RESUMEN

Se trata del segundo informe del organismo sobre las áreas creadas mediante decretos de CConmoción Interior por el presidente Álvaro Uribe.
El análisis del Ministerio Público se hizo sobre la zona de rehabilitación de Sucre y Bolívar antes de que la Corte Constitucional -el pasado 29 de abril- acabara con esa figura.
En opinión de la Procuraduría, esa zona especial -que cobijó a 16 municipios de Sucre y 10 de Bolívar- no tuvo los efectos esperados en cuanto a orden público.
Por el contrario, dice el documento, la criminalidad aumentó. Por ejemplo, en Sincelejo subió la criminalidad en 21,6 por ciento, entre el primero de enero y el 10 de abril del 2003. Lo mismo ocurrió en el departamento de Bolívar, donde seis meses antes de la creación de la zona hubo 199 homicidios. En los seis meses siguientes, se registraron 230, 31 más.
La Procuraduría asegura que no se cumplió con uno de los objetivos de la Conmoción, que era proteger a los alcaldes de las amenazas de los grupos alzados en armas. Una comisión del Ministerio Público comprobó que en Sucre, diez alcaldes de la zona de rehabilitación no despachaban en sus sitios.
El informe cuestiona, además, muchos de los procedimientos de allanamientos y capturas realizadas por las Fuerzas Militares. Estas últimas, dice el informe, deben ser investigadas, toda vez que no cumplieron con los requisitos de ley, como la intervención de la Fiscalía, y pone en tela de juicio la utilización de informantes.
El estudio cuestiona, igualmente, la presencia paramilitar durante el tiempo en que duró la medida. Para la Procuraduría, la Fuerza Pública centró su atención en la guerrilla y permitió, consciente o inconscientemente, el fenómeno 'para'.
El documento también hace una serie de recomendaciones al Gobierno, entre las que se encuentran adelantar inversión social, como lo ordenaban los decretos de Conmoción que la crearon.