Laura Fuentes Belgrave*

Cuatrocientos pueblos indígenas arrasados por la mano de un sátrapa, que llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1982, son los testigos de la memoria ultrajada por el fallo de la Corte Constitucional de Guatemala, que permitió que el General Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio por las Naciones Unidas, creador de los Tribunales de Fuero Especial (jueces sin rostro) que condenaron a muerte a quienes se opusieron a su dictadura, y artífice de las Patrullas de Autodefensa Civil (paramilitares), sea hoy el candidato oficial a la presidencia del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Guatemala está de luto y su frágil amago de democracia ha colapsado ha tan solo 6 años y medio de los Acuerdos de Paz, que vislumbraran un cambio de rumbo en la historia de un país con 36 años de guerra civil a cuestas, e infinidad de muertes y desapariciones cuya cuenta corre en gran medida sobre la dictadura de Ríos Montt.

Con dos postulaciones anteriores rechazadas por la Corte Constitucional (CC), para competir en la contienda electoral, debido al artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala, que en su inciso a), dice que no puede ser presidente "el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno", el militar convertido al fundamentalismo evangélico, volvió a apelar argumentando que se violentaban sus derechos fundamentales; el derecho a elegir y ser electo.

La pregunta es, ¿alguna vez el General respetó los derechos fundamentales de los pobladores mayas, cuando organizó un Ejército Nacional que incendió, asesinó, violó y mutiló a mujeres, hombres y niños de todo el país? Claro que no, y como en Guatemala el poder del ex-golpista alcanza las más altas esferas políticas, cuatro magistrados (de los 7 que componen la CC), a lo largo de los años esbirros en cargos de gobierno y dirigencias del FRG, votaron a favor de Ríos Montt, amparados en que el artículo 186 no se le aplica al General, porque entró en vigencia en 1985 y el golpe de Estado fue en 1982. ¿Es que no existe ley en este mundo que se le aplique al General?

La vergonzosa decisión de la CC consolida en Guatemala un golpe de Estado técnico, donde hoy más que nunca, el riesgo de un fraude electoral en las elecciones de noviembre es cada vez mayor. Guatemala se hunde en el principio de un Estado de facto donde prevalece el bien individual de especie ladina y usurpadora de la poderosa clase alta, ante el bien común de un 70% de la población; indígena, discriminada, burlada y condenada a la miseria desde hace más de 5 siglos.

Ante la ruptura de la institucionalidad en Guatemala queda un único recurso, la resistencia ciudadana, un no rotundo al voto por el derramamiento de más sangre, para recordarle al General que cuando dijimos Guatemala Nunca Más, no enterramos la memoria para olvidarla, sino para darle paz a sus restos.

*Comunicadora