orden público, de los cuales 32.629 corresponden al primer semestre de 2003.
¿Por qué las cifras no coinciden?
Hoy nos preguntamos, por qué razón si entre el 7 de agosto de 2002 y agosto de 2003 fueron privados de la libertad más de 50.000 personas, y respecto de dichas conductas procedería la privación de la libertad como medida de aseguramiento, [12] en las cárceles se encuentran 25.000 sindicados tanto por hechos de orden público, como de delincuencia común. Es decir que a la fecha, si el gobierno del Presidente Uribe hubiese recibido las cárceles sin sindicados, tendría de entrada un faltante en la población carcelaria de 25.000 personas privadas de la libertad durante su gobierno.
Adicionalmente, porque si el numero de personas privadas de la libertad fue de 32.629 durante el primer semestre, esta cifra no tiene ninguna relación con el balance hecho por la Defensoría del Pueblo, pues por parte de los órganos de control se ha constatado que el incremento de la población carcelaria en el año 2003 fue de 4.743 personas.
Observando las dimensiones alarmantes de las privaciones a la libertad en el país, todo parece indicar que las palabras del Brigadier General Leonardo Gallego quien ordenó a sus hombres que: "hay que arrestar a todo el mundo, después vamos a ver quien no tiene nada que ver para que quede libre" [13], son hoy una consigna institucional.
Esta contrastación de las propias estadísticas oficiales, obtenidas en los sitios web de las diferentes entidades públicas nos permite concluir:
1. Que las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, y en especial el actual, plantean que el incremento del presupuesto militar, del pie de fuerza y de las medidas legislativas de excepción han generado que se dispare un crecimiento acelerado de la guerrilla, o bien dichas medidas dejan entrever que los destinatarios de ellas son diferentes, a quienes se ha planteado.
2. Que de ser ciertas las estadísticas presentadas por el gobierno colombiano, las que evidencian una ausencia real de afectación a las organizaciones insurgentes, tales estadísticas permiten reafirmar nuestras conclusiones, en el sentido de que las medidas de la llamada política de seguridad democrática se han dirigido especialmente contra la población y sectores sociales, sindicales, de derechos humanos y políticos de oposición.
Preocupa al Banco de Datos los niveles y dimensiones que han alcanzado las privaciones de la libertad y más aún que los detenidos que se reportan en las estadísticas oficiales, no aparezcan por ningún lado.
3. El manejo de las estadísticas ha tenido una intención mediática, con el apoyo evidente de los medios de comunicación, y ha pretendido crear en el imaginario colectivo una idea de éxito y avance en el control del orden público, encubriendo protuberantes, sistemáticos y reiterados atentados contra la vida, integridad y libertad de centenares de ciudadanos.
4. Las cifras oficiales pretenden dejar en la opinión pública, nacional e internacional, la sensación de mayor seguridad.
¿Qué pasará cuando despertemos del engaño de las cifras?
Notas
1] Alvaro Uribe Vélez, septiembre 8 de 2003, http://www.presidencia.gov.co
[2] Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, "Acciones contra grupos armados al margen de la ley", septiembre 7 de 2003, http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/ . También "Estadísticas de desmovilizados enero agosto de 2003", septiembre 7 de 2003; "Llegamos a 2000 desmovilizados", septiembre 7 de 2003; "Fuerzas Militares de cara al siglo XXI", septiembre 7 de 2003; y "Fuerza Pública neutraliza 7385 integrantes de grupos terroristas", septiembre 7 de 2003, en http://www.mindefensa.gov.co
[3] Resultados Operacionales Fuerza Pública, 1999 y 2000, Ministerio de Defensa Nacional marzo 2001, septiembre 7 de 2003, http://www.mindefensa.gov.co
[4] Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2002 y Avances Periodo Presidencial 2003, septiembre 9 de 2003, http://www.mindefensa.gov.co
[5] El Tiempo, 1/12, febrero 20 de 2003
[6] Oficio 1425, DIPON-DIJIN-CIC, del 19 de agosto de 2003, en respuesta al oficio No 11183 del 080803 del Ministerio de Defensa, Archivo del Banco de Datos
[7] Idem
[8]Oficio 1425, DIPON-DIJIN-CIC, del 19 de agosto de 2003, en respuesta al oficio No 11183 del 080803 del Ministerio de Defensa
[9] Viceministerio de Gestión Institucional, Resultados Fuerza Pública – violencia y criminalidad – terrorismo, agosto 11 de 2003, www.mindefensa.gov.co
[10] "Total población reclusa discriminado por sexo, situación jurídica, por departamentos y regionales, julio 31 de 2003", septiembre 3 de 2003, http://www.inpec.gov.co
[11] "Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia", septiembre 3 de 2003, http://www.defensoria.org.co
[12] Articulo 357 del Código de Procedimiento Penal
[13] Orden dada en desarrollo de la Operación Mariscal en la ciudad de Medellín, 21 de mayo de 2003, transcripción que se encuentra en el proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría que adelanta la Procuraduría General de la Nación
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