Grupo de Familiares y Amigos de los Presos Políticos en México
Ante el alarmante incremento de la violencia estructural en México, nos proponemos aportar al entendimiento de los procesos políticos y sociales que nos oprimen a los mexicanos, y con ello buscamos promover la solidaridad nacional e internacional para con el pueblo mexicano.

A pesar de la fanfarroneante voz del presidente Vicente Fox quien grita a los cuatro vientos que en México ya todo está mejor y que en quince años ya no habrá pobres, la guerra sucia que se está viviendo en el país sostiene los procesos de acumulación capitalista en su presente fase neoliberal y cobra cada día más victimas. La militarización se ha vuelto parte de la vida cotidiana en las regiones más pobres del país. Se han multiplicado las denuncias de acosos cometidos por el ejército mexicano en retenes militares instalados en caminos y carreteras, en donde la gente es obligada a bajarse de sus transportes, se les revisa, se les pregunta a donde van y a que se dedican, se les pide su identificación, y sus nombres son buscados en 'listas negras' que tienen los soldados. Los campamentos militares instalados principalmente en comunidades indígenas y en aquellos lugares donde existe organización independiente, alteran la vida cotidiana. Las mujeres no salen ya solas a lavar al río pues se han suscitado casos de violaciones a muchachas por parte de los militares. Los campesinos ya no pueden ir a trabajar por temor a ser desaparecidos, detenidos o torturados, con el pretexto de pertenecer a grupos guerrilleros. La pequeña niña indígena frente a un tanque militar se ha vuelto una escena muy familiar en las comunidades campesinas de nuestro país. Esta militarización se pretende esconder bajo nuevos nombres y nuevos uniformes, ahora se llaman Agencia Federal de Investigaciones (AFI - cualquier semejanza con fuerzas gringas es pura coincidencia), Policía Federal Preventiva (PFP) o Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO). Ya lo dice el dicho popular: "ahora nos presentan al mismo gato pero revolcado". De acuerdo al artículo 129 de la constitución mexicana, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, y sólo puede permanecer en los cuarteles, que fuera de las poblaciones, establezca el congreso de la unión. Esto nos deja sólo dos posibles conclusiones: primera, que como dice el Foxismo, estamos en tiempos de paz, y por lo tanto el hecho de que el ejército esté en las comunidades es un acto claramente anticonstitucional o, segunda, que el ejército ha declarado una guerra al pueblo mexicano, y esto explicaría la militarización. El hecho es que las autodenominadas 'fuerzas de seguridad' siguen torturando, despareciendo personas y hostigando a luchadores sociales, y lejos de salvaguardar la soberanía nacional cumplen la función de policía política.

En los últimos meses, numerosas organizaciones civiles han registrado un incremento en las violaciones a los derechos humanos. La Liga Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) reportó en su más reciente informe 206 casos de detenciones arbitrarias. La organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) reportó 27 casos de desapariciones forzadas y más de 200 casos de tortura en lo que va de la administración de Fox. Las organizaciones De la Montaña Tlachinollan y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez indicaron que en México primero se detiene y luego se investiga. Uno de los casos recientes más sobresalientes es el del secuestro y tortura de seis adultos mayores de setenta años, detenidos arbitrariamente por la UEDO en Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, quienes actualmente se encuentran arraigados, acusados de ser secuestradores y militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Si la avanzada edad de los seis detenidos no fuera suficiente prueba de la ridiculez de los delitos imputados, el ERPI enseguida emitió un comunicado desmintiendo la versión de las autoridades. Otro ejemplo claro es el desalojo violento, ordenado por el gobernador José Murat en la ciudad de Oaxaca, de un contingente de trabajadores que exigía la libertad de su líder Oliverio Neri, el cual dejó un saldo de 21 desaparecidos, 21 heridos, y cuatro detenidos. La ley del garrote ha sido la respuesta favorita del estado mexicano (cualquiera que sea el color del partido en el poder).

La lucha social del pueblo mexicano es criminalizada mediante leyes absurdas como la recién aprobada 'ley antibloqueos' en Guerrero, que castiga con dos a diez años de cárcel a quienes obstruyan las vías de comunicación, la cual ya está siendo aplicada selectivamente para detener a luchadores sociales. El gobierno, en lugar de darle solución a los problemas de la población -invirtiendo en salud, educación, o apoyos productivos para el campo- le apuesta a la violencia de estado, como si el hambre se quitara a palazos. Una clara muestra de lo anterior, es la existencia de cientos de luchadores sociales injustamente encarcelados. Sin embargo, ya no hay por qué preocuparse, ya que el gerente de México Vicente Fox, asegura que hoy, 3 millones 400 mil mexicanos han salido de pobres.

