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La política se está convirtiendo en el arte de mentir. Cada vez es más frecuente que los gobernantes difundan lo que no es, para esconder lo que sí están haciendo, o que difundan propósitos que no son y tras ellos camuflen los verdaderos objetivos de la gestión de gobierno.

Los testimonios sobran para dolor de la humanidad. Bush, Blair y Aznar son los mejores ejemplos. Mintieron afirmando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que estaba apoyando el terrorismo internacional y era un peligro para la seguridad de EEUU y la paz mundial. Le declararon la guerra a Irak contra la voluntad de sus pueblos y de la ONU; destruyeron el país con el pretexto de liberar al mundo de la peste, cuando el propósito era apropiarse de la segunda reserva mundial de petróleo y mejorar la posición geoestratégica de los EEUU en el Medio Oriente.

Hoy los tres (3) presidentes enfrentan acusaciones en sus respectivos países por mentir en sus "Informes del estado de la Nación"

En aquel arte los gobiernos colombianos son unos maestros. Merece capitulo especial el actual, que apoyado en el poder de un establecimiento sin escrúpulos y avalado por la corriente ultraderechista a nivel mundial, le miente al país y a la comunidad internacional falseando la realidad y naturaleza del conflicto para justificar soluciones que van dirigidas a instaurar un régimen de contenido neoliberal y de esencia fascista.

Este gobierno niega la existencia del conflicto interno y la categoría de combatiente a la Insurgencia, recurriendo a malabarismos para despojarlo de la naturaleza política y social y reducirlo a un fenómeno delincuencial, con el perverso propósito contraponer a los colombianos: los "buenos" quienes apoyan el régimen así sean narcotraficantes extraditables, corruptos y reos de crímenes de lesa humanidad y "terroristas", los que resisten y confrontan la injusticia, salen a la calle, exigen, protestan y luchan por construir el nuevo país.

Los análisis amañados están pensados para soportar la estrategia prevista y son el método para captar apoyo y justificar las medidas, antes que para resolver el conflicto. La política de Seguridad Democrática, el proyecto de Estado Comunitario y la lucha contra el "terrorismo", son las tres varas "mágicas" del presidente para sacar del "cubilete" el conflicto resuelto en 18 meses, según la lenguaraz Ministra de Defensa.

La política de Seguridad Democrática no es nada nueva. Es una versión de la de "seguridad nacional" aplicada en las décadas del 70 y 80 del siglo XX por las dictaduras militares en el Cono Sur y Centroamérica. La masificación de los informantes ("sapos"), la legalización de los paramilitares como soldados campesinos y la palabra "democrática" como presentación amable, son los ingredientes nuevos.

El resto, es lo mismo: militarización de la vida civil, restricción de la democracia y los derechos individuales, estatutos antiterroristas, facultades de policía judicial a las fuerzas militares, guerra sucia, etc. Es el formato de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, de Somoza en Nicaragua, etc.

El Estado Comunitario es un embuchado, su contenido desatina con el nombre. Es un proyecto vacío de estado social de derecho, de desarrollo integral, de participación democrática y ausencia de autonomía. La organización de las comunidades está concebida en función de articular los civiles a las tareas policivas con 5 millones de informantes, de transferirles las responsabilidades sociales y convertirlas en feudos electorales.

La lucha contra el terrorismo es la tercera línea en la estrategia de Uribe Vélez y es donde pone el mayor énfasis para justificar el uso de perversos instrumentos y el despojo de los derechos democráticos e individuales de los colombianos.

Uno de esos instrumentos perversos es el narcotráfico, en sus dos caras. Por un lado lo utiliza para captar finanzas, apoyo militar y político extranjero que canaliza hacia la lucha contrainsurgente; y por la otra, conviven y se apoyan mutuamente, tejiendo una telaraña de narcos, paramilitares, fiscalía, políticos y fuerza pública en función de la exportación de droga, el enriquecimiento fácil y la guerra sucia.

