El partido Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierda) anunció el domingo que dio por terminada su alianza política con el gobierno del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, a quien acusa de ser "derechista" y "fondomonetarista".
Luis Villacís, dirigente y diputado por el MPD (entre los minoritarios en el unicameral Parlamento), precisó que debido al alejamiento del gobierno de Gutiérrez todos los colaboradores de su partido con el Ejecutivo renunciarán en breve y de manera irrevocable.
Entre los principales emepedistas en el gobierno figuran el ministro de Ambiente, Edgar Isch, y el asesor presidencial Ciro Guzmán. Según la prensa nacional, el MPD también cuenta con ocho subsecretarías en ministerios, una gobernación y una intendencia de policía en el país.
Villacís agregó que, tras dos días de deliberaciones, una convención nacional del MPD también resolvió en la víspera que sus legisladores dejaran de respaldar al bloque parlamentario del Partido Sociedad Patriótica (PSP, de Gutiérrez).
Dijo que el MPD decidió romper la alianza debido a que el gobierno de Gutiérrez, coronel retirado de izquierda, ha demostrado ser de derecha, además de que "tiene ideas de privatizar las empresas eléctricas y se entregó al Fondo Monetario Internacional (FMI)".
Agregó que Gutiérrez, cuyo gobierno para cuatro años se inició el 15 de enero pasado, "falló en impulsar la inversión social, en hacer respetar la soberanía del país y en la lucha contra la corrupción".
Entretanto, Gustavo Terán, director nacional del MPD, manifestó que "el peor error de Gutiérrez fue no haber cumplido con los sectores sociales populares y perseguir a los trabajadores petroleros, eléctricos y educadores", que se oponen a las privatizaciones.
Apuntó que antes de romper la alianza el MPD envió dos comunicaciones al jefe de Estado, la primera hace dos meses para exigirle que cumpla sus compromisos, pero "no recibimos respuesta".
El MPD y Pachakutik (brazo político de los indígenas) corren el riesgo de ser eliminados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su lista de organizaciones, porque no han alcanzado 5 por ciento de los votos válidos en los pasados comicios, como establece la ley.
En caso de que el pleno del TSE, máximo organismo encargado de convocar y celebrar las elecciones en Ecuador, decida su desaparición, el MPD y Pachakutik ya no podrán participar en los comicios.
El gobierno de Gutiérrez cuenta con el importante apoyo de los indígenas y Pachakutik, que tienen las carteras de Relaciones Exteriores, Agricultura y Ganadería, Educación y Turismo.
Gutiérrez ganó los comicios con votos de los indígenas, y la coalición entre ambos se mantiene a pesar de algunas críticas de los indios contra el gobierno.
Los indígenas presionan, por ejemplo, para que el mandatario mantenga congelado el precio del gas de uso doméstico (de 1.60 dólares el tanque de 15 kilogramos). Los organismos multilaterales de crédito piden que esa cotización sea ajustada a niveles reales, que está por encima de los seis dólares.
Liderando a un grupo de oficiales cuando era coronel del ejército, Gutiérrez respaldó una rebelión indígena que desencadenó un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente constitucional Jamil Mahuad, en enero de 2000.
En tanto, el diario El Comercio consideró que la empresa que ofrece apoyo logístico a los militares estadunidenses en la base ecuatoriana de Manta representa la cara oculta de la inmunidad exigida por Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Indicó que la empresa Dyncorp es contratada desde 1997 para operar en diversos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, donde el convenio la autoriza a brindar servicios durante cinco años en la base de Manta, bajo control del Pentágono.
Citó la condena de un tribunal del trabajo en Gran Bretaña a esa firma por el despido de una oficial de Naciones Unidas en aquel país europeo, luego que denunció que los empleados de la Organización de Naciones Unidas enrolados por Dyncorp para laborar en Bosnia formaban parte de una red de prostitución infantil y "trata de blancas".
Tras conocer esa denuncia de la oficial encargada de investigar violaciones a los derechos humanos, la empresa se limitó a despedir a los implicados, quienes no fueron juzgados por la justicia local, sino que fueron enviados de regreso a Estados Unidos, indicó el rotativo.
El Comercio subrayó que Ecuador fue una de las 35 naciones sancionadas esta semana por Estados Unidos por su negativa a firmar un acuerdo que eximiera a los ciudadanos estadunidenses ante la CPI.