El discurso mercantilista que Fox nos pretende vender a los mexicanos y al mundo se aleja cada vez más de la realidad social mexicana, creando una construcción imaginaria que muchos han atinado en llamar 'Foxilandia' - un paradisíaco lugar en donde no sólo hay menos pobres, sino que ya no existen presos políticos, se respeta la autonomía indígena y ya no se violan los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es otra. Mientras que el gobierno ya ha aprobado leyes de amnistía (amañadas) como las de Guerrero y Oaxaca, el número de presos políticos mexicanos va en aumento. Este tipo de leyes pretenden confundir a la opinión pública ya que contienen artículos que hacen imposible la liberación de aquellos presos a quienes dicen beneficiar, como en el caso de Guerrero en donde dicha ley no incluye a los presos políticos acusados de delitos graves, tales como homicidio y secuestro, es decir, casi ninguno de ellos obtiene su libertad porque a la mayoria el estado mexicano les ha fabricado esos delitos mediante tortura. Los quince minutos que prometió Fox para resolver el conflicto en Chiapas, todavía no terminan, y lo único que ha visto el pueblo es la aprobación de una ley anti-indígena con la que se pretendía una vez más darle atole con el dedo a los indígenas, además del escalamiento de ataques paramilitares y desplazamientos forzados.

Mucho se celebró la extradición del genocida argentino Miguel Cavallo, la cual fue calificada como un precedente para la justicia internacional, sin embargo, los genocidas mexicanos siguen gozando de la impunidad y algunos de ellos hasta ejercen puestos en el poder. Lejos de ser un acto congruente del poder judicial mexicano, este evento ha sido usado por el estado para legitimar la impartición de justicia, siendo que ésta sigue estando al servicio del capital global. Para muestra basta un botón, el reciente voto mexicano ante la ONU para no llevar a militares estadounidenses a la Corte Penal Internacional (CPI), demuestra el manejo discrecional de la justicia de acuerdo a intereses políticos que, una vez más, cedieron ante la presión de la geopolítica gringa, y en este caso derrumbaron el discurso de derechos humanos del que tanto habla Fox para solapar la impunidad de los más grandes criminales del planeta. Y por si esto no fuera poco para desengañarnos del sistema jurídico mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de manifestar su preocupación por la negligencia que ha caracterizado a las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa, al grado que la fiscalía insiste en manejar la burda e irrisoria tesis del suicidio que pretende eximir de culpa a los verdaderos asesinos. Mientras tanto, para el pueblo, este homicidio tiene cada vez más cara de crimen de estado, cometido deliberadamente desde el poder, como parte de la guerra sucia que se vive en México.

Sin embargo, la guerra sucia que nos aflige no es un fenómeno natural, inherente a las sociedades humanas, sino que tiene sus raíces y su lógica en función de los intereses de la burguesía internacional. Esta guerra es la punta de lanza y soporte del neoliberalismo, que en su sed de recursos naturales, materias primas y nuevos mercados no le importa someter y pisotear la dignidad humana. El desplazamiento de comunidades indígenas en Montes Azules, por ejemplo, está abriendo la brecha para la imposición del Plan Puebla Panamá (PPP), que busca expandir los procesos de mercantilización de las tierras, subsuelos, ríos, bosques, sitios arqueológicos, playas, cultura y sabiduría indígena, en fin, todos los aspectos de la existencia humana. Estos desplazamientos que ahora se pretenden justificar con la conservación del medio ambiente, buscan además romper el tejido social comunitario y desarticular la lucha social. Un aspecto más de esta mercantilización son las privatizaciones de la industria eléctrica y petrolera, que se pretenden consumar sin el consentimiento del pueblo ni de los trabajadores; mientras Fox las anda ofreciendo a los representantes de la iniciativa privada extranjera, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anuncia que: "solamente si nos matan se va a poder privatizar".

Queda claro que la guerra sucia que se está viviendo en México, es un hecho que está ligado a los planes neoliberales que el capital global está imponiendo en el país. El llamado 'gobierno de la alternancia', al igual que los gobiernos anteriores, privilegia los intereses capitalistas a costa de la soberanía nacional, y por eso carece de legitimidad. Pare esto basta observar las recientes elecciones en las que sólo el 26% de la población acudió a votar, y de estos, cerca de 3 millones anularon su voto. Aquí no triunfó ningún partido, fue el abstencionismo, y con ello el pueblo el que ganó al evidenciar la ilegitimidad del gobierno neoliberal. Las marchas, los plantones, las huelgas de hambre, los gritos de rebeldía que se oyen detrás de las rejas, anuncian la decadencia del estado mexicano que como bestia moribunda aprieta los dientes en sus últimos esfuerzos por asirse al poder recurriendo a esta guerra sucia criminal. La resistencia del pueblo, es la que ahora, después del desengaño, construye una sociedad mejor.