El gobierno boliviano está buscando la confrontación social

 Cuanto más frecuentes se hacen las demandas de la población para que se reabra el diálogo entre las partes en conflicto, aparece en los últimos días una nueva actitud de enfrentamiento que aleja toda posibilidad de una tregua social y amenaza, en el país, un nuevo periodo de movilizaciones populares en distintos puntos del país.

Sin perder de vista, otro conflicto que sacude hoy a la población es la movilización de miles de jubilados que están bloqueando una de las carreteras troncales del país. Y de yapa Felipe Quispe el líder campesino del altiplano demostró este lunes que cuenta con apoyo de sus bases, miles de campesinos con ponchos rojos ingresaron a la sede del gobierno exigiendo que el gas natural se industrialice en Bolivia y no sea entregado a Chile.

Son muchas cosas juntas que le quita el sueño al presidente Sánchez de Losada.

Son varias las demandas por las cuales el Movimiento Al So-cialismo (MAS), la segunda fuerza política, a través del denominado Estado Mayor del Pueblo, anunció una serie de movilizaciones a partir del 19 de septiembre.

El líder cocalero y jefe del MAS, Evo Morales, tras conocer la sentencia condenatoria a 30 años de prisión sin derecho a indulto contra ocho cocaleros acusados de asesinar a dos militares, durante la protesta de septiembre del 2000, amenazó con iniciar una guerra civil.

Es comprensible que Evo por la manipulación jurídica digitada desde el palacio de gobierno, ex-prese su indignación con semejante amenaza, lejana de cumplirse. Sin embargo la prensa local celebra estas demostraciones, con el con-sabido fin de crear un ambiente de convulsión social y confundir a la población.

Los diversos medios locales no explican que los ocho campesinos sentenciados a purgar la máxima pena que prescribe la legislación boliviana por el asesi-nato de dos militares, ocurrido hace tres años en el bloqueo de la carretera Cochabamba - Santa Cruz , se basó apenas en indicios ni que el fallo contiene un insoslayable tinte político.

Es la primera vez en la historia de Bolivia, se dicta una sentencia secreta de 30 años de cárcel contra dos campesinos solo por indicios y ninguna prueba.

Por tales antecedentes este fallo fue cuestionado por MAS y advirtió que agotará todas las instancias para evitar que la sentencia de 30 años dictada en contra de los ocho cocaleros llegue a ejecutarse.

Evo Morales en respuesta a esta manipulación de la justicia, pidió también 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el presidente Gonzalo Sánchez de Losada y sus ministros responsables por la masacre de Amayapampa - Capacirca (1996) y de febrero último, que dejó como saldo más de 30 muertos y cerca de 200 heri-dos por impactos de bala. "Si la justicia quiere obrar y castigar a los culpables como establece la Constitución Política del Estados entonces tiene que establecer 30 años de reclusión sin derecho a indulto para el presidente Sánchez de Losada y sus ministros res-ponsables", reclamó Morales.

Sanchez de Losada desde hace mucho tiempo tiene sus manos ensangrentadas y sólo el contubernio político le permite hasta ahora vivir los privilegios de su segundo mandato.

El movimiento popular tiene sus propios recursos y las más efectivas en Bolivia siempre fueron las movilizaciones; bloqueo de caminos y huelga de hambre.

Cuando Evo Morales sostiene: «Queremos advertir que el movimiento campesino va a enfrentar la defensa legal de los compañeros cocaleros y simultáneamente va-mos a realizar movilizaciones en todo el territorio nacional", es una advertencia que el gobierno y el Ministerio Público, de no rectificar el fallo político emitido, podría enfrentarse a una oleada de acciones. Sabemos que también, el gobierno no dudará en disponer su violenta represión, o ante su debilidad e incapacidad de dar solución a los planteamientos populares, eche mano al facil trámite de decretar el Estado de Sitio.

No solo el MAS y el Mo-vimiento Indígena Pachakuti (MIP), que lideran Evo Morales y Felipe Quispe, defienden el gas natural, para cuya exportación a Estados Unidos el gobierno estudia un puerto de embarque, sea vía Perú o Chile, son varias las instituciones cívicas y sindicales que se han pronunciado por un referendum para elegir el destino de este recurso energético.

Lo que sucedio el lunes recien-te es apenas una muestra. "Miles de campesinos de las diferentes provincias del Departamento de La Paz, universitarios, juntas vecinales, gremiales y otros sectores se plegaron en una sola voz para protestar contra la exportación de gas al mercado estadounidense y otras medidas adoptadas por el Gobierno como la Ley de Seguridad Ciudadana", informan las agencias internacionales de noticias.

En el parlamento, el MAS denunció, que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada está siendo presionado por las entidades internacionales para tomar una decisión en sentido de que el gas sea entregado a Chile.

De tomarse esta determinación, coinciden analistas nacionales, será un gravísimo error del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, ya que irá en contra de los sentimientos del pueblo boli-viano debido al ineludible tema de la Guerra del Pacifico en 1879.

"Necesariamente se tiene que diseñar una estrategia de explotación y comercialización del energético, en la que el país se beneficie con las mayores ganancias econó-micas y no sólo las transnacionales", dijo el diputado del MAS, Antonio Peredo, razón por la cual la ciudadanía debe participar de manera activa de la elabo-ración de la propuesta general que debe hacerse sobre el gas.

El tiempo para el gobierno boli-viano sobre esta materia se acaba. Chile y Perú juegan sus últimas cartas para ganar este encuentro. De todo lo expuesto, se deduce que se acercan días de convulsión campesina.