Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
En un fallo inapelable dado a conocer ayer 14 de julio, la Corte Constitucional de Guatemala, autorizó la participación del ex dictador Efraín Ríos Montt en los comicios presidenciales del próximo 9 de noviembre. Ello pese a que en dos ocasiones anteriores, en 1990 y 1995, la Corte Constitucional y en esta ocasión tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte Suprema de Justicia habían rechazado su postulación a la presidencia de Guatemala, con base en el artículo 186 de la Constitución de la República que impide que se postulen a la presidencia aquellas personas que accedieron al poder encabezando un gobierno de facto como es el caso de Ríos Montt.

El Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, como organización regional dedicada a la defensa de los derechos humanos, expresa su categórico rechazo al fallo de la Corte Constitucional porque refleja la ostensible manipulación del propio Ríos Montt sobre la administración de justicia en Guatemala. La Corte Constitucional no obró con la transparencia y parcialidad a la que debe abocarse como órgano principal encargado del cumplimiento de la Constitución y las leyes guatemaltecas.

La participación de magistrados suplentes afines a Ríos Montt deja entrever una crisis de legitimidad y credibilidad de este órgano, situación denunciada días antes por sectores académicos y sociales. En este sentido queremos recordar, que el artículo 8 de la Convención Americana establece como un requisito indispensable la independencia e imparcialidad de los tribunales de justicia.

Para la controversial votación(4 votos a favor y 3 en contra), que favorece la inscripción de la candidatura presidenciable de Ríos Montt ante el Tribunal Supremo Electoral fueron llamados como magistrados suplentes los abogados Francisco Palomo (asesor legal y defensor de Ríos Montt y abogado defensor en el caso de la masacre de Dos Erres) y Manuel Flóres ( ex registrador vinculado con el partido oficial del cual es presidente Ríos Montt). Además el presidente de la Corte Guillermo Ruiz Wong (ministro de Gobernación en el 2000 durante el primer año de gobierno de FRG) y el magistrado Cipriano Soto (Representante de la Universidad de San Carlos), avalaron su candidatura presidencial.

Además frente a la candidatura de Ríos Montt, CEJIL considera que éste carece de las calidades éticas y morales para gobernar en virtud a que durante su gobierno (23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983), sucedieron numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población guatemalteca con la implementación de políticas de "tierra arrasada", los tribunales de fuero especial, la militarización total de la administración pública, la ejecución de campesinos e indígenas, la realización de masacres, la desaparición de opositores políticos, entre otras barbaries.

Las cifras son contundentes: de acuerdo con investigaciones realizadas por Amnistía Internacional, cuando Ríos Montt asumió el poder, ocurrieron más de 50 masacres con más de 2000 muertos. Su gobierno militar es considerado por los organismos de derechos humanos como uno de los más sanguinarios de los 36 años de guerra civil del Guatemala. Según los grupos humanitarios, cerca de 17.000 personas -la mayoría de ellas indígenas- fueron asesinadas cuando gobernó Guatemala.

Así lo demostraron los informes realizados en su época por la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH, por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de Memoria Histórica de la Iglesia Católica, por Guatemala Nunca Más, y un sin número de organizaciones que testimoniaron las escalofriantes violaciones de derechos humanos ocurridas durante la de guerra sufrida por esta nación centroamericana.

Para CEJIL, la candidatura de Ríos Montt a la presidencia es una agresión a la justicia y a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Guatemala, toda vez que este ex dictador debería ser juzgado por los tribunales nacionales y condenado por los mismos respondiendo ante las querellas internas en curso y procesos internacionales en su contra por los crímenes cometidos durante su gobierno.

Seguiremos insistiendo en la búsqueda de justicia y en nuestra oposición para que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no continúen sin castigo.

Ante esta situación CEJIL realizará los estudios jurídicos y los contactos políticos necesarios tendientes a estudiar todas las alternativas jurídicas en los órganos internacionales de justicia y propondrá a que los Estados de la región analicen si la candidatura de Ríos Montt contraviene la Constitución Política de Guatemala y rompe con el orden institucional y por lo tanto, es aplicable lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.

CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.