Los paramilitares, mercenarios al servicio de grandes capos del narcotráfico son otro de los instrumentos siniestros, que se cubren y justifican con la lucha contrainsurgente, asumiendo tareas que le delegan las fuerzas militares, como la guerra sucia. Desde luego la tarea fundamental es el apoyo a los negocios de sus "patrones", abriendo, "limpiando" y controlando territorios. Las masacres en el río Naya y el reciente escándalo de la II Brigada de Barranquilla con generales y coroneles a bordo, son dos entre miles de resultados del matrimonio incestuoso.

Las cifras de desplazados, de desaparecidos, de detenciones arbitrarias, de torturas, de masacres y asesinatos selectivos hablan por sí solas. La mayoría de estos crímenes son responsabilidad de la fuerza pública por acción u omisión. Y lo más preocupante es que las medidas gubernamentales, en vez estar dirigidas a corregir los desafueros, entregan nuevos instrumentos como el estatuto antiterrorista y la reforma a la justicia, entre otros, dirigidos a fortalecer la guerra sucia y el autoritarismo.

El conflicto colombiano de por sí es complejo e interactúan muchos factores. Las víctimas son los sectores populares, mientras unos cuántos se benefician del conflicto enriqueciéndose y el país se hunde en una profunda crisis.

Negar la existencia del conflicto y desnaturalizarlo, pero sobre todo desconocer el proyecto político de la insurgencia, es obstruir los caminos e impedir avances en la solución política y la construcción del nuevo país.

Las instituciones protectoras de los Derechos Humanos de la ONU, de la OEA y cientos de ONG, en sus informes responsabilizan reiteradamente al gobierno colombiano como el mayor violador de los derechos humanos por acción u omisión. A pesar de los llamados y serios cuestionamientos, siguen aumentando los desplazamientos, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas.

El gobierno de los EEUU, que se abroga la potestad de calificar qué gobiernos violan los derechos humanos, acaba de certificar al colombiano por "avanzar en el respeto" de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuando los hechos y los estudios de las Organizaciones de DDHH dicen lo contrario. No es una sorpresa para nadie teniendo en cuenta la empatía política entre los dos gobiernos. Desde luego, las voces de protesta no se hicieron esperar ante semejante mentira.

En cambio la reunión de preparación de la mesa de donantes realizada en Londres, el 9 y 10 de julio, sorprendió con el apoyo de la Unión Europea (UE) a la política de "seguridad democrática" del gobierno de Uribe, a pesar de las voces autorizadas de las organizaciones de DDHH presentes en dicho evento y sus fundamentados cuestionamientos. Sorprende su postura teniendo en cuenta que no refleja la cultura humanista y democrática de los pueblos europeos ni el rechazo del recuerdo de la tenebrosa noche que sufrieron bajo el peso de los regímenes totalitarios.

Todos los pasos que se vienen dando indican el agravamiento del conflicto con la vía adoptada por el actual gobierno que conduce al escalamiento de la guerra y a la instauración de un régimen dictatorial, en nombre de la seguridad, de la democracia y la paz.

Preocupa que el pueblo, en su confusión y desespero ante lo degradante del conflicto, no tenga conciencia de lo que le espera. Así mismo que muchos gobiernos que hasta hace un tiempo apoyaron la solución política para construir la paz, guarden silencio o apoyen la salida de la guerra uribista.

La solución política al conflicto no pierde vigencia, por el contrario, coge mayor fuerza y necesidad la lucha por la paz, contra la instauración del régimen fascista y neoliberal, la construcción del nuevo país, asumiendo las iniciativas y sumando las fuerzas de todos los colombianos revolucionarios, demócratas y progresistas en resistencia activa. La unidad y las alianzas en torno a identidades y puntos en común están a la orden del día, sin prepotencias, respetándonos.

Para vencer la tenebrosa noche que avanza y construir la paz sobre la justicia social y la soberanía, los colombianos requerimos el apoyo de la comunidad internacional antifascista y la solidaridad de los pueblos demócratas y progresistas del mundo.